nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE ÑUBLE

Chillán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Juan Francisco Maibee Cadenas, en favor y a nombre de doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Ñuble, representada por su Director(S), nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Refiere el letrado que, mediante Resolución Exenta RA N°125625/25/2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, se reconoció por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Ñuble el nombramiento a contrata de doña nombre reservado, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, para desempeñarse como administrativo, asimilado al grado 18° de la planta administrativos, con 44 horas semanales, contrata la cual fue prorrogada por los años 2021 y 2022, conforme Resolución Exenta RA N° 125625/2021 y Circular N° 39/2016 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanización, respectivamente.

Indica que con fecha 30 de noviembre de 2022, mediante Resolución Exenta N°1508, se notificó a la hoy recurrente, la no renovación de contrato para el periodo 2023, haciendo presente que la recurrida puso término a la contrata, dentro de sus consideraciones, porque la funcionaria no se encuentra amparada por la confianza legítima.

Sostiene el letrado que lo señalado en el acto reclamado corresponde a fundamentos genéricos, constituyendo un acto discriminatorio, arbitrario e ilegal, al colocar término de la contrata, no reconociendo los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, dictámenes pronunciados por Contraloría General de la Republica y demás normas complementarias que protegen jurídicamente a la recurrente como funcionaria pública.

Se sostiene que el acto ilegal y arbitrario objeto del presente recurso tuvo lugar con ocasión de la dictación de la Resolución Exenta N°1508 de fecha 30 de noviembre de 2022, habiéndose en consecuencia interpuesto la presente acción dentro de plazo, al no haber transcurrido el plazo de fatal de treinta días corridos.

En opinión del letrado, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Ñuble fundamenta de forma vaga e imprecisa el término de la contrata en la existencia de un supuesto en que la recurrente estaría como administrativa dentro del Gabinete del Director del Servicio, lo que habla sobre un supuesto vinculo de confianza, situación que en la práctica falta a la verdad de manera poco lógica, ya que las funciones de la recurrente fueron como administrativo asimilada al grado 18°, así como lo expresan sus contratos prorrogados, situación que, por lo demás, no ha motivado suficientemente en el señalado decreto, vulnerándose entonces lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880 y deviniendo el acto en uno ilegal y arbitrario.

Se considera que el proceder de la recurrida, ha lesionado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haber establecido diferencias arbitrarias, no habiendo la recurrida dado término a la contrata de todos los demás funcionarios que bajo dicha modalidad se desempeñan, estimando que la Resolución Exenta N° 1508 es contradictoria y poco clara, en cuanto dispone el término de la contrata mediante argumentos vagos e imprecisos, desde que no es posible determinar cuál es la razón que, en definitiva, justifica la decisión, no lográndose determinar porqué de forma repentina e intempestiva, los servicios de un funcionario bien evaluado e idóneo para el cumplimiento de las funciones requeridas, dejan de ser requeridos por una presunta reestructuración o reasignación de funciones, sin quedar clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad y de motivación que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los funcionarios públicos. De este modo, la resolución impugnada carece de motivación, por lo que el término intempestivo de la contrata decretado por el Servicio, deviene en arbitrario e ilegalmente discriminatorio, vulnerando lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880.

También se considera que el acto reclamado lesiona la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, en concreto, el derecho de propiedad, el derecho a la estabilidad en el empleo, así como a la continuidad de los servicios y sobre las remuneraciones propias del cargo, cosa incorporal sobre la cual igualmente existe propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil, vulneración la cual se ha producido debido a la cesación ilegal y arbitraria de las funciones, dispuesta por la recurrida en virtud del acto impugnado. Se cita por el letrado, jurisprudencia judicial y administrativa.

Termina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de Ñuble, ya individualizada, dar curso a su tramitación, declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo y se declare ilegal y/o arbitrario la Resolución Exenta N° 1508 de fecha 30 de noviembre de 2022, dejando sin efecto el término de la contrata, ordenando el reintegro de la recurrente a sus funciones y el pago de aquellas remuneraciones que se devenguen en el tiempo intermedio, con expresa condenación en costas para la recurrida.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa don Jorge López Vergara, abogado, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble, quien en primer término aporta latamente antecedentes relativos a la contratación de la recurrente y sus términos, destacándose que las funciones de la recurrente dependían exclusivamente del Director de Serviu Ñuble durante todo el transcurso de su contratación, reflejado inclusive con fecha 2 de noviembre de 2022, cuando el Director (S) nombre reservado, resuelve acoger la apelación interpuesta por doña nombre reservado, mediante Resolución Exenta N° 1371, en el sentido de subir la calificación de la Junta Calificadora.

Detalla el letrado que la Resolución que dispone el nombramiento de la recurrente en su considerando 6° y 7°, señala también la forma especial de contratación, procedimiento indicado en los artículos 13° y 14° de la Resolución N° 1 de 2017, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, publicada el 10 de noviembre de 2017, los procedimientos de reclutamiento y selección de los Servicios Públicos que pretende proveer cargos en calidad jurídica a contrata o Código del Trabajo Se sostiene que la Resolución que dispone la no contratación indica en sus Vistos, letra g), h) e i), los antecedes de la contratación, conforme a las Resoluciones Exenta RA N° 125625/51/2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, por la cual se designa la contrata de doña nombre reservado; Exenta RA 125625/88/2021 por la cual se prorroga la contrata por el periodo 2022, sosteniéndose, en base a lo dispuesto en el artículo 3 letra c) y 10 del D.F.L N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, y Dictamen N° E156.769/2021, de la Contraloría General de la República, que no resultan aplicables a la recurrente, las disposiciones sobre confianza legítima contenidas en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que consta entre otros, en el Dictamen N°156.769/2021, haciendo presente que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, consta en el resuelvo N°1 de la Resolución Exenta RA N°125625/51/2020, que dispone la contratación de la funcionaria, y por las atribuciones orgánicas de la autoridad superior de la institución de impulsar las acciones y medidas necesarias para garantizar la eficiencia y competencia profesional y técnica del personal integrado a sus equipos regulares de trabajo, pudiendo reformular y racionalizar las actividades pertinentes para optimizar el cumplimiento de los servicios y productos comprometidos conforme a sus objetivos de gestión institucional, se estima que los servicios de nombre reservado, ya no son necesarios..

Refiere el letrado que el acto administrativo impugnado se encuentra dotado de motivación suficiente, toda vez que en él se explica que la decisión de poner término a la contrata en lo sustancial, a la ausencia de confianza, atendida la naturaleza del cargo de gabinete que ostenta la recurrente. Cita fallo de la Corte Suprema Rol N° 29.780-2018 y de la Corte de Apelaciones de Rancagua Rol N° 5.293-2018, así como Dictamen N° E156769, de fecha 17 de noviembre de 2021, de la Contraloría General de La República.

Termina solicitando que, no habiendo existido arbitrariedad ni ilegalidad en la actuación de su representada y en virtud de los fundamentos expuestos rechazarlo en todas sus partes con costas.

A su informe, acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en la presente acción, la recurrente reprocha a la recurrida el término de su contrata para el periodo 2023, al no existir motivación para aquello y a su vez, la recurrida funda su actuar en que el cargo que detentó la actora, lo fue siempre en base a la denominada “confianza legítima” del entonces director del servicio y las facultades dadas por el ordenamiento jurídico.

7°.- Que, necesario es advertir que constituye jurisprudencia administrativa el que una relación a contrata que exceda de dos años y se renueve reiteradamente una vez superado ese límite, tiene el mérito de transformarla en un vínculo indefinido conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó aplicar de manera uniforme, y que ha plasmado en dictámenes recientes, principio y criterio que ha sido recogido por la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, resultando pertinente señalar que ello se traduce en que el Jefe de Servicio, al tomar la decisión de no renovar el contrato de una persona a contrata que goza de confianza legítima o terminarlo anticipadamente, debe hacerlo a través de un acto administrativo que exprese completamente los fundamentos de hecho y de derecho, así como el razonamiento realizado para tomar dicha determinación.

En el mismo orden de ideas expresada en el acápite que antecede, el principio de confianza legítima impone en definitiva la obligación de fundamentar las decisiones administrativas, lo que es de suma relevancia en estos casos en que se desvincula a una trabajadora de su fuente laboral, teniendo ésta la expectativa razonable de continuar prestando sus servicios. Es decir, no se desconocen las facultades o potestades que la ley confiere a las autoridades u órganos públicos, sino a la racionalidad de cómo se ejercen éstas. De lo anterior fluye de manera evidente que la exigencia de motivación de los actos de la administración, consiste en hacer pública las razones de hecho y de derecho que lo justifican, permitiendo su control por el interesado y opinión pública, exigencia necesaria para descartar su ilegitimidad y permitiendo, asimismo, su control jurisdiccional, único modo que puede el afectado por una medida decidir sobre la pertinencia de su impugnación, de modo que la necesidad de exteriorizar la racionalidad de la decisión, será en todo caso procedente cuando se afecte la esfera jurídica del particular destinatario del acto administrativo, puesto que de ese modo se garantiza que no se actuó en forma arbitraria, motivación que permitirá conocer cuáles fueron los criterios fundamentales de la decisión, en especial, la adecuada ponderación de los intereses públicos y privados en juego y los demás elementos de juicio requeridos por la norma, sin que se cumpla con esta exigencia a través de fórmulas genéricas, las que habrán de concretarse en cada caso, relacionando y explicitando los factores de hecho concurrentes, con la política pública que lo fundamenta.

8°.- Que por su parte, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado reiteradamente que el cargo de exclusiva confianza no se define por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico, siendo un tipo de cargo con características especiales que requieren una interpretación restrictiva del mismo, encontrándose, por lo demás, normado su término.

9º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil dejar asentado que de los antecedentes que obran en autos, se acredita la circunstancia de que la recurrente ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades, lo que generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, siendo lo anterior refrendado por la propia Contraloría, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria con sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, no concurriendo en la especie dichos supuestos.

10°.- Que, si bien la administración se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata de la actora, no es tampoco menos cierto que la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley, lo cual así lo ha determinado la jurisprudencia de nuestros tribunales, la que ha señalado que es necesario acudir a la legislación que regula los actos de Administración, puesto que la resolución dictada por un jefe superior del servicio que pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente reglado.

Y, así el uso de una facultad discrecional no exime de manera alguna a la autoridad de fundamentar sus decisiones, transparentando las razones jurídicas y fácticas que le sirven de sustento, haciendo constar en sus resoluciones cómo la adecuada administración de los medios determina adoptar una cierta decisión. No otra conclusión puede inferirse del mandato contenido en el artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado (Ley 18.575), en cuanto dispone que los actos de la autoridad deban propender a una eficiente e idónea administración de los medios jurídicos y la función pública.

Que por otra parte, la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en el artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales.

Además, dicho estatuto jurídico establece en el inciso segundo del artículo 11, la obligación de motivar, o de fundamentar expresamente en el mismo acto administrativo las razones de la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas.

Y el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

11° Que a su vez, la decisión de poner término a la contrata de la actora, debido a que esta detentaba un cargo de confianza, de la documentación acompañada, se desprende que aquella servía un cargo de “administrativo”, cargo que de ninguna manera puede ser considerado como de confianza, aquello a la luz de los considerandos de la resolución RA N°125625/51/2020 que resolvió su contratación, el cual en ningún acápite lo describe como “de exclusiva confianza del director del servicio”.

12°.- Que, así las cosas, la conducta que se reprocha al Servicio recurrido vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues, un funcionario administrativo tiene la legítima expectativa de conocer los antecedentes por los cuales se decide su término anticipado, y de obtener una renovación de su empleo, si después de más dos años no ha tenido reproches de la jefatura, y además el derecho de propiedad, respecto de su cargo a contrata, privándolo del derecho a permanecer y ser renovado en sus funciones, salvo que una causa legal, justifique lo contrario, lo que no ocurre en el caso de marras.

13°.- Que, de acuerdo con lo antes razonado y considerando que la fundamentación es un requisito exigido generalmente por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de los particulares, en la especie se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al ponérsele término anticipado, a su contrata injustificadamente, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

14°.- Que, por las razones señaladas precedentemente se acogerá el recurso de protección deducido por la recurrente, quien deberá ser reincorporada en sus funciones según se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por Juan Francisco Maibee Cadenas, en favor y a nombre de nombre reservado, y en consecuencia se dispone que el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Ñuble, deberá a proceder a dejar sin efecto Resolución Exenta N°1508 de 30 de noviembre de 2022 que afecta a la recurrente, por el cual se puso término a su nombramiento a contrata, debiendo reincorporarla de inmediato a sus funciones que se entienden renovadas desde el 1 de enero del presente año, con el pago de las remuneraciones correspondientes por el tiempo que permaneció separado de sus labores, sin costas, por no estimárseles procedente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dése cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

No firma el Ministro señor Claudio Arias Córdova, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Rol 8599-2022-Protección.