Protección contra Municipalidad de San Ignacio

Chillán, trece de enero de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece don nombre reservado, Abogado, en favor de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Ignacio, representada por su alcalde, don Patricio Eduardo Suazo Romero, por estimar que el Decreto Alcaldicio N.º NUM000 de fecha 13 de Octubre del año 2025, por medio del cual se agotó la vía administrativa denegando el recurso de reposición, por lo cual se confirmó la medida disciplinaria de destitución del cargo en contra de la recurrente constituye un acto manifiestamente ilegal y arbitrario.

Expone que, Doña nombre reservado, comenzó a prestar labores para el Departamento de Educación Municipal de San Ignacio, con fecha 06 de Abril del año 2017 es decir hasta el día de su destitución definitiva (13 de Octubre del año 2025) cumplió más de ocho años de servicio público y jamás fue sancionada con medida disciplinaria alguna.

Agrega que el año 2023, su representada sufrió de una serie de inconvenientes y malos momentos en su trabajo, tanto es así que ello derivo en un cuadro de ansiedad y colapso físico, que la llevo incluso a ser internada en el Hospital Herminda Martin de Chillán, por un lapso de 10 días. Por lo anterior mi mandante se encontraba el año 2023, con una sobre carga emocional, producto del estrés laboral que sufría, tuvo una consulta médica ante don nombre reservado, Médico de profesión, quien le extendió la licencia médica N.º NUM001 Folio NUM002, por un periodo de 11 días y le indico reposo en su domicilio, pero no obstante ello, le sugirió como parte del tratamiento el tomar un descanso en cualquier lugar que le permitiera desconectarse temporalmente de manera mental de su trabajo, razón por la cual, procedió a viajar fuera del territorio nacional, dirigiéndose a México, saliendo el día 15 de Junio del año 2023 y retornando el día 22 de Junio del año 2023.

Indica que la Contraloría General de la República emitió el oficio N.º NUM003, que el alcalde de la comuna de San Ignacio, dicto el Decreto Alcaldicio N.º NUM004 de fecha 26 de Mayo del año 2025, por el cual ordeno se instruir sumario administrativo en contra de 18 funcionarios de Educación Municipal. El objetivo del mencionado sumario administrativo era determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios aludidos previamente y llegado el caso sancionarlos a nivel administrativo. Agrega que, concluido el sumario administrativo, el Sr. Alcalde de la comuna de San Ignacio, procedió a dictar el Decreto Alcaldicio N.º NUM005 de fecha 03 de octubre del año 2025, por el cual destituyo originalmente a más de una docena personas, entre ellas a doña nombre reservado.

Sostiene que el cargo formulado, el haber salido del país estando con licencia médica es excesivo, por cuanto la única conducta investigada y acreditada es el no haber realizado el reposo médico en su domicilio, cuestión que podrá ser cuestionable, razón por la cual el atribuir a la srta. nombre reservado, un cargo administrativo consistente en falta grave a la probidad administrativa es desmedido y no cuenta con base legal.

Indica que el Decreto Alcaldicio NUM000 de la Municipalidad de San Ignacio, en su numeral 17, establece que el recurso de reposición presentado en contra el decreto de destitución de la funcionaria se basa ...en situaciones formales o vicios de procedimiento que no logran desvirtuar los graves cargos formulados y acreditados en el proceso sumarial. Es decir, la Municipalidad aludida exige a la srta. nombre reservado, un altísimo nivel de cumplimiento y observancia de la ley, sin embargo, no aplica igual criterio para su actuar, ya que resta toda importancia en cumplir la ley al mismo estándar exigido, en otras palabras para la Municipalidad es indiferente e intrascendente el observar la ley de forma estricta, ya que según su razonar ello solo le corresponde entonces a la funcionaria sancionada.

Indica que el actuar ilegal y arbitrario de la Municipalidad de San Ignacio, ha causado una privación ilegal y arbitraria de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°s 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República, pues se ha privado ilegal y arbitrariamente a su mandante de su derecho de igualdad ante la ley, ya que la parte recurrida, ordeno en su oportunidad llevar adelante sumario administrativo contra 18 funcionarios de educación municipal que habían salido del territorio nacional, pese a estar gozando de licencia médica y a todos les formulo cargo administrativo de falta grave a la probidad administrativa y sin embargo absolvió a algunas personas de dichos cargos, sancionando a la gran mayoría, entre ellos a doña nombre reservado; es decir ante situaciones similares de los funcionarios, aplico criterios dispares para resolver que medida adoptar al momento de resolver tanto el sumario administrativo, como los recursos de reposición hechos valer en cada caso. Por lo expuesto solicita acoger el recurso interpuesto y ordenar a la recurrida dejar sin efecto la destitución de la recurrente, ya que el Decreto Alcaldicio N.º NUM000, es ilegal y arbitrario, declarando entonces que se absuelve a su representada del cargo administrativo formulado en su contra o bien en subsidio se le aplique una medida disciplinaria más proporcionada a los hechos por los cuales se le siguió sumario administrativo, siendo tal medida la censura por escrito, pago de una multa o bien suspensión del cargo por un periodo de un mes con goce remuneración del setenta por ciento, procediendo en todos estos casos el pago de las remuneraciones no percibidas desde la fecha del decreto impugnado y la fecha de su reincorporación efectiva. 2°.- Que, evacúa informe Luis Patricio Parejas Mardones, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, por estimar que no ha existido acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales de la recurrente.

Expone que, la señora nombre reservado, mientras se desempeñaba en funciones municipales, se encontraba con licencia médica folio N.ºNUM002, por un período de 11 días, comprendido entre el 13 de junio de 2023 y el 23 de junio de 2023, por enfermedad o accidente común, con reposo laboral total y lugar de reposo su domicilio, expresamente indicado en el documento médico. Conforme al informe de verificación del Servicio Nacional de Migraciones y Policía Internacional, se constató que la funcionaria salió del país el 15 de junio de 2023 con destino a México, reingresando al país el 22 de junio de 2023, sin contar con la autorización médica ni administrativa correspondiente para ausentarse del país durante su período de reposo laboral total.

Indica que, dichos hechos fueron reconocidos por la propia funcionaria en el marco del sumario administrativo, quien explicó su viaje por razones de estrés laboral y bienestar personal. Señala que la conducta investigada configura un incumplimiento grave de los deberes funcionarios, al vulnerar el principio de probidad administrativa y las normas que regulan el uso de licencias médicas, afectando la fe pública y la confianza en la administración.

Desarrolla el marco normativo aplicable, citando disposiciones de la Constitución Política, de la Ley N.º 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), del Decreto Supremo N.º 3 de 1984 del Ministerio de Salud, y de la Ley N.º 18.575, sosteniendo que la salida del país durante un período de reposo médico absoluto constituye una infracción grave que habilita la aplicación de la sanción de destitución.

Afirma que, el sumario administrativo se tramitó conforme a derecho, respetándose las garantías del debido proceso, recabándose todos los antecedentes pertinentes y permitiéndose a la investigada formular descargos y presentar pruebas. Sostiene que el Decreto Alcaldicio objetado se encuentra debidamente fundado y motivado, expresando las razones de hecho y de derecho que justifican la sanción aplicada, y que ésta resulta proporcional a la gravedad de la falta cometida.

Concluye que, no se advierte vulneración de derechos fundamentales, que la Municipalidad actuó dentro de su esfera de competencia y con estricto apego a la legalidad vigente, por lo que solicita tener por evacuado el informe, rechazando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por carecer de fundamento fáctico y jurídico, declarando que no ha existido acto arbitrario ni ilegal atribuible a la Municipalidad recurrida. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en la especie, la recurrente señaló que el acto que reprocha como ilegal y arbitrario corresponde al Decreto Alcaldicio N° Decreto Alcaldicio N.º NUM000 de fecha 13 de Octubre del año 2025, por medio del cual se rechaza un recurso de reposición, suscrito por su alcalde don Patricio Suazo Romero, manteniendo por tanto la decisión de destituir como funcionaria municipal, en virtud de los hechos establecidos en el sumario administrativo instruido en su contra por el uso indebido de licencia médica, por haber vulnerado el principio de probidad administrativa, estimando que aquello constituye una infracción de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad, por las razones que esgrimió en su recurso, contemplados en el artículo 19 Nos. 2, 3 y 16 de la Carta Fundamental. 7°.- Que del análisis de los antecedentes acompañados y del informe evacuado por la recurrida aparece acreditado que la recurrente hizo uso de licencia médica durante el período comprendido entre los días 13 de junio de 2023 y el 23 de junio de 2023, con reposo laboral total y lugar de reposo expresamente fijado en su domicilio, señalando que, conforme a los informes del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones, se constató que la funcionaria salió del país el 15 de junio de 2023 con destino a México reingresando el 22 del mismo mes, sin contar con autorización médica ni administrativa para ausentarse durante el período de reposo, circunstancia que fue reconocida por la propia afectada durante la tramitación del sumario. 8°.- Que, asimismo, consta que el procedimiento disciplinario fue tramitado con estricto apego a las disposiciones de la Ley N°18.883 y de la Ley N°19.880, garantizándose el derecho a defensa de la recurrente, quien fue debidamente notificada de los cargos formulados en su contra, evacuó descargos, aportó antecedentes y dedujo el correspondiente recurso administrativo, todo lo cual fue ponderado por la autoridad antes de la dictación del acto sancionatorio definitivo, encontrándose este debidamente motivado. 9°.- Que, en tal contexto, no se advierte ilegalidad alguna en la actuación de la recurrida, toda vez que la autoridad municipal ejerció una potestad disciplinaria expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, en particular por lo dispuesto en los artículos 58 letra g), 120 letra d) y 123 de la Ley N°18.883, al estimar que la conducta acreditada constituía una infracción grave a los deberes funcionarios y al principio de probidad administrativa y de respeto a la normativa sobre licencias médicas, ya que la salida del país durante un periodo de reposo absoluto implica desobedecer las condiciones del beneficio y afecta directamente la fe pública y la confianza en la administración del Estado. 10°.- Que, por otra parte, las alegaciones de la recurrente relativas a al hecho que su supuesta falta de probidad e incumplimiento grave del contrato de trabajo no están respaldadas jurídicamente en modo alguno en relación con los hechos objeto del sumario administrativo, y tampoco existe ley o norma jurídica de ningún tipo que las establezca en atención a los mismos hechos, dicen relación con aspectos de mérito, los cuales fueron analizados en sede administrativa y no resultan susceptibles de ser revisados por esta vía cautelar, desde que ello importaría transformar el recurso de protección en una instancia revisora de decisiones disciplinarias, finalidad para la cual no ha sido concebido. 11°.- Que, en efecto, la sola discrepancia de la recurrente con la calificación jurídica de los hechos o con la entidad de la sanción aplicada no configura, por sí misma, un acto arbitrario, máxime cuando la medida disciplinaria se encuentra prevista por la ley para infracciones que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa y fue adoptada mediante un acto administrativo, dictado dentro del ámbito de competencia de la autoridad recurrida, sin que haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad. 12°.- Que, a mayor abundamiento es útil tener presente lo que resolvió la Excma. Corte Suprema en la acción de protección Rol 52.153-2025 de fecha dieciséis del actual, que sostuvo en el considerando Quinto lo siguiente: “…que el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionaros públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Y además, en el fundamento Sexto expresó: “Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general.” 13°.- Que, en consecuencia, en el caso de autos no se divisa de qué manera el acto impugnado pueda estimarse carente de razonabilidad o desprovisto de fundamento, ni que este importe una vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, razón por la cual la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, representada legalmente por su Alcalde don Patricio Suazo Romero.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del fiscal judicial subrogante Gabriel Hernández Sotomayor.

Rol N°852-2025-PROTECCIÓN.-