nombre reservado con INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A.

Chillán, veintiocho abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección, en contra de la sociedad INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A., representada por don nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario de ingresar de forma no autorizada e irregular a un inmueble de su propiedad en el sector de Colmuyao, de la comuna de Cobquecura, realizando una serie de trabajos y modificaciones en el referido inmueble, sin mediar resolución legal ni su consentimiento, lo que le ha significado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparados en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°1 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Al fundarlo refiere que es propietario del inmueble LOTE NÚMERO SIETE, denominado predio “LA TOMA”, ubicado en el sector de Colmuyao, comuna de Cobquecura.

En el sector, se encuentra proyectada la ejecución y pavimentación de la ruta N°114; la sociedad recurrida INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. está efectuando el “Estudio de Ingeniería en base a un estudio de prefactibilidad denominado Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura – Dichato”, conforme licitación pública que le fuera adjudicada. El día 3 de Diciembre del año 2022, dos hombres dependientes de la recurrida sociedad hicieron ingresó, sin autorización, a su propiedad a efectuar una serie de mediciones, y dejando estaquillas que marcan el kilometraje por diversos puntos, interviniendo el terreno de manera directa con dichas marcas, y afectando el inmueble donde desarrolla sus labores cotidianas de agricultura.

Hace presente que, desde el camino público (ruta N°114) hasta su predio, hay que transitar al menos unos 600 metros. El día 6 de diciembre de 2022, al ir al inmueble, se percató que nuevamente dependientes de la sociedad volvieron a ingresar de manera irregular hasta el inmueble, dejando en el suelo una serie de elementos de medición, al menos una doce estaquillas de madera con kilometrajes (km 16 220 al km 16 301), más botellas plásticas, encontrándolos tirados en el suelo por distintas partes de la propiedad, dando el uso de “bodega” al inmueble, sin jamás tener autorización alguna para ingresar ni menos darle un uso.

Sostiene que las acciones del 3 y 6 de diciembre de 2022 efectuadas por la recurrida resultan arbitrarias ya que corresponde a actuaciones emanadas del mero capricho de la recurrida, sin respetar la existencia de un propietario quien debió otorgar su consentimiento para que se realizara el ingreso a la propiedad.

Asimismo, resultan ilegales, desde que vulneran el principio fundamental de todo estado de derecho relativo a la protección de la propiedad privada, no desarrollando un protocolo ni mecanismo de autorización previa que fuese sido presentado a su persona en calidad de dueño, ni a lo menos una información que permitiera al propietario prepararse para tal situación, lo que incluso según la legislación nacional puede ser incluso constitutivo de un delito de usurpación o violación de morada. Lo que constituye una vulneración a las garantías consagradas en el artículo 19 números 1 y 24 esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Finalmente, pide a esta Corte que se tenga por presentado Recurso de Protección en contra de INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A., Rut RUT reservado, ya individualizado, acogerlo a tramitación, decretando que la recurrida ha privado, perturbado y amenazado su legítimo ejercicio de la garantía constitucional señalada en el número 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en definitiva, declarar que se dejan sin efecto los actos recurridos, disponiendo un plazo para que la recurrida retire todas las estaquillas, utensilios e instrumentos que se encuentran en el inmueble de su propiedad, indicando la forma en que debe proceder la recurrida o la forma en que deben solicitar autorización para efectuar los trabajos de mediciones que deben ejecutar, absteniéndose de continuar repitiendo estas acciones, con expresa condenación en costas a la recurrida.

2°.- Que, al informar el abogado Cristián Fernández Lama, abogado, en representación de la recurrida INGELOG Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., en forma preliminar, refiere que su representada mediante Resolución Nº 72 de fecha 30 de octubre de 2020, el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, se adjudicó la ejecución del “Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Ruta N-114, O-14, Cobquecura – Dichato, Regiones de Ñuble y Bio Bio”, que tiene por objeto mejorar la conectividad y consolidar la ruta costera entre las localidades de Cobquecura y Dichato, y contempla, entre otras obras, la construcción de un nuevo puente sobre el rio Itata y también de los accesos que unan estas dos rutas. La longitud total del proyecto es de 57 kilómetros.

Luego, niega terminantemente la verdad de las conductas que se imputan en el recurso a su representada. Lo usual en estos casos, es que el personal encargado de las labores toma contacto con los propietarios o encargados de los predios en que deben realizarse labores de medición, a fin de explicarles el trabajo que se realizará en sus predios, y se les exhibe el documento “Certificación para requerir autorización de ingreso a predios particulares”, emitido por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, indicándoseles que, conforme la normativa vigente, pesa sobre ellos el deber de autorizar la entrada. Esta comunicación resulta suficiente en la inmensa mayoría de los casos para obtener del propietario o encargado del predio la autorización para el ingreso.

En este caso, dice que se intentó tomar contacto con el recurrente, sin embargo, ello no fue posible. En efecto, habiendo concurrido hasta el portón principal de ingreso de la propiedad del recurrente, nos explicó personalmente su cónyuge, doña nombre reservado, que su marido se encontraba en Santiago. En la misma oportunidad, ella nos adelantó que su cónyuge no daría autorización.

Ante esta situación, y para evitar toda dificultad, se optó por NO ingresar el predio Lote Nº 7 del recurrente y sólo efectuar mediciones en los inmuebles respecto de los cuales si se había obtenido expresa autorización de sus propietarios o encargados, dentro de los que se encontraba el inmueble del Sr. nombre reservado, proveniente del antiguo Lote OCHO, colindante en su lado Norte con el deslinde Sur del inmueble del recurrente, donde efectivamente se realizaron mediciones y se instalaron estaquillas de madera.

Luego, dice que en el supuesto que se hubiere ingresado al predio del recurrente, dicho ingreso sólo podría haber tenido lugar por inadvertencia, dada la ausencia en terreno de un claro límite que permitiera advertir o siquiera sospechar de esta situación, lo que habría llevado, mientras se realizaban las mediciones en el Lote del Sr. nombre reservado, a traspasar involuntariamente el deslinde existente entre este y el Lote Nº 7 del recurrente. Esta es la única posibilidad racional que se hubiere ingresado al Lote del recurrente.

Pero, incluso en esa hipótesis, sostiene, tampoco existiría un acto ilegal ni arbitrario que autorizare la interposición de este recurso.

Dice que, si bien la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en forma amplia, no es menos cierto que, acto seguido, agrega que la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social y que tal función social comprende cuanto exijan, entre otros aspectos, los intereses generales de la Nación.

Por otra parte, señala, la propia definición de propiedad, contenida en el artículo 582 del Código Civil, aplicable también en materia constitucional, establece que las facultades que confiere el dominio a su titular no deben ejercerse “contra la ley o contra el derecho ajeno”.

Es precisamente dentro de estas limitaciones que la ley impone a los propietarios y que derivan de la función social que debe cumplir la dominio, se enmarca lo dispuesto en el artículo 83º del D.F.L. N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964 y del DFL N° 206, de 1960; de lo cual queda claro que conforme nuestro ordenamiento jurídico: (i) asiste a funcionarios encargados de los estudios y trabajos necesarios para la confección de los proyectos de construcción de las obras a su cargo, la facultad de ingresar a los predios particulares; y, en consonancia con lo anterior, (ii) pesa sobre los dueños, arrendatarios, administradores, comodatarios o meros ocupantes de los predios en que deban ejecutarse los estudios y construcción de obras, la obligación jurídica de permitir o tolerar la entrada a sus predios de los funcionarios encargados de dichos estudios y trabajos, de tal suerte que la actitud de oponerse a tal ingreso resulta antijurídica.

En cuanto a las supuestas afectaciones que le habrían producido al recurrente las acciones que el imputa a su representada, indica que, se observa en las propias fotografías que acompaña el recurrente, simplemente, la instalación de estaquillas de madera en un predio (no necesariamente de propiedad del recurrente), que tienen aproximadamente 50 centímetros de longitud y se clavan en la tierra muy superficialmente (no más de 15 a 20 cm de profundidad). Perfectamente podían ser las estaquillas que se instalaron en el Lote Ocho y supuesto se hallan instalado en su predio Lote Nº 7, ¿Qué perjuicio pueden producirle al recurrente, máxime si, como puede apreciarse en las indicadas fotografías, no se trata de un sector cultivado, sino simplemente de tierras eriales?.

Dice que, tampoco se observan en parte alguna las supuestas botellas plásticas, como el recurrente afirma se dejaron esparcidas.

Añade, cómo pueden haber provocado ”profundo dolor y aflicción que vulneran mi integridad psíquica” Y es que, ciertamente, no se entiende como una persona en su sano juicio, puede afirmar que los hechos que denuncia en su recurso, supuesto fueren verdaderos, han sido capaces de provocar “…un daño a mi tranquilidad mental, sufriendo jornadas de molestia, ansiedad e insomnio”; a su juicio, no es de creer tales afectaciones, pues los hechos que se imputan (ingreso no autorizado, tomar mediciones, instalar estaquillas, etc.), naturalmente, no tienen la entidad bastante para producir consecuencialmente tales efectos en alguien normal. Asimismo, estima que sostener que “sus efectos son permanentes y sostenidas, encontrándose las estaquillas puestas en diversas partes de mi predio, provocando una alteración en el suelo de mi inmueble y su fisonomía” parece una exageración sin límites, rayana en el absurdo. Así, frente a estas afirmaciones relativas a los efectos que ha experimentado el recurrente, tan destempladas, naturalmente le surge la duda respecto a cuáles son sus verdaderas motivaciones.

Por último, plantea que el recurso de protección no sería el medio procesalmente apto para encausar la pretensión del recurrente, ya que para efectos de resolver la controversia de autos es menester indispensable que el recurrente acredite la existencia de un derecho indubitado que ha sido afectado por las acciones que denuncia, y ello NO se satisface con simplemente acreditar el recurrente que es poseedor inscrito del predio Lote Nº 7 y, además, en artículo se acompañen fotografías en que se aprecian unas estaquillas clavadas en el suelo. Mínimamente, es preciso conste de algún modo, que dichas estaquillas han sido instaladas en su predio Lote Nº 7, hecho lo que NO puede desprenderse de las fotografías y, menos aún, de su sola afirmación. La cuestión apuntada de por sí da cuenta de la inexistencia de un derecho de carácter indubitado, que pueda ser tutelado en esta sede especial de protección constitucional, de manera que el recurso no resulta ser la vía idónea al efecto.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, no hacer lugar al recurso, atendido el hecho de no haber procedido el recurrido de modo ilegal ni arbitrario, con costas o, en subsidio, no hacer lugar a él por no tratarse de la vía idónea al efecto.

3°.- Que, Carabineros de Chile al informar señala que personal de su dotación se constituyó en el lugar y pudo constatar que la propiedad objeto del recurso, se encuentra ubicado a 200 metros del camino principal. Que la empresa recurrida realizará la construcción de un nuevo domicilio reservado de ancho.

4°.- Que las actuaciones que se reprochan como ilegales y arbitrarias, serian que el día 3 de Diciembre del año 2022, hombres dependientes de la recurrida hicieron ingreso, sin autorización, a la propiedad del recurrente a efectuar una serie de mediciones, dejando en el predio estaquillas que marcan el kilometraje por diversos puntos, y en días posteriores esta conducta se habría repetido quedando en una segunda oportunidad algunos elementos como botellas y aparatos de medición.

Por su parte la recurrida niega la ocurrencia de los hechos en la forma expuesta en el recurso, sosteniendo que se intentó hablar con el recurrente, que los estudios se realizaron en un predio de un vecino dada la negativa del actor de permitir la entrada y finalmente que existe indeterminación en los deslindes de los predios lo cual pudo haber provocado confusión en los trabajadores.

5°.- Que, en cuanto al fondo, cabe precisar, en primer lugar, que INGELOG Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A., mediante Resolución Nº 72 de fecha 30 de octubre de 2020, del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, se adjudicó la ejecución del “Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Ruta N-114, O-14, Cobquecura – Dichato, Regiones de Ñuble y Bio Bio”, que tiene por objeto mejorar la conectividad y consolidar la ruta costera entre las localidades de Cobquecura y Dichato, y contempla, entre otras obras, la construcción de un nuevo puente sobre el rio Itata y también de los accesos que unan estas dos rutas. La longitud total del proyecto es de 57 kilómetros.

En segundo lugar, cabe tener presente entonces, que las labores que la recurrida realiza en el sector son estudios preliminares, sin que sea la encargada de la realización de la obra misma consistente en el mejoramiento de las rutas a que dicho estudio se refiere.

6°.- Que, para poder llevar adelante los estudios y trabajos necesarios para la confección de los estudios encomendados por el Ministerio, el DFL 850 del Ministerio de Obras Publicas en el artículo 83 contempla la obligación de los dueños, arrendatarios, administradores, comodatarios o meros ocupantes de los predios, en que deban ejecutarse los estudios y construcción de obras, de permitir la entrada a ellos de los funcionarios encargados de dichos estudios u obras, normativa que además prevé un mecanismo coercitivo sino se accede a ello, como también la posibilidad de indemnizar los perjuicios con motivo de la ejecución de los estudios y trabajos necesarios para la realización de obras públicas.

7°.- Que, conforme a lo anterior, resulta evidente que las labores cuestionadas no tienen la aptitud para afectar las garantías previstas en el artículo 19 N°1 y 24 del texto constitucional, por cuanto la normativa legal ya referida contempla en forma expresa la obligación de los propietarios de permitir la realización de estudios en sus predios siempre que sean necesarios para la ejecución de una obra pública, como también la posibilidad de indemnizar los perjuicios que con ello se causan, disponiendo incluso que en caso de desacuerdo sobre el monto, debe seguirse el procedimiento previsto en el D.L. 2186 para el caso de las expropiaciones, todo lo cual no es sino una manifestación de la función social de la propiedad, en virtud de la cual el legislador puede establecer limitaciones por causa de utilidad pública o de interés nacional, cuyo es el caso.

8°.- Que, por otro lado, y sin perjuicio de lo ya expuesto, merito suficiente para rechazar el recurso, de lo expuesto por las partes y el mérito de los antecedentes de autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no es posible determinar con certeza la existencia de los actos que invoca el actor como ilegales y arbitrarios, desde que no existe certeza si las conductas denunciadas como ilegales se realizaron en el predio del recurrente.

A mayor abundamiento, el informe evacuado por Carabineros no permite dilucidar a ciencia cierta la existencia de los hechos denunciados, pues una de las fotografías por ellos acompañadas, y en la que se verían estacas, no refiere que ella se haya tomado en el predio del recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la sociedad INGELOG CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. representada por nombre reservado.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Gumercindo Quezada Blanco.

RIT 8970-2022 PROTECCION