Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble

Chillán, catorce de enero de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado Fernando Acuña Vergara, en representación de Inversiones y Servicios Candelaria Limitada, interponiendo acción de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo de Chillán y contra el funcionario fiscalizador de dicha entidad, don nombre reservado, por vulnerar éstos con su actuar, las garantías constitucionales prevista en el artículo 19 N° 2 y 3 de nuestra Carta Fundamental.

Expone que con fecha 22 de abril de 2025, el trabajador nombre reservado – quien fue contratado con fecha 04 de diciembre de 2015, recibiendo la respectiva capacitación en cuanto a protocolos de la denominada “Ley Karin” – realizó en la empresa una denuncia verbal sobre un supuesto acoso sexual sufrida por parte de un colega de trabajo. Denuncia que fue recepcionada por su representada, enviándose por escrito y tal como lo exige la ley, ese mismo día y en forma inmediata a la afectada y denunciado, las medidas de resguardo correspondientes, esto es, la separación de los trabajadores y la derivación de la denunciante a la Mutual para recibir ayuda Psicosocial.

Señala que conforme lo dispuesto en el artículo 211-C del Código del Trabajo, obrando dentro de plazo, la recurrente decide con fecha 22 de abril de 2025, remitir los antecedentes a la Inspección del trabajo respectiva para que ellos realizaran la investigación, mediante el Ticket de ingreso NUM000, siendo acogida la denuncia por parte de la Dirección del trabajo con fecha 16 de mayo de 2025.

Agrega que, conforme a la norma ya citada, el día 30 de junio de 2025, se cumplía el plazo de 30 días hábiles dentro del cual debía terminar el proceso de investigación en forma íntegra. Sin embargo, y pese a los reclamos realizados por escrito por la empresa, solo con fecha 28 de octubre de 2025, esto es, de forma absolutamente extemporánea, son notificados del resultado de la investigación y citados a una mediación en donde pretenderán la aplicación de sanciones, fundadas en una investigación realizada fuera del plazo legal.

Sostiene que los efectos de una investigación de la Dirección del Trabajo fuera de plazo son la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación administrativa; la pérdida de eficacia de las medidas cautelares (las medidas pierden validez por no sustentarse en una investigación vigente); la nulidad del acto o irregularidad procedimental (la resolución final dictada fuera de plazo legal es anulable por infracción al art 10 de la ley 19.880); y, la responsabilidad administrativa o disciplinaria (por parte de la Contraloría General de la República)

Asimismo, manifiesta que la investigación fuera de plazo, contradice también los principios consagrados en la ley 19.880, constituyendo por sí misma y atendida su gravedad, una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, referido a la Igualdad ante la ley. Añade que, debido al tiempo excesivo transcurrido en el proceso de investigación, el objeto jurídico del acto administrativo en cuestión, se torna inútil, puesto que la finalidad preventivo-represora no se cumple, lo que quiere decir que con ella se persigue el desaliento de futuras conductas ilícitas similares, buscando reprimir la conducta contraria a derecho y restablecer el orden jurídico previamente quebrantado por la acción del transgresor.

Finaliza solicitando a esta Corte se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble, representada por don nombre reservado y contra el funcionario fiscalizador de dicha entidad, don nombre reservado ambos domiciliados en domicilio reservado, por las actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas en perjuicio del recurrente, en el marco del proceso de investigación por acoso sexual llevado a cabo por dicho organismo. En definitiva, se acoja el presente recurso, declarando que la investigación carece de legalidad por haber sido realizada fuera del plazo legal de 30 días establecido en el artículo 211-C, inciso 2º, del Código del Trabajo, declarándose ilegal la investigación y la conclusión formulada fuera del plazo legal, debiendo el recurrido ajustar su actuar a la normativa vigente y cesar en la afectación de las garantías constitucionales invocadas. Con expresa condena en costas, en caso de oposición. 2°.- Que, comparece informando la abogada Odette de los Ángeles Tiznado Roudergue, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Ñuble-Chillán, quien expone que el 25 de abril 2025, su representada, recibió una derivación de denuncia, por parte del empleador, Inversiones y Servicios Candelaria Ltda, siendo registrado en la Dirección del Trabajo con el Ticket SUAC NUM000, a raíz de una denuncia de su trabajador, por actos que pudiesen constituir una agresión física, según lo dispuesto en el artículo 211-C del Código del Trabajo. En dicha derivación el empleador informó la adopción de dos medidas de resguardo: Separación entre los trabajadores y que el denunciante opta por hacer uso de un periodo de vacaciones.

Añade que a raíz de lo anterior, se generó la comisión investigadora NUM001, notificando con fecha 08 de mayo 2025 al empleador, dos medidas de resguardo: Proporcionar al denunciante atención psicológica temprana mediante derivación al respectivo organismo administrador de la Ley N° 16.744 a que este afiliada la empresa, y separación total y absoluta entre las partes, concluyendo con indicios suficientes de acoso laboral (agresión física) del trabajador denunciante, en conformidad al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por ende, con fecha 28 de octubre 2025, se citó a la recurrente y a su trabajador a una audiencia de mediación obligatoria ante la Dirección del Trabajo, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486 inciso 6 del Código del Trabajo. Así, en dicha audiencia de mediación, realizada con fecha 13 de noviembre 2025; finalizó sin acuerdo, por desistimiento del trabajador denunciante, de manera que el procedimiento administrativo, se encuentra totalmente terminado con fecha 13 de octubre 2025, por lo que no existe afectación de garantías constitucionales o acto que velar por esta vía de protección.

En cuanto al derecho, hace presente que la entrada en vigencia de la Ley N° 21.643, normativa que introdujo diversas disposiciones contra la violencia y acoso en las relaciones laborales, modificando e incorporando conceptos al Código del Trabajo, además de la regulación de medidas especiales de prevención y resguardo y el fortalecimiento de los procedimientos de investigación, lo anterior con el objeto de avanzar en lugares de trabajo libres de violencia, el Servicio que representa sufrió la incorporación de nuevas y diversas obligaciones, sin traer aparejado un aumento de recursos. Sin perjuicio la Dirección del Trabajo, impartió, a través de la Circular N° 3, 4, y 5 de 12/07/2024, instrucciones internas referidas a la forma de tramitación de sus denuncias, sobre metodología de investigación, sobre las investigaciones efectuadas por los empleadores; capacitó a funcionarios, etc. En este contexto, y como es de público conocimiento, la implementación de esta Ley significó un aumento sustancial de las denuncias que involucran esta metodología que se tramitan tanto a nivel Nacional como Regional, razón por la cual, se ha excedido el plazo de 30 días hábiles para investigar contemplado en el artículo 211-C del Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo expuesto, hace presente que, según lo establecido en el 211-C del Código del Trabajo, el recurrente, también poseía la potestad de realizar su propia investigación interna sobre los hechos denunciados ante él, ajustándose a los protocolos de prevención de acoso sexual, acoso laboral y violencia de terceros, procedimiento de investigación, Ley Karin y respectivo Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de su empresa. Por lo demás, en lo relativo a los plazos para concluir la investigación cabe señalar que la Contraloría General de la República, en reiterada jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes NUM002, de 2015, NUM003, de 2018 y NUM004, de 2019, ha precisado que, en general, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales.

Manifiesta que, en la especie, la Dirección del Trabajo no ha conculcado el ejercicio de garantías constitucionales, no es efectivo que se haya otorgado a la recurrente un trato diferenciado y discriminatorio, ni mucho menos que se haya obstruido el ejercicio de la jurisdicción. Para ello se requeriría ineludiblemente compararse con otro usuario de la administración que haya estado en la misma situación que él y que su representada haya resuelto a su respecto algo distinto.

Finaliza solicitando a esta Corte se sirva tener por evacuado el informe del recurso de protección deducido, para que, conociendo del mismo, proceda a su rechazo, con costas 3°.- Que, a su vez, comparece a folio seis de estos autos, don nombre reservado, fiscalizado de la Dirección del Trabajo, quien ratifica íntegramente lo informado por la abogada de la institución, doña Odette Tiznado Roudergue. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, la materia en comento se encuentra regulada en los artículos 211-B y siguientes del Código del Trabajo, que establecen la forma de ingresar la denuncia, la obligación del empleador de adoptar medidas inmediatas de resguardo del o la denunciante, pudiendo el empleador que reciba una denuncia por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, desarrollar una investigación interna o remitir los antecedentes dentro de tercero día a la Inspección del Trabajo respectiva. En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días. 8°.- Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, el legislador no distingue, al establecer el plazo de manera imperativa, si se trata de una investigación interna de la empresa o si la lleva a cabo el ente público competente, ya que lo que se pretende es proteger de manera pronta al afectado, señalando el Decreto N° 21 de 2024 del Ministerio del Trabajo que establece el Reglamento de los procedimientos de acoso, en su artículo 2° letra f), que la investigación será desarrollada con celeridad y de manera diligente y eficiente, evitando cualquier dilación innecesaria que afecte a las personas involucradas. 9°.- Que, al respecto, se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en sentencia de 30 de septiembre de 2025, dictada en Rol 31.105.-2025, señalando: “Cuarto: Que la lectura de las normas anteriormente transcritas permite vislumbrar no solo una intención del legislador de proteger rápida y eficazmente la integridad física y psíquica del trabajador denunciante, sino también la de fijar un plazo acotado en que tanto el empleador como los denunciados se verán sujetos a un proceso de investigación que podría culminar con la imposición de una serie de medidas que pueden llegar incluso al despido del victimario.

En otras palabras, la imposición del principio de celeridad resulta una garantía para todas las partes involucradas: para el trabajador denunciante, quien necesita de una investigación rápida que permita dilucidar y poner fin a la situación de acoso que le aqueja; para el trabajador denunciado, en tanto las consecuencias del establecimiento de los hechos pueden derivar en medidas que afecten su vínculo laboral; y también para el empleador, quien se ve sometido a un proceso de investigación que le obliga a tomar medidas protectoras de la víctima de manera inmediata y que deberán mantenerse durante toda la duración del procedimiento, para luego verse eventualmente expuesto al despido del agresor, de establecerse los hechos que fundaron la denuncia.

De allí se entiende, por tanto, que el legislador haya impuesto un plazo definido de 30 días para la extensión del procedimiento, sea que éste se instruya internamente por la empresa o por la Inspección del Trabajo respectiva.” 10°.- Que la recurrida reconoce que se excedió del plazo de 30 días hábiles para investigar contemplado en el artículo 211-C del Código del Trabajo, señalando que ello se debe al aumento de denuncias por violencia y acoso en las relaciones laborales y la carencia de recursos suficientes para desarrollar oportunamente las investigaciones que le sean derivadas, sin embargo, tal alegación no puede ser atendida toda vez que, a diferencia de otras regulaciones administrativas, la normativa en comento no contempla elementos justificantes del retardo como pudieran ser el caso fortuito o la fuerza mayor. 11°.- Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, a diferencia de la jurisprudencia citada previamente, en el caso de marras la investigación ha concluido, por desistimiento del denunciante, por lo que no se vislumbra la pertinencia de adoptar medidas de restablecimiento del imperio del derecho como las solicitadas por el actor, por haber perdido oportunidad este arbitrio, al haberse concluido ya la investigación dilatada ilegalmente por la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Fernando Acuña Vergara, en representación de Inversiones y Servicios Candelaria Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Chillán y contra el funcionario fiscalizador de dicha entidad, don nombre reservado

nombre reservado.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado integrante señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar el día de hoy.

Rol 877-2025 Protección.