Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

Chillán, quince de enero de dos mil veintiséis.- VISTO: 1°. – Que comparece doña nombre reservado, abogada, por sí y en favor de nombre reservado, interponiendo un recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la decisión ilegal y arbitraria notificada con fecha 10 de octubre de 2025, que no da curso a la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Expone que a nombre reservado, con residencia definitiva en este país, durante el curso de la prestación de sus servicios y de manera sistemática, se le han descontado parte de su sueldo y enterado sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en las instituciones respectivas, a pesar de haber suscrito en su contrato cláusula previsional donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156. Añade que con fecha 06 de octubre de 2025, ingresó a través del portal web de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, una solicitud de retiro de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente. Agrela la recurrente que con esa misma fecha recibió un correo electrónico que indicaba: “estado de solicitud pendiente, por falta de constancia, motivo por el cual el recurrente reingresa constancia de seguro social vigente, quedando pendiente por su resolución”.

Detalla que el día 4 de Noviembre recibió un correo electrónico junto con carta de rechazo que indica: “…El 7 de octubre de 2025 se ingresó la solicitud con folio N° NUM000, la cual fue rechazada por el siguiente motivo: 1. La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente, ya que no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierta y, además, no está firmada por la autoridad emisora ni se encuentra apostillada o legalizada, según corresponda...”

En virtud de ello, señala, ingresó el reclamo ante la Superintendencia, alegando la imposibilidad material de legalizar el documento, por no existir representación diplomática en el país.

Posteriormente, con fecha 10 de octubre de 2025, recibió un nuevo correo que indicaba: “…El motivo del rechazo es: 1.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

En este sentido, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°NUM001 de 20 de febrero de 2024, ha señalado: "el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile…”

Considera importante señalar que la recurrente cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos y que el Código civil chileno reconoce en su artículo 45.

Indica que la Administradora de Fondos de Pensiones ha fundado el rechazo de la solicitud de retiro en la “…Falta de apostilla…” del documento presentado por el afiliado. Sin embargo, señala, dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea, los cuales acompaña en un otrosí de la presentación. Añade que, de acuerdo a oficios emanados de la autoridad de Servicio autónomo de Notarias y Registro civil en Venezuela, tampoco pueden realizarse declaraciones juradas de este documento a los fines de que posteriormente sean apostillados. En consecuencia, estima, la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales, al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que únicamente requiere acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla de documentos en los términos exigidos por la AFP.

Sin embargo, expresa, a pesar de esta imposibilidad material, la recurrente sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), y esto puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los seguros Sociales, a través del enlace institucional que inserta, ingresando el número de cédula NUM002, es posible descargar en línea una constancia de cotizaciones vigente, lo que acredita fehacientemente que la recurrente mantiene su cobertura previsional activa en su país de origen. Asimismo de los artículos de la ley 18.156 se desprende que la ley ordena que el solicitante se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, y que le otorgue a lo menos prestaciones, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, tal y como se evidencia de la constancia del seguro social venezolano que acompaña el recurrente el cual indica: “…la ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social, a sus beneficiarios y beneficiarias, en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía…”

En ese sentido, plantea que en el mismo texto jurídico se encuentra, de manera detallada las prestaciones que abarca la cobertura que detentan los afiliados a este sistema de seguridad social la cuales las encontramos en los siguientes artículos: • Enfermedad → artículos 10 y 11: incluyen prestaciones médicas e indemnizaciones pecuniarias (pagos diarios por incapacidad y maternidad). • Invalidez → artículos 13 a 19: otorgan pensiones por pérdida de capacidad laboral o accidente. • Vejez → Capítulo III: regula la pensión de vejez, equivalente a jubilación. • Muerte / sobrevivencia → artículos 32 a 34: establecen pensiones para los sobrevivientes del asegurado.

Por tanto, argumenta, el IVSS ofrece integralmente las coberturas exigidas por Chile en virtud de la Ley N° 18.156.

En cuanto a la prestación médicas y pecuniarias se puede detallar los siguientes artículos de la ley: • Artículo 5: “El Seguro Social otorgará las prestaciones mediante la asistencia médica integral y en dinero...” • Artículo 10: regula continuidad de prestaciones médicas y en dinero por incapacidad. • Artículo 11: otorga indemnización diaria por maternidad, no inferior al salario normal devengado. • Artículos 71 y 74: confirman tres fondos del sistema —asistencia médica, indemnizaciones diarias y pensiones—, demostrando que el sistema sí cubre prestaciones médicas y económicas.

En virtud de lo anterior, considera que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Agrega que la afiliación es comprobable directamente, sin necesidad de apostilla, porque ella emana de un organismo público, es verificable en la web oficial de la institución previsional venezolana y vigente al momento de la solicitud. Que, la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos.

En ese sentido, estima que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales , consagrados en el Artículo 19 N°2 y N°24, y N°26 de la Constitución Política de la República por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Continúa señalando que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, quien con fecha 10 de octubre de 2025, rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, por no contar con apostilla de constancia del seguro social de su país de origen.

La Ley 18.156 exige, para la devolución de cotizaciones, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un sistema previsional en su país de origen que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en contrato laboral o anexo su voluntad de mantener tal afiliación, la recurrente cumplió ambos requisitos a cabalidad, sin que la normativa legal imponga requisito alguno de legalización consular o apostilla para dicha documentación.

Refiere que la jurisprudencia reciente confirma esta interpretación, citando la sentencia pronunciada en la causa rol 20.881-2024, por la I.

Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a AFP UNO S.A. devolver los fondos de un cotizante venezolano, señalando que el rechazo fue arbitrario e ilegal porque la recurrente cumplió con todos los requisitos legales y la AFP rechazó el caso por criterios subjetivos no previstos en la ley. También cita el fallo dictado en la causa rol 16-2025, por la I. Corte de Apelaciones de Rancagua que acogió un recurso contra AFP Modelo, concluyendo que la negativa a devolver fondos fue arbitraria e ilegal, pues el trabajador había cumplido los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, sin exigirse cobertura integral alguna más allá de lo expresamente previsto en la ley. Además, cita la sentencia dictada en los autos rol 20.426-2024, por la I. Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a AFP Provida devolver fondos a una ciudadana argentina, señalando que la cobertura previsional acreditada con certificación otorgada por el sistema SIPA cumplía los requisitos de la Ley 18.156, sin que fuera válida la interpretación de exigir cobertura real y efectiva más allá de lo legalmente establecido. Finalmente menciona el fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 2.084-2024, donde se concluyó que la AFP tergiversó requisitos legales cambiantes y exigió condiciones extra-legales, fenómeno calificado como actuación arbitraria e ilegal puesto que la recurrente había probado cumplimiento de los artículos 1° y 7° de la ley 18.156.

Argumenta que la negativa de Afp Modelo, S.A, constituye un acto manifiestamente arbitrario e ilegal, al exigir formalidades adicionales no previstas normativamente y generar un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución con documentos similares. Igualmente priva a la recurrente del ejercicio legítimo de su propiedad sobre sus fondos previsionales, sin justificación legal alguna.

Manifiesta que tal decisión afecta las garantías consagradas en los numerales 2°y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Termina solicitando que se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho. 2°. – Que, al informar, el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, expresa que la recurrente ha presentado dos solicitudes de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida para trabajadores técnicos extranjeros en la Ley N° 18.156, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por el empleador.

Detalla que con fecha 07 de octubre de 2025, la recurrente ingresó la solicitud N°NUM000 para retirar las cotizaciones del período cotizado comprendido entre julio de 2018 y agosto de 2025.Con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos: Título Profesional, Constancia electrónica de cotizaciones, Contrato de Trabajo y anexo suscrito con el empleador HSBC BANK (CHILE). En virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, la AFP realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de mi representada. Tras el análisis de los antecedentes, la solicitud fue rechazada porque “La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda. En este sentido, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.” A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°NUM001 de 20 de febrero de 2024, ha señalado: "el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas. Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Por lo anterior y, para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Señala que en virtud de lo señalado, se puede apreciar que AFP Modelo rechazó las solicitudes de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente acompañó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” el cual no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos. De lo expuesto, indica, se puede determinar que mi representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que tal como se explicará en el derecho de este escrito, la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, el recurrente no cumplía.

Explica que la Ley N° 18.156, que establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Esta Ley en su artículo 7° establece lo siguiente: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.” Por su parte, el artículo 1° establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: A) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Advierte que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales. En este sentido ha fallado la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia dictada en causa rol Civil / 28299 – 2025, al resolver que: “Luego, si ese trabajador extranjero pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales respecto de los servicios prestados en Chile, de conformidad al artículo 7° de la Ley N°18.156, deberá acreditar ante la AFP el cumplimiento de todos los requisitos copulativos contemplados en el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal, en la forma que la ley exige, y conforme a la norma administrativa y a la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones”.

Precisa que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en su Libro II, Titulo XI, número 1, letra b) establece lo siguiente: 1. Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Por otra parte - plantea- el mismo Compendio en su Libro II, Titulo XI, numero 2 letra b), establece: “b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio. La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

Expone que, además, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio Ordinario N°NUM001 de fecha 20 de febrero de 2024, el cual señala: "el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas. Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Asimismo, asevera que la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, señala: “…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156…”.

A mayor abundamiento, indica que la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de fecha 17 de julio de 2025 ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.”

Lo anterior, va en consonancia con lo prescrito en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe que “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados”, en relación con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que señala que los “instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento”.

A su vez, el artículo 345 bis del mismo cuerpo legal dispone: “Los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento. Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas, podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, con arreglo al artículo precedente y a éste, respectivamente. Pero en estos casos la legalización o apostilla sólo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar al instrumento el carácter de público. Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera”.

Lo anterior es de suma importancia para proteger la fe pública, entendida como aquella institución jurídica cuyo fundamento es la seguridad del tráfico jurídico. En el sentido anteriormente mencionado, ha fallado la jurisprudencia, tal como consta en fallo de dictado en causa Rol Libro Protección - 22142 - 2024 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (sentencia confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa rol Civil / 13722 – 2025): “Cuarto: La revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente…”.

Así mismo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha fallado en el sentido de que la Constancia Electrónica de Pensiones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, en Sentencia dictada en causa Rol Libro Protección 2023-2025 (la cual fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema mediante sentencia dictada con fecha 10 de junio de 2025 en causa Rol Libro Civil / 18581 – 2025): “…Quinto: Que, el documento presentado por el actor, esto es, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. La mera inclusión de un código de verificación electrónica en el mencionado documento resulta insuficiente para satisfacer los requisitos formales establecidos en la legislación vigente, especialmente considerando que el ordenamiento jurídico nacional exige expresamente la legalización de instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional. Sexto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal, ni arbitraria la conducta de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero. Si bien, la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado. Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida…”.

Por último, en sentido similar a la sentencia anteriormente citada también ha fallado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en sentencia dictada con fecha 09 de junio de 2025 en causa Rol Libro Protección 1763-2025 y confirmada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 04 de julio de 2025 en causa Rol Civil / 23218 - 2025: “9°) Que, de lo expuesto precedentemente, aparece que el rechazo de la recurrida a la petición de devolución de fondos de la solicitante -ahora recurrente- se ajustó a los requisitos previstos en el artículo 1° de la Ley 18.156, toda vez que conforme a la letra a) de ésta, la trabajadora no cumplió con demostrar que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social de su país, debidamente legalizada o apostillada…… 10°) Que, por otra parte, no está demás destacar, que ninguno de los documentos presentados por la recurrente se encuentra debidamente legalizado, sino que se trata de copias o fotocopias simples, que carecen de autenticidad, vale decir, no se encuentran debidamente legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda. 11°) Que, como se sabe, el principio de legalidad que rige la actuación de todos los órganos de la Administración del Estado, vinculado a los artículos 6°y 7° de la Constitución Política de la República, supone el respeto al ordenamiento jurídico interno. Este deber de no contradecir las normas legales, recae incluso sobre los sujetos privados de Derecho; de lo que se sigue, que la recurrida está impedida de admitir documentación otorgada en el extranjero que no se encuentre debidamente legalizada o apostillada; más aún, si el contenido de uno de dichos documentos contraviene, expresamente, la normativa sectorial que regula la devolución de los fondos previsionales a los trabajadores extranjeros que se desempeñen en nuestro país; en otras palabras, la recurrente presentó documentación que carece de validez jurídica, tanto por la forma como por el fondo, lo que impide otorgar veracidad a los fundamentos del recurso de marras. 12°) Que, así las cosas, debe concluirse que la carta emitida por la recurrida, que negó la solicitud de la ciudadana extranjera a devolver sus fondos previsionales, requiriéndole la documentación que expresamente le señala, no constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnere las garantías constitucionales que plantea el recurrente a saber, las previstas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por el contrario, le está requiriendo un antecedente primordial para resolver la solicitud en comento, lo que conduce a que esta acción sea desestimada. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se rechaza…”

Tras lo expuesto, prosigue el letrado, cabe concluir que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Expresa que, debido a la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo, debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales, y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Por otra parte, señala, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso y, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones. Así las cosas, en este caso mi representada no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al Recurrente.

Termina solicitando el rechazo del recurso. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°. – Que, en síntesis, la recurrente sostiene que AFP Modelo S.A. rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales, al margen de la normativa y la razonabilidad, ya que no obstante cumplir cabalmente con los requisitos para acceder al reembolso, la recurrida le habría exigido condiciones extraordinarias, tales como el apostillamiento de sus documentos, que no le resulta posible, por ausencia de los órganos competentes de su país de origen. Añade a lo anterior que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, y del artículo 11 de la Ley 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

A su turno, el órgano recurrido informa que – al contrario de lo expuesto en el libelo – el incumplimiento de requisitos es más amplio que lo advertido por la recurrente. En concreto, la solicitante no cumple con adjuntar un certificado de afiliación, que no puede ser sustituido por la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya que esta última no cumple con los requisitos de la normativa vigente, cuya interpretación está regulada por directivas de la Superintendencia de Pensiones, a las cuales la AFP debe atenerse.

Adicionalmente, no se cumplió con el requisito de apostillamiento, cual es previo y general para dar validez a documentos otorgados en el extranjero. 7°. - Que, para resolver la controversia, debe recordarse que la Ley 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, al tenor de los artículos 1° y 7° de la citada norma, y que la interpretación de tales requisitos, no queda radicada en la Administradora de Fondos de Pensiones, sino en el órgano fiscalizador, constituido hoy en día por la Superintendencia de Pensiones, que a través de sus circulares, determina la forma en que deben acreditarse tales condiciones, tanto desde un punto de vista formal como sustantivo.

Entre ellas resaltan la Circular N° 553, del 28 de octubre de 1988, Circular N° 1159, del 26 de febrero de 2001, y la Circular N° 1295, del 19 de mayo de 2004. 8°. - Que, así las cosas, de acuerdo con los antecedentes que se han incorporado a estos autos, y lo informado por la institución recurrida, no ha sido posible dar por acreditada una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por esta última, que vulnere la garantía constitucional invocada por la recurrente y susceptible de ser subsanada por esta vía. En efecto, la pretensión de la acción constitucional entablada consiste en que se le permita reemplazar un certificado de afiliación (requisito legal), por una “constancia electrónica de cotizaciones”, que no reúne las mismas características del anterior, y que además, se le exima del apostillamiento de los documentos, por no existir representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite.

Así las cosas, no aparece con claridad un fundamento que justifique la adopción de medidas en esta sede constitucional de protección, puesto que la entidad recurrida carece de potestades para eximir total o parcialmente de los requisitos legales. 9°.- Que en el caso en análisis, la recurrente plantea reemplazar el certificado de Cotizaciones, por la constancia electrónica de afiliación.

Al respecto, debe recordarse, que el artículo 1 letra a) de la ley 18.156 dispone como requisito que “Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

La circular N° 553 de la Superintendencia, precisando el texto legal instruyó que: “El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.

Que a la luz del texto legal citado, y la circular interpretativa, el documento acompañado por la recurrente, no satisface el requerimiento normativo, desde que se limita señalar que la solicitante es “asegurada cesante” del sistema, y refiere a grandes rasgos la supuesta cobertura del régimen, sin dar cuenta del elemento central del requisito legal que es el otorgamiento de prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. 10°. - Que, en este contexto, tampoco puede estimarse ilegal, ni arbitraria la conducta de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero. Si bien, la Ley N 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, y que además, la circular N° 553 de la Superintendencia, expresamente establece que “La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley No. 18.156" 11°. - Que, sin perjuicio de lo razonado en el fundamento precedente, debe recordarse que esta acción de protección tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales.

En tal contexto, el texto constitucional la consagra como una herramienta destinada a dar amparo a los atentados contra el “legítimo ejercicio” de las garantías constitucionales protegidas, significando aquello que las prerrogativas, atribuciones y facultades que el ordenamiento jurídico confiere a los privados, deben ser ejercidas con sujeción a las normas de procedimiento contempladas por el propio legislador. 12°. - Que, por lo considerado en los fundamentos precedentes, se estima innecesario analizar con más profundidad las garantías constitucionales que la actora denuncia como amagadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, por sí y en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del abogado Integrante Sr. Baltazar Guajardo Carrasco, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar el día de hoy.

ROL 880-2025.PROTECCIÓN.