Protección contra INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ÑUBLE

Chillán, diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado don Fernando José Acuña Vergara, en representación de AGRICOLA PULLAMÍ LIMITADA, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ÑUBLE, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Ñuble, por las actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas en perjuicio de la recurrente, en el marco del proceso de investigación por acoso sexual llevado a cabo por dicho organismo, lo que ha vulnerado las garantías constitucionales relativas a la igualdad ante la ley Art. 19 N°2 y N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, conducta de la recurrida que resulta ilegal en la medida que no ha respetado los procedimientos y plazos a los que se encuentra sujeta en la investigación por acoso sexual, conforme a lo dispuesto en el art.211- C inciso 2° del Código del Trabajo.

Refiere el recurrente, y en cuanto a los fundamentos fácticos de la acción constitucional por él enderezada, que la trabajadora de nombre nombre reservado, fue contratada por su representada con fecha 13 de agosto de 2018, recibiendo su respectiva capacitación en cuanto a los protocolos de la denominada Ley Karin, realizando con fecha 09 de mayo de 2025, una denuncia por un supuesto acoso sexual por parte de un colega de trabajo, la que fue recepcionada por su representada, enviándose por escrito y tal como lo exige la ley, ese mismo día y en forma inmediata a la afectada y denunciado, las medidas de resguardo correspondientes, esto es, la separación de los trabajadores y la derivación de la denunciante a la Mutual para recibir ayuda psicosocial.

Señala que de acuerdo a lo previsto en el art. 211-C del Código del trabajo, dentro del plazo legal de tres días de recibida la denuncia, su representada decide con fecha 13 de mayo de 2025, remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva para que ellos realizaran la investigación, mediante el ticket de ingreso NUM000, señalando la Inspección del Trabajo que faltaba documentación, por lo que, con fecha 26 de mayo de 2025 se volvió a reingresar la derivación mediante el ticket NUM001, siendo acogida la denuncia por parte de la Dirección del Trabajo con fecha 30 de mayo de 2025, haciendo presente que de conformidad con lo que dispone expresamente el Art. 211-C inciso 2º del Código del Trabajo, señala: “en cualquier caso, la investigación debe concluirse en el plazo de treinta días hábiles”, plazo que se cumplía el 14 de julio de 2025.

Sin embargo, y pese a los requerimientos y reclamos por escrito realizados por la empresa, solo con fecha 28 de octubre de 2025, esto es, de forma absolutamente extemporánea, estando agotado el plazo señalado en el artículo 211-C inciso 2º del Código del Trabajo, se les notifica de las conclusiones de la investigación y además son citados a una mediación en donde pretenderán se les aplique sanciones, fundadas en una investigación realizada fuera del plazo legal.

Manifiesta que lo anterior, causa un grave perjuicio, ya que, si la Dirección del Trabajo pretendiera en esa mediación el despido del trabajador por acoso sexual, u otro tipo de sanciones graves, dicho trabajador de manera lógica los demandaría en un juicio por despido injustificado, alegando entre otras cosas la ilegalidad de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo en forma extemporánea.

Sostiene el recurrente que, si es la Dirección del Trabajo la que realiza la investigación fuera del plazo legal, se producen los siguientes efectos: a.- Ilegalidad o arbitrariedad de la actuación administrativa. b.- Pérdida de eficacia de las medidas cautelares (Las medidas pierden validez por no sustentarse en una investigación vigente). c.- Nulidad del acto o irregularidad procedimental (La resolución final dictada fuera de plazo legal es anulable por infracción al artículo 10 de la ley N.º 1.880) d.- Responsabilidad administrativa o disciplinaria (Por parte de la Contraloría General de la República).

Finalmente, aduce que la investigación fuera de plazo, además contradice también los principios consagrados en la Ley Nº19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado, actitud que constituye, por sí misma y atendida su gravedad, una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

En razón de lo anterior, pide a I. Corte se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble, representada por don nombre reservado, por las actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas en perjuicio del recurrente, en el marco del proceso de investigación por acoso sexual llevado a cabo por dicho organismo, acogiendo en definitiva e1 recurso y declarando que la investigación carece de legalidad por haber sido realizada fuera del plazo legal de 30 días establecido en el artículo 211-C, inciso 2º, del Código del Trabajo, declarándose ilegal la investigación y la conclusión formulada fuera del plazo legal, debiendo el recurrido ajustar su actuar a la normativa vigente y cesar en la afectación de las garantías constitucionales invocadas, y con expresa condena en costas, en caso de oposición. 2°.- Que, informando doña nombre reservado, Abogada, por su representada, Inspección Provincial del Trabajo Ñuble- Chillán, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, por cuanto carece de forma y fondo los fundamentos en que se sustenta.

Refiere que el día 15 de mayo 2025, la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble-Chillán, recibió una derivación de denuncia, por parte del empleador, AGRICOLA PULLAMI LIMITADA, siendo registrado en la Dirección del Trabajo con el Ticket NUM000, a raíz de una denuncia de su trabajadora por actos que pudiesen constituir acoso sexual.

El análisis de dicha denuncia dio cuenta de la imposibilidad por parte de ese Servicio de dar curso a la tramitación, atendido que no contenía los requisitos mínimos para su tramitación establecidos en el artículo 11 del Reglamento N°21 de 28/05/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Reglamento Ley Karin).

Señala que conforme con lo anterior, el día 26 de mayo 2025, la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble-Chillán, recibió una nueva derivación de denuncia, encontrándose conforme, según lo establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo, por parte del empleador, AGRICOLA PULLAMI LIMITADA, siendo registrado en la Dirección del Trabajo con el Ticket NUM001.

Indica que en dicha derivación el empleador informó la adopción de dos medidas de resguardo: Derivación a la Mutual para su atención psicológica temprana y Teletrabajo a la denunciante.

A raíz, de lo anterior, se generó la comisión investigadora NUM002, concluyendo con indicios suficientes de vulneración a la integridad psíquica de la trabajadora denunciante, en conformidad al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por ende, con fecha 28 de octubre 2025, se citó a la recurrente, Agrícola Pullamí Limitada y su trabajadora a una audiencia obligatoria ante la Dirección del Trabajo, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486 inciso 6 del Código del Trabajo. Así, en dicha audiencia, realizada con fecha 13 de noviembre 2025, LAS PARTES, ARRIBARON A UN ACUERDO, ante ministra de fe del Servicio que representa, junto a la comparecencia del abogado de la recurrente, firmando el acta de mediación la trabajadora denunciante, su empleador y recurrente en el presente recurso, ante la mediadora a cargo, doña nombre reservado, la cual contiene medidas reparatorias para la trabajadora denunciante.

ASÍ, LAS COSAS, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE FINALIZADO CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2025, CON ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES, EN ETAPA DE MEDIACIÓN, EN LA CUAL ESTUVO PRESENTE EL RECURRENTE, FIRMÁNDOSE DICHA ACTA ANTE MINISTRA DE FE, NO EXISTIENDO EN CONSECUENCIA AFECTACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES O ACTO QUE VELAR POR ESTA VÍA DE PROTECCIÓN.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que es de público conocimiento que con la implementación de esta ley (Ley Karín), ello ha significado un aumento sustancial de las denuncias que involucran esta metodología que se tramitan tanto a nivel Nacional como Regional.

En el contexto señalado, y considerando que este Servicio debe continuar ejecutando todas sus labores habituales, fiscalizar las denuncias ordinarias de otros trabajadores, efectuar comparendos frente a reclamos de trabajadores, por sus despidos, celebrar mediaciones en proceso de negociación colectiva, dictar resoluciones en aquéllas materias que la Ley le ha entregado competencia, como son los recursos administrativos, entre muchas otras tareas, efectivamente respecto de diversas denuncias formuladas al amparo de la Ley Karin, se ha excedido el plazo de 30 días hábiles para investigar contemplado en el artículo 211-C del Código del Trabajo. Ante esta situación, también de público conocimiento, este Servicio ha adoptado todas las medidas que están a su alcance para disminuir estos tiempos de respuesta: redistribuir tareas, destinar apoyos de funcionarios de otras oficinas, etc., sin perjuicio de lo cual igualmente se ha superado la capacidad operativa de las oficinas de la Región, especialmente de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble- Chillán, la que presenta la mayor cantidad de denuncias en esta materia.

Por lo demás, en lo relativo a los plazos para concluir la investigación cabe señalar que la Contraloría General de la República, en reiterada jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes N°96.251, de 2015, Nº3.860, de 2018 y Nº19.288, de 2019, ha precisado que, en general, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales. Lo anterior, puesto que ellos tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, de modo que la expiración de dichos términos no impide que aquellas se lleven a cabo con posterioridad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder.

En el mismo sentido, la Corte Suprema ha sostenido que el plazo para la Administración no es fatal, lo cual tiene su fundamento en el hecho de que la fiscalización y derechos e intereses del Estado y de los administrados, estarían por encima del cumplimiento perentorio de los plazos y del principio de celeridad.

En mérito a lo expresado, pide tener por evacuado el informe del Recurso de Protección deducido en contra del Servicio que represento, para que, conociendo del mismo, proceda a su rechazo, con costas, teniendo en consideración fundamentalmente que el procedimiento administrativo, se encuentra totalmente finalizado con fecha 13 de noviembre 2025, con acuerdo total entre las partes, no existiendo garantía o acto que velar por esta vía que se tutelan. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, conforme a los antecedentes de autos es posible advertir que lo reclamado mediante la presente acción, lo constituye la conducta que habría asumido la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble, por no respetar los procedimientos y plazos a los que se encuentra sujeto en los casos de investigación por acoso sexual, conforme lo dispuesto en el art. 211 letra C inciso 2° del Código del Trabajo, lo cual habría vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 3 inciso 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 6°.- Que, de conformidad con el tenor de lo informado por la recurrida, fluye de manera evidente y palmaria que la eventual demora en el procedimiento adoptado se debe a la enorme cantidad de denuncias que les ha correspondido tramitar con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Karín, agregando sin embargo que el procedimiento administrativo ante la Dirección del Trabajo, se encuentra totalmente finalizado con fecha 13 de noviembre 2025, con acuerdo total entre las partes, en etapa de mediación, en la cual estuvo presente el recurrente, firmándose dicha acta ante ministra de fe, no existiendo en consecuencia afectación de garantías constitucionales o acto que velar por esta vía de protección. 7°.- Que, así las cosas, y desde la perspectiva anterior, y encontrándose finalizado el procedimiento administrativo ante la Inspección del Trabajo de Chillán, con total acuerdo entre las partes, no corresponde adoptar ninguna de las medidas solicitadas por la accionante en su presentación, como tampoco que esta Corte entre al fondo de este asunto, ya que el presente recurso de protección ha perdido toda eficacia y oportunidad. 8°.- Que, en mérito de lo pormenorizado en los motivos anteriores, corresponde desestimar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley N°21.325, se rechaza, sin costas, y por falta de oportunidad, el recurso de protección deducida por el abogado don Fernando José Acuña Vergara, en representación de AGRICOLA PULLAMÍ LIMITADA , en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ÑUBLE.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL N°876-2025-PROTECCIÓN.