nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE

Chillán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, docente e interpone acción de protección contra la Municipalidad de Quirihue, representada por su alcalde don Richard Irribarra Ramírez.

Entabla acción cautelar porque la recurrida priva y/o perturba, en forma ilegal y arbitraria, el derecho que le garantiza el articulo 19 N°2, N°16, N°17 y N°24 de la Constitución Política de la República. Añade que el 25 de noviembre del año 2022, la recurrida dictó el Ordinario N°1086 que comunica el término de su nombramiento a contrata en la comuna de Quirihue. El cual tendría vigencia solo hasta el 28 de febrero del año 2023.

Sostiene que el acto administrativo solo menciona que se suprimen las horas de apoyo, pero no considera lo que ordenó la Contraloría General de la República en Dictamen N°E242462/2022 emitido el día 4 de agosto del año en curso que concluye: “En consecuencia, no es posible acreditar los hechos en que se ha fundado la Municipalidad de Quirihue para no reincorporar al recurrente en los mismos términos de su designación anterior, de modo tal, que, deberá regularizar la situación de que se trata, informando a esta Contraloría Regional de lo actuado al respecto, para lo cual se le concede un plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación del presente oficio.” Como se aprecia, Contraloría ordenó la reincorporación de su contrata en 36 horas cronológicas semanales, por lo que le llama la atención que se ponga término a su contrata por 20 horas semanales, afirmando que derechamente la recurrida no acata lo ordenado por su superior jerárquico.

Como antecedentes relevantes menciona que el 13 de marzo del año 2019, la Ilustre Municipalidad de Quirihue lo nombró en calidad de contrata para desempeñar funciones como docente de apoyo en historia en el Liceo Bicentenario “nombre reservado”. Ese nombramiento a contrata se materializó en los años venideros por lo que goza de confianza legítima.

En cuanto al acto administrativo impugnado, afirma que adolece de motivación y es arbitrario, pues obedece a un capricho de la autoridad que oculta su real motivo, esto es, desvincular a un funcionario que fue incorporado durante otra administración, obviando sus méritos y experiencia profesional.

A continuación, invoca la confianza legítima, argumentando que desde el año 2016 se ha venido aplicando este principio al personal de la Administración del Estado, recogido por el Dictamen 22.766 de Contraloría General de la República, y respaldado por la reiterada Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema; en este contexto, la evolución jurisprudencial ha ido delineando ciertos parámetros respecto de su procedencia, específicamente la consideración a la historia administrativa del funcionario, reconociéndose el tiempo servido desde su ingreso a la administración. En este caso, su contrata fue designada desde el año 2019 y se ha mantenido hasta la fecha.

Afirma que no se acredita la motivación del acto administrativo. Cita lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa ROL N°49.242-2020, y menciona como garantías conculcadas la igualdad ante la ley, ya que ha sido discriminado arbitrariamente al ser desvinculado del servicio, sin fundamento racional que justifique el acto administrativo emanado de la autoridad; la libertad de trabajo y su protección, infringiéndose el artículo 19 N°16 de la Carta Magna ya que de manera arbitraria y con fundamentos que no tienen asidero fáctico, la autoridad pone término a la relación contractual a contrata que mantiene con la Municipalidad desde el año 2019; la admisión a todas las funciones y empleos públicos, vulnerándose el artículo 19 N°17 de la Constitución, ya que se coarta sin fundamento su contratación: y el derecho de propiedad, al afectarse el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en relación al empleo público, el que ha sido incorporado a su patrimonio.

Solicita se tenga por interpuesto recurso de protección, y en definitiva, acogerlo en todas sus partes declarando:

.- Dejar sin efecto el Ordinario N°1086 de fecha 25 de noviembre de 2022, que pone término a su contrata.

.- Ordenar el reintegro a sus funciones, disponiendo el pago íntegro de remuneraciones que correspondan al tiempo en que esté ilegalmente apartado de sus funciones.

.- Que la Municipalidad de Quirihue deba pagar las costas de la causa.

A su presentación, acompaña documentos.

2°.- Que, informa el abogado Baltazar Morales Espinoza, en representación de la Municipalidad de Quirihue.

Refiere el letrado, que el actor invoca un derecho al cargo, empleo o función pública, lo cual es improcedente al ser un docente municipal con nombramiento a contrata hasta el 28 de febrero del año 2023. Cita el artículo 25 del Estatuto Docente e indica que los docentes contratados ejercen labores transitorias o de reemplazo de titulares, por tanto, no puede haber derechos indubitados afectados y, en consecuencia, se trata de derechos litigiosos no susceptibles de la presente acción de protección. En suma, al no haber derechos indubitados afectados, debe rechazarse la acción incoada.

Enseguida argumenta que la acción de protección no es la vía para conocer del asunto planteado, pues es de lato conocimiento, existiendo otras vías al efecto, como la reclamación ante la Contraloría General de la República, a la cual el propio recurrente recurrió en el pasado respecto de otro acto municipal, ello sin perjuicio del procedimiento de tutela laboral. Cita fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol 9723-2020.

A continuación, detallan las circunstancias que han vinculado al actor con la recurrida y menciona el régimen jurídico aplicable. Postula la ausencia de ilegalidad y/o arbitrariedad del acto impugnado, precisando que en el recurso se reclama infringido el Dictamen N° E242462/2022 de la entidad Contralora, lo cual no es efectivo, desde que el Dictamen citado es de agosto de 2022 y está referido en específico a los Decretos Municipales N°2795 y N°781 de 2022, y no al Ordinario N° 1086 de noviembre de 2022.

A continuación, niega haberse vulnerado la confianza legítima, la cual estima no aplica. Agrega que el actor no indica cómo, de qué forma o manera se produce la vulneración, toda vez que el personal docente a contrata con desempeño en un establecimiento educacional municipal, si puede ser cesado por aplicación del artículo 72 letra d) del propio Estatuto Docente. Cita la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 13 de abril de 2022, recaída en causa Rol N°62.884-2020.

En cuanto a que el Ordinario Municipal carecería o bien no acredita motivación, sostiene que ello no es efectivo, ya que contiene las razones y circunstancias fácticas y jurídicas por las cuales se pone término al nombramiento a contrata.

Más adelante, afirma que no existe vulneración de las garantías constitucionales mencionadas en el recurso. Al respecto señala que el actor no explica cómo habría ocurrido la vulneración a la igualdad ante la ley, ya que no se le impide trabajar o desarrollar cualquier actividad o emprendimiento, considerando que la admisión a todas las funciones y empleos públicos no es una garantía cubierta por la acción de protección, así, un empleado público a contrata, por la naturaleza del vínculo, no puede tener propiedad sobre la tarea o función asignada.

En cuanto a la solicitud de ser reintegrado a sus funciones y efectuársele pago íntegro de sus remuneraciones por el periodo en que ha estado separado, manifiesta que el actor no ha estado separado de sus funciones y cuando lo estuvo, fue reincorporado por instrucción de la entidad contralora, mediante Decreto Municipal N°781.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe requerido y con el mérito del mismo, disponer el rechazo del recurso de autos con expresa condenación en costas a la parte recurrente.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para la adecuada resolución del asunto sometido a la decisión de esta Corte, conviene precisar algunos aspectos relevantes del vínculo que une a las partes.

1.- Con fecha 13 de marzo de 2019, se designa al actor como docente de apoyo en historia con 30 horas cronológicas semanales en el Liceo Bicentenario “nombre reservado”, el periodo de nombramiento iba desde el 13 de marzo de 2019 al 11 de julio de 2019.

2.- Con fecha 16 de marzo de 2022, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°E194965/2022, estableció que no resulta procedente fundar la no renovación de una contrata en una mala evaluación de desempeño efectuada de modo particular o en el incumplimiento de deberes funcionarios, debiendo en tales casos emplearse la normativa pertinente establecida para tales fines.

En base a ello, el ente Contralor acogió el reclamo entablado por el señor nombre reservado y ordenó renovar su contrata para el año 2022, en los mimos términos de su designación anterior.

3,- El 4 de agosto de 2022, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°E242462/2022, se pronuncia sobre el reclamo del señor nombre reservado, fundado en que la Municipalidad de Quirihue no habría cumplido el Dictamen N°E194965/2022.

4.- El Ordinario N°1086 de 25 de noviembre de 2022, dirigido al actor y suscrito por el señor alcalde de la Municipalidad de Quirihue, consigna que en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra D (sic) de la Ley 19.070, se informa que el nombramiento de 20 horas cronológicas semanales, en calidad de docente a contrata de la comuna de Quirihue, tiene vigencia solo hasta el 28 de febrero de 2023.

Añade que, por la redistribución de horas de los docentes titulares y por reorganización de la metodología de trabajo de la asignatura, se suprimen las horas de apoyo, según lo establecido en el artículo 22 N°2 y 5 del Estatuto Docente, por lo cual no se contará con sus servicios para el año académico 2023.

7°.- Que, asentado el vínculo entre las partes, corresponde determinar el régimen jurídico que regula el desempeño de los profesionales de la educación municipalizada.

En ese ámbito, el artículo 1° del Estatuto Docente aprobado por la Ley N° 19.070, establece que "quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal o particular reconocida oficialmente", a su turno, el artículo 19 del Párrafo I del Título IV del mismo cuerpo legal, prescribe que "el presente Título se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñen funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal integrando la respectiva dotación docente".

El artículo 71 de ese estatuto, ordena que "los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias", regla de supletoriedad que concuerda con lo que preceptúan los incisos segundo y tercero del artículo 1° del Código Laboral.

Por su parte el artículo 25 del Estatuto Docente establece que "los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o de contratados, son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes y tendrán la calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares".

A ello cabe agregar la disposición contenida en el artículo 70 del Reglamento del Estatuto Docente, que prevé: "Funciones transitorias son aquellas que requieren el nombramiento de un profesional de la educación sólo por un determinado período de tiempo, mientras se designa a un titular o mientras sean necesarios sus servicios".

Finalmente, y en lo que dice relación con el fundamento de la decisión recurrida, debe consignarse lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto Docente, esto es, que la Municipalidad o Corporación que fija la dotación docente de cada comuna, deberá realizar las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales, 3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte y 5.- Reorganización de la entidad de administración educacional.

Añade la norma, que cualquiera variación de la dotación docente de una comuna, regirá a contar del inicio del año escolar siguiente y que las causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán estar fundamentadas en el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. Además, las modificaciones a la dotación docente que se efectúen de acuerdo a los números 1 a 4 deberán estar basadas en razones de carácter técnico-pedagógico.

8°.- Que, de la lectura de la normativa expuesta se desprende que estando expresamente regulada la modalidad de contratados en el Estatuto Docente, la situación del recurrente debe ser sometida a ese cuerpo legal, el cual establece las condiciones, causales de su expiración y los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones.

9°.- Que, entonces cabe precisar que la terminación de la relación laboral de los profesionales de la educación se sujeta a las disposiciones del Párrafo VII del mismo Estatuto, cuyo artículo 72 previene en su letra d) que esos profesionales dejan de pertenecer a una dotación docente del sector municipal, entre otras causales, "por término del período por el cual se efectuó el contrato".

10°.- Que, el recurrente, en su calidad de contratado fue incorporado a la dotación docente para el desempeño de labores transitorias, en particular de apoyo en el ramo de historia del Liceo Bicentenario Carlos Montane Castro.

11°.- Que, la resolución recurrida funda el término de la contratación del señor nombre reservado en la supresión de las horas de los docentes de apoyo, calidad que detenta el recurrente, cuestión que coincide plenamente con su carácter de transitorio.

12°.- Que la situación contractual del recurrente fue conocida por Contraloría General de la República para el año 2022, y lo resuelto por el ente Contralor en dicha ocasión, fue cumplido por la recurrida en su oportunidad, sin que medie algún nuevo pronunciamiento relativo al acto que reclama en este arbitrio.

13°.- Que, por otra parte la resolución recurrida ha sido dictada por la autoridad competente, dentro del área de sus atribuciones, exponiendo sus fundamentos conforme a lo estatuido en la Ley 19.070, por lo que no puede tildarse de ilegal ni arbitraria, como pretende el actor.

14°.- Que, debe descartarse una vulneración al llamado principio de confianza legítima, pues el recurrente estaba en conocimiento de la calidad de su designación, que al ser a contrata supone una transitoriedad de temporalidad y de necesidad en el nombramiento.

Cabe señalar además, que la confianza legítima no significa que un cargo a contrata deba mantenerse a perpetuidad sino que cuando ya han existido más de dos renovaciones de la misma y se desea poner término a ella, el acto por el cual se toma esta decisión debe ser debidamente fundado lo que se verificó en la especie.

15°.- Que, a mayor abundamiento, a señor nombre reservado le asiste el derecho de comparecer ante la autoridad administrativa o judicial laboral, y ejercer las acciones que le franquea la ley para impugnar el acto reclamado, cuestión que excede la finalidad de esta acción cautelar de urgencia, desde que como ha quedado en evidencia, no es titular de derechos indubitados en relación al cargo de docente de apoyo de la dotación docente de la I. Municipalidad de Quirihue.

16°.- Que conforme a lo razonado, al descartarse ilegalidad o arbitrariedad de la decisión impugnada, se hace innecesario analizar la afectación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Quirihue.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

Rol N° 8693-2022-Protección.

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