Protección contra Comisión Médica Regional de Chillán y de la Fundación para la Administración de

Chillán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece la Fundación Valídame, representada por su Presidente don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado y contra la Comisión Médica Regional de Chillán, representada por doña nombre reservado y la Fundación de Administración de las Comisiones Médicas, representada por doña nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que expone.

En primer término analiza cuestiones previas de admisibilidad del recurso, el plazo, la motivación de la acción constitucional, la idoneidad de ésta y la existencia de un derecho indubitado, requisitos que estima cumplidos.

A continuación, explica que la Fundación Valídame, mandataria del Sr. nombre reservado, solicitó mediante correo electrónico de fecha 11 de abril del presente año, a la Comisión Médica Regional de Chillán, copia íntegra de los expedientes de la Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de nombre reservado, ello con el fin de comprobar la fidelidad, integridad e idoneidad de la información de todo el procedimiento administrativo por cuanto es portador de una enfermedad neoplásica maligna. Luego, el 24 de abril de 2023, mediante correo electrónico, la Comisión Médica Regional de Chillán y la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, niegan lo solicitado informando que dicha entrega debe hacerse de manera personal y presencial, incluso negando la facultad de la fundación como mandataria para realizar la solicitud del expediente, desestimando en definitiva el acceso al expediente por vía electrónica.

Más adelante, hace presente que desde el año 2014 la tramitación de los expedientes de invalidez es electrónica y física como distractor para los afiliados desinformados, ya que en el expediente físico no se desarrollan las tareas, los antecedentes son administrados en un sistema electrónico llamado SAGCOM al cual se ingresa con clave personal e intransferible, al que ingresan a discreción los que coordinadamente deniegan el acceso a la parte más vulnerable, el solicitante, accediendo entre otros, los tres médicos integrantes de la Comisión Médica de la Región, el personal Administrativo de la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas FACM, entidad de derecho privado perteneciente a las AFP, el Médico Observador de las Compañías de Seguros, etc. Siendo el solicitante y sus representantes legales los únicos impedidos de hacerlo, a los cuales se les deniega el ingreso a dicho sistema electrónico SAGCOM con argumentos francamente kafkianos, desconociendo el requirente la totalidad de los antecedentes fundantes del caso con los cuales se podría realizar una defensa informada y fundada de sus pretensiones en igualdad de trato ante la ley, siendo discriminando arbitraria e ilegalmente. Cita el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Capítulo XIII relativo a las Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas.

En cuanto al derecho, menciona jurisprudencia relativa a la arbitrariedad de denegar al principal interesado del procedimiento de invalidez el acceso al expediente administrativo por una vía legítima reconocida legalmente, como es la digital. También transcribe el artículo 20 de la Constitución Política, añadiendo que la Ley N°19.880, reconoce la tramitación por medios electrónicos como un principio rector en la tramitación administrativa de los intereses representados por los administrados, según lo señalan claramente sus artículos 1°, 4°, 5°, 9°, 16 bis, 17, 18, 19 bis, 24, 24 bis, 25, 30 y 46. En el mismo sentido, el D.L. N° 3.500 reconoce en su artículo 32 la tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica a los afiliados como una posibilidad cierta en sus artículos 30 y 40 inciso final.

Asevera que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario, al denegar el acceso a la información del expediente por vía electrónica, lo que repercutió en una denegación de acceso al servicio público solicitado por el recurrente, dándole un trato diferente al dispuesto en la ley, lo que infringe la garantía constitucional de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Cita y transcribe al efecto, el Libro I, Título I, Letra B de la Prohibición de Discriminación. Capítulo II. Obligación de no discriminar a los mandatarios de los afiliados del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Enseguida expresa que el argumento relativo a la protección de los datos sensibles de los solicitantes, el cual sería una de las razones para evitar la entrega de claves de acceso al SAGCOM o la entrega electrónica de los mismos, colisiona con lo afirmado por los mismos funcionarios de la FACM, quienes señalan expresamente que con su clave tienen acceso a todos los expedientes de los solicitantes, esto es, de todo el país, lo que vulnera la Ley de Protección de Datos, puesto que carece de fundamento absoluto que funcionarios de la Comisión Médica Regional de Chillán tengan acceso a los expedientes y registros médicos de solicitantes de otras regiones y viceversa. Entonces, el supuesto celo de protección de los antecedentes se aplica sólo para el titular de los mismos y sus mandatarios, pero no para todos los otros intervinientes que pueden revisar a su discreción expedientes de solicitantes que incluso escapan de su jurisdicción.

Finaliza solicitando a esta Corte, declarar Ilegal y arbitrario del actuar de las recurridas, obligándoles a conceder el trámite requerido por la vía electrónica elegida por el recurrente, todo ello de conformidad a la ley vigente, dentro de un plazo de 5 días hábiles o bien dentro del plazo que se determine, con costas.

2°.- Que, al informar, la Dra. nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Regional de Chillán, alega en primer lugar la improcedencia de la acción deducida por cuanto la situación reclamada excede del ámbito del recurso de protección. Cita, en lo pertinente, jurisprudencia de tribunales superiores de justicia que se han pronunciado en este sentido.

Acerca de los hechos, indica que el señor nombre reservado presentó una solicitud de invalidez el 9 de octubre de 2020, para ser evaluado por invalidez común, alegando como enfermedades invalidantes: linfoma de células B tipo Burkitt. En Sesión W168 de 17 de noviembre de 2020, se estudiaron los antecedentes médicos, determinando que la enfermedad alegada como invalidante no configura impedimento permanente, por cuanto aún estaba bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado aún la pérdida de a lo menos el 50 por ciento de la capacidad de trabajo. Luego, mediante Dictamen de Invalidez W009.2558j2020 de 17 de noviembre de 2020, se resolvió rechazar la solicitud de pensión de invalidez. Dicho dictamen quedó ejecutoriado el 17 de diciembre de 2020, sin que fuera objeto de reclamo por las partes. Sin embargo, el recurrente el 11 de febrero de 2021 interpuso un recurso de protección ante esta Corte de Apelaciones, Rol N°54-2021, manifestando que nunca fue notificado del dictamen de la Comisión Médica Regional, motivo por el cual no pudo apelar. Atendiendo las instrucciones impartidas y, a fin de dar cumplimiento a lo decretado por la Corte de Apelaciones, la Comisión Médica Regional emitió el Dictamen de Invalidez W009.1984j2021 de 20 de julio de 2021, modificando el Dictamen de Invalidez W009.2558j2020 de 17 de noviembre de 2020. Resulta que el afiliado tenía dirección de alta ruralidad y no recibió este último documento para presentar su reclamo respecto del dictamen modificado. En consecuencia, mediante el dictamen modificatorio se le concedió un nuevo plazo de apelación, interponiendo su reclamo el 18 de agosto de 2021, el cual conoció la Comisión Médica Central solicitando interconsulta con médico hemato-oncológo y médico de familia.

Recibidos los informes, la Comisión Médica Central estudió los antecedentes del caso en Sesión W 820 de 28 de octubre de 2021, determinando mediante Resolución W C.M.e. W10854j2021 de 28 de octubre de 2021, que no procede otorgar invalidez, por cuanto la enfermedad alegada como invalidante está bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado la pérdida de a lo menos el cincuenta por ciento de su capacidad de trabajo; rechazando así el reclamo y confirmando el Dictamen Modificatorio W009.1984j2021 de 20 de julio de 2021, que declara que no procede otorgar invalidez.

Explica que, en tal contexto, encontrándose ejecutoriada la referida resolución y finalizado el proceso de evaluación y calificación de invalidez en octubre de 2021, con fecha 11 de abril de 2023 la Comisión Médica Regional, recibió un correo electrónico de don nombre reservado, solicitando la entrega de nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema informático de gestión de las Comisiones Médicas, SAGCOM, el cual lleva el registro electrónico de todos los procesos de evaluación de invalidez de los afiliados al sistema de pensiones del D.L. W3.500 de 1980. En la respuesta de la Comisión Médica Regional, de fecha 24 de abril de 2023, se destaca que: “las solicitudes de copia de expediente deben efectuarse personalmente y por escrito, por el titular o un tercero mandatado”, “no es posible procesar su solicitud vía correo electrónico ni menos el tipo de acceso solicitado”, “las Comisiones Médicas no podrían disponer de accesos a expedientes en la forma solicitada con usuario y contraseña personal e intransferible”, “vemos consideraciones de seguridad y confidencialidad de la información que no podemos soslayar”.

En cuanto al derecho, cita el artículo 4° y 11 del D.L.3.500 de 1980, y señala que atendido el tenor del recurso, y en lo que respecta a la entrega de antecedentes que obran en el expediente de calificación de invalidez, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 36 bis del D.S. 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que está en relación con las disposiciones del Capítulo XIII, Letra D, Título 1, Libro 111, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, relativas al deber de confidencialidad y resguardo de la información, y en concordancia con la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que entre otras materias protege y regula el tratamiento de los datos personales, estableciendo derechos para los titulares de los mismos, obligaciones para los administradores de datos de carácter personal en registros o bancos de datos, además de sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones. Refiere tambien el artículo 127 del Código Sanitario, que en su inciso segundo establece respecto a los estados de salud físicos y psíquicos, las recetas médicas, análisis y exámenes de laboratorio clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados y sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente otorgado por escrito, quedando afecto a las sanciones establecidas por dicho cuerpo legal quienes divulgaren su contenido indebidamente.

Sostiene la legalidad del acto impugnado, además asevera que no es arbitrario, ya que de acuerdo con los registros de la Comisión Médica Regional, el señor nombre reservado no registra actualmente solicitud de invalidez en trámite ante dicha entidad, y pese a los innumerables recursos de protección que ha interpuesto en distintas nombre reservado de Apelaciones del país invocando la Ley 19.880, desconoce que el artículo 1°de la citada norma dispone que ésta se aplica con carácter supletorio, siendo una norma de carácter general y no de aplicación especial, como lo es el procedimiento de evaluación y calificación del grado de invalidez de los afiliados al sistema de capitalización individual, regulado en los artículos 4 y 11 del D.L. 3.500 y en el D.S. 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, sí está restringida la entrega de antecedentes sin la respectiva solicitud y autorización, muchos menos el órgano administrativo técnico está facultado para dar acceso entregando clave de usuario a la parte recurrente al sistema SAGCOM, el que se registran electrónicamente todos los procedimientos de evaluación y calificación de invalidez de los afiliados al D.L. W 3.500, lo que le permitiría no solo revisar el expediente de evaluación del señor nombre reservado, sino que el de todos los afiliados que hayan solicitado pensión de invalidez.

Así las cosas, se solicitó antecedentes personales a nombre del Sr. nombre reservado, sin acreditar, fehacientemente, que él es quien suscribe tal petición, por lo que, no es factible acceder. Además, es requisito y condición que el titular de los antecedentes y los apoderados retiren personalmente tales antecedentes desde la Comisión Médica Regional respectiva, de ahí que la discusión va más allá de cuál es el soporte de los antecedentes. Lo que pide el recurrente es que la solicitud de expediente y su envío se haga por correo electrónico, lo cual no está contemplado, por las razones ya anotadas, por las normas y procedimientos especiales que regulan la materia. Por consiguiente, la forma de su petición no es una vía idónea. En el hecho, las disposiciones legales contenidas en la Ley 19.880, que invoca el actor sosteniendo que dicho cuerpo legal consagraría la tramitación electrónica del expediente, son de carácter general sobre tramitación de procedimientos, que ceden ante procedimientos especiales, como ocurre en la especie. En consecuencia, al atender la solicitud del señor nombre reservado, la Comisión Médica Regional actuó con estricto apego a las normas y procedimientos establecidos expresamente por la ley aplicable al caso.

Luego, indica que tampoco ha incurrido en infracción alguna de garantías constitucionales, ha actuado con estricto apego a la ley y sin incurrir en arbitrariedades, pues los procedimientos que cuestiona el recurrente tienen fundamento en la ley con estricto respeto al derecho de protección de la vida privada de las personas. Por consiguiente, no se ha afectado derecho alguno del recurrente, pues no ha incurrido en discriminación ni en trato desigual; por el contrario, ha aplicado los procedimientos especiales como a todo afiliado pensionado o en trámite de pensión de invalidez. Si la Comisión Médica Regional accediera a lo solicitado por el actor incurriría en ilegalidad y en trato desigual respecto de los demás afiliados que sí se ajustan al procedimiento establecido por la ley.

Finaliza, solicitando, se declare improcedente el recurso, y en subsidio, se rechace la acción constitucional, por cuanto no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la entidad recurrida, con costas.

3°.- Que, al informar el abogado Juan Antonio Valdés Vicuña, en representación de la recurrida Fundación de Administración de Comisiones Medicas, indica en primer término, que no resulta nada claro que el recurso se dirija contra su representada o bien de la funcionaria Sra. nombre reservado, toda vez que en los HECHOS (ITEM II), del recurso, no se menciona a su representada o a la Sra. nombre reservado, de ahí que el recurso debe ser rechazado o declarado inadmisible en todas sus partes respecto de su representada porque no se cumplen los requisitos para que pueda ser considerado legitimado pasivo. De acuerdo con la legislación, la FACM sólo presta apoyo administrativo a las respectivas Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central. Los representantes legales de acuerdo con la normativa aplicable son los Médicos Presidentes de la respectiva Comisión (artículo 33 letra c del actual Reglamento del Decreto Ley N° 3500 de 1980). Su representada no representa ni administra las Comisiones, sólo presta apoyo administrativo. Cita la causa Rol N°933-2020, de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Sostiene además, que el recurso debe ser rechazado o declarado inadmisible, en todas sus partes respecto a su representada, por cuanto, no se alude a conducta arbitraria o ilegal alguna. La revisión de los hechos a que se refiere el recurso no es propio de esta sede jurisdiccional, ni de este procedimiento. Cita jurisprudencia de tribunales superiores de justicia.

Finaliza solicitando rechazar o declarar inadmisible la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas, pues carece de presupuestos y ni siquiera resiste un análisis legal de las razones esgrimidas para interponer el recurso.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, consta de los antecedentes allegados a esta causa, que doña nombre reservado, por la recurrente, el 11 de abril de 2023, solicitó via correo electrónico a ambas recurridas acceso al sistema informático SAGCOM con la finalidad de obtener copia del expediente de menoscabo laboral de su representado nombre reservado, adjuntando -según se lee en el documento acompañado- mandato de representación y copia de cédula de identidad.

8º.- Que, la acción u omisión ilegal y arbitraria denunciada consiste en el rechazo de los recurridos, comunicado por vía correo electrónico de fecha 24 de abril de 2023, de remitir copia digital de expediente relativo a Solicitud de Invalidez y de Evaluación y Calificación del Grado de la Invalidez correspondiente a don nombre reservado, argumentándose en lo medular, que las solicitudes de copia de expedientes debían hacerse personalmente y por escrito, por el titular o un tercero mandatado. Asimismo, la entrega de fotocopias también debía hacerse personalmente. En definitiva, se consigna que por expresas instrucciones del Presidente de la Comisión Médica Regional de Chillán, no era posible vía correo electrónico dar lugar a la petición, ni menos otorgar claves de acceso.

9º.- Que, atendida la naturaleza del asunto planteado a esta Corte, y las alegaciones de improcedencia de la acción formuladas por las recurridas, conviene precisar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que la presente acción cautelar puede ser interpuesta sin perjuicio de otras que el ordenamiento jurídico habilite.

10º.- Que, si bien el “Compendio de Normas del Sistema de Pensiones” Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, en su capítulo XIII referido a las Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, efectivamente se contempla el deber de reserva y resguardo de la información médica y de los demás antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez, lo cierto es que tal limitación, concordante con el tratamiento de datos personales previsto y regulado en la Ley N°19.628, necesariamente debe entenderse sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer en cualquier momento, todos los antecedentes allegados al expediente administrativo correspondiente y las resoluciones pronunciadas durante su tramitación.

11°.- Que, en relación a lo que se viene exponiendo, resulta útil mencionar lo dispuesto en la letra a) del artículo 17 de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, según el cual: “Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa. Constituye copia autorizada aquella generada por la plataforma electrónica donde se acceda al expediente electrónico, que cuente con un medio de verificación de su autenticidad”.

12º.-Que, en tal contexto, y teniendo especialmente en cuenta que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, condicionar la entrega al interesado de las copias de un expediente administrativo que existe en formato digital, a la realización de una serie de trámites presenciales que evidentemente dificultan el acceso a dicha información, conculca la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se priva al señor nombre reservado de obtener por la via más expedita datos personales relativos a su solicitud de declaración de invalidez, imponiéndole en la práctica la carga de incurrir en gastos de desplazamiento y traslado que no se condicen con su condición de salud y que se apartan del principio de servicialidad que deben respetar todos los órganos públicos.

13º.- Que, en consecuencia, no existe imposibilidad legal alguna en la ley Nº 19.880, que justifique el actuar de las recurridas.

14º.- Que, entonces, la negativa a proporcionar copia digital de los antecedentes requeridos, desde el argumento de una supuesta necesidad que la solicitud debe ser presencial, supone un comportamiento que debe ser calificado de ilegal y arbitrario, lo que conlleva, en consecuencia, que la acción de protección deba ser acogida en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el aludido recurso interpuesto por la Fundación Valídame, en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Regional de Chillán y de la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas, en cuanto se ordena que la Comisión Médica Regional de Chillán, deberá remitir via digital, dentro de quinto día hábil a don nombre reservado, copia íntegra de los expedientes en que se haya tramitado y resuelto sus Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez.

No se disponen cargas a la otra recurrida, por no ser la entidad encargada de resguardar la información requerida.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la Ministra Paulina Gallardo García.

ROL N° 851-2023-PROTECCION.

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