nombre reservado con FISCO DE CHILE (CDE)

Chillán, quince de marzo de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Juan Pablo González Montes, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de Ñuble, nombre reservado 62.000.590-8, representada legalmente por su Director (s), don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble, nombre reservado 62.000.610-6, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y en contra del Consejo de Defensa del Estado - Ñuble, nombre reservado 61.006.000-5, representado legalmente por su Procuradora Fiscal doña Mariella Dentone Salgado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

El letrado recurre de protección en contra de la Resolución Exenta N°1509 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble, notificada a doña nombre reservado el 30 de noviembre de 2022, por la cual el Director (s) del SERVIU de la Región de Ñuble, don nombre reservado, puso término a la contrata de nombre reservado, a contar del 31 de diciembre de 2022 sosteniendo, luego de transcribir los considerandos de la aludida Resolución y exponer la trayectoria laboral de la actora, que el acto impugnado contiene una línea argumentativa o causal que se sustenta en hechos totalmente alejados de la realidad, ocultando fines evidentemente diversos de los que el acto dice perseguir, pues sus servicios si son necesarios, ya que mediante Resolución Exenta N°325 de fecha 6 de abril de 2021, se le otorgó en dicho organismo el cargo de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Personas del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu de la Región de Ñuble, añadiendo el letrado que la decisión contenida en la Resolución Exenta N° 1509, no puede considerarse fundada ni ajustada a criterios profesionales o de buen servicio, pues su representada cumple con todos los requisitos, calificaciones y habilidades requeridos para las funciones de su contrata, exponiendo que durante su trayectoria laboral, la cual inició el uno de abril de 2020 en virtud de la Resolución Exenta RA N°125625/32/2020, nunca fue objeto de quejas de parte de los usuarios ni de su jefatura directa, y por el contrario, presenta 2 anotaciones, la primera de ellas de fecha 29 abril de 2021 y que tiene el siguiente tenor literal: “Exitosa gestión de proceso de evaluación de desempeño a pesar de las dificultades técnicas logró concluir el proceso exitosamente. Recibe felicitaciones de la Junta Calificadora”; y la segunda, de fecha 12 de julio de 2022 la cual señala: “Reconocimiento a su compromiso, dedicación y fundamentalmente su lealtad hacia sus colegas, sin la cual haría mucho más difícil avanzar en soluciones tan complejas e importantes para todos los funcionarios”. En cuanto a las calificaciones el letrado afirma que, según acta final de calificaciones del año 2021, la recurrente obtuvo 180 puntos y en el año 2022 179 puntos, los que en un comienzo eran 177. No obstante, fueron apelados y mediante Resolución Exenta N°1373 de fecha 2 de noviembre 2022 el Servicio acogió dicha apelación, no presentando proceso disciplinario alguno ni participación en alguno de ellos.

Se expresa que el acto administrativo contenido en la Resolución Exenta N°1509, resulta ser arbitrario y carente de toda justificación, pues no realizó un análisis de su curriculum profesional, calificaciones, anotaciones en su hoja de vida, expertis adquirida en el ejercicio de la profesión, escogiendo de forma arbitraria argumentos para construir de manera falaz y artificiosa una hipótesis que le permitiese dar termino a la contratación que lo vincula.

En el plano de los derechos y garantías constitucionales el letrado considera que el acto impugnado perturba y causa una privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales reconocidas por los números 1, 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, es decir, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la honra de la persona y su familia; el derecho sobre la libertad del trabajo y su protección; y el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Afirma el letrado que la vulneración denunciada se produce al haber sido removida de su empleo, sin mediar razón, motivación o fundamento suficientes, para la referida decisión, despojándole de aquello que le corresponde como trabajadora y funcionario público. Detalla que el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble ha privado a la recurrente del derecho de propiedad que tiene respecto de su empleo y remuneración, vulnerando el principio de igualdad ante la ley y su correlativa prohibición de discriminación, afectando gravemente la honra e integridad física y psíquica, menoscabando su fama o buen nombre y generando con ello, efectos dañinos para la salud mental de su representada, estimando que aún en el caso de estimarse que lo expuesto no constituyere privación de los derechos mencionados, si se debería estar de acuerdo en que, a lo menos, los hechos referidos configuran una grave perturbación al legítimo ejercicio de los derechos que asisten a doña nombre reservado, toda vez que su normal realización es gravemente afectada, desvirtuándose la forma natural en que la Carta Fundamental ha establecido el resguardo de los derechos referidos.

Se reconoce por parte del letrado que si bien, los empleos a contrata duran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, es de destacar respecto de la permanencia que los funcionarios que sirven dichos empleos, tienen derecho a permanecer en ellos mientras no se configure alguna causal de expiración de funciones o se señale cuáles son las condiciones precisas en que funda su actuar, es decir, debe encontrarse debidamente motivados, conteniendo la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan, lo que en el presente caso, no acontece. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°38.681-2017, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 141-2022.

Se sostiene por parte del letrado que, para dictar la Resolución Exenta N°1509 de 30 de noviembre de 2022, la recurrida no basó su decisión en ningún fundamento que la amerite, añadiendo que en el presente caso la recurrida desvinculó a su representada de sus funciones, mientras que a otros funcionarios en si misma situación, han sido mantenidos en ellas, no cumpliéndose en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº19.880, que establece las bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos estatales.

Añade que la Resolución Exenta impugnada, constituye un pésimo antecedente en la hoja de servicios de la recurrente, que provocará dudas acerca de su desempeño funcionario en cualquiera repartición pública o privada en la que pretenda postular para desempeñarse como la intachable y proba funcionaria que es en la actualidad, manifestando que la estabilidad en el empleo es un bien incorporal, derivado de la función pública y que si bien no es un derecho absoluto, es la consecuencia del ejercicio de la función. Por ello, el acto impugnado priva del derecho de propiedad que se tiene respecto de la estabilidad en el empleo consagrada en la Administración del Estado, habida consideración que las renovaciones de que ha sido objeto la recurrente, generaron la legítima expectativa de la permanencia en el cargo que ejercía, sin que se observen fundamentos objetivos para un cambio súbito de dicho comportamiento.

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto, documentación acompañada, normas constitucionales, legales y jurisprudencia citadas; y lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley Primera y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se tenga por deducido recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N°1509 de 30 de noviembre de 2022, del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble; declararlo admisible, y en definitiva acogerlo íntegramente, disponiendo como providencias para restablecer la juridicidad quebrantada y asegurar la debida protección de la recurrente:

. Dejar sin efecto Resolución Exenta N°1509 de 30 de noviembre de 2022 dictada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble y las actuaciones administrativas que de él se deriven; y, en consecuencia, . Disponer el reintegro en sus funciones, en pleno ejercicio de sus derechos, deberes y obligaciones, a la recurrente, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble;

. Ordenar al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble, el pago de todas las remuneraciones y estipendios que le corresponden, debidamente reajustados, desde la fecha en que ha estado privada del ejercicio de la función pública;

. Cualesquiera otras medidas que se estime pertinentes en la especie, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de doña nombre reservado; y . Condenar en costas a la parte recurrida.

A su presentación el letrado acompaña documentos.

2°. - Que, informa don Georgy Schubert Studer, Abogado Procurador Fiscal (S) de Chillán, del Consejo de Defensa del Estado, en representación, de la parte demandada del Fisco de Chile, ambos con domicilio en domicilio reservado.

El letrado alega en su informe la improcedencia de la acción constitucional respecto a su representada, dada la inexistencia de vínculo con la recurrente, lo que se corroboraría con la inexistencia de fundamentación de hecho ni de derecho que permitan a su representada entender las razones por las cuales se le ha emplazado, haciendo presente que, tal como se expone por la recurrente, el supuesto acto ilegal y arbitrario lo hace consistir en una Resolución Exenta que fuera pronunciada por el SERVIU, servicio respecto del cual la recurrente se encontraba vinculada mediante una contrata y, por ende, sería el único organismo recurrido respecto del cual la acción de protección podría empecer, destacando que el SERVIU es un órgano descentralizado de la Administración del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, razón por la cual el Consejo de Defensa del Estado no ostenta su representación, detallando finalmente que, en el petitorio del recurso, nada se solicita respecto de su representada, lo que refrenda la impertinencia de enderezar la acción de protección en su contra.

Por lo expuesto, solicita se tenga por evacuado el informe referido, y se rechace en todas sus partes del recurso de protección incoado en contra del Consejo de Defensa del Estado, con expresa condena en costas, en caso de no existir un desistimiento de acción hacia la parte, antes de la vista del recurso.

3°. - Que, informa don Jorge López Vergara, abogado, en representación de Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble.

El letrado, luego de referirse a los antecedentes del recurso, así como también a los de contratación y término de ésta, señala que, la resolución que dispone el nombramiento de la recurrente en su considerando 7° y 8° señala también la forma especial de contratación, procedimiento indicado en los artículos 13° y 14° de la resolución N°1 de 2017, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, publicada el 10 de noviembre de 2017, los procedimientos de reclutamiento y selección de los Servicios Públicos que pretende proveer cargos en calidad jurídica a contrata o Código del Trabajo. Atendido lo anterior, se considera que nombre reservado, cuenta con la calificación en materia de gestión del desempeño lo que comprende reclutamiento y selección de personal, con posicionamiento del área de personas e innovación y desarrollo, atendido a la posesión de un título profesional como Psicóloga contando de esta manera con las competencias necesarias para realizar dichas funciones.

Añade que, con fecha 30 de noviembre de 2022, Mediante Resolución Exenta N° 1509 de fecha 30.11.2022 y Resolución Exenta RA N° 125625/95/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, se dispuso la no renovación de la contratación de la recurrente, notificada personalmente con igual fecha, expresando que dicha decisión se fundamenta en el carácter transitorio de la contrata, el cual durará, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos; el proceso de estructuración del servicio efectuado y que de acuerdo a la resolución que dispone su nombramiento, “…abordar el proceso de reclutamiento, selección y contratación para incorporar al más breve plazo 28 profesionales a la dotación del Servicio…”; la forma especial de contratación de la recurrente atendida y fundamentada precisamente por las competencias de la recurrente, quien fuera contratada con una finalidad y cometido específico, mediante contratación directa. No es un típico cargo a contrata y el cumplimiento de los motivos tenidos en vista para su contratación, los que en ningún caso se ve reemplazado por el hecho de habérsele designado la coordinación de un área específica, haciendo presente que la cláusula mientras sea necesarios sus servicios también se encuentra incorporada en la resolución que dispone el nombramiento de la recurrente Conforme lo expuesto considera que los motivos tenidos en vista para la no renovación, contenidos en las resoluciones debidamente notificadas a la recurrente, se bastan así mismo, no existiendo acto alguno de ilegalidad ni arbitrariedad alegados, a lo que se debe sumar el hecho que la resolución que dispone la contratación de la recurrente contiene la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, lo cual está en armonía con el carácter eminentemente transitorio que tienen los empleos a contrata, artículo 3º de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Termina solicitando que, no habiendo existido arbitrariedad ni ilegalidad en la actuación de Serviu Región de Ñuble y de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y los Autos Acordados de 29 de marzo de 1977 y de 24 de junio de 1992, modificado por Acta N° 70-2007, de fecha 20 de mayo de 2007, todos los cuales regularon el procedimiento de tramitación del recurso de protección, se tenga por informado el recurso de protección y en virtud de los fundamentos expuestos rechazarlo en todas sus partes con costas.

4°. - Que informa don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Ñuble, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interior, Chillán.

En su informe, luego de sintetizar la presentación efectuada por la recurrente por intermedio de su abogado don Juan Pablo González Montes, alega la inexistencia de vínculo entre la actora y su representada, sosteniendo al respecto que la Sra. nombre reservado inició su vínculo con el Servicio de Vivienda y Urbanización el año 2020 mediante la designación de su contrata, Servicios que, conforme al artículo 1 del Decreto N° 355, de 1977, que aprueba el reglamento orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, «son instituciones autónomas del Estado, relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, y de duración indefinida». Mismo servicio que, con fecha 30 de noviembre de 2022, dicta la resolución recurrida poniendo término a la contrata de la recurrente. En tal sentido, añade, no es posible advertir el vínculo que la recurrente consideró existente al momento de la interposición de su recurso en contra de la Secretaría, advirtiendo además que, en la correspondiente presentación, no es posible evidenciar ninguna fundamentación de hecho, ni de derecho, que permita razonar su emplazamiento. Agrega que, en las peticiones realizadas en el recurso, para restablecer la aparente juridicidad quebrantada por la dictación de la Resolución N° 1509 de SERVIU Ñuble, sólo se requieren acciones del antedicho Servicio, sin demandar ninguna a la Secretaría, ello, debido a que no existe gestión alguna que puedan realizar para asegurar la debida protección de la recurrente.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, se tenga por evacuado el informe referido, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección incoado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble, con expresa condena en costas, en caso de no existir un desistimiento de la acción hacia su parte, antes de la vista del recurso.

5°.- Que en la vista de la causa el abogado de la parte recurrente se desiste parcial y expresamente de la presente acción constitucional en contra de los recurridos Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble y Consejo de Defensa del Estado.

6°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

7º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

9°. - Que, en la presente acción, la recurrente reprocha a la recurrida el término de su contrata para el periodo 2023, al no existir motivación para aquello y a su vez, la recurrida funda su actuar en que el cargo que detenta la actora, lo fue por el carácter transitorio de la contrata siempre en base a la denominada “confianza legítima” del entonces director del servicio y las faculta y mientras sean necesarios sus servicios.

10°.- Que, necesario es advertir que constituye jurisprudencia administrativa el que una relación a contrata que exceda de dos años y se renueve reiteradamente una vez superado ese límite, tiene el mérito de transformarla en un vínculo indefinido conforme al principio de confianza legitima que la Contraloría General de la Republica comenzó aplicar de manera uniforme, y que ha plasmado en dictámenes recientes, principio y criterio que ha sido recogido por la Jurisprudencia del máximo Tribunal de la República, resultando pertinente señalar que ello se traduce en que el Jefe de Servicio, al tomar la decisión de no renovar el contrato de una persona a contrata que goza de confianza legitima o terminarlo anticipadamente, debe hacerlo a través de un acto administrativo que exprese completamente los fundamentos de hecho y de derecho, así como el razonamiento realizado para tomar dicha determinación.

En el mismo orden de ideas expresada en el acápite que antecede, el principio de confianza legítima impone en definitiva la obligación de fundamentar las decisiones administrativas, lo que es de suma relevancia en estos casos en que se desvincula a una trabajadora de su fuente laboral, teniendo esta la expectativa razonable de continuar prestando sus servicios. Es decir, no se desconocen las facultades o potestades que la ley confiere a las autoridades u órganos públicos, sino a la racionalidad de cómo se ejercen éstas. De lo anterior fluye de manera evidente que la exigencia de motivación de los actos de la administración, consiste en hacer publica las razones de hecho y de derecho que lo justifican, permitiendo su control por el interesado y opinión pública, exigencia necesaria para descartar su ilegitimidad y permitiendo, asimismo, su control jurisdiccional, único modo que puede el afectado por una medida decidir sobre la pertinencia de su impugnación, de modo que la necesidad de exteriorizar la racionalidad de la decisión, será en todo caso procedente cuando se afecte la esfera jurídica del particular destinatario del acto administrativo, puesto que de ese modo se garantiza que no se actuó en forma arbitraria, motivación que permitir conocer cuáles fueron los criterios fundamentales de la decisión, en especial, la adecuada ponderación de los intereses públicos y privados en juego y los demás elementos de juicio requeridos por la norma, sin que se cumpla con esta exigencia a través de fórmulas genéricas, las que habrán de concretarse en cada caso, relacionando y explicitando los factores de hecho concurrentes, con la política pública que lo fundamenta.

11°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil dejar asentado que de los antecedentes que obran en autos, se acredita la circunstancia de que la recurrente ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades, lo que genera a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, siendo lo anterior refrendado por la propia Contraloría, de modo tal que solo se puede terminar esa relación estatutaria con sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, no concurriendo en la especie dichos supuestos.

12°.- Que, si bien la administración se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata de la actora, no es tampoco menos cierto que la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley, lo cual así lo ha determinado la jurisprudencia de nuestros tribunales, la que ha señalado que es necesario acudir a la legislación que regula los actos de Administración, puesto que la resolución dictada por un jefe superior del servicio que pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente reglado.

Y, así el uso de una facultad discrecional no exime de manera alguna a la autoridad de fundamentar sus decisiones, transparentando las razones jurídicas y fácticas que le sirven de sustento, haciendo constar en sus resoluciones como la adecuada administración de los medios determina adoptar una cierta decisión. No otra conclusión puede inferirse del mandato contenido en el artículo 5 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado (Ley 18.575), en cuanto dispone que los actos de la autoridad deban propender a una eficiente e idónea administración de los medios jurídicos y la función pública.

Que por otra parte, la Ley N 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, puntualizando en el artículo 11 que sus preceptos se aplicaran con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales.

Además, dicho estatuto jurídico establece en el inciso segundo del artículo 11, la obligación de motivar, o de fundamentar expresamente en el mismo acto administrativo las razones de la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas.

Y el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

13°.- Que, así las cosas, la conducta que se reprocha al Servicio recurrido vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues, un funcionario administrativo tiene la legitima expectativa de conocer los antecedentes por los cuales se decide su término anticipado, y de obtener una renovación de su empleo, si después de más dos años no ha tenido reproches de la jefatura, y además el derecho de propiedad, respecto de su cargo a contrata, privándolo del derecho a permanecer y ser renovado en sus funciones, salvo que una causa legal, justifique lo contrario, lo que no ocurre en el caso de marras.

14°.- Que, de acuerdo con lo antes razonado y considerando que la fundamentación es un requisito exigido generalmente por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de los particulares, en la especie se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al ponérsele término anticipado, a su contrata injustificadamente, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N 2 de la Carta Fundamental.

Que, por las razones señaladas precedentemente se acogerá el recurso de protección deducido por la recurrente, quien deberá ser reincorporada en sus funciones según se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Juan Pablo González Montes, en favor y a nombre de doña nombre reservado, y en consecuencia se dispone que el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Ñuble, deberá proceder a dejar sin efecto Resolución Exenta N°1509 de 30 de noviembre de 2022 que afecta a la recurrente, por el cual se puso término a su nombramiento a contrata, debiendo reincorporarla de inmediato a sus funciones que se entienden renovadas desde el 1 de enero del presente año, con el pago de las remuneraciones correspondientes por el tiempo que permaneció separado de sus labores.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del abogado integrante Gumercindo Quezada Blanco.

R.I.C. 8785-2022-PROTECCIÓN. -