Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, catorce de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, trabajadora dependiente, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada por dona nombre reservado o quien haga sus veces, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta, que mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-42259-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, la Superintendencia de Seguridad Social emitió pronunciamiento en el sentido de rechazar las licencias médicas N°s 76897147-1, 78230593-k y 79570740-9, extendidas por un total de 90 días a contar del 30 de septiembre del año 2022, por reposo injustificado, entregando escuetos argumentos en razón a que de acuerdo a los antecedentes aportados, éstos no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del período de reposo ya autorizado, haciendo presente que según el informe médico emitido por la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental del CRS Cordillera Oriente de Peñalolén, de fecha 27 de mayo de 2022, señala que se encuentra con atención por parte de Terapeuta Ocupacional Psicóloga y Psiquiatra desde el 25 de noviembre de 2011 por cuadro de depresión severa, con el esquema farmacológico de Lamortrigina 50 mg., Bupropion 150 mg., Tonaril 2mg., Venlafaxina 150 mg. Añade que el informe médico de fecha 29 de septiembre de 2022 extendido por la Dra. nombre reservado, médico psiquiatra y psicoterapeuta familiar, señala que desde abril de 2021 se encuentra con controles por trauma depresivo mayor recurrente sin síntomas psicóticos, con múltiples episodios de descompensación ante situaciones estresantes con conductas desadaptativas e intentos de suicidio. Finalmente, el informe médico de fecha 25 de enero de 2023 extendido por la Dra. nombre reservado, médico psiquiatra y psicoterapeuta familiar viene a confirmar cuadro depresivo, indicando que la paciente “ha mantenido buena adherencia al tratamiento apoyada por la familia”, que se realizó trámite de invalidez ante la Comisión Médica, no alcanzando su patología el puntaje necesario para su aprobación, lo que no significa que el cuadro psiquiátrico que padece no altere su funcionalidad para realizar su actividad laboral, que es lo que ha motivado la indicación de reposo médico.

En el plano del derecho expresa que junto con cumplirse con los requisitos exigidos por la ley para la procedencia de la presente acción constitucional, la recurrida infringe las garantías constitucionales previstas en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, ya que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple a la remuneración del trabajador que se encuentra afectado con una determinada incapacidad laboral, y que, en definitiva, su rechazo implica que el dependiente que ha hecho uso de la licencia médica no contará con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, tales como alimentación y compras de medicamentos prescritos según la patología que padece. De igual forma estima conculcadas las garantías de la igual protección de la ley en el ejercicio respecto de sus derechos; el derecho a la protección de la salud; el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, pues la disminución y el rechazo de la licencia importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, situación que no se condice con la finalidad esencial que tiene una licencia médica, la cual es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

Posteriormente, la recurrente efectúa un análisis de la normativa prevista en la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, concretamente sus artículos 5, 11 inciso 2°, 18 y 41, así como el DS Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud el cual expresa que la COMPIN y la Unidad de Licencias Médicas en cuanto al momento de rechazar una determinada licencia médica se debe dejar constancia en la resolución o pronunciamiento respectivo, los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia, norma la cual señala debe ser también tenida en consideración por la recurrida.

Por lo expuesto, afirma la recurrente que el proceder de la recurrida vulnera e infringe abiertamente los artículos 3 y 40 de la Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, y el artículo 16 del DS Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a que no expresa con precisión y en detalle cuales son las razones médicas tenidas a la vista para adoptar la decisión del rechazo, como desde el punto de vista fáctico, en orden a no señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria, dejando a la recurrente en la indefensión.

En cuanto a la arbitrariedad señala que la decisión así adoptada no ha sido con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, sobre todo en la respuesta infundada, sin detalles y falta de información que se le otorga a la peticionaria, limitándose a señalar que el reposo prescrito no se encontraba justificado, basándose solamente en que los antecedentes aportados no permitían establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, no existiendo otro antecedente de mismo valor médico que contradiga o desmienta las conclusiones arribadas por el profesional tratante. Cita fallos de la Corte Suprema en causas Rol 27.467-2014; Rol 27.467-2014.

Finalmente, sostiene que la administración de manera arbitraria y sin justificación, arrogándose facultades jurisdiccionales que no le corresponden, declara que su reposo es injustificado, pese a los informes médicos acompañados.

Solicita que, en mérito de lo expuesto y en virtud de la normativa aplicable en la especie, se tenga por deducida acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualizada, por la Resolución Exenta N° R-01-UME-42259-2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas señaladas en el presente libelo, a fin de que se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección, admitirlo a tramitación y, en definitiva, dar lugar en todas sus partes,+- declarando que se deja sin efecto la resolución recurrida, debiendo el órgano recurrido aprobar las licencias médicas N°s, 76897147-1, 78230593-k y 79570740-9, extendidas por un total de 90 días a contar del 30 de septiembre de 2022 y efectuar todas las gestiones necesarias a fin de proceder a su pago a la brevedad, con expresa condena en costas en caso de oposición.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informando don nombre reservado, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicita, en primer término, que se declare la improcedencia de la acción constitucional fundado lo anterior en que la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la presente acción cautelar, ya que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas, las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social.

En subsidio, informando sobre el fondo de la acción entablada el letrado refiere que conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-15464-2023, la interesada recurrió el día 30 de enero de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 76897147-1, 78230593-K y 79570740-9, extendidas por un total de 90 días a contar del 30 de septiembre de 2022, por reposo no justificado. Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-42259-2023, de 30 de marzo de 2023, previa solicitud de informe de parte de su representada, y del estudio de los antecedentes del caso, el Servicio concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 76897147-1, 78230593-K y 79570740-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”. Indica que concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 76897147-1, 78230593-K y 79570740-9, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Posteriormente el letrado latamente se refiere sobre el derecho a licencia médica, concretamente, su marco regulador contenido en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, para luego desarrollar las justificaciones médico administrativas que llevaron adoptar las Resoluciones que hoy se reclaman, manifestando que de los antecedentes fluye que los reposos reclamados impresionan como no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico.

Manifiesta el letrado que en el caso de la recurrente, claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas y consecuentemente con ello, no ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. Precisa, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física, psíquica y salud, que su representada en su actuar, se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, por lo que su representada en modo alguno ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna, el acceso de la recurrente a la salud. Con respecto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Cita fallo de la Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015.

Solicita que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 numeral 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, Orgánica y de Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, se declare la inadmisibilidad de la presente acción constitucional y en subsidio, se tenga por evacuado el informe solicitado y se desestime en todas sus partes, con costas.

3° Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, la recurrente estima vulneradas sus garantías constitucionales referentes al derecho a la vida e integridad física y psíquica, protección a la salud y el de propiedad, teniendo en cuenta la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, que ha rechazado las reclamaciones que dedujo en contra de la negativa al pago de las tres licencias médicas que indica, las cuales fueron otorgadas por su médico perteneciente al sistema público de salud, sin que se haya desvirtuado el diagnóstico, ni realizado nuevos exámenes.

A su turno, la Superintendencia de Seguridad Social ha solicitado el rechazo de la presente acción constitucional, sosteniendo al efecto que el actuar de la institución lo ha sido con estricto apego a la normativa vigente, sin perjuicio que la situación no se encuentra protegida por el recurso de protección, por tratarse de materias de seguridad social.

6°.- Que, en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar éste bajo la protección constitucional que se pide, dicha alegación será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 9 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, las cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

7°.- Que, en lo que respecta al fondo, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

8°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

9°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

10°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso.

11°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

12°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

13°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por doña nombre reservado, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

Rol N°879-2023 - PROTECCIÓN.