Protección contra MINISTERIO DEL DEPORTE

Chillán, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad NUM000, ex funcionaria pública, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra del MINISTERIO DEL DEPORTE, Rut:RUT reservado, representada por don nombre reservado, o por quien le subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado, resultando vulnerado una serie de derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente los artículos 19 N°2, 19 N°3) y el N°24 de la Carta Fundamental, ello, en atención a la Resolución Exenta NUM001 de 23 de mayo de 2025 que fue ampliada mediante Resolución Exenta NUM002 de 3 de julio de 2025 y aprobada por la Resolución Exenta NUM003 de 8 de octubre de 2025, por medio de la cual se agotó la vía administrativa denegando recurso de reposición y confirmando aplicación de medida disciplinaria de destitución en contra de la recurrente.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que las actuaciones arbitrarias e ilegales emanadas del Ministerio del Deporte le han ocasionado una afectación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, circunscribiendo el objeto del recurso a la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, mas no el mérito de la misma, comprendiendo el análisis de la razonabilidad de las medidas adoptadas y la debida observancia del principio de proporcionalidad, presupuestos inobservados en los actos administrativos recurridos, contraviniendo los principios de tipicidad y de reserva legal, y que, por el respeto a las garantías judiciales de protección de los derechos, requiere de un recurso adecuado y efectivo para impetrar el correspondiente control jurisdiccional para la tutela de las garantías fundamentales transgredidas. Refiere la actora que ingresó a prestar servicios a la SUBSECRETARIA DEL DEPORTE, con fecha 01 de febrero 2019, y mediante Resolución Exenta Inicio NUM001 dicha repartición, se instruyó sumario administrativo y designó Fiscal en su contra en relación al Oficio Reservado NUM004 de fecha 22 de mayo de 2025 de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, que remitió al Ministerio del Deporte, nómina de personas con salida o permanencia en el extranjero, conforme lo advertido en el Consolidado de Información Circularizada CIC N°9 de 2025, sobre uso de licencias médicas y salidas al extranjero de funcionarios públicos.

Agrega que en el referido proceso sumarial se le formularon los siguientes cargos:

CARGO I.- “Haber cambiado de domicilio, comuna y región de residencia, esto es, desde DIRECCION001, comuna de Chillán, Región de Ñuble, donde se desempeña en un cargo administrativo en calidad de contrata asignada a la Secretaría Regional Ministerial del Deporte de la Región de Ñuble, a la ciudad y región de Antofagasta, sin haber informado de ello a la autoridad regional ni ministerial y sin haber contado con una autorización previa del servicio para dicho traslado, y haber realizado marcaciones remotas de asistencia, informando el ingreso y salida de su jornada laboral, en circunstancias que se encontraba viajando dentro del país, fuera del país o en el extranjero, lo que se verificó los lunes 29 y martes 30 de mayo de 2023 y el viernes 15 de marzo de 2024”.

CARGO II.- “Haber presentado al servicio la licencia médica N°3 Folio NUM005, emitida el 20 de mayo de 2024 a las 11:20, que ordenó su reposo laboral total, por treinta (30) días, en su domicilio ubicado en domicilio reservado y región de Antofagasta, en circunstancias que en esa fecha se encontraba en el extranjero, acción que realizó con el propósito de justificar su ausencia del servicio luego de haber expirado la totalidad de su período de vacaciones y la totalidad de los permisos administrativos con goce de remuneraciones”. Cabe tener presente que, como se ha dicho, la licencia médica fue extendida mientras se encontraba en el extranjero por su periodo de vacaciones y previo a su regreso se enfermó, obligándola a extender involuntariamente su permanencia en el extranjero y que la licencia médica fue extendida vía teleconsulta por la Dra. nombre reservado Rut: NUM006 Indica que no fueron hechos controvertidos en el proceso sancionatorio, los siguientes: a) Que no es efectivo, que nombre reservado, no comunicó a su superior, el cambio de domicilio, ya que sí se comunicó a la jefatura, mediante mail, cumpliendo con su obligación. b) Que no es efectivo que haya vulnerado el artículo 62 de la Ley 18.575, en ninguna de sus formas, ya que nunca se engañó al sistema como pretende hacerlo ver el fiscal, ya que siempre se prestó el servicio para el que fue contratada, como tampoco que haya vulnerado el artículo 61 de la Ley N°18.834, en ninguna de sus formas, ya que, siempre desempeñó sus funciones personalmente de manera regular y continua. c) Que tampoco es efectivo que haya vulnerado el Decreto Supremo 43 de 2016, en ninguna de sus formas, ya que desempeñó sus actividades con excelencia y calidad, como lo demuestran sus calificaciones. d) Que no es efectivo que salió del país con licencia médica, sino que la obtuvo mientras estaba fuera del país, la que fue otorgada por un facultativo de larga trayectoria en nuestro país. e) Que la recurrente ha padecido afectaciones a su salud emocional y física las que justificaron se le otorgara licencia médica durante el año 2024, y que al regreso al país permaneció con licencia médica. f) La recurrente desconocía, de buena fe, que el reposo otorgado mientras estaba de vacaciones, seria objetado por su jefatura. g) Que no es efectivo que haya vulnerado el artículo 52 de la Ley N°18.575, en ninguna de sus formas, ya que siempre se ha cumplido con la probidad administrativa que el cargo requiere, teniendo presente que lamentó mucho haberse enfermado en el extranjero y que el señor fiscal dudara de la licencia médica otorgada.

Indica que mediante Resolución Exenta NUM001 de 23 de mayo de 2025, ampliada mediante Resolución Exenta NUM002 de 3 de Julio de 2025 y aprobada por la Resolución Exenta NUM003 de 8 de octubre de 2025; aprobó el sumario administrativo instruido en su contra, aplicándosele la medida disciplinaria de destitución prevista en los artículos 121 d) y 125 del Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 146 letra d) de dicho cuerpo legal.

Expresa que en contra de la resolución antes referida, se interpuso recurso de reposición, consignando en lo sustancial que no efectúa ningún razonamiento ni análisis volitivo respecto de los hechos materia del sumario y de la forma cómo llega a establecer y determinar su responsabilidad administrativa, careciendo de justificación y fundamentación que avale la grave medida disciplinaria aplicada, como, asimismo, la manifiesta falta de proporcionalidad de la misma, entre otros argumentos expuestos y que todos fueron desoídos.

Por lo anterior, resulta totalmente arbitraria la medida expulsiva, especialmente cuando se imputa una grave falta a la probidad administrativa por el incumplimiento de su reposo laboral, resultando en consecuencia, ilegal y arbitraria, la medida disciplinaria impuesta.

Manifiesta la recurrente que en el caso de autos no se ha configurado ninguna situación que importe vulneración grave al principio de probidad administrativa.

Desde otro ángulo, reclama de la desproporcionalidad de la sanción, argumentando que la autoridad administrativa debió ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, lo cual constituye una vulneración flagrante a la garantía de igualdad ante la ley, pues debió considerarse su irreprochable conducta anterior, dado que nunca fue objeto de algún proceso disciplinario.

Indica asimismo, que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2, pues la autoridad no ha aplicado correctamente la normativa, discriminando a la recurrente en forma arbitraria, al dictar el acto impugnado sin ningún fundamento válido, generando un trato desigualitario no amparado por nuestro ordenamiento jurídico al privarle del derecho a probar su inocencia al tenor de lo dispuesto en el art. 136 inciso 2° de la Ley N°18.883. De la misma manera, se atenta contra esta garantía, al no contener una explicación real y suficiente de la razón de la decisión adoptada pues constituye una discriminación arbitraria.

Asimismo, aparece de manifiesto que la recurrida, al haber procedido en el caso de autos sin atenerse a los procedimientos establecidos en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se ha constituido en una Comisión Especial.

Finalmente, el acto impugnado es ilegal y arbitrario al no dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que exige en su artículo 11 inciso 2°, a los Órganos de la Administración del Estado, entre ellos, la recurrida, fundamentar explícitamente “el mismo acto administrativo” la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten a las personas y lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° de dicho cuerpo legal que ordena que debe ser fundada toda decisión del ámbito de las atribuciones propias de los órganos de la Administración, actuar que se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de nuestra Constitución.

En efecto, los fundamentos de la resolución recurrida son sólo meras enunciaciones formales y no se condicen con la realidad fáctica y el mérito del proceso sumarial. En ninguna parte del acto recurrido, se justifica o explica la manera cómo la recurrida llega a formarse la convicción de la culpabilidad de la sumariada aplicándole la medida expulsiva, Refiere finalmente, que queda manifiestamente establecida y demostrada la privación, perturbación y amenazas al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente de manos de la recurrida y sus autoridades mediante un accionar ilegal, arbitrario, carente de motivación administrativa, al estar fundado en la simple discrecionalidad o el mero capricho del ente público recurrido y sus autoridades, afectando las garantías preexistentes protegidas por el constituyente.

Pide tener por interpuesto recurso de protección contra el MINISTERIO DEL DEPORTE, representado por don nombre reservado, o por quien le subrogue o reemplace, por haber dictado Resolución Exenta NUM001 de 23 de Mayo de 2025, que fue ampliado mediante Resolución Exenta NUM002 de 3 de Julio de 2025 y aprobada por la Resolución Exenta NUM003 de 8 de Octubre de 2025, por los cuales se rechazó recurso de reposición y confirmó medida disciplinaria de Destitución en su contra, y, en definitiva, lo declare admisible, ordene someterlo a tramitación, acoja este recurso, sirviéndose adoptar todas las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta NUM001 de 23 de Mayo de 2025, que fue ampliado mediante Resolución Exenta NUM002 de 3 de Julio de 2025 y aprobada por la Resolución Exenta NUM003 de 8 de Octubre de 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. Conjuntamente a lo anterior, se ordene la reincorporación de la recurrente y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que SS. Iltma estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con especial condenación en costas. 2°.- Que informando don nombre reservado, Subsecretario de Deportes (S), solicita el rechazo de la presente acción de protección, señalando que la recurrente manifiesta en su presentación que la Resolución Exenta NUM003, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, carece de justificación y fundamentación que avale la medida disciplinaria aplicada.

Señala que las causales de destitución son taxativas, y que la autoridad se encuentra obligada a aplicarla sólo cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta con dicha sanción, como ocurre por ejemplo, con las letras a),b),c),d),e)y f) del artículo 125 de la Ley N°18.834, esto es, cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y las conductas descritas en el art.62 de la Ley N°18.575, lo que no ocurriría en el presente caso, por lo que la destitución se habría aplicado por conductas no contempladas en dichos preceptos, motivo por el cual acusa la presunta infracción de los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad que gobiernan el ejercicio de la potestad disciplinaria, al señalar que el incumplimiento del reposo laboral por ausentarse del país estando con licencia médica, no se encuentra subsumida en los supuestos de la medida de destitución que señala el art.125 del Estatuto Administrativo.

Agrega que en el presente caso no se ha configurado ninguna situación que importe vulneración grave del principio de probidad administrativa.

Explica que la sanción se funda en haber infringido un reposo prescrito en una licencia médica, señalando que la autoridad debió ponderar la existencia de otros factores que mitigan o excluyen su responsabilidad, debiendo además considerarse su irreprochable conducta anterior, motivo por el cual estima estar en presencia de un acto arbitrario e ilegal, y denuncia como vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del art.19 de la Constitución Política de la República, consistente en la igual protección en el ejercicio de sus derechos y proscripción de ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad, respectivamente.

En relación al Primer Cargo formulado en el sumario, hace presente la recurrente infringió gravemente el principio de probidad administrativa, contemplado en el art.52 de la Ley N°18.575, lo que se configuró por haber, de manera subrepticia, inconsulta y sin autorización previa, trasladado su residencia desde la Región de Ñuble, donde realiza sus funciones para la Secretaría Regional Ministerial del Deporte, a la Región de Antofagasta y haber, en el contexto del marcaje remoto de asistencia asociado a la modalidad de teletrabajo, efectuado reiteradas marcaciones remotas que acreditaban su ingreso y salidas de la jornada laboral, en circunstancias que se encontraba viajando dentro del país hacia el extranjero, o bien se encontraba en el extranjero.

Al respecto señala que con el mérito de la abundante prueba agregada al expediente sumarial, se acreditó la infracción grave al principio de probidad administrativa por parte de la recurrente, lo que evidencia una conducta ética reñida con la rectitud y la integridad, y que se aprecia con nitidez en la falta de honestidad con su jefatura directa, al ocultarle su cambio de domicilio de una región a otra, lo que afectó la posibilidad de que ésta ejerciera el control jerárquico sobre su persona, como también, en mentir, al realizar marcaciones remotas en la Plataforma de Asistencia para Funcionarios con Teletrabajo en circunstancias que no se encontraba cumpliendo su jornada laboral, defraudando al servicio; asimismo, quedó de manifiesto la falta de honestidad al privilegiar sus intereses privados sobre los institucionales y en haber recibido silentemente la totalidad de sus remuneraciones a sabiendas que en reiteradas ocasiones se había ausentado sin justificación del Servicio.

De la manera anterior, fluye que la inculpada no informó oportunamente su traslado, sino que lo hizo meses después de haberse ido a vivir a Antofagasta, y no lo comunicó a su jefatura directa, el Seremi de Deportes de la Región de Ñuble, quien declaró que no fue informado de dicha circunstancia.

Indica que también se vulneró lo dispuesto en el art. 62 de la Ley N°18.575, según el cual: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros.

Durante la investigación, la fiscalía instructora logró acreditar que doña nombre reservado, utilizó para su beneficio propio, el sistema de marcaje remoto de asistencia, herramienta que el servicio puso a disposición de los funcionarios adscritos a la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo. La contundente prueba recabada, permitió acreditar que, la inculpada engañó al servicio, efectuando marcajes que simulaban su asistencia a la jornada laboral, en circunstancias que se encontraba ausente.

El método empleado por la inculpada, le permitió no utilizar los días de vacaciones a los que tenía derecho, incrementando, de manera ilegal e ilegítima días de asueto a los que no tenía derecho. 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

Expresa que la prueba recabada logró acreditar que la actora ocupó reiteradamente su jornada de trabajo para realizar actividades estrictamente personales, de descanso y placer, engañando al servicio mediante el marcaje remoto de asistencia, que se encontraba desarrollando sus labores.

Lo anterior quedó fehacientemente acreditado mediante el cotejo de los informes de asistencia mensual de la inculpada, lo informado por el departamento de migraciones de la Policía de Investigaciones y los dichos de la propia funcionaria. 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.

Señala que la conducta de doña nombre reservado contravino los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, resultando indudable que sus reiteradas ausencias en las que no desarrolló sus funciones, tuvieron una repercusión en las cargas de trabajo de su jefatura y de sus compañeras de labores en la Seremi del Deporte de Ñuble. Lo anterior, teniendo además en consideración que el equipo de trabajo de dicha Seremi solo cuenta con tres funcionarias, incluyendo a la inculpada.

En cuanto al Segundo Cargo, y que dice relación con haber presentado al servicio la licencia médica N°3 Folio NUM005, emitida el 20 de mayo de 2024 a las 11:20, que ordenó su reposo laboral total, por treinta (30) días, en su domicilio ubicado en domicilio reservado y región de Antofagasta, en que en esa fecha se encontraba en el extranjero, acción que realizó con el propósito de justificar su ausencia del servicio luego de haber expirado la totalidad de su período de vacaciones y la totalidad de los permisos administrativos con goce de remuneraciones.

Al respecto precisa que en el sumario administrativo no se afirmó que la funcionaria salió del país encontrándose con licencia médica extendida con anterioridad, infringiéndose así el reposo médico, sino que se señaló otra circunstancia distinta: que a la funcionaria se le emitió una licencia médica encontrándose en el extranjero, lo que unido a otras circunstancias permitió configurar su responsabilidad disciplinaria, lo cual es relevante, pues el recurso de protección se funda principalmente en el supuesto reproche de haber salido al extranjero encontrándose la funcionaria con licencia médica.

El cargo, luego de citar los medios de prueba que acreditan la conducta reprochada, señaló como vulneradas las siguientes normas:

Infracción grave del principio de probidad administrativa El artículo 52 de la Ley N°18.575, sobre cumplimiento estricto del principio de probidad administrativa.

De acuerdo con la prueba allegada al procedimiento disciplinario durante la investigación, se encuentra acreditada la infracción grave a la probidad administrativa por parte de la inculpada, la que se configuró por haber presentado la licencia médica N°3 Folio NUM005, que ordenaba reposo laboral total por treinta (30) días en su domicilio de la ciudad de Antofagasta, en circunstancias que se encontraba en el extranjero, acción que realizó deliberadamente, para sumar tiempo a su período de vacaciones, porque ya había utilizado sus días feriados y los permisos administrativos con goce de sueldo, y debía presentarse al servicio el 20 de mayo de 2024, en tanto que su pasaje de regreso tenía fecha el 24 de mayo de 2024.

En efecto, en los antecedentes del sumario de constan las copias de los pasajes aéreos adquiridos el 22 de noviembre de 2023, que indican la salida de nombre reservado de Chile con destino a Madrid, España, el viernes 15 de marzo de 2024 a las 00:25 y su regreso a Chile, desde Madrid, España, el viernes 24 de mayo de 2024 a las 22:05. Respecto a la marcación remota efectuada por la funcionaria el día de su salida de Chile con destino a Madrid, el viernes 15 de marzo de 2024, fue objeto de investigación y forma parte del primer cargo formulado en este escrito.

En cuanto a la fecha de regreso consignada en los pasajes aéreos, en ninguna parte se señala que ésta se produciría antes del 20 de mayo de 2024, esto es, la fecha en la que concluía su periodo de vacaciones. Tampoco consta que la funcionaria hubiera cambiado a última hora la fecha de su vuelo, postergando su regreso para el día 24 de mayo de 2024, por encontrarse enferma y asumiendo la penalidad respectiva.

Expone que la prueba recabada durante la investigación, acredita que la recurrente sabía y con mucha antelación, que, en la fecha en la que debía presentarse de regreso al servicio aún se encontraría en el extranjero y que no disponía de más feriados legales ni permisos administrativos con goce de remuneraciones, teniendo en consideración en este punto lo declarado en el sumario por el Encargado del Área de Gestión y nombre reservado, quien señaló que la funcionaria nombre reservado hizo uso completo de sus días de feriado legal y permisos administrativos con goce de remuneraciones correspondientes al año 2024 antes del inicio de la licencia médica individualizada”.

En efecto, la inculpada sabía que su ausencia justificada concluía el viernes 17 de mayo de 2024, esto es, cuando expiraba la totalidad de permisos administrativos con goce de sueldo que siguieron inmediatamente a su período de feriado legal, que no tenía más días disponibles para justificar su ausencia del servicio y que debía presentarse a sus labores el lunes 20 de mayo.

Expresa que, de la manera anterior, la funcionaria planificó previamente su estadía en el extranjero hasta el viernes 24 de mayo de 2024, según se acredita con la fecha de regreso de su pasaje aéreo, extendiendo en una semana su ausencia del país, esto es, los días lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de mayo de 2024, es decir, 5 días en los cuales no se presentó a cumplir sus funciones.

La ausencia injustificada de la funcionaria fue de conocimiento de las autoridades, cuando el Ente Contralor puso en conocimiento de éstas la infracción de la inculpada, quien, durante todo este tiempo, mantuvo silencio, ocultando sus actuaciones, lo que denota su falta de lealtad y honestidad con el servicio y una evidente priorización de sus intereses personales sobre el interés general.

Refiere que doña nombre reservado, también infringió el artículo 62 de la Ley N°18.575, según el cual: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

La prueba recabada logró acreditar que nombre reservado debía reincorporarse a sus labores el día 20 de mayo de 2024, acción que no realizó porque había extendido su periodo de vacaciones en el extranjero.

De esta manera, la inculpada destinó el tiempo que debía emplear cumpliendo su jornada laboral y realizando las tareas que tenía encomendadas, quedándose más tiempo fuera del país. Para lo anterior, utilizó en su beneficio personal, la modalidad excepcional de teletrabajo que el servicio implementó para los funcionarios.

Lo anterior quedó fehacientemente acreditado mediante el cotejo de los informes de asistencia mensual de la inculpada, lo informado por el Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones, las copias de los pasajes aéreos y los dichos de la propia funcionaria. 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.

La conducta de nombre reservado contravino los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad. Resulta indudable que las reiteradas ausencias de nombre reservado, en las que no desarrolló su trabajo, tuvieron una repercusión en las cargas de trabajo de su jefatura y de sus compañeras de trabajo en la Seremi del Deporte de Maule. Lo anterior, teniendo además en consideración que el equipo de trabajo de dicha Seremi solo cuenta con tres funcionarias, incluyendo a la inculpada.

En síntesis, refiere el funcionario informante que, como corolario de lo expuesto, es posible señalar que no es efectiva la comisión de actuaciones arbitrarias e ilegales, y no ha existido vulneración alguna a las garantías constitucionales de la recurrente por parte del Ministerio del Deporte, debido a que la sanción impuesta se ha aplicado en virtud de hechos investigados en un procedimiento administrativo, donde se resguardaron las normas básicas del debido proceso. Además, los hechos investigados son congruentes con los cargos formulados, con la prueba allegada al proceso y con la vista fiscal, donde finalmente se determinó aplicar la medida disciplinaria de destitución a la recurrente, atendida la gravedad de los hechos y por haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa que le asistía, de manera que la resolución sancionatoria se basta a sí misma, y es suficientemente motivada al contener todos los hechos investigados, los medios de prueba incorporados al expediente, y los razonamientos empleados que permitieron aplicar la medida disciplinaria de destitución. De este modo, el acto administrativo cuenta con la debida congruencia, es decir, existe coherencia entre los cargos formulados por la fiscal, los descargos de la inculpada y la resolución de la autoridad. Además, la decisión cuenta con razonabilidad, al contar con la exposición de los argumentos a través de los cuales se decide sancionar a la sumariada, justificándose el quantum del castigo aplicado, conforme al principio de proporcionalidad.

En mérito de lo expuesto, pide tener por evacuado informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción de protección, con condena en costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye de manera evidente que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente en contra de la Resolución Exenta NUM003, de 8 de octubre de 2025, dictada por el Ministerio del Deporte que rechazó el recurso de reposición y confirmó la medida disciplinaria de destitución en contra de doña nombre reservado. 6°.- Que, por su parte la recurrida señaló en su informe que la medida disciplinaria de destitución le fue aplicada a la actora por infringir gravemente el principio de probidad administrativa, al haber trasladado de manera subrepticia y sin autorización previa su residencia desde la Región de Ñuble a la Región de Antofagasta, y en ese contexto efectuó marcaje remoto de asistencia asociado a la modalidad de teletrabajo que acreditaban el ingreso y salida de la jornada laboral, en circunstancia que se encontraba viajando dentro del país, hacia el extranjero, o bien se encontraba en el extranjero. Asimismo, presentó licencia médica que ordenaba reposo laboral por 30 días en su domicilio de la ciudad de Antofagasta, en circunstancia que se encontraba en el extranjero, por lo que considera la recurrida que no ha existido actuación arbitraria o ilegal ni vulneración alguna a las garantías constitucionales de la recurrente. 7°.- Que, del análisis cronológico de las actuaciones administrativas que constan en autos, se verifica que la sanción de destitución fue propuesta inicialmente en la vista fiscal, respecto de la cual se interpuso recurso de reposición, y con fecha 8 de octubre del año en curso, se le notificó la resolución que rechazó dicho recurso, confirmando la medida de destitución de doña nombre reservado, lo que se materializó mediante la Resolución Exenta NUM003. 8°.- Que, en consecuencia, resulta claro que la resolución precedentemente aludida no constituye un acto administrativo autónomo e independiente, sino una resolución de carácter formal que rechazó un recurso de reposición por haberse agotado previamente las instancias previstas en la normativa estatutaria. Así, no existe en el presente caso un nuevo acto ilegal o arbitrario actual que justifique la intervención de esta Corte mediante la presente acción cautelar. 9°.- Que, como se expuso en el motivo que precede, ambas resoluciones atacadas, fueron suficientemente motivadas en antecedentes del proceso, arribándose a una decisión debidamente justificada, cumpliéndose, por tanto, el estándar de razonabilidad exigido. También aparece proporcionada la sanción, por la gravedad de los hechos que dieron origen al sumario, habiéndose acreditado en la investigación de manera evidente y palmaria que la recurrente, con su accionar, infringió gravemente el principio de probidad administrativa que le asistía, existiendo además coherencia entre los cargos formulados por el Fiscal y la resolución dictada por la autoridad. 10°.- Que, por otra parte, es criterio reiterado de nuestros tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso. La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo. 11.- Que, además, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que impongan medidas disciplinarias, a través de los recursos contemplados en el propio Estatuto Administrativo, y, eventualmente, mediante acciones contencioso- administrativas ante los tribunales competentes. En este sentido, la existencia de un procedimiento disciplinario regulado y finalizado mediante resoluciones que agotaron la vía recursiva correspondiente, impide que la presente acción de protección pueda prosperar, atendido su carácter subsidiario y excepcional. 12°.- Que, por consiguiente, y habiendo sido tramitado el procedimiento administrativo conforme a las normas legales aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente, y sin evidenciarse en autos un acto administrativo actual de naturaleza ilegal o arbitraria que justifique el otorgamiento del amparo solicitado, esta Corte estima que no concurren los requisitos para acoger la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por doña nombre reservado, en contra del MINISTERIO DEL DEPORTE.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL 865-2025-PROTECCIÓN.