Protección contra Asociación De Funcionarios de la Educación A

Chillán, seis de junio de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Que, comparece la abogada Arleth Anmary Vera Parra, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado y contra la Asociación de Funcionarios de la Educación A.F.nombre reservado, RUT N° RUT reservado, por haberse afectado su derecho de igualdad ante la ley e igual protección de ésta en el ejercicio de sus derechos reconocidos en los números 2 y 3 del artículo 19 de Nuestra Carta Magna.

Expone que su representada, siendo asistente de la educación del Liceo Bicentenario de Excelencia Carlos Montané Castro de Quirihue, es socia de la recurrida desde el año 2014, teniendo una participación activa y destacada, formando parte de su directorio como tesorera por tres períodos consecutivos entre los años 2016 a 2022, postulando, gestionando y accediendo a beneficios para todos sus pares, como lo fue el acceso a descuentos mensuales de gas Abastible, contribuyendo en el bienestar de los y las socias y sus familias.

Añade que el 30 de marzo de 2023, la asociación recurrida llamó a sesión extraordinaria según citación que a su representada le llegó el 17 de marzo, con el objeto de someter a votación el cargo de tesorero (a) dada la renuncia de nombre reservado. El proceso contempló como única candidata a doña nombre reservado, sobrina legítima e hija de crianza de la recurrente, quien actualmente padece de enfermedades que la han llevado incluso a excusarse médicamente a su jornada laboral para procurar el mejoramiento y/o restablecimiento de su salud. Doña nombre reservado manifiesta verbalmente tanto a sus compañeros de trabajo como a la directiva de la asociación, su excusa para no asistir a la votación, determinada porque la única candidata era doña nombre reservado y conocía los inconvenientes económicos y de salud de aquella, los que se verían acrecentados con las nuevas funciones. Luego, a través del grupo de mensajería instantánea WhatsApp “Asistentes Liceo” se reenvía por la delegada del establecimiento educacional a que pertenece nombre reservado, el texto que le entregó la secretaria de la asociación, donde se comunica: “Buenas tardes Colegas. Con respecto a la votación realizada hoy, confirmo: De los 89 votos sufragados, 87 votos fueron a favor de nuestra candidata nombre reservado., por lo que ella pasa a formar parte de nuestro directorio en el cargo de tesorera mientras dure el periodo de esta Directiva. Agradecer enormemente el trabajo realizado por la comisión electoral, y a quienes cumplieron con una de las responsabilidades que tenemos como socios de un gremio; votar cuando seamos llamados a este proceso. Referente a la venta de gas, se realizará el día Martes 04 de Abril, hora y lugar lo avisaremos el día Lunes a más tardar. Los socios nuevos que aún no registran ningún descuento en su liquidación (como socio de afe) no pueden hacer uso de este beneficio. (hasta que estén pagando su cuota) Y QUIENES NO PARTICIPARON DEL PROCESO DE ELECCIONES NO PODRÁN HACER USO DE ESTE BENEFICIO, esto de acuerdo al Artículo 13, letra f de nuestro Estatuto. “f) Participar en las elecciones de los organismos de la Asociación de acuerdo a lo preceptuado en los presentes estatutos. Sin otro particular y deseando que tenga una excelente Jornada Atte nombre reservado Secretaria AFE Quirihue”.

A continuación, la compareciente señala como normas infringidas de la Constitución Política, el inciso 1° del artículo 1°, los incisos 2° y 3° del artículo 7, el artículo 19 N°3°, N° 4°, N°6°, artículo 22°. Más adelante, se refiere a vulneraciones a la Ley 19.296 y afectaciones a la Ley 21.109 que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Enseguida, del Estatuto de la Asociación de Funcionarios de la Educación A.F.nombre reservado, transcribe los artículos 13, 15, 30, 41. 60, 61, 66, 68 y 71, e indica que las normas aludidas evidencian que doña nombre reservado fue sancionada injusta y arbitrariamente, pues su inasistencia a la votación de directiva tenía una razón que fue comunicada a la secretaria. Cuatro días posteriores a la votación se acercó a hablar con doña nombre reservado para entender los detalles de la sanción, solicitando también que la comunicación de sanción le fuera entregada por la vía formal y por escrito, para indagar en la posibilidad de impugnar y remediar la limitación al ejercicio de sus derechos como socia. La secretaria le señaló que no daba nada por escrito y que los estatutos contemplan la sanción impuesta, pero lo que comunica a través de mensajería instantánea, es únicamente aquella parte del artículo 13 que se refiere a los deberes de los socios, no a la normativa que respalda la decisión adoptaba, injusta y arbitraria que la vulnera.

Cita el inciso 2° del artículo 553 del Código Civil y añade que las consecuencias de la decisión arbitraria aplicada por la directiva son: -Que a su representada se le prohibió hacer uso de sus beneficios sociales, en particular, la directiva le negó acceder a los descuentos de gas por el mes de abril; -Lo anterior única y exclusivamente porque el directorio se irroga facultades fuera de lo regulado en sus estatutos y la ley; -Que su representada recibe un trato que atenta contra su dignidad, pues deliberadamente no se le consideró ni siquiera para recibir la comunicación de la sanción impuesta como lo prevén los estatutos; - Que su representada sigue recibiendo un trato vejatorio al solicitar alguna alternativa para que no se le aplique la sanción, pues los estatutos no permiten dicha aplicación en el caso concreto sino solo desde la segunda inasistencia injustificada, no encuentra la acogida esperada sino que una negativa a comunicar formalmente la sanción pues la secretaría “no da nada por escrito”. -Que la recurrente recibe un trato disparejo, pues socios que forman parte de la asociación y que tampoco fueron a votar no se vieron privados ni perturbados en el ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, indica que también se ha vulnerado el derecho de propiedad reconocido en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, ya que a su representada se le había descontado su cuota para acceder al beneficio, pero el uso y goce del mismo queda supeditado a la voluntad de la recurrida.

Sostiene que, los fundamentos para considerar la situación como una conducta arbitraria e ilegal, se basan en que el directorio dejando de cumplir los fines de bienestar que dirigen su organización, se irroga la potestad de imponer sanciones a su arbitrio, desajustada a sus estatutos y a la ley, con el inapropiado y amenazante argumento que las cosas cambiarán con el nuevo directorio. Lo anterior afecta el debido proceso, principio esencial para lograr una consecuencia sancionadora o absolutoria equitativa, digna y justa. La situación se agrava cuando solo a ella y a su compañera de banco se aplica los gravámenes de la decisión arbitraria, pues el resto de los y las inscritas como socios que no participaron de la votación, accedieron a sus beneficios sin ningún inconveniente.

Finalmente, solicita a esta Corte, acoger la acción cautelar, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar a la recurrente la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, ordenando a la recurrida que se restablezcan sus derechos dañados durante el mes de abril de 2023, permitiéndole acceder a todos ellos, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa doña nombre reservado, en representación de la Asociación de Funcionarios de Educación Paradocentes, Administrativos, Asistentes de Párvulos y Auxiliares de Servicios Menores de la Municipalidad de Quirihue (A.F.E. QUIRIHUE), solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Expone que la recurrente es actualmente socia de la “A.F.E. Quirihue”, entidad que citó a sus asociados a un proceso de votación realizado el día 30 de marzo del presente año, para elegir el cargo vacante de tesorero, debido a la renuncia voluntaria de nombre reservado. Como indica la recurrente, doña nombre reservado fue la única asociada que manifestó su interés en asumir el cargo, por tanto, en la votación realizada se votaba si la candidata era elegida o no. Hace presente que, la recurrente para excusarse de participar en la votación del 30 de marzo alude a asuntos personales, como el grado de parentesco que tiene con la candidata y el estado de salud de ésta, reconociendo así que su inasistencia a la votación fue voluntaria y por motivos netamente personales.

Sostiene que, con esa omisión, la recurrente faltó a sus obligaciones como asociada según lo establecido en el artículo 13°, letra b). Además, no asistió a la Asamblea General en la cual se acordó que los asociados que no participen de votaciones o asambleas no podrían hacer uso del beneficio, por lo cual desconoce la medida. Añade que fue electa por 87 votos a favor, de un total de 89 votos, como nueva tesorera doña nombre reservado. En dicho proceso de votación, se levantó un acta firmada por la directiva con fecha 30 de marzo de 2023, se registró el “padrón electoral” con la individualización de los asociados asistentes, separados por establecimientos y firmado por cada uno de éstos. Además, se consigna en el padrón el número de voto que le corresponde a cada socio. Posteriormente, dicho documento se hace llegar a la Dirección del Trabajo para que se realice la actualización del directorio inscrito en el registro de asociaciones de funcionarios.

Explica que, posterior a la elección del cargo vacante, se realizó un listado de los asociados que no asistieron a la votación, para efectos de hacer efectiva la sanción establecida por la no participación en un proceso de elecciones de A.F.E. Quirihue. Precisa que, en asamblea general de 30 de marzo del año 2022, desarrollada en presencia de la Directiva y de los socios asistentes, se tomaron varios acuerdos, dentro de los cuales se menciona el “Convenio con Abastible”, quedando consignado en el desarrollo de la asamblea que “los socios que no participen en reuniones, votaciones, asambleas, no podrán hacer uso del beneficio del gas al menos por 1 mes”. Por tanto, quedó establecida esa sanción a los socios que incurrieran en alguna de las omisiones mencionadas, a quienes se les aplicaría la suspensión del “beneficio” por a lo menos un mes. Esta sanción se estableció a lo menos un año antes de la elección. La recurrente no asistió a dicha asamblea.

Más adelante, la compareciente se refiere a la normativa mencionada en el recurso e indica que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es claro en señalar las garantías amparadas. En la especie, de las normas citadas, solo el artículo 19° N° 2 se encuentra amparado por esta acción constitucional.

Agrega que se comunicó a todos los asociados de la A.F.E. Quirihue lo acontecido en la votación donde se eligió a la tesorera y que los asociados que no concurrieron al proceso no podrían hacer uso del beneficio del descuento del gas por el mes de abril del 2023, según la medida adoptada en asamblea ordinaria de 30 de marzo del 2022, todo lo cual quedó consignado en el Libro de Actas que lleva la Directiva de la A.F.E. Quirihue. Precisa que 38 asociados que no asistieron a la asamblea extraordinaria del 30 de marzo del 2023 no recibieron el beneficio del descuento del gas, listado que acompaña en un otrosí de esta presentación. Afirma que el pago de las cuotas sociales es una de las obligaciones que tienen los asociados, por tanto, la recurrente al pagar dicha cuota solo está cumpliendo una obligación a la cual voluntariamente accedió, entendiendo que el derecho de asociarse o no es libre para cada asociado.

Indica que en el comunicado realizado a los asociados de la A.F.E. Quirihue, -como también quedó consignado en el acta de la asamblea extraordinaria de 30 de marzo del 2023-, se informó que la pérdida del beneficio del descuento del gas, regía solo por el mes de abril pasado, por tanto, todos los beneficios que tenía la recurrente están actualmente vigentes y puede acceder a ellos mientras no incurra en otra de las causales ya establecidas para no contar con ellos.

Considera que no comunicarle por escrito la medida a la recurrente, no configura por sí una transgresión o vulneración a una garantía constitucional amparada por el recurso de protección, o al menos no se explica de buena forma en el libelo, el cual carece de integridad y suficiencia en sus dichos, todos los cuales se refieren a cuestiones personales que parecen afectarle de un modo emocional, utilizando este procedimiento constitucional como forma de descargo personal.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del análisis de los documentos acompañados, se aprecia que efectivamente en el Acta de la Asamblea General celebrada el 30 de marzo de 2022, a la cual la recurrente no asistió, en uno de sus acuerdos y luego de informar el convenio con la empresa respectiva, aparece expresamente la siguiente decisión: “Los socios que no participen de reuniones, votaciones y asambleas, no podrán hacer uso del beneficio del gas al menos por un mes”.

7°.- Que, lo anterior, debe concordarse con la letra b) y f) del artículo 13 de los Estatutos de la Asociación recurrida, en cuanto dispone que: “Los Socios tendrán las siguientes obligaciones: b) Asistir a las sesiones, a las Asambleas Generales y otras actividades, incluyendo aquellas de tipo educacional y de capacitación, a que fueren legalmente convocados; y f) Participar en las elecciones de los organismos de la Asociación de acuerdo a lo preceptuado en los presentes estatutos.”

Asimismo, el artículo 15° de los reseñados Estatutos prescribe que: “La Asamblea General constituye la máxima autoridad de la Asociación y la componen los afiliados activos. Sus acuerdos obligan a sus afiliados presentes y ausentes, siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida por los Estatutos y no fueren contrarios a las leyes y reglamentos vigentes.”

8°.- Que, así las cosas, se concluye que la decisión de la Asociación que se recurre tiene su origen en el acuerdo de la Asamblea General del 30 de marzo de 2022, en la cual se determinó la suspensión del beneficio a quienes no asistieran a las reuniones, votaciones o asambleas.

Luego, no consta en estos autos impugnación alguna acerca de la validez de dicha resolución, por lo que, siendo un hecho no controvertido la ausencia de la actora en la elección de 30 de marzo pasado, la suspensión impugnada se ajusta con aquella regla emanada del órgano competente y, por tanto, se descarta la ilegalidad que se denuncia.

Otro tanto ocurre con la arbitrariedad que se imputa en el recurso, consistente según la denunciante, en un trato desigual dispensado hacia ella en relación a otros asociados, cuestión que no ha sido acreditada, sino que, por el contrario, fue controvertida por la recurrida, aseverando que la medida afecto a los 38 socios que no concurrieron a la votación.

9°.- Que, de la forma razonada, al no concurrir los presupuestos de ilegalidad y/o arbitrariedad en que se funda la presente acción constitucional, esta deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por la abogada Arleth Anmary Vera Parra, a favor de doña nombre reservado, en contra de Asociación De Funcionarios de la Educación A.F.nombre reservado.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Paulina Gallardo García.

Rol N° 878-2023.- PROTECCIÓN.

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