Protección contra Liceo nombre reservado

Chillán, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°. Que, comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, representado por doña nombre reservado, y en contra de la Municipalidad de Bulnes, por la decisión de cancelar la matrícula y expulsar al alumno.

Expone que, mediante Oficio NUM000 de fecha 17 de octubre del año en curso, se le comunicó la expulsión de su hijo, decisión adoptada —según señala— aplicando erróneamente el Protocolo 8.12 relativo a medidas disciplinarias, en lugar del Protocolo 8.14 correspondiente al procedimiento de Aula Segura.

Indica que durante todo el año escolar asistió a reuniones con docentes y con la directiva del establecimiento, en las cuales se le informó sobre la conducta del estudiante; sin embargo, nunca se le sugirieron evaluaciones médicas ni intervenciones externas inmediatas. Añade que las medidas psicosociales ofrecidas fueron aceptadas por el establecimiento pero rechazadas por el alumno, situación que no le fue comunicada oportunamente, limitando su posibilidad de colaborar o incentivar su participación.

Refiere que el mismo día en que se notificó la expulsión, la dirección del Liceo recomendó una evaluación neurológica, la cual se efectuó el 20 de octubre.

La especialista diagnosticó discapacidad intelectual límite, trastorno obsesivo compulsivo desafiante y trastorno por déficit atencional.

Hace presente que desde marzo de 2025 su hijo fue matriculado con jornada reducida, medida que —afirma— constituía un apoyo pedagógico y no una sanción disciplinaria.

Señala que el 21 de octubre apeló ante la dirección del establecimiento y el 27 de octubre ante el consejo de profesores, el cual mantuvo la expulsión mediante Oficio NUM001. Destaca que dicho oficio afirma que el RICE se encuentra actualizado conforme al Plan de Revinculación y Recreativa Educativa publicado en mayo de 2025; sin embargo, asegura haber recibido únicamente el reglamento del año 2024 y que nunca se notificó a la comunidad educativa la existencia de un reglamento nuevo, generándose confusión respecto de los lineamientos aplicables y manteniendo una medida disciplinaria fundada en un plan del cual no tuvo conocimiento.

Por último, sostiene que, si bien considera que podrá encontrar otro establecimiento educacional, el proceso de adaptación será complejo y afectará la estabilidad emocional de su hijo, incrementando el riesgo de pérdida del año escolar.

Estima que se han vulnerado las garantías constitucionales de su hijo, especialmente la del artículo 19 N°1,2, 3 y 10 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide que se declare la expulsión ilegal y arbitraria, dejándola sin efecto y en su lugar se decrete la permanencia del alumno en el hogar con apoyo psicológico y psicosocial hasta el término del año 2025. 2°.- Que, al informar, el abogado representante de la Municipalidad de Bulnes realiza una exposición cronológica de los distintos conflictos protagonizados por el alumno, así como de las actuaciones adoptadas tanto por las autoridades escolares como por su madre. Indica que tales antecedentes dan cuenta de una historia registral coherente y documentada, que refleja la conducta disruptiva y reiteradamente inadecuada del estudiante —consignada en el Libro de Clases— junto con el incumplimiento sistemático de los compromisos asumidos por él y su apoderada, circunstancias que motivaron la adopción de medidas formativas y disciplinarias ajustadas al Reglamento Interno y orientadas a resguardar el adecuado desarrollo del proceso educativo y la convivencia escolar.

Seguidamente, se refiere a la legalidad y racionalidad de las medidas adoptadas por su representada, efectuando una reseña del marco normativo.

Señala, en síntesis, que el establecimiento cuenta con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) plenamente vigente y puesto en conocimiento de los apoderados al momento de la matrícula, de modo que todos quedan obligados a respetar sus disposiciones. En ese contexto, las conductas atribuidas al estudiante fueron registradas correctamente como anotaciones negativas, mecanismo reconocido por el mismo reglamento como la primera respuesta formativa frente a infracciones en la sala de clases. El RICE 2025 establece un procedimiento graduado y detallado para abordar la reiteración de anotaciones negativas, que incluye citaciones del apoderado, suspensiones, derivaciones a Convivencia Escolar y, en casos de persistencia, medidas más severas como la condicionalidad de matrícula y la cancelación de esta. El reglamento contempla, además, protocolos específicos relativos a la condicionalidad de matrícula y a la cancelación o expulsión, determinando con claridad las categorías de faltas y los efectos de su reiteración, contexto normativo sobre el cual se adoptaron las decisiones del establecimiento respecto del alumno.

Luego relata el procedimiento aplicado, precisando que la conducta del estudiante durante el año escolar evidenció un patrón grave y reiterado de comportamientos disruptivos, ampliamente documentados en el Libro de Clases, que superaron con creces la gradualidad máxima contemplada en el Protocolo 8.34 del RICE. Si bien cada falta, aisladamente considerada, podía calificarse como leve, grave o gravísima, la acumulación y persistencia de estas conductas motivó la aplicación progresiva de diversas medidas disciplinarias, incluida la condicionalidad de matrícula notificada en julio junto con un plan de intervención.

A continuación, sostiene que, al comparar las exigencias del Protocolo 8.13 del RICE con las actuaciones realizadas por el Liceo nombre reservado, se advierte que el establecimiento cumplió íntegramente cada una de las etapas del procedimiento de cancelación de matrícula y expulsión, asegurando al estudiante y a su apoderada un debido proceso completo. Se efectuó la reunión previa obligatoria, se investigaron los hechos, se notificaron cargos, se otorgó oportunidad de presentar descargos escritos, se resolvió fundadamente, se tramitó la reconsideración ante el Consejo de Profesores y, finalmente, se informó a la autoridad competente. Cada una de estas actuaciones quedó debidamente documentada mediante oficios, actas e informes, demostrando que el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa interna y a las garantías procedimentales del estudiante.

Acto seguido, explica que no se han vulnerado las garantías fundamentales del menor, particularmente en materia de integridad psíquica e igualdad ante la ley, pues el establecimiento sí consideró los antecedentes médicos presentados y aplicó todas las medidas previas, graduales y de apoyo que contempla el reglamento. Precisa que no existía diagnóstico clínico previo al inicio del procedimiento, pese a que durante el año se insistió a la apoderada en la necesidad de evaluar al estudiante. Asimismo, el Liceo adoptó medidas de apoyo, contención y adecuación, agotando alternativas antes de aplicar la sanción. De este modo, la expulsión tuvo por finalidad resguardar la convivencia escolar y no discriminar o afectar al alumno.

Tampoco se vulneró el debido proceso, desde que el establecimiento aplicó estricta y completamente todas las etapas del procedimiento establecido en el RICE para la cancelación de matrícula y expulsión. Destaca que la Ley General de Educación exige un procedimiento justo y que el RICE 2025 regula detalladamente dicho protocolo, el cual fue cumplido rigurosamente. Rechaza, además, la alegación de la recurrente relativa a la falta de medidas menos gravosas, toda vez que consta la aplicación previa de sanciones progresivas, incluida la condicionalidad de matrícula; por lo tanto, no se divisa infracción a la garantía del artículo 19 N°3.

En cuanto al derecho a la educación, sostiene que no existe vulneración alguna, pues el establecimiento actuó conforme a la normativa interna y ejecutó íntegramente el protocolo de expulsión, resguardando tanto el bienestar del estudiante como la convivencia escolar. Añade que el derecho a la educación tiene también una dimensión colectiva, lo que exige proteger a la comunidad escolar.

Recuerda que la apoderada fue advertida reiteradamente sobre la conducta del alumno sin observarse mejoras. Asimismo, el establecimiento gestionó la reubicación del estudiante, asegurando la continuidad de su proceso educativo.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe requerido mediante resolución de fecha 05 de noviembre de 2025 y pide desde ya el rechazo de la acción constitucional deducida en autos, con costas, por carecer manifiestamente de fundamento. 3°.- Que la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando un acto u omisión arbitrario o ilegal priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales. En la especie, se denuncia que la expulsión anticipada y sin resolución fundada del alumno afectado vulnera su derecho a la educación y a la integridad psíquica. 4°.- Que, conforme al mérito de autos, y analizados los antecedentes allegados por las partes conforme a las reglas de la sana crítica es posible establecer que la medida cuestionada corresponde a la expulsión del alumno, hijo de la recurrente, la que fue dispuesta por resolución de fecha 17 de octubre de 2025, luego de un procedimiento disciplinario formalmente instruido, fundado en conductas calificadas como graves por parte del establecimiento educacional, consistentes en reiterados episodios de indisciplina y agresiones físicas y psicológicas hacia otros estudiantes, siendo corolario el ocurrido con fecha 08 de octubre del actual, cuando éste, junto a otro compañero, tomó a una alumna del establecimiento y la arrastró por el suelo, causándole conmoción y humillación, sin obedecer a sus profesores ni mostrar arrepentimiento. 5°.- Que, en la resolución del asunto sometido al conocimiento de esta Corte, se debe tener en especial consideración la protección que el ordenamiento jurídico otorga a los niños, niñas y adolescentes, consagrando su interés superior como principio rector en toda decisión que los afecte; máxime en casos en que eventualmente se produzca una situación que vulnere gravemente derechos fundamentales, en particular en contextos educativos. 6°.- Que, asimismo, consta en los antecedentes documentales que, respecto del alumno nombre reservado, la recurrida aplicó previamente medidas formativas y correctivas en orden progresivo frente a las conductas disruptivas presentadas por dicho adolescente, entre ellas amonestaciones, cartas de compromiso, intervenciones psicológicas, condicionalidad de matrícula y apertura de procedimiento reglado, antes de adoptar la medida más gravosa como lo es la de expulsión, sin que se diera cumplimiento a los compromisos adquiridos en dichas instancias por parte del estudiante; rechazando incluso el apoyo pedagógico propuesto. Además, se evidencia que dentro del procedimiento adoptado por el Colegio, se otorgaron oportunidades de apelación y revisión colegiada ante el Consejo de Profesores, a los que se les presentó, como antecedente nuevo, el diagnóstico médico respecto del alumno; resolviendo mantener la decisión inicial. 7°.- Que, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento —documento conocido y aceptado por la comunidad educativa— contempla expresamente la sanción de expulsión para casos de faltas graves o reiteradas que afecten la integridad física o psicológica de miembros de la comunidad escolar, o que lesionen de otro modo la sana convivencia dentro del establecimiento educacional, y en el ejercicio de su autonomía, pueden incorporar actuaciones de similar naturaleza que impliquen una grave infracción a la normativa que rige la comunidad estudiantil. En este sentido, es importante considerar que todas las medidas disciplinarias deben atender al principio de proporcionalidad, que debe ser reflejado en todas las conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, las que deberán ser adoptadas previa tramitación de un procedimiento disciplinario que asegure la bilateralidad de la audiencia, el derecho a defensa y el principio de proporcionalidad. 8°.- Que, la jurisprudencia constante de la Excma. Corte Suprema ha reconocido que los establecimientos educacionales gozan de autonomía para aplicar sus reglamentos internos y adoptar medidas disciplinarias, siempre que ello se realice dentro de las facultades legales conferidas, con proporcionalidad y mediante un procedimiento reglado que asegure los derechos de los estudiantes a plantear su defensa. 9°.- Que, en la especie no se advierte ilegalidad, toda vez que la medida de expulsión se adoptó en conformidad a normas legales vigentes —incluyendo la Ley N° 20.370 y la Ley N° 20.536— así como lo establecido en el reglamento interno de la institución para el caso de reiteración de faltas; procedimiento que, acorde a la documentación acompañada, aparece respetado y oportunamente documentado.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, por cuanto la decisión aparece debidamente motivada, fundada en hechos objetivos y acreditados, no siendo producto de la mera voluntad o capricho de la autoridad escolar, y habiéndose aplicado progresivamente medidas previas antes de recurrir a la sanción más gravosa con participación de la apoderada. 10°.- Que, por otra parte, para no afectar el derecho del educando, la recurrida ofició oportunamente a las autoridades correspondientes para la reubicación del estudiante, verificando que existen cuatro colegios con vacantes a los que puede incorporarse. 11°.- Que, en consecuencia, no concurren los presupuestos copulativos que permiten acoger la presente acción constitucional, esto es: un acto ilegal o arbitrario, una afectación actual de derechos fundamentales y la necesidad de adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección; DFL N° 2 de 1998; Ley N° 20.370; Ley N° 20.536 se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, por no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere sus garantías constitucionales.

Sin perjuicio de lo anterior, atendida la proximidad del término del periodo escolar, deberá el colegio recurrido adoptar las medidas que permitan la continuidad de estudios del adolescente nombre reservado, hasta la conclusión del año lectivo.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol 848-2025-Protección.-