Protección contra Tesorería General de la República
- Fecha
- 21 de julio de 2016
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 856-2016, sentencia de 21 de julio de 2016
Resumen
Se rechaza la protección contra la Tesorería General de la República por falta de fundamentación: la recurrente no acompañó ni individualizó la resolución que ordenó retener su devolución de impuestos, impidiendo tutelar la garantía invocada.
Texto íntegro
Chillán, veintiuno de julio de dos mil dieciséis.
Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Fiscal Judicial señor nombre reservado.
Chillán, veintiuno julio de dos mil dieciséis.
VISTO:
A fojas 1 y 7, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, prevencionista, domiciliada en domicilio reservado; domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, persona jurídica de derecho público, representada por don nombre reservado, Tesorero General de la República, ignora profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado su acción constitucional refiere que por resolución de dicho Servicio de 13 de mayo de 2016, se ordenó retener dineros provenientes de su devolución de impuestos, originados de la emisión de boletas provenientes de su trabajo a honorarios, actividad la que desarrolla sin contar con un contrato de trabajo ni vínculo laboral, lo que en la práctica le significa estar al margen de las normas de protección social, y cuyos impuestos han sido correctamente pagados y declarados ante el Servicio de Impuestos Internos, ingresos que son los únicos de los que dispone para sobrevivir junto a su familia, pues conforme a lo antes señalado no cuenta con un trabajo formalmente estable. Precisa que tales montos fueron retenidos, aparentemente, para ser destinados al pago de deudas educacionales.- Estima que la garantía constitucional protegida es la establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el referido organismo público ha actuado privándole de dicha garantía constitucional y actuando en su perjuicio y en el de su familia, como si se tratara de una verdadera -expropiación", omitiendo todo procedimiento judicial al respecto, infringiendo el debido proceso, estimando que su derecho de propiedad se encuentra vulnerado de manera actual, seria, precisa y concreta, de manera que se le ha privado de su devolución de impuestos, que legalmente es de su propiedad, por una decisión arbitraria e inconstitucional.- Termina solicitando que en consideración a los hechos descritos y disposiciones constitucionales referidas, así como las normas del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales emanado de la Excelentísima Corte Suprema, se admita a tramitación el presente recurso o acción de protección, ponerlo en conocimiento de la recurrida, disponiendo que ésta informe al tenor del mismo y en definitiva acogerlo en todas sus partes, ordenando se deje sin efecto la retención de impuestos antes referida y se disponga que se le devuelva el dinero retenido en forma urgente, dada la precariedad de su situación económica y social, dentro del plazo que este Tribunal determine.- A fojas 13, informa el presente recurso don nombre reservado, Tesorero Provincial de Ñuble, solicitando el rechazo con costas de la presente acción constitucional.- Refiere que la recurrente no señala - aparte de hacer mención en forma inconexa a una serie de disposiciones constitucionales - cuál es el derecho supuestamente vulnerado por su mandante, así como tampoco lo hace con respecto a la forma como se produciría dicha conculcación, quién la realiza, en qué circunstancias, ni qué derecho se encontraría afectado.- En cuanto al fondo, refiere que la ley le entrega al Servicio de Tesorerías, la misión de cobrar administrativa y compulsivamente las obligaciones tributarias y los créditos del sector público que no han sido pagados dentro de los respectivos plazos de vencimiento, tarea la que se encuentra normada fundamentalmente en el Código Tributario, así como también en la Ley de Administración Financiera del Estado, en el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en leyes especiales y generales y, obviamente, en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.- Sostiene que en el caso sub-lite, a su representada le asiste la facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, lo que está contemplado en el artículo 60 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, por lo cual considera que se ha actuado no sólo conforme a la normativa legal vigente, sino que siendo el fundamento de su obrar el cumplimiento estricto de una de las funciones que la ley le asigna, su representada ha actuado en conformidad estricta a lo que disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por lo que no existe en su parecer, nada de ilegal ni de arbitrario el que su representada, en ejercicio de sus atribuciones, compense devoluciones de impuestos por créditos fiscales vigentes, por lo que no advierte cómo la Tesorería Provincial de Ñuble, al actuar dentro de las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, podría haber vulnerado algún derecho de la recurrente.- Termina solicitando que en mérito de lo expuesto y visto lo prevenido por los artículos 19, número 24, y artículo 20 de la Constitución Política del Estado, 13° de la Ley 19.041 de 1991, 3° y siguientes de la Ley 19.880 de 2003, 1°, 2° y demás pertinentes, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe al tenor de la acción constitucional de protección deducida y, en definitiva, rechazarlo con costas.- De fojas 11 acompaña fotocopia de Diario oficial de 5 de mayo de 2011.- A fojas 16 se ordenó traer los autos en relación.- C O N S I D E R A N D O:
1°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.- 2°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, o arbitrario-, producto del mero capricho de quién incurre en él-, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.- 3°.- Que, de los términos del recurso interpuesto consta, que la señora nombre reservado recurre en contra de la Tesorería General de la República, con motivo de una supuesta retención de impuestos por parte de dicho organismo, con lo que habría infringido la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución; por su parte, la recurrida, al informar a fojas 13 plantea, también en síntesis, que el recurso no indica las garantías constitucionales supuestamente vulneradas y que, además, al Servicio de Tesorería le asiste la facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el fisco, según el art. 6° del DFL N° 1, por lo que ha actuado dentro del ámbito de su competencia, sin vulnerar derecho alguno de la recurrente.- 4°.- Que, en el texto del recurso interpuesto se contiene un relato impreciso de hechos, aunque efectivamente se invoca la garantía constitucional del art. 19 N° 24, según consta a fojas 1 a 3, en tanto que a fojas 7 se hace referencia a una Resolución emitida por la recurrida el 13 de mayo pasado en orden a retener la devolución de impuestos de la recurrente.- Sin embargo, ésta no la acompaña ni señala su número y contenido, de lo que se sigue que, en realidad, no señala argumento de hecho alguno en sustento de la acción cautelar que impetra, solo enfatiza que los ingresos eventualmente retenidos por dicha resolución, constituyen recursos fundamentales para su subsistencia de ella y su familia.- 5°.- Que, así las cosas, no cabe sino concluir que el recurso carece de fundamentos y, en consecuencia, no se divisa de qué forma la Corte puede tutelar la garantía que invoca la recurrente; dejando constancia que la recurrida está facultada legalmente en los casos que determina la ley para retener impuestos que debe devolver, como se expresa a fojas 13; a partir de lo cual no queda más que rechazar el arbitrio que se examina, por falta de fundamentación, resultando inoficioso, por lo mismo, entrar a analizar una eventual trasgresión de la garantía que se invoca.- Por estas consideraciones y visto, además, los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido a fojas 1 y 7 por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.- Notifíquese.
En su oportunidad, dése cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.
Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.- ROL 856-2016-PROTECCION