Protección contra Corporación Educacional Santa Teresita de Coelemu

Chillán, dos de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Comparece el abogado René Andrés Chamorro Villalobos, quién interpone acción o recurso de protección en representación de don nombre reservado, comerciante, y doña nombre reservado, contadora auditora, ambos con domicilio en domicilio reservado, en su calidad de padres y apoderados del adolescente Víctor nombre reservado nombre reservado nombre reservado, estudiante de 4to año medio, del mismo domicilio, y a cuyo nombre y beneficio también comparece, en contra de la Corporación Educacional Santa Teresita de Coelemu, persona jurídica del giro de su denominación y sostenedora del Colegio Santa Teresita de Coelemu, cuya representante legal es doña nombre reservado, desconoce profesión u oficio, y en contra del Director de dicho establecimiento educacional, don nombre reservado, profesor, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Provincia Del Itata, Región De Ñuble.

Expone que el día 25 de julio de 2024, la Inspectora General del Establecimiento Educacional recurrido, doña nombre reservado, señaló a personal de Carabineros de Chile, lo ocurrido en una pelea entre alumnos, en la que se vio involucrado el hijo de los recurrentes; según da cuenta el Parte de Denuncia N°68 de 25-07-2024, de la Subcomisaría de Carabineros de Coelemu, que acompaña y transcribe.

Considera que del desarrollo del procedimiento policial iniciado a solicitud expresa del establecimiento educacional, y no por parte de los apoderados de alguno de los involucrados en la pelea o riña, se determina que todos ellos constataron lesiones físicas leves, no existiendo análisis o examen que permitiera concluir afectación de la integridad psíquica o mental de ninguno de ellos, dándose cuenta por orden del Juez de Letras de Garantía y Familia de Coelemu, instruyéndose dar cuenta al Juzgado de Familia, entregando a los menores involucrado a los adultos responsables, a la espera de posible citación del juzgado de familia.

El letrado estima que, del parte policial, las declaraciones y actas de atención médica, es posible afirmar que: a) Que se verificó una riña o pelea al interior de las dependencias del Colegio Santa Teresita de Coelemu, alrededor de las 09:30 horas del jueves 25 de julio de 2024, dentro de la jornada escolar correspondiente. b) Que en la riña o pelea se vieron involucrados 03 menores de edad, un alumno de 2do medio y dos de 4to medio; c) Que de la situación ocurrida tomó conocimiento la Inspectora General doña nombre reservado, sólo por aviso dado por una estudiante no identificada, y no producto de algún otro medio o protocolo de seguridad del establecimiento, d) Que la inspectora general no fue testigo ocular de la las agresiones proferidas por uno u otro de los alumnos, sino de una riña o pelea, en que se encontraban involucrados los alumnos individualizados; e) Que la inspectora recién llamo a personal docente del establecimiento cuando la riña o pelea estaba en curso. Y que incluso permitió que se involucraran en ella otros estudiantes para separar a los involucrados, bajo riesgo de sufrir también ellos algún tipo de lesión física. f) Que la inspectora general dio cuenta expresamente, según sus palabras, “que se interpone para hacer “entrar en razón” a los estudiantes con la finalidad de que depusieran su actitud” dando cuenta, implícitamente que existe un descontrol, una situación de desregulación emocional por parte de los estudiantes involucrados, que quiso contener sin éxito, y sin desplegar Protocolo de Acción en casos de Desregulación Emocional y Conductual de Estudiantes. g) Que, sin embargo, la Inspectora General no desplegó toda acción prevista en Protocolo de Actuación frente a la Violencia Verbal y Física entre miembros de la Comunidad Educativa para Enseñanza Pre Escolar, Básica y Media, h) Que, la inspectora general, una vez controlada la situación, saltándose lo prescrito en el protocolo, expuso a los involucrados a un procedimiento policial que tuvo una duración de 04 horas, sin avisar previamente a los apoderados involucrados, y que incluyó entrevistas no supervisadas por parte de personal de Carabineros con los menores involucrados, constatación de lesiones sin examen mental o psíquico, traslado a la comisaría lo que constituye una grave vulneración a sus derechos. i) Que todos los involucrados presentaron lesiones leves, situación que normalmente ocurre en una riña o pelea, en que existe un intercambio de agresiones recíprocas. j) Que conforme lo señala la normativa educacional explícitamente, así como los dictámenes de la Superintendencia de Educación, el sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la educación son los responsables de la seguridad de los estudiantes, mientras se encuentren en el establecimiento y durante el horario de la jornada escolar dentro del establecimiento o en actividades extraprogramáticas.

Hace presente que por resolución de fecha 29 de julio de 2024, dictada en autos Infraccionales RIT I-4-2024, del Ingreso del Juzgado de Familia de Coelemu, se ordena no dar curso a la presente causa, respecto del adolescente Víctor nombre reservado nombre reservado. Lo anterior, dado que, y transcribe, “Considerando Tercero: Que, el Tribunal no procederá a citar al presunto contraventor, toda vez que, del mérito del parte policial, se desprende que el hecho denunciado es reprochable, pero no de la entidad que amerite continuar con la tramitación de esta causa, puesto que en el evento de reconocer el hecho que se le imputa, la sanción sería un llamado de atención y la entrega a su adulto responsable. Además, entiende que el comportamiento denunciado es propio de la conducta exploratoria de un adolescente y no amerita aplicar sanción en la especie, esto es, que la conducta no reviste mayor peligrosidad y no denota una inclinación al delito que haga presumir que, en el futuro, este adolescente se convertirá en un antisocial.”

Agrega que sin embargo aquello, y tal vez por desconocimiento de la resolución dictada por el Juzgado de Familia, o bien por mera discrecionalidad, el Sr. Director del Establecimiento, previa serie de entrevistas de estilo en base al reglamento interno de convivencia, determino iniciar una investigación en aplicación de la normativa conocida como Ley Aula Segura, sin ponderar que los hechos sobre los que se funda dicha investigación, fueren desestimados por la justicia al atribuirle una mediana reprochabilidad.

Indica que por notificación efectuada a los padres con fecha 29 de julio de 2024, se les comunica el inicio de la investigación y la suspensión por un periodo de 10 días, del adolescente, quien estaba privado de asistir a clases.

Plantea que sus representados, presentaron sus descargos a la decisión del Director del Colegio recurrido, quien, sin ponderar mayormente los argumentos indicados, y en un marcado sesgo en contra del adolescente, decide finalmente, por misiva notificada con fecha 09-08-2024, ordenar la expulsión del Adolescente Víctor nombre reservado nombre reservado, en una determinación que ha causado un gran daño a la moral de la familia, a su tranquilidad, y una angustia inmensa en relación al futuro del menor, a poco menos de 4 meses para el término del año escolar, y del término de su enseñanza media. Decisión que mediante solicitud de reconsideración no alteró de ninguna forma el resultado del proceso de expulsión, señalando que, con posterioridad a la presentación del escrito de reconsideración, les dieron a conocer un informe psicológico elaborado por la profesional del establecimiento, y elaborado según el análisis de la carta presentada por el joven, y una serie de declaraciones de testigos protegidos, cuyos nombres se omitieron. Comunicándose con fecha 22 de agosto de 2024, la decisión final que mantiene la expulsión del adolescente, siendo el único de los 3 involucrados que resultó sancionado con dicha medida, en aplicación de la Ley Aula Segura.

El recurrente manifiesta que, en relación con lo anterior, y a modo de contexto, es importante precisar el espíritu de la ley 21.128, conocida como Ley Aula Segura, señalando que ésta surge en respuesta a los graves sucesos de violencia en la educación pública, que llegaron a niveles tan graves que la legislación vigente se vio superada. Argumenta que la aplicación de esta ley es para que las comunidades educativas puedan enfrentar de manera eficaz aquellas situaciones en que se vean afectados por hechos de violencia manifestada, por ejemplo, en el uso de bombas molotov, incendios, daños en su infraestructura, agresiones a miembros de la comunidad, entre otros. La modificación introducida a dicha reglamentación por parte de la Ley Aula Segura, permite que el Director del establecimiento determine la Cancelación de la Matrícula o la Expulsión del estudiante, debido a situaciones previamente descritas en el Reglamento Interno que afecten gravemente la convivencia escolar, y, en lo interesante, y se cita textual, “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”

Así las cosas, estima que como norma excepcional, lo anterior, no podría ser aplicado cuando de manera aislada se produzca un incidente que pueda ser catalogado de riña o pelea, o como, en los términos utilizados por el Juzgado de Familia de Coelemu, propio de la conducta exploratoria de un adolescente y no amerita aplicar sanción en la especie, esto es, que la conducta no reviste mayor peligrosidad y no denota una inclinación al delito que haga presumir que, en el futuro, este adolescente se convertirá en un antisocial.”

Argumenta que en relación con el adolescente de autos no existe un contexto adecuado para la aplicación de la Ley Aula Segura, toda vez no existen antecedentes que permitan acreditar el ánimo transgresor recurrente a las normas de la comunidad escolar, o hechos que, apreciados en contexto, implique un atentado de tal entidad que cause un daño irreparable a la convivencia escolar y menos a meses del término de su último año de la enseñanza media, pues es exagerado, excesivo e inoportuno en este caso la aplicación de la normativa denominada de “aula segura”, en un caso sin una connotación delictual evidente y y, aun tratándose de situaciones mucho más graves que la ocurrida con el adolescente, se ha resuelto posponer la medida hasta finalizar el año escolar, transcribiendo jurisprudencia que considera pertinente para sustentar su postura.

El letrado por otro lado considera que el establecimiento en el desarrollo de la investigación incumplió los protocolos internos del establecimiento, 1.- En relación al Protocolo de Acción en Casos de Desregulación Emocional y Conductual de Estudiantes. Esto debido a que el menor de autos padece de una condición denominada TDAH, trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad, lo cual puede generarle episodios de frustración y ansiedad, disrupción ocasional ante estímulos externos como amenazas o provocaciones y en el colegio no se tomaron las medidas necesarias para adecuar el protocolo de Aula Segura al diagnóstico señalado, lo que ha causado un grave perjuicio moral o psíquico en el hijo de los recurrentes. En los hechos, la inspectora general, no adoptó el protocolo referido, generando una denuncia a Carabineros en circunstancias de que la situación ya estaba controlada, y sin aportar dichos antecedentes para que, con ocasión de la constatación de lesiones, fuera apreciado el menoscabo psíquico que sufrió el adolescente al estar expuesto a un procedimiento policial de 4 horas, con la venia de la plana directiva del establecimiento. 2.- En cuanto al Protocolo de Actuación frente a la Violencia Verbal y Física entre miembros de la Comunidad Educativa para Enseñanza Pre Escolar, Básica y Media. Según este protocolo, la inspectora debía llamar de inmediato a otros docentes o asistentes para socorrerla en la situación, cuestión que no se produjo, poniendo en riesgo la integridad física de los mismos involucrados y los alumnos que intervinieron para separarlos.

En el mismo orden de ideas, indica que el procedimiento efectuado, no se recabaron suficientes antecedentes acerca de las motivaciones, o hechos anteriores y que provocaron la desregulación emocional y conductual de los involucrados, cuestión de suyo relevante para evaluar el impacto de las medidas preventivas que el establecimiento debe adoptar por la seguridad de la comunidad educacional.

Asimismo, al tratarse de menores de edad, debían haber sido acompañados en todo momento por miembros del cuerpo docente, directivo o asistentes de la educación, de preferencia sus profesores jefes, dado que todos habrían resultado lesionados, y fueron trasladados a constatar lesiones, a propósito de la denuncia efectuada por la inspectora general, que por lo pronto, constituyó una vulneración de derechos y del procedimiento, al ser inconsulta con los padres de los menores, al estar ya controlada la situación de riesgo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas en este proceso, estima que son el derecho a la vida (y a la vida digna) y a la integridad física o Psíquica de la Persona; debido al actuar sesgado, arbitrario e ilegal del Director; la Igualdad ante la Ley. En cuanto a la discriminación arbitraria y prejuicio permanente de que ha sido sujeto el menor de edad por parte del colegio; el derecho a la honra. Esta garantía se ha visto gravemente conculcada y afectada tanto en el adolescente como en sus padres, en atención a que ha sido el único estudiante expulsado del establecimiento, el derecho de propiedad. La medida ilegal y/o arbitraria de expulsión del adolescente, ha privado a mis representados de sus derechos provenientes de la relación contractual existente entre ellos y el establecimiento Termina solicitando que se acoja la acción deducida en todas sus partes, declare arbitraria y/o ilegal la medida de expulsión del Colegio Santa Teresita de Coelemu del adolescente de autos, y ordene a la recurrida o a la autoridad administrativa educacional competente, el reingreso inmediato a clases de estudiante, o en su caso, adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, todo con expresa condenación en costas.

2°.- Que, informando los recurridos indican que los fundamentos esgrimidos por la parte recurrente no se ajustan a la realidad de los hechos, ya que ni la Corporación, ni el Director del establecimiento han privado, amenazado o perturbado las garantías constitucionales del estudiante, toda vez que el procedimiento de expulsión se ajustó al Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, el cual se encuentra en conformidad al artículo 6 letra d) del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación y a la Resolución Exenta N°482 de 2018 de la Superintendencia de Educación, la cual imparte instrucciones para la elaboración de Reglamento Interno en los establecimientos educacionales del país.

Para fundamentar su rechazo indica que el día 25 de julio de 2024 a eso de las 09:30 hubo una pelea en las dependencias del establecimiento viéndose involucrada en ella el hijo de los recurrentes de 17 años, otro menor de iniciales FCF también de 17 años, ambos del cuarto medio del Colegio y el menor NZO de 15, perteneciente al segundo medio del establecimiento; que habría tenido su inició el día lunes 22 de julio del presente, en contexto de un partido de futbol, situación que fue controlada en el momento y que luego de entrevista con el adolescente de autos, fue tratada como un conflicto entre pares por parte del equipo de Convivencia bajo sus protocolos. Pero el día 25 de julio el hijo de los recurrentes acompañado de otros compañeros finalmente agrede al estudiante, logrando desestabilizarlo cayendo, ocasión que aprovecha el hijo de los recurrentes para sumarse a la golpiza con gran intensidad, terminando la inspectora entre medio de los menores a fin de evitar que se siguieran golpeando. Ante la patente agresión, se procede a llamar a Carabineros cumpliendo con la obligación del artículo 175 del Código Procesal Penal y de inmediato y de manera paralela se llama a los apoderados de los menores involucrados, siendo dicha pelea grabada por una alumna del segundo medio que fue puesto a disposición del Colegio por parte de su apoderada de la misma, indicando que su hija se encuentra con problemas por esta situación y que está preocupada por ella dado que ha recibido amenazas tanto ella como la otra compañera en donde se les acusa de ”sapas” solicitando además que “entreguen la evidencia”.

Señala que una vez que llega Carabineros, estos toman el procedimiento derivando los antecedentes en primer lugar al Ministerio Publico quienes luego derivan los mismos al Juzgado de Familia de Coelemu, este último no persevera en su procedimiento pues estima que no los actos ejecutados en atención al informe de lesiones emitido por el profesional correspondiente del Hospital de Coelemu hacen que no pueda aplicársele a los involucrados sanción alguna en sede del Juzgado de Familia.

Con posterioridad a ello el equipo Directivo del Colegio, analizando los hechos, las entrevistas realizadas y los antecedentes de los involucrados, deciden iniciar el procedimiento de Aula Segura, en contra del hijo de los recurrentes.

Estima que es necesario rebatir algunos puntos relatados por los recurrentes dado que no responden a la verdad o bien los hechos han sido tergiversados. Primero respecto a que el Colegio no posee un protocolo de seguridad, éste existe en su reglamento Interno en su página 154 se da cuenta de él; que la participación de la Inspectora al momento mismo de los hechos; quedó registrada en el testimonio audiovisual; que llegaron otros docentes a sala; que es falso que Carabineros se entrevistara con los menores en las dependencias del Colegio ellos fueron acompañados en todo momento por un docente. Además, como se ha indicado los apoderados fueron llamados y el padre recurrente se apersona en el Colegio a los minutos de llegados Carabineros, lo retira del establecimiento, sin pasar por dirección en donde se encontraban los funcionarios policiales. Es decir, nunca se entrevistaron con el menor en las dependencias del colegio. Que así también es falso que existe un sesgo desde el Colegio en contra del hijo de los recurrentes.

En relación a este punto señalan que al hijo de los recurrentes se le ha dado múltiples oportunidades para enmendar su actuar, siendo apoyado por el equipo PIE del Colegio y del plan educativo del mismo. Hacen presente que el adolescente fue sancionado por su condicionalidad en el establecimiento el año 2023, en donde los padres firmaron compromisos con el Colegio los cuales no fueron cumplidos.

Los recurridos indican que el diagnostico de Víctor nombre reservado, fue especialmente tenido a la vista por los funcionarios del Colegio que intervinieron en el protocolo pasando por el equipo directivo al momento de comunicar su decisión, luego al momento de ser elevada la reconsideración al consejo de profesores y de parte de las dos psicólogas del establecimiento. Acá lo importante es determinar es si el diagnóstico del menor configuraría por sí una especie de imputabilidad disminuida dado que no es capaz de comprender el reproche de sus actos, la respuesta es un categórico no, es más es en razón de su condición que el colegio tuvo una especial consideración con el menor, considerando su hoja de vida y las reuniones con los padres quienes firmaron compromisos; pero que como no fueron respetados, existiendo más bien una permanente actitud contraria a nuestros reglamentos.

Sostiene que la expulsión del establecimiento de un estudiante es una medida disciplinaria valida en la legislación nacional la cual se encuentra reglada y guiada por la Superintendencia de educación, la cual es el organismo técnico que supervigila la correcta aplicación de estas medidas, es así como, al caso concreto existe un ingreso de parte del Colegio informando de ella, a la Super Intendencia de Educación, encontrándose en pleno proceso de evaluación por la entidad la correcta aplicación del protocolo. Por su parte los padres del menor presentaron una denuncia ante la misma entidad la cual solicitó antecedentes al colegio los cuales fueron entregados en su totalidad para la revisión de la expulsión.

Finalmente respecto del procedimiento seguido al caso, indica que el Colegio posee en su Reglamento Interno que regula los supuestos de expulsión por Ley AULA SEGURA, específicamente en sus páginas 152 a 155 artículos 28 y siguientes, articulado en donde se regula expresamente los supuestos de aplicación de ley Aula Segura, supuestos en los que opera y el procedimiento que debe seguir el Colegio en su adopción, así como también las herramientas de los apoderados para solicitar reconsideraciones a las medidas impuestas, respetando los principios de presunción de inocencia, bilateralidad y derecho a presentar pruebas.

Es así como los recurrentes presentan una carta en la que indica que se arrepiente y pide disculpas a la “comunidad Escolar”, prometiendo hacer un cambio, por su parte los apoderados del menor presentan carta descargo en las que solo se dan a la tarea de indicar que el Colegio pasa a llevar los derechos de su hijo y que no se ha tenido en cuenta su condición de TDAH. En ningún momento ofrece disculpas a ninguno de los involucrados ni hace un compromiso de cambio respecto de una actuación flagrante de su pupilo. En igual línea se presenta el escrito de reconsideración. Acompañando como prueba un informe de médico Neurólogo que certifica un hecho que era conocido; además de un informe de una profesional piscología que da cuenta que el menor tomo dos sesiones con ella y que ingresará prontamente al programa de salud mental del centro de salud de Trehuaco, es decir entendemos que no existía hasta ese momento tratamiento psicológico alguno.

Cree que es necesario agregar que el menor se ha visto envuelto en situaciones contrarias al reglamento interno del colegio desde hace muchos años, siendo incluido en el plan educativo y programa PIE a fin de ayudar a una mejor convivencia en el Colegio, sin embargo por parte de los padres se comprometieron a llevar a ayudar en estos puntos desde el hogar entregando el medicamento que el menor necesita de manera constante, cuestión que no ocurre, y de lo que hay carta firmada por ellos reconociéndolo en una reunión anterior a los hechos; que ahora desconocen y acusan al colegio de no respetar las garantías fundamentales de su pupilo.

Arguye que el trastorno de TDAH es una condición de neurodiversidad que interfiere con la relación del entorno de una persona desde la primera edad y por toda su vida, sin embargo, esta condición puede sobrellevarse con la intervención de un equipo profesional que ayude al correcto relación y entendimiento del entorno del individuo y que el hijo de los recurrentes presenta TDA -impulsivo, lo que quiere decir en determinadas circunstancias y ante un estímulo externo reacciona de manera violenta sin medir consecuencias. Pero ello no lo hace poseedor de una especie de inimputabilidad, el menor es perfectamente capaz de dirigir sus actuaciones siguiendo reglas y de entender cabalmente la ilicitud de su actuar, todo lo que queda demostrado en el registro de las cámaras de seguridad del establecimiento y del video aportado por unas alumnas. Todo lo cual además se ve reforzado por el informe de las dos psicólogas que trabajan en el colegio que tomando como referencia los videos del caso, las entrevistas de los padres de los menores, la declaración de los testigos del hecho, observan que el actuar de adolescente no está supeditado a un “estimulo gatillante” que explique su actuar si no que este se desarrolla desde el lunes 22 de julio y termina con la agresión el jueves 25 del mismo mes.

Termina indicando que no existe trasgresión a las garantías constituciones indicadas en el recurso, no hay en el actuar de los recurridos medidas que sean ilegales o arbitrarias, su pertinencia está totalmente justificada.

Termina solicitando a esta Corte, rechazar el recurso, con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar cuando se ha producido un acto u omisión ilegal que prive o amenace ese atributo.

6°.- Que, para un mejor cierto del fallo, con fecha 16 de septiembre del corriente, se decretó como medida para mejor resolver, Oficiar al Establecimiento Educacional recurrido, a fin que remita el reglamento interno del establecimiento, dentro de quinto día.

7°.- Que, en cumplimiento de lo ordenado, los recurridos acompañan materialmente documento denominado “Proyecto Educativo Institucional” el que contienen el Reglamento Interno del Colegio.

8°.- Que, en estos autos, se debe determinar si al establecimiento educacional le asiste la facultad de adoptar la medida de expulsión, y una vez establecido que aquello es procedente, si para su adopción se han seguido los procedimientos previamente establecidos.

9°.- Que para resolver la primera pregunta es necesario considerar que se trata de un alumno de cuarto medio en un colegio Particular subvencionado y que la medida de expulsión se ha adoptado para ser materializada de inmediato, cuando aún no ha terminado el año lectivo.

10°.- Que, del mérito de los antecedentes se desprende que el procedimiento que siguió el colegio recurrido contra el alumno de autos, se inició al tomar conocimiento que con fecha 25 de julio de 2024 a eso de las 09:30 hubo una pelea en las dependencias del establecimiento viéndose involucrada en ella el hijo de los recurrentes de 17 años, otro menor de iniciales F.C.F. también de 17 años, ambos del cuarto medio del Colegio y el menor N.Z.O. de 15 años, perteneciente al segundo medio del establecimiento; que habría tenido su antecedente en el día lunes 22 de julio del presente, en contexto de un partido de futbol, situación que fue controlada en el momento y que luego de entrevista con el adolescente de autos, fue tratada como un conflicto entre pares por parte del equipo de Convivencia bajo sus protocolos. Pero el día 25 de julio el hijo de los recurrentes acompañado de otros compañeros finalmente agrede al estudiante, logrando que se desestabilizara y cayera, ocasión que aprovecha el hijo de los recurrentes para sumarse a la golpiza con gran intensidad, terminando la inspectora en medio de los menores a fin de evitar que se siguieran golpeando. Ante la patente agresión, se llamó a Carabineros cumpliendo con la obligación del artículo 175 del Código Procesal Penal y de inmediato y de manera paralela se llamó a los apoderados de los menores involucrados. Dicha pelea fue grabada por una alumna del segundo medio, quien puso a disposición del Colegio el registro.

Una vez que llegaron los Carabineros, estos tomaron el procedimiento derivando los antecedentes en primer lugar al Ministerio Público quienes luego derivan los mismos al Juzgado de Familia de Coelemu, este último no persevera en su procedimiento pues estima que no los actos ejecutados en atención al informe de lesiones emitido por el profesional correspondiente del Hospital de Coelemu hacen que no pueda aplicársele a los involucrados sanción alguna en sede del Juzgado de Familia.

Con posterioridad a ello el equipo Directivo del Colegio, analizando los hechos, las entrevistas realizadas y los antecedentes de los involucrados, deciden iniciar el procedimiento de Aula Segura, en contra del hijo de los recurrentes, que luego de realizar el procedimiento termina con la expulsión del adolescente del establecimiento educacional.

11°.- Que, el recurrente alega que el procedimiento iniciado por el colegio no fue racional y justo, no se otorgó la posibilidad efectiva y concreta de defensa, toda vez que no se le entregaron todos los antecedentes en virtud de los cuales el estudiante recurrente, fue sancionado, no se consideró su diagnóstico y condición de neurodiversidad ni su carta de arrepentimiento.

A su vez, estima, que la medida adoptada es absolutamente desproporcionada, teniendo presente que la autoridad del Colegio no ponderó su reconsideración, lo expuesto por el Tribunal de Familia de Coelemu; y de todos los involucrados en los hechos, es el único estudiante expulsado.

12°.- Que, para un acertada resolución del caso de marras, es conveniente primero tener en consideración que la Ley N°21.128, también denominada “Aula Segura” que regula a los establecimientos que reciben subvención del Estado, en lo que dice relación a la cancelación de matrícula o expulsión en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, establece que los colegios podrán aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula en la medida que ellos cuenten con un Reglamento de Convivencia que tipifique las conductas y sanciones; establezca un procedimiento sancionatorio; garantice el debido proceso y aplique, en los hechos su normativa disciplinaria.

El artículo 1 numeral 3 de la citada ley, que modifica el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº2, del Ministerio de Educación de 1998, prescribe que: “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.”

13°.- Que, de esta manera, resulta también evidente que el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, impone a las autoridades del Colegio recurrido el deber de respetar las garantías del debido proceso en el manejo que haga de las faltas a la buena convivencia y, por ende en el procedimiento que siga para determinarlas y, en su caso, sancionarlas, contando expresamente entre dichas garantías el derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos en forma previa a la decisión que se adopte.

Sobre este punto, cabe reflexionar acerca de la necesidad que se impone en virtud de aquellas garantías de contar en los procesos disciplinarios con etapas claras, donde los involucrados puedan hacer sus descargos y contrastar sus versiones con las de otros involucrados, disponiendo de un lapso en el que, asimismo puedan aportar sus medios de convicción en apoyo de sus alegaciones; de modo que en definitiva la resolución que se adopte conlleve el pleno y real respeto de la dignidad de los involucrados y los derechos que ésta supone.

14°.- Que, por su parte, el Reglamento De Convivencia Escolar del establecimiento recurrido, establece un procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria, con pasos claros a seguir, así como también, en forma expresa señala, en el artículo 21, la conducta sancionada, esto es “agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa”, contemplándose como sanción la amonestación escrita en hoja de vida del alumno y la suspensión de clases y actividades entre 3 a 5 días, considerando las circunstancias y antecedentes recopilados. Se consigna además que según los antecedentes recopilados y la extensión del daño causado, se procederá a la activación de condicionalidad de matrícula o bien a la activación de aula segura. En todos estos casos se debe activar el protocolo de actuación frente a la violencia verbal y física entre miembros de la comunidad educativa.

Dicho reglamento en el artículo 22 indica que las medidas disciplinarias excepcionales se aplican a situaciones, actitudes y/o comportamientos de estudiantes que afectan gravemente la convivencia escolar y atentan directamente contra la integridad física y /o psicológica de algún integrante de la comunidad. Tales medidas son la condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula y expulsión del alumno.

Asimismo, indica que la determinación de estas sanciones corresponde a Rectoría y Dirección, refrendado por el Consejo de Profesores y/o Equipo Directivo, pudiendo el afectado expresar sus descargos a través de la reconsideración.

Por su parte el artículo 25, establece que será obligación de los directores, coordinadores de ciclo, profesores y asistentes de la educación, informar cualquier acción u omisión que revista el carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos y otros, debiendo denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, dentro del plazo de 24 horas desde que tomen conocimiento de los hechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 175 letra e) y artículo 176 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, respecto del protocolo de actuación frente a la violencia verbal o física entre los miembros de la comunidad, describe las conductas que constituyen violencia física y violencia relacional.

En la especie los antecedentes allegados permiten concluir que el procedimiento llevado adelante por el establecimiento educacional recurrido se ajustó, en lo procedimental, a las normas contenidas en el Reglamento de Convivencia escolar.

15°.- Que, sin perjuicio de no encontrarse amparado por el recurso de protección, conviene consignar que el derecho a la educación está consagrado en el artículo 19 N°10 de La Constitución Política, norma que, entre otras cosas establece que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, que la educación básica y media son obligatorias y que es una obligación del Estado asegurar su acceso a toda la población. Tal derecho se encuentra también reconocido en los artículos 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas normas aplicables por disposición del artículo 5° inciso segundo de nuestra Constitución. Ambas normas reconocen la elevada función social que cumple la educación no sólo en beneficio del sujeto que la recibe, sino además de la sociedad toda. Se considera a la educación como un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos, debiendo garantizarse la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, niñas y adolescentes.

16°.- Que, las normas antes citadas resultan del todo relevantes para la decisión de conflicto sometido al conocimiento de esta Corte, pues como se dijo, se trata de un adolescente, que cursa cuarto medio en un colegio Particular subvencionado. En tal contexto, cobra relevancia la obligación del Estado de otorgar y garantizar al estudiante de autos su derecho a la Educación, respetando asimismo las garantías de igualdad ante la ley y asegurando su integridad física y psíquica.

Del mismo modo, resulta trascendente consignar que el artículo 6 letra d) inciso tercero, del decreto con fuerza de ley Nº2, del Ministerio de Educación de 1998 prescribe que sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.

17°.- Que, en tal escenario, para determinar si la actuación de la recurrente resulta ilegal y/o arbitraria, no basta con analizar si en la expulsión del alumno se siguieron o no los procedimientos reglamentarios establecidos por el propio colegio, sino si tal actuación se ajusta a los parámetros que comprenden los principios y derechos en cuestión.

18°.- Que, sin desconocer la existencia de conductas ejecutadas por el alumno en contravención al Reglamento Interno y al Manual de Convivencia Escolar, ello no puede servir de fundamento para privar al alumno de su derecho a la educación, cuestión que en el hecho acontece en este caso.

En efecto, el principio de proporcionalidad ha sido vulnerado al momento de decidir la sanción de expulsión, en atención a tres aspectos acreditados en estos autos; a saber, a) que el tribunal de familia estimó que los hechos denunciados no ameritaban la adopción de ninguna medida; b) que el hijo de los recurrentes está en cuarto año medio, lo que implica que a la fecha restan sólo un par de meses para el término de su formación escolar; c) que presenta trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad; y d) que los demás estudiantes involucrados no fueron sancionados de manera tan gravosa.

19°.- Que, a lo anterior, debe agregarse la importancia que tiene la mantención de un niño dentro del sistema escolar, no sólo por la adquisición de conocimientos y herramientas sociales que el colegio otorga, sino además por la protección que, el solo hecho de asistir al colegio, confiere respecto de diversas conductas abusivas hacia los niños y adolescentes, como el trabajo infantil, el maltrato e incluso la explotación sexual.

20°.- Que, esta Corte no desconoce que el comportamiento del alumno puede llegar a perjudicar al resto de los alumnos que comparten el aula y afectar los procesos educativos, sin embargo, ello es un asunto que debe poder resolver el establecimiento educacional, pues es a ello precisamente a lo que está llamado. A este respecto resulta relevante señalar que, sobre todo cuanto se trata de educación pública o subvencionada, el colegio debe aceptar la diversidad de alumnos, incluso a aquellos que presentan problemas de comportamiento y rendimiento, siendo su labor integrarlos también a ellos en el proceso educativo, máxime si el adolescente de autos tiene diagnóstico de TDAH impulsivo; presentando diversas dificultades; las que sugieren efectuar las acciones necesarias para mantener al alumno dentro de la educación formal, con el con el objeto de evaluar si las mismas tiene resultados favorables que permitan una modificación en la conducta del alumno.

21°.- Que, la actuación del establecimiento educacional recurrido, en orden a expulsar al alumno, se torna en arbitraria e ilegal, no sólo por las razones precedentemente señaladas, sino porque además no se otorga otra alternativa escolar de características similares a las que actualmente se encuentra adscrito el hijo de los recurrentes, lo que afecta el derecho a la educación y a la integridad psíquica del estudiante, asegurados por la Constitución, lo que impone a esta Corte adoptar las medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE ACOGE el presente recurso, sólo en cuanto, se deja sin efecto la decisión de expulsión del alumno Víctor nombre reservado nombre reservado, adoptada por los recurridos Corporación Educacional Santa Teresita de Coelemu, sostenedora del Colegio Santa Teresita de Coelemu, cuya representante legal es doña nombre reservado, y del Director de dicho establecimiento educacional, don nombre reservado, quienes deberán adoptar la siguiente medida: Que el adolescente de autos rinda exámenes libres hasta concluir el presente año académico.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona.

Rol Corte 879-2024-PROTECCIÓN.-