Protección contra Ilustre Municipalidad de San Ignacio

1 Chillán, veintinueve de diciembre dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, chilena, profesora, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, representada legalmente por su alcalde Patricio Eduardo Suazo Romero, por estimar que el Decreto Alcaldicio NUM000, de fecha 3 de octubre de 2025, que dispuso su destitución del cargo de funcionaria docente, constituye un acto manifiestamente ilegal y arbitrario.

Expone que, el acto impugnado tiene su origen en un sumario administrativo instruido mediante Decreto Alcaldicio NUM001, de 26 de mayo de 2025, destinado a investigar su salida o permanencia en el extranjero mientras hacía uso de licencia médica. Señala que, en dicho procedimiento, se le formularon cargos por falta grave al principio de probidad administrativa, imputándosele el incumplimiento del reposo médico y una supuesta conducta deshonesta que habría provocado desprestigio a la administración pública.

Indica que, al evacuar sus descargos, sostuvo la ausencia de dolo, mala fe o intención de defraudar, afirmando que su conducta debía calificarse como una falta simple, y no como una infracción grave a la probidad administrativa, solicitando la aplicación de una sanción menor. Sin embargo, mediante el Decreto Alcaldicio NUM000, la autoridad comunal desestimó sus descargos y aplicó la sanción máxima de destitución, decisión que la recurrente califica como desproporcionada y carente de debida fundamentación.

Alega que, el acto recurrido vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N.º 2 (igualdad ante la ley), artículo 19 N.º 3 (debido proceso) y artículo 19 N.º 24 (derecho de propiedad), por cuanto se le habría aplicado una sanción extrema sin ponderar atenuantes, sin motivación suficiente y sin respetar los principios de tipicidad y proporcionalidad propios del derecho administrativo sancionador. Añade que la Municipalidad carecería de competencia para calificar el uso indebido de una licencia médica, facultad que correspondería exclusivamente a los organismos previsionales y de salud competentes.

Sostiene que, la destitución la priva ilegítimamente de su cargo, estabilidad laboral y remuneraciones, afectando su patrimonio y su situación personal y familiar.

En razón de lo expuesto, solicita a esta Corte:1. tener por interpuesto el presente Recurso de Protección Constitucional en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, admitiéndole a tramitación. 2. acoger el Recurso en todas sus partes, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del Decreto Alcaldicio NUM000, de fecha 03 de octubre de 2025. 3. Como consecuencia, restablecer el 2 imperio del derecho dejando sin efecto la sanción de destitución. 4. disponga su absolución de los cargos por no constituir el hecho una vulneración grave al principio de probidad administrativa, conforme a los argumentos de hecho y derechos señalados, así como los precedentes jurisprudenciales acompañados. 5. ordene su reincorporación inmediata a sus funciones habituales y el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de la destitución hasta que ello ocurra, con reajustes, intereses y costas. 2°.- Que, evacúa informe Luis Patricio Parejas Mardones, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, por estimar que no ha existido acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales de la recurrente.

Expone que, la señora nombre reservado, mientras se desempeñaba como funcionaria municipal, se encontraba haciendo uso de licencia médica por un período comprendido entre el 18 de abril y el 2 de mayo de 2024, con reposo laboral total y lugar de reposo expresamente fijado en su domicilio. Señala que, conforme a los antecedentes recabados, incluyendo informes del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones, se constató que la funcionaria salió del país el 20 de abril de 2024 con destino a República Dominicana, reingresando el 28 del mismo mes, sin contar con autorización médica ni administrativa para ausentarse durante el período de reposo.

Indica que, dichos hechos fueron reconocidos por la propia funcionaria en el marco del sumario administrativo, quien explicó su viaje por razones de estrés laboral y bienestar personal. Señala que la conducta investigada configura un incumplimiento grave de los deberes funcionarios, al vulnerar el principio de probidad administrativa y las normas que regulan el uso de licencias médicas, afectando la fe pública y la confianza en la administración.

Desarrolla el marco normativo aplicable, citando disposiciones de la Constitución Política, de la Ley N.º 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), del Decreto Supremo N.º 3 de 1984 del Ministerio de Salud, y de la Ley N.º 18.575, sosteniendo que la salida del país durante un período de reposo médico absoluto constituye una infracción grave que habilita la aplicación de la sanción de destitución.

Afirma que, el sumario administrativo se tramitó conforme a derecho, respetándose las garantías del debido proceso, recabándose todos los antecedentes pertinentes y permitiéndose a la investigada formular descargos y presentar pruebas. Sostiene que el Decreto Alcaldicio NUM000 se encuentra debidamente fundado y motivado, expresando las razones de hecho y de derecho que justifican la sanción aplicada, y que ésta resulta proporcional a la gravedad de la falta cometida, conforme a los artículos 120 y 123 de la Ley N.º 18.883. 3 Concluye que, no se advierte vulneración de derechos fundamentales, que la Municipalidad actuó dentro de su esfera de competencia y con estricto apego a la legalidad vigente, por lo que solicita tener por evacuado el informe, rechazando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por carecer de fundamento fáctico y jurídico, declarando que no ha existido acto arbitrario ni ilegal atribuible a la Municipalidad recurrida. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en la especie, la recurrente señaló que el acto que reprocha como ilegal y arbitrario corresponde al Decreto Alcaldicio NUM000, de la Municipalidad de San Ignacio de fecha 3 de octubre de 2025, suscrito por su alcalde don Patricio Suazo Romero, que dispuso su destitución como funcionaria municipal, en virtud de los hechos establecidos en el sumario administrativo instruido en su contra por el uso indebido de licencia médica, por haber vulnerado el principio de probidad administrativa, estimando que aquello constituye una infracción de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad, por las razones que esgrimió en su recurso, contemplados en el artículo 19 Nos. 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental. 7°.- Que del análisis de los antecedentes acompañados y del informe evacuado por la recurrida aparece acreditado que la recurrente hizo uso de licencia médica durante el período comprendido entre los días 18 de abril y el 2 de mayo de 2024, con reposo laboral total y lugar de reposo expresamente fijado en su domicilio, señalando que, conforme a los informes del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones, se constató que la funcionaria salió del país el 20 de abril de 2024 con destino a República Dominicana, reingresando el 28 del mismo mes, sin contar con autorización médica ni administrativa para 4 ausentarse durante el período de reposo, circunstancia que fue reconocida por la propia afectada durante la tramitación del sumario. 8°.- Que, asimismo, consta que el procedimiento disciplinario fue tramitado con estricto apego a las disposiciones de la Ley N°18.883 y de la Ley N°19.880, garantizándose el derecho a defensa de la recurrente, quien fue debidamente notificada de los cargos formulados en su contra, evacuó descargos, aportó antecedentes y dedujo el correspondiente recurso administrativo, todo lo cual fue ponderado por la autoridad antes de la dictación del acto sancionatorio definitivo, encontrándose este debidamente motivado. 9°.- Que, en tal contexto, no se advierte ilegalidad alguna en la actuación de la recurrida, toda vez que la autoridad municipal ejerció una potestad disciplinaria expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, en particular por lo dispuesto en los artículos 58 letra g), 120 letra d) y 123 de la Ley N°18.883, al estimar que la conducta acreditada constituía una infracción grave a los deberes funcionarios y al principio de probidad administrativa y de respeto a la normativa sobre licencias médicas, ya que la salida del país durante un periodo de reposo absoluto implica desobedecer las condiciones del beneficio y afecta directamente la fe pública y la confianza en la administración del Estado. 10°.- Que, por otra parte, las alegaciones de la recurrente relativas a la ausencia de dolo, mala fe, o intención de defraudar el erario fiscal y su irreprochable conducta anterior funcionaria, por lo que su actuación debía calificarse como una falta simple, y no como una infracción grave a la probidad administrativa, dicen relación con aspectos de mérito y de ponderación de la sanción impuesta, los cuales fueron analizados en sede administrativa y no resultan susceptibles de ser revisados por esta vía cautelar, desde que ello importaría transformar el recurso de protección en una instancia revisora de decisiones disciplinarias, finalidad para la cual no ha sido concebido. 11°.- Que, en efecto, la sola discrepancia de la recurrente con la calificación jurídica de los hechos o con la entidad de la sanción aplicada no configura, por sí misma, un acto arbitrario, máxime cuando la medida disciplinaria se encuentra prevista por la ley para infracciones que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa y fue adoptada mediante un acto administrativo, dictado dentro del ámbito de competencia de la autoridad recurrida, sin que haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad. 12°.- Que, a mayor abundamiento es útil tener presente lo que resolvió la Excma. Corte Suprema en la acción de protección Rol 52.153-2025 de fecha dieciséis del actual, que sostuvo en el considerando Quinto lo siguiente: “…que el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionaros públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 5 general sobre el particular, y el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Y además, en el fundamento Sexto expresó: “Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general.” 13°.- Que, en consecuencia, en el caso de autos no se divisa de qué manera el acto impugnado pueda estimarse carente de razonabilidad o desprovisto de fundamento, ni que este importe una vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, razón por la cual la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, representada legalmente por su Alcalde don Patricio Suazo Romero.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del ministro Claudio Arias Córdova.

Rol N°847-2025-PROTECCIÓN.-