Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, nueve de abril de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece Miguel Ángel Calderón Flores, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Ñuble, por haber confirmado y/o sostenido el rechazo de una licencia médica, a través de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 22 de diciembre de 2025, extendida por un total de 25 días a contar del 11 de noviembre de 2025, por estimar “no justificado” el reposo.

Expone que, existe una acción de protección previa bajo el rol 13-2026 de ingreso de esta Corte respecto a otras licencias médicas del mismo tipo y reposo.

Señala que, su representada se desempeña como profesora de matemáticas y que, a raíz de un episodio de violencia en el trabajo, se activó el protocolo de la denominada “Ley Karin”, deduciéndose demanda laboral por vulneración al deber de cuidado en contra del Colegio Concepción, tramitada ante el Juzgado del Trabajo de Chillán.

Indica que, la recurrente no presentaba antecedentes relevantes de patologías de salud mental, apareciendo la sintomatología como consecuencia del episodio de violencia laboral y su manejo institucional.

Refiere que, en dicho contexto clínico, se le extendieron licencias médicas por enfermedad común asociada a trastorno ansioso-depresivo, las cuales fueron rechazadas en forma sucesiva por la COMPIN Región de Ñuble, con causal estandarizada y genérica, sin explicar por qué los antecedentes concretos no justificaban reposo.

Agrega que, existe un patrón administrativo de rechazo por fórmula predefinida, sin motivación individual suficiente, afectando la continuidad terapéutica y la seguridad económica de la trabajadora.

Señala que, su representada reclamó ante la SUSESO, la cual confirmó el rechazo señalando que los antecedentes no permiten establecer incapacidad laboral más allá de 90 días de reposo y que los informes no exponen un plan de tratamiento psicofarmacológico progresivo concordante con la extensión del reposo.

Sostiene que, tal razonamiento es ilegal y arbitrario, por cuanto omite ponderar la evidencia clínica y funcional, utilizando un estándar rígido que desconoce que el reposo terapéutico, la psicoterapia y el retiro del estresor forman parte del tratamiento.

Indica que, los rechazos carecen de fundamentación suficiente, utilizando fórmulas estandarizadas sin explicar la evaluación clínica, ni ponderar antecedentes contemporáneos, infringiendo el deber de motivación de los actos administrativos y la normativa del DS N° 3/1984 y la Ley N° 19.880.

Agrega que, existe desconexión con la evidencia clínica, señalando que la patología de salud mental compromete la capacidad funcional para el ejercicio de la docencia, y que el rechazo de licencias genera un estresor económico que agrava el cuadro clínico.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala las contempladas en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 9 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita a esta Corte: 1. Tener por interpuesto recurso de protección en contra de SUSESO y COMPIN Región de Ñuble, admitirlo a tramitación y, en definitiva, ACOGERLO, declarando que el Dictamen SUSESO NUM000 de fecha 22 de diciembre de 2025, y los rechazos COMPIN asociados, son ilegales y arbitrarios. 2. En consecuencia, ordenar como medida de restablecimiento del imperio del derecho: a. Dejar sin efecto el dictamen recurrido y las resoluciones de rechazo que le sirven de base, y b. Disponer que la recurrida SUSESO emita un NUEVO pronunciamiento debidamente fundado dentro de plazo breve (p. ej. 5 días), ordenando una evaluación clínica idónea (idealmente por especialista en salud mental distinto del emisor tratante, o junta evaluadora), ponderando integralmente los antecedentes aportados, y/o c. Directamente ordenar a COMPIN y a la entidad pagadora (CCAF correspondiente) autorizar las licencias y pagar el subsidio por incapacidad laboral devengado, si así lo estima procedente esta Corte. 3. Ordenar todas las demás providencias que se estime necesarias para la debida protección de su representada, con expresa condena en costas. 2°- Que, informa nombre reservado, en su calidad de presidente de la COMPIN Región de Ñuble, señalando los antecedentes médicos y administrativos de la recurrente.

Indica que, ésta presentó licencias médicas continuas desde el 05 de mayo al 31 de diciembre de 2025, por diagnóstico de trastorno ansioso depresivo, contabilizando un total de 241 días de reposo, de los cuales se autorizaron los primeros 90 días.

Señala que, el fundamento del rechazo se basa en que, posterior a la presentación de reposos continuos, no se presentaron fundamentos suficientes que respaldaran la extensión del reposo ni la falta de reintegro laboral.

Expone que, la recurrente refiere una situación puntual en su lugar de trabajo, consistente en una agresión verbal por parte de un apoderado, a raíz de lo cual fue derivada a atención psicológica y comenzó tratamiento con especialista.

Agrega que, desde la primera atención médica se han prescrito los mismos fármacos sin cambios terapéuticos, pese a no evidenciar mejoría.

Indica que, los antecedentes clínicos no explican la mantención de un reposo prolongado, ni se establece una estrategia terapéutica que justifique su extensión.

Señala que, la licencia médica es un instrumento terapéutico y que, conforme al Decreto Supremo N° 3 de 1984, la COMPIN se encuentra facultada para rechazar el reposo cuando este no se encuentre debidamente fundamentado.

Agrega que, la recurrente actualmente no se encuentra con reposo, pudiendo realizar actividades normales, lo que refuerza la improcedencia del reposo prolongado.

Finalmente, indica que se han rechazado las licencias médicas individualizadas y sus apelaciones respectivas, manteniendo la decisión adoptada. 3°.- Que, informa Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso.

Señala, en primer término, la extemporaneidad de la acción, indicando que la resolución impugnada fue notificada con fecha 22 de diciembre de 2025 y que el recurso fue interpuesto el 22 de enero de 2026, esto es, fuera del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado.

Indica que, la acción de protección no constituye una instancia de reclamación subsidiaria, y que las reclamaciones administrativas no suspenden el plazo para su interposición.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción, señalando que la materia dice relación con el derecho a la seguridad social, el cual no se encuentra amparado por la acción de protección conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la autorización o rechazo de licencias médicas corresponde a las COMPIN o ISAPRES, conforme a la normativa vigente, y que la Superintendencia se limitó a resolver los reclamos presentados, conforme a derecho.

Agrega que, las resoluciones impugnadas fueron dictadas conforme a antecedentes médicos y administrativos, concluyendo que el reposo no se encontraba justificado, no existiendo incapacidad laboral más allá del período autorizado.

Sostiene que, la acción de protección no es la vía idónea para controvertir decisiones médicas adoptadas en el sistema de seguridad social.

Finalmente, solicita se rechace el recurso de protección por extemporáneo o, en subsidio, por improcedente y en todo caso en cuanto al fondo, con costas. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7º.- Que, como se indicó la recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta NUM000, de fecha 22 de diciembre de 2025, que le habría sido notificada el día 23 del mismo mes y año a través de correo electrónico y que rechaza una licencia médica número NUM001 extendida por 25 días a contar del 11 de noviembre de 2025, estimando que la mencionada resolución carece de una adecuada fundamentación no ponderando correctamente los antecedentes médicos de doña nombre reservado. 8°.- Que, por su parte la Superintendencia de Seguridad Social previo a informar respecto del fondo, alegó la extemporaneidad de la acción de protección y la improcedencia de la misma en materias de seguridad social.

En cuanto a la extemporaneidad, esta será descartada atendido que la resolución que se impugna le fue notificada a la recurrente el día siguiente de su dictación, por lo que la presente acción se ha interpuesto dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la actora tomó conocimiento del acto. 9°.- Que, por otro lado, en relación a la improcedencia de la acción alegada por la Superintendencia de Seguridad Social por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, tal alegación también será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, los cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 10°.- Que, sobre las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral, la Excelentísima Corte Suprema ha emitidos fallos recientes con fecha 28 de enero de 2026, en autos Rol N°42.908-2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25. 11°.- Que, esta Corte seguirá los fundamentos de los fallos mencionados precedentemente. 12°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 13°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c)

Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá las órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. 14°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la COMPIN la aprobación o rechazo de licencias médicas y a la SUSESO la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, teniendo además esta última, conforme con los artículos 2° y 3°, la calidad de organismo técnico de control. 15°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que las recurridas se ajustaron al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades, con arreglo al carácter técnico que ostentan, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado, no apareciendo como una fundamentación aparente como alega la recurrente. 16°.- Que, la decisión de no disponer los exámenes complementarios previstos en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, cuando se estima por los profesionales médicos del servicio que los que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo. 17°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado contra de la COMPIN Región de Ñuble y la Superintendencia de Seguridad Social. Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 86-2026.- PROTECCIÓN.