Protección contra su hermano

Chillán, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1°.- Que comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de su hermano, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región del Ñuble.

Funda su recurso en que producto de un acto de autotutela, se ha bloqueado una servidumbre de tránsito que le impide el ingreso a su propiedad, viéndose obligada a entrar por un paso pequeño desde el que no caben vehículos, ni particulares ni menos de emergencia, afectando y amenazando sus garantías constitucionales.

Relata que es copropietaria, junto a otro hermano, de nombre nombre reservado, de un inmueble ubicado en domicilio reservado, adquirido el 16 de junio de 2006 e inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de esa comuna; que su inmueble, identificado como Lote N° 3, posee una superficie de 225,72 m², se encuentra debidamente delimitado y cuenta con una salida al camino público a través de servidumbre de tránsito que grava el Lote 1 y que beneficia tanto a su lote como al lote 2, a la que hace mención tanto su inscripción como el plano N° 1111 agregado al final del Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de San Carlos, por lo que la servidumbre de autos consta indubitablemente en el mencionado registro, sin ser la inscripción requisito legal para entenderse constituida.

Destaca que el recurrido, nombre reservado, propietario del Lote 2, cerró arbitrariamente el único camino de acceso al inmueble familiar instalando un local comercial en la servidumbre de tránsito usada por más de 30 años, lo que ha impedido la entrada y salida del domicilio, afectando gravemente su vida diaria, su salud física y psicológica, y la plusvalía de la propiedad. Esta obstrucción constituye un acto de autotutela que alteró una situación de hecho consolidada, por lo que la recurrente solicita que se restablezca el libre tránsito y se reponga el statu quo existente antes de la perturbación.

Luego, hace presente que previamente interpuso un recurso de protección, Rol 921-2024, pero el set fotográfico elaborado por Carabineros consignó erróneamente otro sector del predio como si fuese la servidumbre, lo que permitió que la parte recurrida se allanara sosteniendo que la recurrente podía acceder por un área donde existe una mediagua abandonada. Sin embargo, dicho acceso no corresponde al camino histórico de la comunidad ni reúne condiciones para servir de entrada, por lo que continúa actualmente sin acceso real a su propiedad.

Sostiene que la recurrida ha alterado arbitraria e ilegalmente una servidumbre de tránsito existente por más de 30 años y respaldada por escritura pública, afectando el orden jurídico y justificando la intervención de la Corte para restablecer el statu quo. Dice que intentó previamente resolver el conflicto mediante mediación, a la cual el recurrido no asistió, y denunció la situación ante la Dirección de Obras Municipales, organismo que se declaró incompetente por tratarse de un conflicto entre particulares. Por ello, sostiene que solo esta Corte puede poner fin a la amenaza y afectación actual de sus garantías constitucionales.

Estima que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida constituye una amenaza permanente que vulnera directamente sus garantías constitucionales y de su familia; que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues la obstrucción del camino impide el acceso de vehículos de emergencia, genera hostigamientos y deteriora la salud mental y seguridad física del grupo familiar; que se vulnera el derecho de propiedad, ya que la obstrucción del tránsito impide el uso y goce pleno del inmueble, alterando de hecho una situación jurídica consolidada y disminuyendo la plusvalía de la propiedad, ambos derechos consagrados en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide que esta Corte declare que el recurrido ha incurrido en actos y hechos arbitrarios e ilegales que afectan el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de ella y de su hermano nombre reservado; que se ordene al recurrido retirar las construcciones y ordenar todo otro trabajo que fuere necesario para reabrir el camino y permitir el acceso; que se informe a la Dirección de Obras Municipales de San Carlos, a fin que funcionario habilitado al efecto informe si existe incumplimiento a la Ley de Urbanismo y Construcciones y su Reglamento, en el plazo que esta Corte determine o lo que se estime conforme al mérito de autos y que se ordene al recurrido abstenerse en lo futuro de volver a realizar actos que impidan el libre tránsito desde y hacia el camino público. Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

2°.- Que, al informar, la parte recurrida interpone, en primer lugar, la excepción de cosa juzgada, señalando que los hechos alegados por la recurrente en estos autos ya fueron ventilados en el recurso de protección Rol 921-2024 seguido ante esta Corte de Apelaciones, en contra del mismo recurrido y con la misma causa de pedir. Por ello, afirma, concurren en la especie todos los requisitos para que opere la cosa juzgada, toda vez que se verifica la identidad legal de las personas, de la cosa pedida y de la causa de pedir. Agrega que la recurrente ha promovido dos recursos de protección idénticos en contra de su representado, pese a que este Tribunal señaló claramente en el fallo del primer recurso cuál era la vía idónea para discutir lo que allí se alegó. Por lo mismo, estima que el actuar de la recurrente resulta abusivo e imprudente, generando un gasto económico excesivo para el recurrido, razón por la cual solicita que, junto con el rechazo del recurso, se condene expresamente en costas a la parte recurrente en una suma ejemplar.

Al informar derechamente, expone que la recurrente es comunera del Lote N°3 junto con su hermano, mientras que el recurrido es copropietario del Lote N°2; ambos lotes provienen de un predio mayor subdividido en tres partes. Reconoce que el Lote N°3 se ubica detrás de los Lotes N°1 y N°2 y que para acceder a él es necesario transitar por dichos lotes. Sin embargo, afirma que no es efectivo que el acceso se realice por la servidumbre de tránsito que invoca la recurrente.

Afirma que la servidumbre de tránsito alegada no existe jurídicamente, pues solo figura en el plano de subdivisión y nunca fue constituida mediante escritura pública conforme al artículo 698 del Código Civil. Añade que dicho acceso jamás ha sido utilizado como servidumbre. En apoyo de ello, indica que el local comercial ubicado en el lugar - y que la recurrente identifica como una obstrucción- existe desde hace más de 25 años y ha sido explotado desde 1996 por el propio recurrido, con autorización de su padre, lo que demostraría que el espacio nunca ha servido como vía de tránsito.

Refiere que, en el área donde la recurrente sostiene la existencia de una servidumbre de tránsito sobre los Lotes N°1 y N°2, se encuentran instaladas diversas estructuras y elementos como la cámara de conexión de agua del predio, una vivienda semi desarmada y un árbol de gran altura—, lo que evidencia que dicho terreno no ha funcionado como vía de acceso, situación corroborable además mediante imágenes aéreas de Google Earth.

Agrega que el acceso histórico y efectivo tanto al Lote N°2 como al Lote N°3 siempre se ha realizado desde la vía pública mediante un portón metálico ubicado al costado izquierdo del local comercial en disputa, acceso suficientemente amplio como para permitir incluso el ingreso de camiones.

Precisa además que no existe afectación a la integridad física o psíquica de la recurrente, puesto que nadie habita domicilio reservado; que en dicho lote solo existe una mediagua construida para efectos tributarios, la cual está abierta, es inhabitable y se utiliza como bodega, de modo que no sería posible que la recurrente experimente la afectación que reclama.

Manifiesta que el local comercial cuestionado está ubicado exclusivamente en el Lote N°1, del cual el recurrido no es propietario, ya que solo es comunero del Lote N°2 y se limita a explotar económicamente el negocio mediante la percepción de un canon de arriendo, sin ser dueño de la estructura. Por lo mismo, no podría atribuírsele responsabilidad por su emplazamiento ni exigírsele su retiro. En consecuencia, expresa que el recurso carece de fundamento jurídico y responde más bien a conflictos familiares entre los hermanos.

Plantea luego que el recurso debe ser rechazado por extemporáneo, pues fue interpuesto el 10 de noviembre de 2025, más de 25 años después de la instalación del negocio en el lugar que la recurrente identifica como servidumbre. Destaca que, en esa época, la recurrente ni siquiera era propietaria del inmueble.

En la misma línea, afirma que no existe medida que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, puesto que la recurrente no ha sido privada del acceso a su inmueble —según informe de Carabineros— ni ha visto afectada su integridad física o psíquica, considerando además que ella misma reconoce residir en Concepción. Añade que el recurso carece de titularidad pasiva, ya que el negocio cuestionado se ubica exclusivamente en el Lote N°1, cuyo propietario no es el recurrido, quien solo es comunero del Lote N°2; por tanto, la acción debió dirigirse contra el dueño del Lote N°1.

Finalmente, reitera que los hechos ya fueron conocidos y rechazados por esta Corte en el recurso de protección Rol 921-2024, tratándose de las mismas partes, hechos y causa de pedir, por lo que —siguiendo el principio según el cual donde existe la misma razón debe existir la misma disposición— el presente recurso debe igualmente rechazarse, con costas.

En cuanto a las garantías que se estiman vulneradas, expone que el negocio cuya existencia la recurrente califica como acto ilegal y arbitrario no puede generar afectación alguna a sus derechos, pues se encuentra emplazado hace más de 25 años en el Lote N°1, del cual el recurrido no es dueño, y en la zona donde la recurrente alega la existencia de una servidumbre también existen otros obstáculos permanentes (cámara de agua, vivienda desarmada y un árbol de gran altura), constatados tanto en las fotografías como en el informe de Carabineros. Indica que el acceso histórico y real hacia los Lotes N°2 y N°3 siempre ha sido por el portón metálico contiguo, apto incluso para el tránsito de camiones.

Destaca que solo explota económicamente el negocio, con permisos tributarios y sanitarios al día, actuando dentro del marco de su derecho constitucional a la libertad de trabajo, reconocido en el artículo 19 N°16.

Añade que la medida solicitada por la recurrente —retirar el kiosco y reabrir el camino— excede el ámbito del recurso de protección, pues dicha acción cautelar exige la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado. Para que un derecho tenga tal carácter, su existencia debe ser evidente y no requerir prueba adicional, situación que, a su juicio, no se configura en este caso.

Finalmente pide tener por evacuado el informe solicitado, rechazando en todas sus partes la presente acción constitucional, con expresa condenación en costas.

3º.- Que, mediante oficio N° 715, de 18 de noviembre de 2025, la Prefectura de Carabineros de Ñuble N° 17 informa que personal de la Primera Comisaría de Carabineros de San Carlos se constituyó en domicilio reservado de dicha comuna y que pudo constatar que en el lugar efectivamente se encuentra construido un local comercial y que al costado sur existe un portón de lata sin candado ni cadena, por el cual se tiene acceso a la totalidad del terreno.

4°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que la recurrente funda la acción de protección en la circunstancia de haberse bloqueado, mediante la instalación de un local comercial, la servidumbre de tránsito que le permite el ingreso al inmueble denominado Lote N° 3, ubicado en la comuna de San Carlos del que es comunera.

A su turno, el recurrido, previo a informar el fondo del recurso, opone la excepción de cosa juzgada formal, por haber sido discutidos estos mismos hechos en el ingreso de protección de esta Corte Rol 921-2024. En cuanto al fondo, argumenta que no es dueño del Lote 1 donde se encuentra emplazado el local comercial, que él sólo lo explota y que además aquel se encuentra construido hace varios años, contando la recurrente con acceso a su propiedad por un portón lateral.

8°.- Que, respecto a la excepción de cosa juzgada planteada por la recurrida, debe señalarse que, como es sabido, dicha institución requiere de la triple identidad, esto es, que el segundo proceso coincida con el primero en la identidad legal de partes, causa de pedir y objeto pedido y su finalidad es evitar la existencia de sentencias contradictorias.

Asimismo, si bien se ha señalado que las sentencias dictadas en recursos de protección no producen cosa juzgada material sino sólo formal, en cuanto las materias debatidas pueden ser revisadas en otros procedimientos, lo cierto es que igualmente no es admisible la reiteración de acciones constitucionales entre las mismas partes, con los mismos fundamentos y que persigan la misma finalidad.

9°.- Que, analizados ambos expedientes consta que en la especie se configura la triple identidad alegada, atendido que en ambos recursos de protección se discute por las mismas partes- doña nombre reservado en calidad de recurrente y don nombre reservado en calidad de recurrido- idéntica controversia jurídica, existiendo identidad en cuanto al acto ilegal denunciado consistente en ambos casos en el bloqueo de la servidumbre de tránsito que beneficiaría al mismo Lote N° 3 de que es dueña en comunidad junto a un tercero la recurrente, persiguiéndose en ambos la misma finalidad, esto es, que se declare la ilegalidad del acto, que se ordene el retiro de las construcciones y que se abstenga el recurrido en el futuro de volver a realizar actuaciones que impidan el libre tránsito.

10°.- Que, si bien en el presente recurso se agrega una petición adicional, consistente en que se ordene a la Dirección de Obras Municipales de San Carlos que informe respecto a un eventual incumplimiento a la Ley de Urbanismo y Construcciones, esta circunstancia no resulta suficiente para alterar la identidad de las pretensiones perseguidas por las acciones cautelares, a lo que debe sumarse que dicho organismo ya emitió pronunciamiento en ordinario N° 52 de fecha 10 de abril de 2025 acompañado por la propia recurrente, donde indica que no le compete intervenir en temas entre particulares derivados de deslindes o usos de terrenos.

11°.- Que, en cuanto a la alegación de haber existido error en el set fotográfico remitido en su oportunidad por Carabineros en el Rol 921-2024, en cuanto a la ubicación de la servidumbre, lo cierto es que la recurrente ninguna alegación formuló al respecto en aquel proceso, en ambos sostiene que es el negocio del recurrido el que entorpecería la entrada al inmueble de su propiedad, correspondiente al lote 3 y las imágenes resultan coincidentes con tal alegación, siendo evidente que corresponden al mismo inmueble.

Por lo expuesto, resulta procedente acoger la excepción en análisis, atendido que esta Corte ya ha emitió pronunciamiento, en un recurso de protección anterior, respecto de la misma controversia, rechazando la pretensión de la actora.

12°.- Que, a mayor abundamiento y tal como fue razonado en el anterior recurso, resulta palmario que presente acción cautelar no es la vía para resolver la controversia, por no existir un derecho indubitado y por tratarse de un asunto que debe ser resuelto en sede civil, a través de un procedimiento contradictorio y declarativo de derechos.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge la excepción de cosa juzgada formulada por la parte recurrida y en consecuencia se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N° 873-2025 PROTECCIÓN