Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

Chillán, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO: 1°. - Que, comparece la abogada Nicole Alejandra Torres Opazo, en representación de nombre reservado, interponiendo un recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario consistente en oponerse a su solicitud de omisión de una anotación penal en la hoja de vida del conductor, en circunstancias que aquella se encuentra excluida de su certificado de anotaciones penales, negativa la cual vulnera la garantía constitucional prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente fue condenado en las causas RIT N° 472-2012 RUC N° 1101310764-7, RIT N° 308-2014 RUC N° 1400002647-7 y RIT N° 377- 2015 RUC N° 1500085118-0 todas del Juzgado de Garantía de La Ligua. Añade que cumplió las condenas y, por ello, se sometió al procedimiento de eliminación de condenas, previsto en el Decreto Ley N° 409, de 1932. Al efecto, se sometió voluntariamente, a un procedimiento en el cual, durante cinco años, se estuvo sujeto al control administrativo de Gendarmería de Chile, observando buena conducta y demostrando conocer bien un oficio o profesión. Así las cosas, señala, con fecha 25 de agosto de 2025, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, dictó la resolución exenta N° 321/2025, por la cual resolvió: “Considérese a don nombre reservado, R.U.N. N° NUM000, como si nunca hubiera delinquido para todos los efectos legales y administrativos respecto de la Causa Rit N° 472/2012, R.U.C. 1.101.310.764- 7, del Juzgado de Garantía de La Ligua; Rit N° 308/2014, R.U.C. 1.400.002.647-7, del Juzgado de Garantía de La Ligua; y Rit N° 377/2015, R.U.C. 1.500.085.118-0, del Juzgado de Garantía de La Ligua”.

Precisa que con fecha 08 de octubre de 2025, concurrió ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para solicitar la eliminación de las condenas. Plantea que el día 6 de noviembre de 2025, tomó conocimiento que el Servicio de Registro Civil e Identificación solo eliminó las condenas impuestas en las causas RIT N° 472- 2012 RUC N° 1101310764-7 y RIT N° 308-2014 RUC N° 1400002647-7 del Juzgado de Garantía de La Ligua. Negándose a eliminar la condena impuesta en la causa RIT N° 377-2015 RUC N° 1500085118-0 del Juzgado de Garantía de La Ligua, argumentando que esta última traía consigo la pena accesoria de cancelación de su licencia para conducir vehículos motorizados, razón por la cual mantuvieron dicha condena en la hoja de vida del conductor del recurrente.

Estima, que la respuesta que le fue dada a su representado por parte de la recurrida resulta ser arbitraria, la cual se encuentra divorciada de la razón y las leyes, dado que las condenas del recurrente fueron omitidas de su certificado de antecedentes penales, no advirtiendo el por qué no podría el recurrente omitir la anotación penal de la hoja de vida del conductor, cuando, precisamente, la condena está excluida en su certificado de antecedentes penales, proceder el cual infringe notoriamente la garantía constitucional del inciso 2° del artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República, haciendo presente que el hecho en que se sustenta la presente acción de protección no es de aquellos en donde se reproche una diferenciación respecto de otros sujetos, sino que, descansa en la oposición a toda clase de actos que estén divorciados de lo que dispone el ordenamiento jurídico. Afirma que el correcto sentido y alcance del artículo 217 de la Ley 18.290, debidamente enlazado con los incisos primero y tercero del artículo 38 de la Ley 18.216, y con los artículos 1, 8, 9, 10 y 12 letra a) del Decreto Supremo N° 64, además de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 409 de 1932, demuestra que sí resulta posible el beneficio de la omisión para el caso del Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, también llamado "Hoja de Vida del Conductor". Concluir lo contrario no sólo implicaría desatender el tenor literal de las normas transcritas, sino también su espíritu, al impedir y obstaculizar en alto grado la efectiva reinserción del penado a la sociedad”. Agrega que el inciso 1° del artículo 21 de la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, indica: “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”. En este caso, manifiesta la letrada, se continúa informando la condena, sin perjuicio de estar cumplida.

En apoyo de sus planteamientos cita la jurisprudencia que consta en las sentencias de la E. Corte Suprema, ROL N° 15106-2022, ROL N° 69723-2022, ROL N° 37573-2019, ROL N° 37573-2019; Como también otras sentencias de Cortes de Apelaciones, como el ROL PROTECCIÓN N° 85-2025, dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, y los fallos ROL PROTECCIÓN N° 1359-2023, ROL PROTECCIÓN N° 1271-2023, ROL PROTECCIÓN N° 1190- 2023, de la I. Corte de Apelaciones de Chillán.

Termina solicitando que se acoja el recurso y se ordene al servicio recurrido proceder a la eliminación de la condena impuesta en la causa RIT N° 377-2015 RUC N° 1500085118-0 del Juzgado de Garantía de La Ligua, de la hoja de vida de conducir del recurrente.

A su presentación acompaña documentos. 2°. - Que, informa don nombre reservado, nombre reservado, expone que consta en la Hoja de Vida del Conductor, que nombre reservado, registra la siguiente anotación en su Hoja de Vida del Conductor: “Causa N° 377/2015; RUC N° 1.500.085.118-0; Tribunal de Garantía de La Ligua. Delito: Autor del delito de conducción en estado de ebriedad con licencia suspendida, ilícito previsto y sancionado en el artículo 196, con relación al artículo 209 inciso segundo y 110 de la Ley de tránsito, ejecutado en esta jurisdicción en grado de desarrollo consumado. Resolución de 12 de junio de 2015. Condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales.

Cancelación de su Licencia de Conducir. Reclusión parcial domiciliaria nocturna, por 541 días. Pena cumplida el 08 de enero de 2017 y multa pagada el 29 de julio de 2017, según certificado de fecha 09 de febrero de 2023, del juzgado de garantía de La Ligua. Inhabilitación de 541 días para cargos públicos y suspensión perpetua de licencia de conducir”.

Añade que, según lo informado por el Subdepartamento de Filiación Penal, el recurrente, don nombre reservado, RUN N° NUM000, no registra antecedentes penales. Sin perjuicio de aquello, informa que el recurrente registraba las causas penales N°472-2012; N° 308-2014 y N° 377-2015, todas del Juzgado de Garantía de La Ligua, las cuales fueron eliminadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 letra b) del D.S N° 64 del Ministerio de Justicia, según consta en Carta F.P ORD N° NUM001, de fecha 04 de noviembre de 2025, del Subdepartamento de Filiación Penal de este Servicio, en respuesta a la Solicitud de Beneficios N°NUM002, Seremi-Coquimbo presentada por el recurrente, y que se adjunta en autos.

De igual forma, señala, también consta Carta F.P ORD NUM003, de fecha 04 de noviembre de 2025, en respuesta a la solicitud de beneficios N° NUM004 de la Oficina de Cabildo, mediante la cual, se procedió a eliminar su prontuario desde el Registro General de Condenas. Asimismo, consta en dicha respuesta, que, para efectos de eliminar la anotación en su Hoja de Vida del Conductor, deberá presentar una nueva solicitud, previo pago de los derechos correspondiente dirigida a Registros Especiales (Subdepartamento de Registros Especiales) de este Servicio. Por otra parte, el Subdepartamento de Filiación Penal, informa que el recurrente no registra órdenes de aprehensión vigentes y no figura en el listado de prófugos de la justicia.

Explica que la normativa aplicable es el DFL N°1, del año 2009, del Ministerio de Justicia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito y el Decreto N°739 de 1985, Ministerio de Justicia, que contiene el Reglamento del Registro Nacional de Conductores de vehículos Motorizados:

En lo que se refiere a la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, el artículo 217 del citado D.F.L N° 1 de 2009, dispone que "Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.

Las demás anotaciones en el registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley.

La eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago de un derecho cuyo monto se determinará anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia.

Las anotaciones en el Registro también podrán eliminarse por decreto judicial o por resolución administrativa del Jefe Superior del Servicio, fundada en la existencia de un error notorio, o por el juez de policía local abogado del domicilio del peticionario, de oficio o conociendo en única instancia y sin forma de juicio de la solicitud de eliminación de una anotación no comprendida en los incisos anteriores y que se encuentre fundada en un error notorio o en causa legal.

Las anotaciones se eliminarán definitivamente, por el solo ministerio de la ley, al inscribirse en el Registro de Defunciones del Servicio de Registro Civil e Identificación el fallecimiento de una persona anotada".

Señala que, tal como se aprecia de la norma recién transcrita, para que se produzca la eliminación de las anotaciones en el Registro Nacional de Conductores, se debe proceder al pago de un derecho cuyo monto se determinará anualmente, vía Decreto Supremo, por el Ministerio de Justicia.

Refiere que también es aplicable el Decreto ley N° 409, que Establece normas relativas a reos: El inciso primero del artículo 1 de este Decreto, dispone que : "Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado". Luego, el artículo 20 del mismo cuerpo normativo dispone: "Para tener derecho a estos beneficios se requiere que el ex-condenado reúna las siguientes condiciones: a) Haber observado muy buena conducta en la prisión o en el lugar en que cumplió su condena, cuando se trate de pena de prisión, presidio, reclusión o relegación; b) Conocer bien un oficio o una profesión; c)

Poseer conocimientos mínimos de cuarto año de escuela primaria; d) Haber estado en contacto con el Patronato de Reos durante dos años, por lo menos, si es primera vez condenado, y cinco años si ha sido condenado dos o más veces, y ser recomendado por este organismo. Donde no exista Patronato de Reos, esta recomendación será hecha por la autoridad administrativa, la judicial y la de Carabineros de la respectiva localidad, una vez transcurridos los mismos plazos señalados, los que se contarán desde la fecha en que los interesados se hayan presentado ante estas autoridades para ser observados. El tiempo que permanezcan en observación ante estas autoridades, se tomará en cuenta en caso de que el Patronato de Reos los acoja después bajo su tutela; y c) No haber sufrido ninguna condena durante el tiempo de prueba y hasta la fecha de dictarse el decreto respectivo".

Posteriormente, plantea, el artículo 5 del citado Decreto prescribe: "La petición para obtener los beneficios señalados en esta ley la hará el interesado al Ministerio de Justicia, de donde se la enviará a la Dirección General de Prisiones, para que reúna y remita a ese Departamento los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2'.

Ley N° 18.216, que Establece penas que indica como Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad:

Dicha normativa, establece el beneficio de eliminación en su inciso tercero del artículo 38, en los siguientes términos: "La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.

Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación.

Exceptúense de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal".

Expone que las normas del Decreto Supremo 64, que Reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes disponen también normativa aplicable. En particular, el artículo 8 del referido texto legal, establece: "Se eliminará una anotación prontuarial: a) Cuando esté comprobado respecto de ella que en el proceso se ha dictado a favor del procesado sentencia absolutoria ejecutoriada; b) Cuando se ha dictado sobreseimiento definitivo a favor del procesado por resolución ejecutoriada, salvo que se haya pronunciado en causa terminada por sentencia condenatoria y se hubiese fundado en la extinción de la responsabilidad penal por el cumplimiento de la condena, indulto o prescripción de la pena; c) Cuando el interesado haya sido favorecido con auto de sobreseimiento temporal firme o ejecutoriado, fundado en las causales de los números r y 2' del artículo 4090 del Código de Procedimiento Penal; d) Cuando el prontuariado haya sido favorecido con una ley de amnistía respecto del delito a que se refiere la anotación; e)

Cuando se trate de anotaciones manifiestamente erróneas. Esta circunstancia será determinada por el Director del Servicio basado en antecedentes e informes que así lo demuestren. No obstante, si por fuerza mayor comprobada fuera imposible verificar la anotación, resolverá en conciencia; Cuando se trate de faltas, respecto de las cuales han transcurrido tres años desde el cumplimiento de la condena. g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasi delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes. h) Cuando se trate de condenados que hayan cumplido una pena no aflictiva y que a la fecha de la comisión del delito tenían menos de 18 años de edad, se procederá a eliminar la anotación prontuarial desde el mismo momento en que se cumple la condena. No obstante, los menores de 18 años de edad a la fecha de la comisión del delito, que sean condenados con una pena aflictiva, deberán esperar que transcurran tres años desde el cumplimiento de la condena para proceder a la eliminación de dicha anotación prontuarial. i) Cuando se trate del cumplimiento de sentencias internacionales o de acuerdos de solución amistosa homologados en materia de derechos humanos en que el Estado de Chile sea parte. Si se trata de faltas y a la persona se le hubiere suspendido la aplicación de la pena, se podrá eliminar su anotación en el prontuario, una vez transcurrido el plazo de tres años que señala el artículo N° 564 del Código de Procedimiento Penal.

En todos los casos relacionados con las letras t), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado. Sin embargo, transcurridos 20 años o más desde el cumplimiento de la pena el Director del Servicio podrá eliminar de oficio la anotación referente a alguna de las condenas indicadas en las letras t), g) y h) siempre que se cumpla con la última condición indicada en el inciso anterior. En los casos relacionados con la letra i), la documentación oficial será remitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando la eliminación de la anotación prontuarial correspondiente. Con el mérito de dicha documentación, el Director del Servicio dictará la resolución que ordene eliminar la anotación prontuarial".

Posteriormente, el artículo 9 del citado cuerpo legal dispone: "El prontuario penal sólo se eliminará: a) Cuando todas las anotaciones registradas en él se hallen en algunas de las condiciones indicadas en el artículo precedente; b)

Cuando el prontuariado sea favorecido con los beneficios del decreto ley 409, de 12 de agosto de 1932; c) Por muerte de la persona prontuariada. La eliminación se ordenará por resolución fundada del Director General del Servicio y se cumplirá mediante la destrucción material del prontuario".

Añade que respecto al caso particular del recurrente, conforme lo establecido en el Dictamen N° 076837N12 de la Contraloría General de la República, sobre "La improcedencia de que la cancelación de la licencia de conductor y la inhabilitación perpetua para conducir sean eliminadas en la forma que indica del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados'', el cual fue solicitado para efectos de que la Contraloría precise si resulta procedente eliminar del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, conforme al Decreto Ley N° 409, de 1932, la cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados y la inhabilitación perpetua para conducir.

Al tenor del referido dictamen, indica, es posible señalar que la Contraloría General de la República, en lo pertinente señala: "La entidad recurrente manifiesta que, en su concepto, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 217 de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, sí correspondería practicar tal eliminación, de acuerdo al citado decreto ley N° 409, de 1932 -que establece normas relativas a los reos-, acorde al cual toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que allí se indican, tiene derecho a que, por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado".

Agrega el citado dictamen que: "Resulta útil hacer presente que según consta de la historia fidedigna del citado inciso segundo del artículo 217, establecido por la ley N° 19.902, dicha norma tuvo el propósito segundo del artículo 217, establecido por la ley N° 19.902, dicha norma tuvo el propósito de permitir que quienes hayan cumplido su condena y obtengan la eliminación de sus antecedentes en el Registro de Condenas, ya sea en virtud de lo dispuesto en el referido decreto ley N° 409, de 1932, o en el decreto N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes, puedan, asimismo, lograr que sean borradas del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados sus anotaciones relativas a las respectivas penas (Boletín N° 2.774¬15-2, Segundo Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, acordado en la sesión de 6 de agosto de 2002). Pues bien, precisado lo anterior, es del caso señalar que el artículo 110, inciso segundo, de la Ley de Tránsito, prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito, ejecutados en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol (…)

Asimismo, debe anotarse que el artículo 196 del mismo texto legal -luego de las modificaciones introducidas por el artículo 10, N° 7, de la ley N° 20.580, que aumentó las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol (…)

Luego, el referido dictamen dispone, en concordancia con lo anterior: "el inciso cuarto del artículo 208 de la Ley de Tránsito incorporado por el artículo 10, N° 11, letra c), de la ley N° 20.580-, previene, en lo que interesa, que en aquellos supuestos en que, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 196, se hubiere cancelado la licencia de conducir, el juez transcurridos doce años desde que se canceló la licencia, podrá alzar esta medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor'.

Que tal como se aprecia de la norma recién transcrita, para que se produzca el cese de los efectos de la cancelación de la licencia de conducir, es _menester que ello sea dispuesto mediante resolución judicial una vez verificado el cumplimiento de los requisitos que tal precepto señala.

A mayor abundamiento, dicho precepto señala expresamente: "En atención a lo anterior, es dable concluir que luego de las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.580, la cancelación de la licencia de conducir ha quedado sustraída del régimen general previsto en el Decreto Ley N° 409, de 1932, por lo que resulta improcedente que a través de un acto administrativo dictado 13 o r el Presidente de la República, en conformidad a dicho decreto ley, se determine el cese de los efectos de dicha medida, comoquiera que ese asunto ha de ser resuelto por el Juez competente".

Ahora bien, en el caso de la pena de inhabilitación perpetua para conducir, se debe consignar que en razón de que acorde al artículo 208, inciso primero, de la Ley de Tránsito, la "inhabilitación para conducir vehículos de tracción mecánica o animal conlleva la cancelación de la licencia de conducir" y que, según se indicara, el cese de dicha cancelación es una materia que debe ser resuelta por el juez respectivo, es dable sostener que a quien compete decidir el eventual alzamiento de la señalada sanción de inhabilitación perpetua es a la autoridad judicial, sin que corresponda que en virtud de un acto administrativo, dictado según lo prescrito en el aludido Decreto Ley N° 409, de 1932, se determine el cese de los efectos de dicha pena.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que no procede eliminar del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 217 de la Ley de Tránsito, en relación con lo establecido en el citado Decreto Ley N° 409, la cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados y la inhabilitación perpetua para conducir”.

Agrega que, de los antecedentes acompañados y la normativa expuesta, al efectuar el análisis pertinente del caso particular del recurrente, don nombre reservado, es posible indicar lo siguiente: a.- Que conforme los antecedentes expuestos, la normativa legal aplicable y en particular, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República citada, este Servicio no ha incurrido en acto ilegal y/o arbitrario alguno, conforme a la jurisprudencia administrativa citada, toda vez que, para proceder a la eliminación de la causa y su suspensión perpetua de licencia de conducir, es necesario que el tribunal competente ordene expresamente a este Servicio a hacerlo. b.- En virtud de todo lo anterior, este Servicio, no incurre en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la imposibilidad de eliminar las anotaciones indicadas se fundamenta en los preceptos e instituciones legales ya explicadas latamente en los numerales anteriores, actuando así este Servicio conforme a derecho. c.- En cuanto al fundamento del recurso en comento, basado en el presunto hecho que la decisión de la administración afecta el derecho a la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de sus derechos y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de su persona, es importante tener presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene, como ya hemos señalado, una normativa que señala claramente las formas de eliminar antecedentes de la hoja de vida del conductor, por lo que no resultaría procedente para este Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

En virtud de lo expuesto, estima que no ha existido una actuación ilegal y/o arbitraria por parte del Servicio, ya que se ha actuado con estricta sujeción a la normativa legal vigente. En consecuencia, y habida consideración de lo expuesto, solicita tener por evacuado dentro de plazo el informe requerido, y rechazar el Recurso de Protección, con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña copia de los documentos que singulariza. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°. - Que, el acto arbitrario e ilegal en que funda su recurso la recurrente, lo hace consistir en el hecho de que la recurrida ha rechazado la omisión, respecto de la hoja de vida del conductor, solicitada en relación a las condenas penales que le han sido impuestas, lo cual, según señala, ha conculcado su derecho a la igualdad ante la ley. 7°. - Que, primeramente, y en relación al marco legal aplicable, el inciso primero del artículo 38 de la Ley N° 18.216 prescribe: “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto”

Por su parte, el inciso tercero de la misma norma establece que: “El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación” 8°. - Que, por su parte, el artículo 217 de la Ley 18.290, prescribe: “Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.

Las demás anotaciones en el registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley…” 9°.- Que, conforme a lo anterior, la Excelentísima Corte Suprema ha resuelto que es necesario distinguir entre dos tópicos fundamentales: a) la eliminación y la omisión de antecedentes penales; y b) el prontuario penal y el certificado de antecedentes, señalando: “(…) la omisión de antecedentes no conlleva la destrucción permanente de las anotaciones prontuariales o del prontuario, sino que opera exclusivamente al momento de solicitar el interesado un certificado de antecedentes penales, y permite que el documento no contenga una o más anotaciones prontuariales, las que seguirán existiendo en el prontuario penal. Por su parte, la eliminación de antecedentes no es definida en el Decreto Supremo N° 64, sino que en el artículo 2 letra h) de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, como la destrucción de los datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.

En este sentido, ya sea que la eliminación se refiera a una anotación judicial o a la destrucción íntegra del prontuario, es patente que la acción de eliminar o destruir tiene efectos permanentes en los antecedentes de la persona, puesto que ellos desaparecen. Es preciso subrayar que el D.S. N° 64 emplea indistintamente los términos «destruir», «eliminar» o «borrar», por lo que debe entenderse que su significado y efectos son equivalentes.

En lo relativo a la segunda de las distinciones, el prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de sus anotaciones judiciales, mientras que el certificado de antecedentes es un instrumento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario (art. 11 D.S. N° 64). El legislador distingue entre cuatro tipos de certificados de antecedentes: a) Certificado de antecedentes para conducir vehículos motorizados; b) Certificado de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicios de Prisiones; c) Certificado de antecedentes para fines particulares; y d) Certificado de antecedentes para fines especiales (art. 12 D.S. N° 64). Este último certificado deberá contener copia íntegra del prontuario penal del solicitante y se otorgará en el evento que leyes especiales o reglamentos exijan que el postulante a algún beneficio que ellos contemplen deba acreditar su conducta anterior (art. 12 letra d)

D.S. N° 64).” (SCS de 25 de enero de dos mil veintidós, Rol 49.254-2021). 10°. - Que, entre los antecedentes agregados en autos, se encuentra el Extracto de Filiación certificado de antecedentes para Fines Especiales a nombre del recurrente, en que es posible advertir que en su acápite “Registro General de Condenas”, figura sin antecedentes penales. Lo propio es apreciable en el extracto de filiación. 11°. - Que, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes y los antecedentes acompañados, aparece que el correcto sentido y alcance de los artículos 217 de la Ley 18.290 y artículo 38 de la Ley 18.216, es que, resultando posible el beneficio de la omisión para el caso del Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente dicha omisión en el caso del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, u “Hoja de Vida del Conductor”. 12°. - Que, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en casos similares concluye que la negativa del Servicio recurrido se funda en una errada interpretación de las normas atingentes al caso y bajo el supuesto errado de que no existe el beneficio de omisión de antecedentes en la hoja de vida del conductor, además de confundir la eliminación con la omisión de las anotaciones prontuariales.

Así las cosas, el acto por el cual se niega la omisión de las anotaciones penales de la hoja de vida del conductor, ha devenido en arbitrario e ilegal, vulnerándose con ello la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en razón de lo cual el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por doña Nicole Alejandra Torres Opazo, en representación de nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, sólo en cuanto este último deberá proceder a omitir de la Hoja de Vida del Conductor del recurrente, la condena impuesta en causa la causa RIT N° 377-2015 RUC N° 1500085118-0 del Juzgado de Garantía de La Ligua.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del abogado integrante Baltazar Guajardo Carrasco, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de ministra suplente.

Rol N° 868-2025-Protección. VISTO: Rol N° 868-2025-Protección.