nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ PROVINCIAL CONCEPCIÓN

Chillán, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Ñuble y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por vulnerar éstas con su actuar, las garantías previstas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que fue trabajadora de INOBI, desde el 1 de enero de 2024 hasta julio de 2024; que presentó cuatro licencias médicas, señalándose por los recurridos que no existía un derecho al pago de estas por no acreditarse relación laboral; que según los antecedentes que constan en la página web de la COMPIN, las licencias médicas rechazadas son las siguientes: 3-102489514, 3-100807906, 3-103600946 3-104189652.

Explica que padece Trastorno Depresivo Ansioso; que se acredita el vínculo de subordinación y dependencia que da lugar a una relación laboral con la empresa INOBI y en consecuencia era necesario que se autorizaran las licencias médicas a que había lugar.

En cuanto al derecho señala que el actuar de las recurridas infringe la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en el sentido que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado con una determinada incapacidad laboral, su rechazo implica no contar con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias, tales como alimentación y compras de medicamentos prescritos, comprometiendo y conculcando de esta forma, su derecho a la vida e integridad física y psíquica.

Agrega que los órganos recurridos rechazan el pago de las licencias por no estar acreditado el vínculo laboral, hecho que se comprueba con los documentos que acompaña a su presentación; en consecuencia, la decisión de la COMPIN y la SUSESO no se encuentra fundada ni motivada como lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880.

También señala como conculcadas las garantías contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues las recurridas han efectuado una discriminación arbitraria, ya que no existe ningún sustento fáctico para sostener que no existía una relación laboral y en razón de que existe un derecho de propiedad para el pago de las licencias médicas.

Termina solicitando a esta Corte acoger el recurso en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal el acto de no autorizar las licencias médicas; ordenando a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar las licencias médicas ya mencionadas y disponer el pago del subsidio de incapacidad laboral temporal subsecuente, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto. Asimismo, que se ordene a la Compin Subcomisión de Concepción autorizar las licencias médicas señaladas y disponer el pago del subsidio de incapacidad laboral temporal subsecuente, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto. En subsidio, que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

2°.- Que, al informar, doña nombre reservado, Presidenta de Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) Región del Bio Bío, señala que la paciente inicia reposo médico correspondiente como trabajadora dependiente de Ingeniería y Servicios Bio Bio SpA, contratada o contar del 01 de enero de 2024 de manera indefinida, en el cargo apoyo licitaciones, por un sueldo base mensual de $ 1.500.000.

Agrega que las licencias médicas por las que se recurre se encuentran autorizadas médicamente conforme a D.S. 3/84 que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. Posteriormente y de acuerdo con la normativa vigente una vez que las licencias se encuentren debidamente autorizadas, son remitidas a la unidad de Subsidios para la verificación de cumplimiento de los requisitos para el pago definidos en D.F.L 44/78 que fija normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado.

Relata que, en virtud de lo anterior la COMPIN, en pleno uso de sus facultades fiscalizadora contenidas en el D.S. 3/84 art. 11 inc. 3°, 14,21 y 48; y al no ser suficientes los informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador solicitó una serie de documentos a fin de acreditar el derecho a percibir el subsidio por concepto de licencias médicas presentadas. Luego, al estudiar los antecedentes presentados, se determinó que no es posible otorgar el subsidio por incapacidad laboral correspondiente porque no se pudo constatar la labor supuestamente desempeñada por la recurrente para el empleador “Ingeniería y Servicios Bio Bío SpA.”; que como medida para mejor resolver se realizó una fiscalización en terreno en el domicilio laboral, donde no fue habida. A continuación la usuaria remitió documentos y fotografías que fueron insuficientes para establecer la existencia de vínculo laboral entre ella y la empresa Ingeniería y Servicios Bio Bío SpA.

Explica que conforme a la reiterada jurisprudencia de la SUSESO, debe existir una huella laboral efectiva que acredite de manera concreta y material la prestación realizada por el trabajador para dar origen a los subsidios establecidos para el uso de licencias médicas.

Añade que la Superintendencia de Seguridad Social confirma la determinación adoptada por la Compin mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-136201-2024 de fecha 27.08.2024.

Sostiene que las resoluciones objetadas han sido tramitadas por el procedimiento establecido en la normativa y han sido adoptadas por lo autoridad llamada por ley para hacerlo. Además, la recurrente no agota las instancias administrativas que norman el uso de licencias médicas y propician una resolución acertada de estos casos, ya que no presentó recurso de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social por no pago de las licencias médicas recurridas, presentando nuevos antecedentes laborales o previsionales, que permitan rebatir o cuestionar los conclusiones que determinaron el rechazo del pago de las licencias médicas por parte de la COMPIN.

Agrega que la COMPIN ha actuado según las facultades otorgadas por los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S N° 3/84 sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas y D.S. N° 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de licencias médicas y Ley 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas. Todo lo anterior conduce inexorablemente al rechazo de la acción cautelar al no apreciarse algún acto arbitrario o ilegal que haya privado. perturbado o amenazado las garantías fundamentales invocadas por el recurrente.

Concluye señalando que no concurren los presupuestos para acoger la acción constitucional y solicita tener por presentado el informe solicitado, en tiempo y forma.

3°.- Que, al informar el abogado don Francisco Ortega Bello en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alegó primeramente la improcedencia de la acción, porque la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social del artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por el recurso de protección.

Agrega que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, por tanto solicita se declare la improcedencia del recurso interpuesto.

En cuanto al fondo del recurso refiere que el beneficio denominado licencia médica regulado en el D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (Isapre), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales.

Sostiene que, en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

En referencia a los requisitos para tener derecho al pago del subsidio por incapacidad laboral, transcribe el inciso primero del artículo 4°, del D.F.L. Nº 44, del año 1978 y el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Señala que el procedimiento de autorización de licencias médicas está regulado en el D.S. N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, de acuerdo con el cual, luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes, corresponde a las instituciones de salud previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, como ocurre en la especie, o a las Comisiones De Medicina Preventiva E Invalidez (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud. Las resoluciones de las ISAPRES, relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMPIN. Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las dos situaciones descritas precedentemente, se puede pedir reconsideración ante la misma entidad, y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia De Seguridad Social.

Destaca que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y que el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado por la Ley Nº 20.691, de 2013, establece cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

Añade que el artículo 3º del mismo cuerpo legal dispone que, “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) dispone que le corresponde: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, debe cumplir las funciones asignadas por ese cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Afirma que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso; y que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho a dicho subsidio se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (Isapre O Compin). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Por otra parte, respecto a la procedencia al pago del subsidio por incapacidad laboral, el artículo 15 del citado DFL 44/78, señala que “Los subsidios durarán hasta el término de la correspondiente licencia médica, aun cuando haya terminado el contrato de trabajo”.

Con respecto a la recurrente, señala que al momento de resolver el caso de la Sra. nombre reservado, se tuvo a la vista el informe fiscalización de vínculo laboral, el cual da cuenta de las visitas de fiscalización efectuadas en la dirección laboral, en las que no logró acreditarse de forma indubitada la calidad de trabajadora dependiente de la recurrente. En consecuencia, con los antecedentes recopilados, no fue posible formar la convicción en cuanto a que la recurrente haya tenido la calidad de trabajadora dependiente que justificaría el reposo laboral otorgado por las licencias médicas reclamadas. En virtud de ello, el Servicio resolvió confirmar lo obrado por la citada COMPIN, sin perjuicio de lo cual se hizo presente a la interesada que en el evento de que acompañe nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por la citada entidad, su caso podrá ser nuevamente analizado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UJU-136201-2024, de 27 de agosto de 2024.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de estas, como las contenidas en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN.

Por último el letrado reitera que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social; que su representada se limitó a resolver la situación de la parte recurrente, dentro del ámbito de su competencia; que no ha existido vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la Carta Fundamental.

Finaliza solicitando que la acción de protección interpuesta sea desestimada en todas sus partes, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, la Superintendencia de Seguridad Social alega la improcedencia de la acción cautelar, fundado en que lo debatido dice relación con materias propias del campo de la seguridad social, que se encuentra garantizada en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no amparada por el recurso de protección.

8°.- Que, la referida alegación debe ser desestimada, atendido que la recurrente invoca como conculcadas las garantías contempladas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro de la enumeración prevista en el artículo 20 de dicho cuerpo legal.

9.- Que, en cuanto al fondo, la recurrente funda su presentación en el acto que estima arbitrario e ilegal de las recurridas, consistente en no autorizar las cuatro licencias médicas presentadas, N°s 3-102489514, 3-100807906, 3-103600946 y 3-104189652, negativa fundada en no acreditarse huella laboral y, por tanto, la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante, existiendo, según la actora, falta de fundamentación que afecta las garantías individuales que señala.

10º.- Que, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), informó que en uso de sus atribuciones, realizó una fiscalización en el domicilio señalado por la recurrente como aquel en que prestaba servicios, y, al tratarse de una oficina virtual, no pudo constatarse la existencia de la relación laboral, por lo que se solicitaron antecedentes complementarios, de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora, para acreditar el derecho a percibir el subsidio por incapacidad; y que, el análisis de tales antecedentes determinó que no era posible otorgar el referido subsidio, por no haber sido posible constatar la labor realizada.

11°.- Que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-136201-2024, de 27 de agosto de 2024, luego de referir los antecedentes tenidos a la vista consignó que “(…) conforme se desprende del artículo 1°, del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: 1) Permitir la ausencia justificada al trabajo o el uso de descanso de protección a la maternidad y 2) El otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por una persona cuya calidad de trabajador no aparezca suficientemente acreditada.

Que, en nuestra legislación, debe acreditarse la realización efectiva de una actividad laboral bajo subordinación y dependencia.

Que, la calidad de trabajadora inherente a toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador.”.

Y en virtud de tales consideraciones resolvió confirmar la determinación adoptada, por no existir antecedentes que permitieran resolver de una manera distinta, dejándose constancia que el caso puede ser nuevamente analizado si la recurrente acompaña nuevos antecedentes y que también podía interponer recurso de reconsideración ante la Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 25 y 59 de la Ley 19.880.

12°.- Que el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por la COMPIN e Instituciones de salud Previsional define aquellas en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

Por su parte, el D.F. L. 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social fija las normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, entre ellos el tiempo mínimo de afiliación y de cotización antes de la fecha inicial de la respectiva licencia; la forma en que debe otorgarse el subsidio que origine el permiso postnatal; la exención de los periodos mínimos antes referidos en caso de accidente; la base de cálculo para la determinación del monto de los subsidios, la forma en que éstos se devengan, etc.

13°.- Que, el conforme al artículo 1° inciso final de la Ley N° 16.395, de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que lo administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley.

Por su parte, el artículo 3º prescribe: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.

La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá las órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

14°.- Que, conforme a las normas referidas precedentemente, la Superintendencia de Seguridad Social tiene conforme a la ley, en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, la facultad de determinar la efectividad de la relación laboral invocada por quien pretende beneficiarse del subsidio a que da derecho la licencia médica, toda vez que por una parte ésta se inscribe entre las órdenes médico sociales comprendidas en el ámbito de su supervigilancia conforme el artículo 3º de la Ley N° 16.395 y, por otra, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, conceptualiza la licencia médica como un derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por uno de los especialistas que la norma indica, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o Institución de Salud Previsional según corresponda; de lo que se sigue que la calidad de trabajador resulta esencial para determinar la procedencia de la licencia. (En este sentido, SCS Rol 12.898-2018, de 30 de octubre de 2018).

En consecuencia, cuando la Comisión de Medicina Preventiva efectúa una fiscalización tendiente a establecer la efectividad de la existencia de una relación laboral, la que luego es revisada por la Superintendencia de Seguridad Social, obran dentro de la esfera de sus atribuciones legales.

15°.- Que, por otro lado, los actos administrativos emanados de las recurridas, en los que determinan la improcedencia del subsidio a que da lugar la licencia médica, se encuentran debidamente fundados en los antecedentes recabados en el caso particular, cumpliendo con ello el deber legal que la recurrente estima trasgredido, establecido en el artículo 11 de la ley 19.880, que señala en su inciso segundo que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

En efecto, en los documentos acompañados, aparece que el informe de fiscalización elaborado por la COMPIN se hace cargo de manera clara y precisa de cada uno de los antecedentes aportados por la recurrente ante dicho órgano, señalando las razones y motivos por los cuales no se logró verificar el puesto de trabajo en domicilio reservado, sin poder validar huellas laborales con documentación tangible de las labores estipuladas en el contrato de trabajo acompañado, o verificar la existencia de más trabajadores, contrato de reemplazo, planillas de pago de cotizaciones y otros.

De igual manera, el citado informe se hace cargo de por qué razón las fotografías, correos electrónicos acompañados y planillas de declaración y pago simultáneo de obligaciones previsionales, que fueron adjuntados, no son hábiles para acreditar la existencia de la relación laboral.

16°.- Que, en dicho contexto, careciendo la recurrente de uno de los presupuestos esenciales para tener derecho a subsidio por incapacidad laboral, y, por tanto, de un derecho indubitado en el que pueda ser amparada a través de la presente acción, esta no podrá prosperar, debiendo rechazarse la pretensión de la actora, resultando innecesario analizar las garantías constitucionales que se estiman vulneradas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Ñuble y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la ministra señora Érica Pezoa Gallegos.

No firma la abogada señora Cornejo no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

ROL N° 863-2024-Protección. -