Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

Chillán, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1º.- Que, comparece la recurrente doña nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Ñuble y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por los reiterados rechazos que califica de arbitrarios e injustificados de sus licencias médicas correspondientes al periodo abril a noviembre de 2025.

Argumenta la actora que el accionar de las recurridas vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°9 y N°18 de la Constitución Política de la República, además de afectar el interés superior de su hija menor de edad diagnosticada con trastorno del espectro autista.

Indica la recurrente que padece un diagnóstico principal de plexitis o neuritis braquial (plexopatía braquial), el cual ha sido confirmado mediante evaluación neurológica, examen físico, estudio de imágenes y electromiografía que detecta lesión axonal y denervación activa. Expresa que esta patología le imposibilita el trabajo físico, la asistencia a menores y labores administrativas prolongadas, por lo que el reposo médico se encuentra plenamente justificado de acuerdo con sus funciones laborales.

Sostiene además que la COMPIN rechazó inicialmente las licencias bajo los argumentos de reposo injustificado y prolongado, mientras que la SUSESO confirmó dichos rechazos alegando que se trata de una "patología crónica" y sugiriendo el inicio de un trámite de pensión de invalidez. Argumenta que esta decisión es arbitraria, pues proviene de un médico general y no de un especialista neurólogo, contradiciendo la evidencia aportada por su médico tratante, quien asegura que la patología es recuperable.

Asimismo, agrega que la supuesta falta de continuidad en el tratamiento kinesiológico, esgrimida por las recurridas, no constituye abandono del tratamiento, toda vez que las pausas fueron indicadas médicamente debido a cuadros de dolor neuropático severo y reagudización de síntomas. Expone que la exigencia de una "continuidad absoluta" carece de respaldo normativo y clínico, desconociendo la naturaleza fluctuante de la plexitis.

Argumenta la recurrente que existe un error de hecho determinante en la contabilización de los días de reposo por parte de la SUSESO, ya que se habrían mezclado días de diagnósticos distintos previos a agosto de 2024, fecha en que recién se confirmó el diagnóstico de plexitis mediante EMG. Indica que antes de ese periodo el cuadro se encontraba en estudio por sospecha de síndrome de opérculo torácico, por lo que no es efectivo que existan más de 300 días de reposo por la misma patología.

Indica la recurrente que la falta de pago de sus licencias ha provocado un quiebre financiero significativo, generando sobreendeudamiento y situación de morosidad, lo que le impide costear sus propios tratamientos y los de su hija.

Manifiesta que esta situación agrava su cuadro de salud física y mental, produciendo un deterioro psíquico derivado de la incertidumbre económica.

Finalmente solicita que se declare la arbitrariedad de las resoluciones, se ordene el pago inmediato de la totalidad de las licencias rechazadas y se disponga como medida cautelar que las recurridas se abstengan de exigir el inicio de un proceso de invalidez sin base clínica real. 2º.- Que, informa la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solicitando en lo principal que se declare la improcedencia de la acción de protección por versar sobre materias de seguridad social. Argumenta que la autorización o rechazo de licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral son materias excluidas del ámbito de aplicación del artículo 20 de la Constitución.

Expresa la letrada que la acción de protección es un procedimiento de urgencia para violaciones flagrantes de derechos indubitados, lo que no ocurriría en la especie, dado que el derecho a la licencia de la recurrente ha sido cuestionado tras sucesivas instancias de revisión técnica.

Sostiene, en subsidio y en cuanto al fondo, que la Superintendencia actuó ajustada a sus facultades fiscalizadoras y supervigilantes del sistema de previsión.

Indica que se estudiaron los antecedentes a través de sus profesionales médicos, quienes concluyeron que el reposo prescrito no se encontraba justificado más allá de los días ya autorizados.

Argumenta la abogada que los informes del médico tratante no describen adecuadamente las limitaciones clínicas ni el beneficio terapéutico de mantener el reposo. Asimismo, señala que no se acreditó la realización de una pauta de terapia kinésica u otro plan de rehabilitación funcional sistemático durante el periodo reclamado.

Manifiesta que, si bien la electromiografía es concordante con el diagnóstico, los exámenes imagenológicos se encuentran dentro de límites normales o presentan hallazgos inespecíficos que no justifican la extensión del reposo solicitado. Refiere que el cuadro es de curso crónico y que, tras más de 300 días de reposo, no se observa un pronóstico claro de reintegro laboral.

Expone que la sugerencia de evaluar una pensión de invalidez se fundamenta en que la persistencia de la patología, a pesar del tratamiento, podría producir un grado de incapacidad permanente que debe ser evaluado por las instancias correspondientes.

Indica además que no existe acto ilegal o arbitrario, ya que las resoluciones se encuentran debidamente fundadas en argumentos técnicos y en la normativa sanitaria vigente, como el D.S. N°3 de 1984. Sostiene que no se ha vulnerado el derecho de propiedad, pues este no nace con la sola emisión de la licencia, sino que requiere de su autorización por el organismo competente.

Argumenta que la Superintendencia no ha impedido el acceso a tratamientos, limitándose a pronunciarse sobre la procedencia del subsidio estatal para el reposo laboral.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por no existir vulneración de garantías constitucionales protegidas por esta vía. 3º.- Que, informa el Sr. nombre reservado, en su calidad de Presidente de la COMPIN Región de Ñuble, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

Indica que la recurrente registra un reposo continuo desde marzo de 2024 hasta diciembre de 2025, acumulando 635 días de reposo por "trastorno del plexo braquial".

Expresa el informante que la COMPIN autorizó 336 días de reposo, rechazando las licencias posteriores a abril de 2025 por considerar que el reposo ya no generaba un efecto terapéutico. Sostiene que los informes del médico tratante muestran una evolución tórpida y que la kinesioterapia no ha rendido los frutos esperados para la recuperación de la salud.

Argumenta que el reposo se considera excesivo y prolongado para el diagnóstico, superando los plazos recomendados para la recuperación del cuadro clínico. Finalmente, manifiesta que la falta de avances plantea dudas sobre la capacidad de recuperación de la recurrente y sugiere la evaluación de invalidez. 4º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5º.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes— protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7º.- Que, en síntesis, la parte recurrente sostiene que el rechazo de sus licencias médicas por parte de la COMPIN y la posterior confirmación por la SUSESO carecen de fundamentos técnicos suficientes, ignorando informes del médico especialista y exámenes objetivos (EMG). Por su parte, las recurridas aducen que el reposo es prolongado, que la patología ha derivado en cronicidad y que no se justifica la incapacidad laboral temporal, sugiriendo la tramitación de una pensión de invalidez. 8°.- Que, respecto de la alegación de improcedencia de la acción de protección formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, basada en que la materia se refiere a derechos de seguridad social excluidos del artículo 20 de la Constitución, esta Corte debe desestimarla. Al efecto, cabe recordar que si bien el derecho a la seguridad social no se encuentra taxativamente mencionado en la citada norma, la jurisprudencia ha sido conteste en señalar que el rechazo de licencias médicas —cuando este es ilegal o arbitrario— afecta directamente garantías que sí están protegidas, tales como el derecho a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre el subsidio derivado de la incapacidad laboral, el cual se incorpora al patrimonio del trabajador una vez que la licencia es emitida justificadamente. Por tanto, la acción resulta plenamente procedente para revisar la juridicidad del acto administrativo impugnado. 9º.- Que, en cuanto al fondo de la controversia, es dable señalar que, si bien la Administración cuenta con facultades para calificar la procedencia de las licencias médicas, dichas facultades deben ejercerse con respeto al principio de legalidad y motivación de los actos administrativos. En el caso de autos, la recurrente ha acompañado antecedentes de un médico especialista en neurología y una electromiografía que objetiva una lesión axonal activa, elementos que no parecen haber sido ponderados en su justa medida frente a la simple negativa de las recurridas basada en la duración del reposo. 10º.- Que, la alegación en torno al carácter de cuadro “crónico” como motivo para rechazar una licencia médica debe estar sustentada en una evaluación clínica exhaustiva que determine fehacientemente que la patología ya no es recuperable. La sola extensión del reposo o la falta de resultados inmediatos en la terapia kinésica no autorizan de forma automática a privar al trabajador del subsidio por incapacidad laboral, menos aún cuando el médico tratante insiste en el carácter recuperable del cuadro y en la necesidad del reposo para el éxito del tratamiento.

En este sentido, si la parte recurrida estimaba que los antecedentes proporcionados por la recurrente —que desde luego son elaborados por los profesionales a los que tuvo que acudir y que no dependen en su redacción ni detalle por la afectada— eran insuficientes, perfectamente pudo adoptar las medidas necesarias para disponer que se aclararan estos informes o practicar ellos mismos las pericias o informes complementarios a fin de aclarar sus dudas.

Al efecto, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin... podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;... d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento... e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”. 11º.- Que, de lo expuesto se advierte que la resolución de la SUSESO que confirma los rechazos aparece como carente de una fundamentación que dialogue con la realidad clínica expuesta por la recurrente, lo que la torna en arbitraria al no explicar razonadamente por qué se desestima el criterio del especialista frente a la evaluación del médico contralor. 12º.- Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que “…la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente…”, agregando que “…tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente”. (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6°). 13º.- Que, en consecuencia, y con el objeto de restablecer el imperio del derecho, se hace necesario que la autoridad administrativa realice una nueva evaluación que considere íntegramente los antecedentes clínicos aportados, pudiendo para ello solicitar nuevos exámenes o peritajes externos que permitan determinar con precisión la capacidad laboral de la actora y la justificación del reposo. 14º.- Se concluye entonces que, la actuación de las recurridas al confirmar el rechazo de las licencias médicas sin una fundamentación clínica suficiente que desvirtúe los hallazgos de la electromiografía y los informes del especialista afecta la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre el subsidio derivado de la licencia médica, lo que justifica la adopción de las medidas necesarias para su debida protección.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto deberá disponer la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble que encargue un nuevo informe médico, en los términos del artículo 21 del Decreto Supremo N°3, acerca de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad de la parte actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas.

R.I.C. N° 886-2025-PROTECCIÓN.