Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1°.- Que, comparece el abogado don Sebastián Caroca Colarte, en representación de doña nombre reservado, fonoaudióloga, cédula de identidad NUM000, quien recure de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, ingeniera comercial, cédula nacional de identidad NUM001, o bien por quien actualmente la represente, ambas domiciliadas en domicilio reservado y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE ÑUBLE(COMPIN), representada legalmente por doña nombre reservado, desconozco profesión u oficio o bien por quien actualmente la represente, ambas con domicilio en domicilio reservado del Edificio don nombre reservado, ubicado en domicilio reservado de la comuna de Chillán, por el accionar ilegal y arbitrario cometido, a fin de que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°18 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza a esa parte a consecuencias del proceder arbitrario e ilegal de las recurridas.

Refiere el recurrente y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que con fecha 04 de septiembre de 2025 reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por cuanto la COMPIN REGION DE NUBLE, rechazó las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006,NUM007, extendidas por un total de 150 días a contar del 23 de septiembre de 2024, por reposo no justificado.

Seguidamente, la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución NUM008, de fecha 20 de octubre del año 2025, estudió los antecedentes y concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM002,NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación.

Indica que los informes médicos adjuntos no logran dar cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional, evolución sintomática o necesidad de ajustes en el plan terapéutico durante el periodo de reposo reclamado. Si bien se adjunta certificado de atenciones psicológicas, éste no se refiere al proceso terapéutico, logros ni asistencia. Asimismo, en la información aportada no se evidencia un plan que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral. En consecuencia, no se logran fundamentar los beneficios clínicos de la indicación de prolongación de reposo laboral.

Sostiene que la respuesta entregada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), es francamente contradictoria, arbitraria y abiertamente ilegal, toda vez que, de la documentación que se adjuntó a la reclamación por la recurrente, se denota la observancia de todos los requisitos necesarios para la justificación y posterior aprobación de los reposos prescritos por el facultativo médico tratante.

Hace presente que su representada se desempeña como Fonoaudióloga hace nueve años, prestando sus servicios en la Escuela Básica República de México, Rut RUT reservado, de la comuna de Chillán. Dentro de la escuela sus funciones son evaluación e intervención fonoaudiológica a estudiantes con dificultades en el lenguaje pertenecientes al Programa de Integración Escolar (Pie). Tiene do hijos de las siguientes edades 14 y 1 ano, sus nombres son nombre reservado y nombre reservado.

Señala que luego de nacido su hijo nombre reservado, comenzó con irritabilidad excesiva, desde los primeros días de nacido presentó un mal acople al amamantar, teniendo una baja de peso que causó ictericia en nombre reservado, debiendo ser hospitalizado unos días. Posteriormente siguió una mala alimentación y se derivó a clínica de lactancia en el consultorio Violeta Parra donde le realizaron un procedimiento de frenectomía. Desde ese entonces comenzó a sobreproteger a mi hijo menor sintiendo presión y culpa para alimentarlo de manera correcta.

Manifiesta que debido a varias complicaciones con la lactancia materna como presencia de frenillo sublingual lo que lleva a un agarre inadecuado del seno y a no poder alimentarse adecuadamente, esto hizo que el bebé presentara bajo peso durante más de un mes por lo que fue necesario controles rigurosos en el CESFAM Violeta Parra por parte de matrona y nutricionista, con el fin de corregir esta situación fue necesaria el inicio de fórmula láctea con una técnica especial (lactancia con sonda al pecho) que requería de muchos cuidados y ayuda para realizarla. Esta situación hizo que toda su atención se concentrara en el cuidado del bebé y descuidara los cuidados y necesidades de su hijo mayor el cual presentó trastornos de alimentación y episodios de tristeza frecuentes.

Por otra parte, su estabilidad emocional ha sido muy compleja desde entonces ya que su entorno cambió en cien por ciento, no recibió el apoyo esperado por su familia para los cuidados de su hijo menor nombre reservado, sus amistades se alejaron, su madre siendo el posible apoyo que tendría se fue a trabajar al sur (Chiloé), entonces la crianza de sus hijos solo dependía de la señora nombre reservado. Su hijo se alimentaba solo de lactancia materna lo que la llevó a estar exclusivamente con él todo el día y noche a su cuidado. A los cinco meses, nombre reservado empezó con ataques de llanto y dormía una o dos horas por la noche, la recurrente sentía gran preocupación por el cuidado de su hijo luego del post natal, sentía una gran frustración y cansancio que la condujo a muchas peleas con el padre de su hijo por su estado anímico y por las dificultades para comer de nombre reservado, así se mantuvo hasta por más de un año probando todas las maneras de que recibiera algún alimento lo que fue imposible, por lo mismo nadie podía ayudarla en su cuidado y menos ingresar a sala cuna sin recibir leche ni comida.

Luego, al enterarse del rechazo de las licencias ya en junio del presente año 2025, su estado de estrés aumentó y asistió a un especialista en Salud Mental, señor nombre reservado, médico Internista con especialización en Geriatría para que le volvieran a dar algún medicamento más efectivo. Actualmente se encuentra reincorporada a sus funciones gracias a las terapias y apoyo psicológicos recibidos, y además ha ingresado a su hijo a sala cuna.

Indica que durante todo el proceso de su enfermedad, la COMPIN rechazó las seis últimas licencias médicas indicadas que fueron extendidas por personal especialista quien creyó que se beneficiaría del reposo laboral, de las medidas farmacológicas y las psicológicas para ayudar a salir de un cuadro clínico tan complejo de su vida y a poder retornar a su trabajo, cuadro que aún no está del todo superado y es por estoque a pesar de haber regresado a trabajar se mantiene en controles con el Especialista en Salud Mental; las licencias rechazadas por el Compín son: folios NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006,NUM007, extendidas por un total de 150 días a contar del 23 de septiembre de 2024, por reposo no justificado. La recurrente ingreso la apelación primero a Compín, recibiendo un rechazo y luego la apelación a SUSESO, en ambos casos anexando los correspondientes informes médicos obteniendo como respuesta que se mantenía el rechazo.

Sostiene que el papel de la COMPIN y consecuencialmente de la SUSESO consiste en realizar una evaluación que no sea superficial de los casos, sino que debería incluir una fiscalización adecuada y oportuna de los tratamientos prescritos por los profesionales de la salud. La ausencia de esta fiscalización crea un ambiente en el que decisiones arbitrarias pueden prevalecer, afectando negativamente al trabajador que, por ley, ha cumplido con su parte al seguir las indicaciones médicas. Tal actuación por parte de la contraloría médica ha llevado a la recurrente verse impedida de cumplir adecuadamente con el reposo, ello conforme a que el rechazo de sus licencias médicas rechazadas ha sido una carga emocional adicional y su delicado estado de salud.

Expone que, en el caso reclamado, el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN no fue acompañado de una adecuada fiscalización o investigación del médico tratante, lo cual es esencial para entender las razones detrás de las prescripciones de reposo. Sin solicitudes de aclaración o la realización de pericias, quien recurre en el presente caso quedó en una posición de indefensión, responsabilizada por decisiones que competían a un tercero autorizado, es decir, el médico tratante. Esto resultó en una aparente discriminación, comparada con otros en similar condición, pero cuyas licencias fueron aprobadas. En razón de lo anterior, sostiene que el accionar tanto de la SUSESO como de la COMPÍN es ilegal, es decir, contrario a la ley, habiendo infringido o vulnerado el derecho.

Además, es arbitrario, por cuanto no existe razón que lo fundamente, teniendo presente que el arbitrio no es sino la voluntad no gobernada por la razón, sino por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes.

Finalmente, considera que el actuar de las recurridas ha vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 18 y 24 de la Constitución Política de la República, pues el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, lo cual no se condice con el fin esencial de un a licencia médica, cual es, ayudar al trabajador afectado por una incapacidad laboral a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

En razón de lo antes expresado, pide tener por interpuesta acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Ñuble (COMPÍN), por haberse dictado la resolución exenta sin los fundamentos valederos, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el N°18 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, declarando admisible la presente acción de protección y en definitiva acogerlo, ordenando se autoricen las singularizadas licencias médicas, todo con expresa condenación en costas. 2°.- Que, informando la abogada doña Catalina Osses Obando, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicita en primer término se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N°3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N°44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, indica que resulta necesario hacer presente que la interesada ya había recurrido ante su representada con fecha 4 de septiembre de 2025, y que con fecha 20 de octubre de 2025, previo análisis exhaustivo del caso, se concluyó que el reposo médico prescrito en las licencias médicas que fueron rechazadas y que motivaron el presente recurso, no se encontraba justificado, por lo que es posible colegir que en el caso de doña nombre reservado, la situación ya ha sido estudiada por dicho servicio, existiendo fundamentación y motivación en el acto administrativo que pone término al procedimiento, pues se han considerado los antecedentes técnicos y jurídicos al efecto.

Sostiene la letrada que de la manera anterior, es posible concluir que existe un error de parte de la recurrente en cuanto al concepto de reposo médico, el que por esencia, es de carácter temporal, habiéndose tenido presente al resolver la correspondiente ficha médica en donde constan los exámenes médicos que se realizaron y que fundamentaron la decisión, concluyéndose en definitiva que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, extendidas además por médicos distintos, no se encuentra médicamente justificado.

Desde otro ángulo, la letrada hace referencia al marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección, señalando que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº1, del año 2005, y en el D.S. Nº3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L.

Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Refiere que según se desprende de lo manifestado con anterioridad, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Por lo demás, le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Desde otra perspectiva señala que es posible advertir que la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, los que no solo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos que respalda la conclusión del mismo.

En razón de lo antes expresado, pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por el abogado don Sebastián Caroca Colarte, en representación de doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, informando don nombre reservado, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPÍN) Seremi de Salud Región de Ñuble, manifiesta que el rechazo de las licencias médicas individualizadas por el abogado recurrente como NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 dejan fuera dos licencias que dan contexto a una parte del motivo de los rechazos, una de estas es la NUM009 y la NUM010, las cuales se encuentran entre de los reposos antes mencionados y presentan emisión por médicos diferentes y diagnósticos diferentes.

Que, los reposos N° NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 informan un diagnóstico de “trastorno de adaptación” emitidas por el Dr. nombre reservado, médico general y dentro de los mayores emisores de la región. A su vez el reposo NUM009 se emite por el diagnóstico de “Problemas relacionados con el grupo de apoyo Primario”, otorgado por el Dr. nombre reservado, Médico General y la NUM010 por el diagnóstico de “Absceso cutáneo, forúnculo y carbunco de glúteos”, otorgado por el Dr. nombre reservado, Médico General.

Que, previo a estos rechazos, se le autorizaron dos licencias de 30 días cada una por el diagnóstico de trastorno de adaptación emitidas por el Dr. nombre reservado, que se extendieron desde el 21 de agosto del 2024 al 13 de septiembre del 2024, así como también se le autorizó la licencia NUM010, de fecha 28 de febrero del 2025, por 15 días, ya que no hay evidencia de que este problema de salud no fuera real y requiriese de reposo.

Que, los reposos por salud mental otorgados por el Dr. nombre reservado, carecen de fundamento médico para la extensión del reposo, que abarca más de 279 días de reposo, debido a que no se entregó información a esta COMPIN respecto de los motivos de la extensión del reposo, así como tampoco los informes médicos adjuntos logran dar cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional, evolución sintomática o necesidad de ajustes al plan terapéutico durante el período de reposo reclamado. Si bien se adjunta certificado de atenciones psicológicas, éste no refiere al proceso terapéutico, logros ni asistencia. Asimismo, en la información aportada no se evidencia un plan que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral. En consecuencia, no se logran fundamentar los beneficios clínicos de la indicación de prolongación de reposo laboral.

Que, el no asistir a un médico especialista posterior a tan extenso periodo de reposo, es un factor a considerar que hace dudar de lo correcto del tratamiento otorgado y de la necesidad de ajustar dosis, fármacos y estrategias de abordaje terapéutico, ya que no es certero afirmar que un trastorno de adaptación se cronifique a tal grado.

Que, a lo anterior se suma que, en las distintas instancias de apelación presentadas por la afectada, no se acompañaron antecedentes clínicos relevantes sobre el tratamiento en curso, tales como informes de terapia farmacológica, psicológica o de apoyo complementario, ni tampoco se planteó una estrategia de reintegro laboral, contando aun con un tratamiento de primera línea.

Que, en relación con los fundamentos normativos, se establece que el reposo debe estar de acuerdo con la Ley N°20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, el D.S. N°3/1984 del Ministerio de Salud, Reglamento de licencias médicas y la Circular N°3.427 SUSESO, sobre criterios técnicos para licencias por patologías psiquiátricas. Estas normativas establecen que la licencia médica debe cumplir un objetivo terapéutico, y que su mantención debe sustentarse en evidencia clínica objetiva, la cual para este caso no existe.

Que, por todo lo anterior, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Ñuble, de acuerdo con el Decreto Supremo N°3 de 1984, considera que los reposos otorgados a doña nombre reservado, carecen de fundamento clínico para la extensión del cuadro y por consiguiente no cumplen con un rol terapéutico, por lo cual no se ajustan a derecho y se mantiene firme el rechazo junto con las apelaciones correspondientes de las licencias médicas N° NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007. 4°- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, en cuanto a la improcedencia de la acción alegada por la recurrida, por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar éste bajo la protección constitucional que se pide, ella será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 18 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, las cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 8°.- Que, en lo que respecta al fondo, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 9.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo. 10°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que conste que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho. 11°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso. 12°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como asimismo, al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de las recurridas, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes. 13°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder. 14°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por el abogado don Sebastián Caroca Colarte, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), y la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado el día de hoy.

Rol N°898-2025-PROTECCIÓN.