nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, pensionado, con domicilio en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don Camilo Francisco Benavente Jiménez, ambos con domicilio en domicilio reservado de la misma comuna, por haber privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, numeral 24°, derecho de propiedad contemplados en la Constitución Política de la República.

Señala que su abuelo cuando llegó a Chile adquirió para su madre nombre reservado y su tío nombre reservado, ambos Lusseau Vera (fallecido a los 7 años), dos retazos de suelo en la población Witker, el primero, que limita al norte con propiedad del vendedor Canales y otros, ORIENTE calle en proyecto, SUR, nombre reservado antes vendedor, y PONIENTE, Gumersindo Fuentes antes Witker.

Indica que es el otro retazo por el cual dirige esta acción, que se encuentra con la misma ubicación que el anterior y limita, NORTE, propiedad del vendedor ORIENTE de Mardones, SUR de Lagos antes Jara y PONIENTE, calle en proyecto.

Expresa que estas propiedades están vigentes desde el año 1915, e inscritas a fojas 182 numero 373, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 1915, las cuales están vigentes desde el pretérito año y respecto de lo cual su madre mediante contrato le cedió todos sus derechos que le corresponden a estas propiedades Explica que la propiedad ha estado sin modificación alguna desde el año 1915, que se inscribió al margen de dicha inscripción la cesión de derechos y que en dicho contrato se actualizaron los deslindes a la fecha de la cesión de derechos. Los deslindes particulares son NORTE; propiedad que era del vendedor (este deslinda con el primer retazo que se nombra primero en inscripción conservatoria Margarita Lusseau). SUR; calle Covadonga antes Lagos. ORIENTE; calle O’Brien antes Mardones. PONIENTE; nombre reservado antes calle en proyecto.

Manifiesta el recurrente que, el día 25 de julio, se percata que llega un grupo de personas acompañados de inspectores municipales de Chillán; estos empezaron a realizar obras en este terreno y por lo cual, se acerca a ellos y les pregunta qué estaban haciendo. Le señalan que en ese terreno se realizarían obras, por lo cual, el recurrente adjunta documentación que acreditaría el derecho que mantiene sobre la propiedad y se envió documentación con inspectores cuyos cargos y nombres se desconocen, a lo cual la municipalidad desconoce el derecho de propiedad que detenta sobre esta, y se olvida cuáles son las características del dominio.

Sostiene que el derecho de propiedad es absoluto, exclusivo, perpetuo o permanente y es un derecho real por excelencia, por lo que consulta por ley de transparencia a la Ilustre Municipalidad de Chillán, lo siguiente: “necesito toda información de la calle O’Brien, de la población Witker, Chillán planos, decretos, creación de la calle, expropiación si fuere el caso, extensión de la calle”. Agrega que con fecha 18 de julio de 2023, se recibió la solicitud de información pública N°, MU042T0003683, mediante la cual requiere la información y que en dicho oficio respondieron lo siguiente: “La Dirección de Obras Municipales señala mediante Oficio N°11096 que: solo cuenta con el plano de loteo de la población Sarita Gajardo donde se indica la calle O’Brien, se adjunta para su conocimiento.”

Expone que, para acreditar el derecho que recae sobre la propiedad y sus deslindes, se acompañarán al recurso inscripciones de los antecesores dueños del retazo singularizado anteriormente, con el fundamento que en estas inscripciones se establece que en su deslinde ORIENTE se señala que colinda con nombre reservado, que es la persona que vende el segundo retazo que es por el que se interpone el presente recurso, y este segundo retazo es el que don nombre reservado le vende a su madre Margarita Lusseau y a su tío Pedro Lusseau. Añade que se acompañarán copias de inscripción de la propiedad con la que se delimita al poniente, para que no quepa duda de los deslindes y su superficie, en las cuales constan que al oriente de la propiedad estos deslindaban con calle en proyecto, la misma calle en proyecto que en su inscripción es su deslinde poniente, indicando tales inscripciones.

Concluye que es así que se puede concluir, que no hubo el debido estudio de título sobre la propiedad y que los recurridos se limitaron a los planos que mantiene el Servicio de Impuestos Internos.

Argumenta el recurrente que la actuación de los recurridos constituye una afectación seria, real y grave al derecho de dominio, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, que cita en su recurso.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso de protección, disponiendo dejar sin efecto las actuaciones practicadas por ésta, o adoptar las medidas que esta Corte considere necesario para el pleno restablecimiento del derecho, todo ello con costas.

2º.- Que, informa el abogado Gabriel Osorio Vargas, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Chillán, solicitando su total rechazo por las consideraciones de hecho y de derecho que expone en su informe.

En relación a los requisitos para la procedencia del recurso de protección, indica que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional están contestes en el hecho de reconocerle a este remedio judicial, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente, informal, breve y sumaria. Por dicho motivo, se ha sostenido que resulta improcedente que por su intermedio se procure un pronunciamiento sobre aspectos de fondo, que son naturalmente objeto de procedimientos de lato conocimiento, por lo que el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata, asunto que no se verifica en la especie.

Señala que se deben acreditar una serie de circunstancias para que el recurso de protección pueda ser acogido, a saber: i. Acción u omisión arbitraria o ilegal ejecutada por un agraviante que es legitimado pasivo del recurso; ii. Afectación de alguno de los derechos fundamentales indicados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es decir, una privación, perturbación o amenaza; iii. La existencia de un derecho fundamental prexistente e indubitado; iv.

Una necesaria relación de causalidad entre dicha acción u omisión denunciada de arbitraria e ilegal y la afectación de derechos fundamentales; v.

La posibilidad que la Corte adopte medidas cautelares, en razón, del fin de la acción de protección que es una acción de cautela y tutela de derechos fundamentales; y vi. Su interposición dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Indica que el recurso de protección de autos ha sido interpuesto de manera extemporánea teniendo presente que el término en análisis se caracteriza por ser un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable y no ampliable según la tabla de emplazamiento para contestar demandas, citando jurisprudencia al efecto, para concluir que el acto recurrido consistiría en la intervención de inspectores municipales en lo que el recurrente identifica como parte de su propiedad, con fecha 25 de julio de 2024. Sin embargo, expresa que el presente recurso de protección fue ingresado con fecha 25 de agosto de 2024, habiendo transcurrido 31 días desde la fecha en que supuestamente el recurrente habría tomado conocimiento del supuesto acto ilegal y arbitrario. Así lo señala el propio líbelo, al decir que, con fecha 25 de julio de 2024, se percató que inspectores municipales de Chillán realizaban obras en lo que el recurrente considera “su terreno”.

Así las cosas, argumenta la recurrida que debe concluirse necesariamente que el presente recurso es extemporáneo, ya que ha transcurrido con creces el plazo establecido para su interposición, desde las fechas señaladas en su libelo, ya referidas, sin que la recurrente haya precisado la fecha exacta en que ocurrió dicha omisión o ella tomó conocimiento de la misma.

En cuanto a la concurrencia de una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria por parte de la Ilustre Municipalidad de Chillán, expresa que con fecha 25 de Octubre de 2023, el Director de Obras Municipales de la entidad edilicia que representa, certifica que el área verde correspondiente a población Valenzuela Wicker, entre las calles O’Brien con calles Covadonga, corresponde a un área verde definida como un Bien Nacional de Uso Público, en el cual se emplaza la plaza. Además, el Conservador del Archivo Nacional (s), señor Osvaldo Villaseca Reyes, señala que la inscripción que corresponde a fojas 182 N° 373, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán de 1915 tiene una anotación marginal posterior a 1931. Es decir, existe controversia sobre la propiedad del inmueble, puesto que la entidad edilicia que representa señala, a través del Director de Obras Municipales, que el bien en comento es un Bien Nacional de Uso Público, por lo que, de discutirse el dominio, debe realizarse mediante un juicio de lato conocimiento.

En consecuencia, solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, y por lo tanto rechazar el recurso de protección incoado en contra de su representada.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, la presente controversia consiste, en síntesis, en que funcionarios municipales de la entidad recurrida estarían realizando obras en un terreno que el recurrente dice que es de su propiedad, ya que su madre mediante contrato le cedió todos sus derechos que le correspondían en ésta, cuya inscripción data de 1915. Sin embargo, la municipalidad recurrida sostiene que el inmueble corresponde a un área verde definida como un Bien Nacional de Uso Público en el cual se sitúa la plaza, y previamente indica que la presente acción constitucional no es la vía para resolver una cuestión de fondo, agregando además que el recurso ha sido interpuesto de forma extemporánea.

7°.- Que, al respecto, en relación a la procedencia de esta acción constitucional, y tratándose de una discusión acerca del dominio de un inmueble, cabe destacar que la jurisprudencia de manera uniforme ha sostenido que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia, destinada a proteger derechos fundamentales cuya existencia se encuentre indubitada a consecuencia de actos u omisiones arbitrarios e ilegales, todo ello con el fin de reestablecer el statu quo quebrantado que, en este caso, no es posible constatar atendida la poca claridad de los antecedentes que motivan el presente recurso, no siendo en consecuencia, la vía idónea para resolver la controversia planteada.

En efecto, el recurrente cita una inscripción de dominio de 1915 y una anotación marginal de una posible cesión de derechos que no aparece clara de la propia inscripción que acompaña. Además, existe otra anotación marginal en dicha inscripción de dominio que no es posible dilucidar con el solo mérito del documento y que no permite aclarar el dominio en controversia. Pero incluso más, aun cuando hipotéticamente pudiera sostenerse que el recurrente cuenta con una inscripción de dominio a su favor respecto de un inmueble situado en domicilio reservado, no existe ningún elemento idóneo de corroboración que permita determinar que esa inscripción haga referencia a un inmueble que corresponda físicamente al mismo lugar en que los funcionarios municipales estarían realizando obras, destacando además que, el Director de Obras Municipales de la entidad edilicia certifica que el área verde correspondiente a población Valenzuela Wicker, entre las calles O’Brien con calles Covadonga, y respecto de la cual personal municipal estaría realizando obras, corresponde a un área verde definida como un Bien Nacional de Uso Público, en el cual se sitúa la plaza.

8°.- Que, de lo dicho, es posible concluir que la vía indicada para aclarar el presente conflicto, es el ejercicio de parte de la recurrente de las acciones posesorias, de dominio o declarativas especiales o de fondo que establece el ordenamiento jurídico, a fin de que plantee sus argumentaciones, presente pruebas y permita que la parte demandada también acompañe su prueba y efectúe sus alegaciones, todo ello en un debido proceso en que los interesados tengan su derecho a defensa y bilateralidad necesaria que permita esclarecer cuál es el derecho de las partes, no siendo como se dijo, la presente vía el mecanismo adecuado para resolver tal controversia.

9°.- Que, de todo lo ya analizado precedentemente, resulta que este arbitrio constitucional no es la vía idónea para resolver el conflicto que afecta a la recurrente, ya por tratarse de un asunto de fondo o de lato conocimiento, ya porque no están en juego derechos indubitados, por lo que la presente acción constitucional no podrá prosperar, todo ello sin perjuicio de los demás derechos que la recurrente pueda hacer valer ante la autoridad u órganos pertinentes.

Finalmente, y en atención a que se ha acogido la primera defensa de la recurrida, en orden a que el presente recurso de protección no es procedente por no ser la vía idónea para resolver una controversia de fondo y no constatarse la afectación de derechos indubitados, no es necesario pronunciarse acerca de la alegación de extemporaneidad alegada por la entidad edilicia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

No firma la Ministra Suplente señora Roxana Salgado Salamé, no obstante haber concurrido a la vista y a la causa, por haber cesado en el cargo.

R.I.C. N°881-2024 -PROTECCIÓN. -