nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

7 Chillán, cinco de Junio de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada Cecilia Halabi Bartolucci, por si, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por su Tesorero Regional nombre reservado, o quién lo subrogue o reemplace, domiciliado en domicilio reservado, por estimar que dicha Institución a vulnerando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Al fundamentar su acción constitucional en cuanto a los hechos sostiene que actualmente, tanto el mundo como el país está sufriendo los efectos de la pandemia Covid 19, y en su situación particular, siendo abogada, ejerce la profesión libremente, por lo se encuentra dentro de la categoría de trabajador a honorario independiente, haciendo presente que por el monto de sus honorarios no accede prácticamente a ninguno de los beneficios Estatales establecidos como medidas de ayuda económica, encontrándose desde el pasado 18 de marzo a la fecha en su hogar, tratando en lo posible de trabajar. Añade que es madre de dos niños pequeños, lo que dificulta aún más el poder salir de casa, ya que la asesora del hogar que trabaja es mayor de 65 años, con factor de riesgo, por lo que no ha ido a trabajar. Plantea que el Gobierno anunció un paquete en apoyo a los trabajadores independiente con boletas de honorarios, señalando que se devolverán las retenciones de enero y febrero del presente año, que en su caso particular ascienden a la suma de $ 610.712, como lo señala la respectiva página del SII, haciendo presente que según la misma página, los beneficiaros de la referida medida serían “…, todos los contribuyentes que emitieron Boletas de Honorarios Electrónicas, que les retuvieron o pagaron su retención en el Formulario N° 29.”. Reconoce la actora que, con fecha 24 de abril del presente año, revisó el sistema y efectivamente en él se indicaba que se había compensado con una deuda fiscal que tiene la cual no excede los $ 900.000 pesos, por lo que le parece, al menos absurdo, que se dé un beneficio por una sola vez y por la situación del país, para que luego se compense y sea el mismo que la otorga se quede con ésta, estableciendo que si bien es cierto que sus rentas han sido compensadas estos últimos años, lo cual no discute, ya que es una facultad legal, en el presente caso es una norma especial y transitoria la que busca paliar la crisis económica que se está viviendo, por lo no debe compensarse, primando una ley especial sobre la general.

En cuanto al derecho la actora, basada en lo dispuesto en el artículo 6 del DFL 1 del año de 1994 del Ministerio de Hacienda y, reconociendo no ser su especialidad el derecho tributario, considera que de la simple lógica se puede concluir, que no se cumplen los requisitos establecidos por el legislador que autorizan la institución de la compensación en materia tributaria, por lo que el proceder de la recurrida constituyen un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales establecidas en los números 2, 3 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política. En este sentido la actora postula, luego de analizar el llamado principio de especialidad, que la compensación realizada por la Tesorería General de la República, resulta arbitraria e ilegal, no reuniéndose los requisitos que faculta dicha compensación, siendo una medida, especial, transitoria, por una sola vez, que no constituiría por su naturaleza un crédito compensable.

Termina solicitando que, de acuerdo con lo expuesto, artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 29 de marzo de 1977, y demás normas pertinentes, se tenga por presentado recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber vulnerado sus derechos amparados en el artículo 19 número 24 de la Constitución.

A su presentación acompaña documentos 2°.- Que, informa por la recurrida la presente acción constitucional don nombre reservado, Director Tesorero Regional de Ñuble, quien solicita el rechazo de la presente acción constitucional enderezada en contra de su representada.

Al desarrollar la recurrida su solicitud de rechazo sostiene que la recurrente no señala cuál es el derecho constitucional supuestamente vulnerado, ni menos la forma en que el actuar del recurrido constituiría lo arbitrario o ilegal, limitándose a entregar opiniones personales como a su juicio debería aplicarse una facultad legal de un organismo público, agregando la opinión de una autora acerca de la operatividad de la compensación en materia tributaria, haciendo presente que la actora termina señalando en la parte petitoria “…ordenando a las recurridas eliminar absolutamente los antecedentes comerciales y la información de morosidad de su representada del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, de DICOM u otras instituciones de los mismos fines, disponiéndose que los recurridos deberán abstenerse de toda acción destinada a transmitir información comercial de supuesta morosidad señalada en lo principal, con costas”, lo que a su entender refleja que la presentación no cumple con los estándares mínimos de consistencia y congruencia procesal, para ser admitidos en un recurso cautelar de la importancia del presente, para la protección de los derechos indubitados que requieren un amparo urgente para su eficacia.

En cuanto a los hechos la recurrida manifiesta que el 22 de abril del presente año el Servicio de Tesorería procedió a compensar la suma de $610.712 proveniente de la devolución de las sumas retenidas por impuesto a la renta AT2021, correspondiente a los meses de enero y febrero del presente, con el giro tributario adeudado por la actora que consta en Formulario 21 folio 51907775 correspondiente a impuesto a la renta del año tributario 2015.

En cuanto al derecho sostiene que la ley le entrega al Servicio de Tesorería, la misión de cobrar administrativa y compulsivamente las obligaciones tributarias y los créditos del sector público que no han sido pagados dentro de los respectivos plazos de vencimiento, tarea la cual se encuentra normada fundamentalmente en el Código Tributario, pero también en la Ley de Administración Financiera del Estado, en el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en leyes especiales y generales y, obviamente, en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, precisando que la facultad que detenta el Servicio de Tesorería para compensar créditos de los contribuyentes con deudas que éstos puedan mantener con el Fisco, se encuentra señalada en el artículo 6° del D.F.L. N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, el cual que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería. La recurrida, luego de transcribir el artículo 1° numeral séptimo del D.L. 420 de 20 de marzo del presente dictado por el Ministerio de Hacienda indica que la norma citada no dispone regla especial alguna que altere la regla general establecida en el DFL N°1 de 1994 para la compensación entre dicho beneficio tributario con aquellas obligaciones morosas de la misma índole que pudiesen tener los contribuyentes y por tanto, considera que debería regir la norma general, puesto que no existe contradicción entre el D.L. N°420 del Ministerio de Hacienda y lo estipulado en el Estatuto de Tesorería. Añade que a su entender no ha existido vulneración del derecho de propiedad de la actora, por cuanto patrimonialmente la devolución anticipada de las retenciones efectuadas durante los meses de enero y febrero del presente año han sido imputadas a deudas que gravaban su patrimonio, por lo que éste se ha mantenido indemne reduciendo los pasivos que detentaba, otorgándosele incluso condonaciones respecto de intereses y multas. Sostiene que no se ve cómo los hechos reclamados pudieren constituir una afectación al derecho de igualdad tributaria consagrado en el artículo 19 N°20 de la Carta Fundamental, por cuanto la compensación ha operado de acuerdo a las reglas generales sin que se observe, de los hechos relatados, alguna acción arbitraria o fuera de toda razonabilidad en el proceder del Servicio que representa, haciendo presente que la propia actora reconoce en su libelo no tener inconvenientes económicos, por lo cual no podría afirmarse que se encuentre dentro de los grupos más carenciados de la sociedad que pudieren reclamar un trato diferenciado.

Finalmente sostiene, en cuanto a la acción u omisión ilegal o arbitraria que exige el artículo 20 de la Carta Política, que en el caso sub lite, al Servicio de Tesorerías le asiste la facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, facultad contemplada en el artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, por lo que considera su representada ha actuado no sólo conforme a la normativa legal vigente, sino que, siendo el fundamento de su obrar no el simple o mero capricho del agente sino que el cumplimiento estricto de una de las funciones que la ley le asigna, ha actuado, en conformidad estricta a lo que disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y por lo mismo considera que lo planteado por la recurrente, nada tiene de ilegal ni de arbitrario.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y visto lo prevenido por los artículos 19 número 24, y 20 de la Constitución Política del Estado, y demás pertinentes, así como el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe al tenor de la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado y, en definitiva, rechazarla con costas.

A su informe la recurrida acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, la recurrente reclama por cuanto la recurrida no le devolvió el dinero que se le retuvo en los meses de enero y febrero de este año y que había sido ordenada por el Servicio de Impuestos Internos. Ello por cuanto decidió compensarla con una deuda pretérita, que no corresponde, desde que la devolución ha sido ordenada por una ley especial que prima sobre la que permita dicha compensación.

6°.- Que, a su turno, la recurrida, sostuvo defectos formales en el arbitrio que se revisa y además que la compensación resulta procedente, pues la ley lo faculta para ello.

7°.- Que, en autos lo único controvertido es la procedencia o no de la compensación que aplicó la recurrida que impidió la devolución de fondos a la actora.

8º.- Que el artículo 6 del DFL Nº 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda faculta expresamente a la recurrida para compensar créditos de los contribuyentes con deudas fiscales. A su turno, el artículo 1 inciso 7 del DL 420 del 20 de marzo pasado ordenó la restitución de los valores retenidos a los contribuyentes durante los meses de enero y febrero de este año.

9º.- Que, de conformidad a la normativa recién citada, la recurrida tenía facultad legal para disponer la compensación cuestionada, lo que descarta la ilegalidad alegada. Y tampoco existe arbitrariedad, pues, existe una razón clara, fundada y reconocida por la recurrida, para disponer la medida reclamada, cual es la existencia de una deuda pretérita.

10º.- Que en lo que dice relación a la supuesta primacía de ley especial alegada por la recurrente, cabe anotar que no existe conflicto o contradictoriedad entre ambas normas, de modo que no cabe resolver la primacía de una sobre otra. En efecto, la ley general establece la facultad de compensar y la especial dispone devolución de dineros a ciertos contribuyentes. Ambas pueden coexistir, de modo que si la devolución de ordena respecto de alguien que tiene deuda operará la compensación y ese contribuyente cumplirá total o parcialmente su obligación, y disminuirá sus pasivos. No entenderlo así, supondría calificar, en los hechos, como inembargables ciertos dineros, sólo por originarse en la idea de ayuda estatal, lo que no resulta admisible y además requeriría texto expreso.

11º.- Que, finalmente, en cuanto a que la devolución constituye una especie de bono o liberalidad estatal, no puede sino discreparse de aquello, desde que el impuesto a la renta, del que se provisiona con la retención, igualmente deberá pagarse el otro año. Así no puede tratarse de una regalía fiscal sino omitir por dos meses la retención de dineros propios del contribuyente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Cecilia Halabi Bartolucci, en contra de la Tesorería General de la República.

Notifíquese. En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Solón Vigueras Seguel.

ROL N° 891-2020-PROTECCIÓN.