Protección contra MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

1 Chillán, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece don Humberto Méndez Montecino, Abogado, en representación de doña nombre reservado, Trabajadora Social, y doña nombre reservado, Fonoaudióloga, ambas funcionarias del Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna de San Ignacio, quien interpone recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su alcalde don Patricio Suazo Romero.

Señala que las recurrentes son profesionales pertenecientes al DAEM de la Municipalidad de San Ignacio, a través del Programa de Integración Escolar (PIE). En el caso de doña nombre reservado, prestó servicios para la Municipalidad desde el año 2020, en distintas escuelas de la comuna (3 en la actualidad) y doña nombre reservado, ingresó a trabajar en la Municipalidad desde el año 2017. Ambas, con trayectorias intachables, jamás sumariadas ni menos sancionadas, sin anotaciones en sus hojas de vida, y respaldadas y reconocidas por sus pares y sus jefaturas directas en cada escuela.

En relación con nombre reservado, refiere que siempre fue una funcionaria responsable con su trabajo, al punto que ni siquiera hacía uso de la totalidad de sus días de permiso, dejándolos exclusivamente para situaciones médicas excepcionales. Sin embargo, durante el año 2024, existieron situaciones a nivel escolar y dificultades familiares que le originaron un problema de salud mental. Fue un año difícil en su vida, pero se mantuvo trabajando de manera responsable y sin dejar sus obligaciones de lado, a pesar de tener en ocasiones crisis de angustia, de ansiedad, tristeza y llanto, pero solo pensaba en que debía trabajar, porque tiene una hija adolescente que está próxima a entrar a la universidad.

Añade que pasaron los meses y durante el segundo semestre de 2024 su salud mental se fue deteriorando, por lo que se vio en la necesidad de solicitar ayuda profesional, por lo que solicitó una hora tanto con psicólogo, como con psiquiatra.

Indica que la psicóloga nombre reservado, constata “presencia de características depresivas y de ansiedad. Manifiesta estado de ánimo 2 deprimido, llanto frecuente. insomnio, pensamientos intrusivos, análisis excesivo de situaciones cotidianas, anticipación a los hechos; características psicosomáticas como sudoración de manos, pecho apretado, malestar intestinal. Lo anterior, se exacerba ante la interacción con personas con énfasis dentro del entorno laboral”, e indica o recomienda “acompañamiento psicológico con la finalidad de adquirir las herramientas necesarias para el afrontamiento del motivo de consulta. A su vez, se dejó como recomendaciones, el ampliar las redes de apoyo, realizar actividades recreativas y de autocuidado, así como continuar su acompañamiento con psiquiatra y sesiones psicológicas”.

Por su parte, el psiquiatra nombre reservado, diagnostica que la sintomatología “configura un Trastorno Adaptativo Ansioso, reactivo a estresores ambientales agudos y transitorios. Se le indicó tratamiento farmacológico, reposo médico temporal además de realizar actividad física regular, aumento de actividades recreativas, etc”. En cuanto al tratamiento medicamentoso, señalada que “se ha mantenido en tratamiento con escitalopram 10 mg al día, clotiazepam 10 mg de noche” En dicho contexto, surge la posibilidad de realizar un viaje al extranjero, el que consideró le ayudaría y contribuiría a su sanación mental y emocional, de manera de poder, al término de las licencias médicas y de su período de vacaciones, reintegrarse a sus funciones en 2025, en las mejores condiciones para cumplir adecuadamente sus tareas.

Refiere que la primera licencia médica, de tipo psiquiátrica que se le ordenó, lo fue por 30 días, en el período del 10 de octubre al 08 de noviembre de 2024, al cabo de los cuales, y siguiendo las instrucciones de su psiquiatra, se reintegró a sus funciones, a fin de trabajar en el trastorno adaptativo, sin embargo, luego de 8 días de trabajo, el cuadro de angustia y depresión recrudeció, por lo que el psiquiatra le dio una segunda licencia médica de 30 días, del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024, al cabo de la cual se debería reintegrar brevemente a funciones, para 5 días después, ya entrar en el período vacacional.

Indica que efectivamente viajó a Brasil, del 01 al 08 de diciembre de 2024. 3 Respecto de nombre reservado, refiere que, luego del nacimiento de su hijo, una serie de dificultades médicas obligaron a doña nombre reservado a tomar diversas licencias médicas, lo que, sumado a dificultades familiares, el trabajo de su pareja en la ciudad de Santiago, lo que implica largos períodos de ausencia, y dificultades adaptativas en lo laboral, la llevaron a buscar ayuda profesional especializada.

Añade que, entre los meses de marzo a junio de 2024, se sometió a tratamiento psiquiátrico, recibiendo un diagnóstico de “trastorno adaptativo, estrés ambiental, hijo lactante menor”, ordenándose “reposo médico y tratamiento con sertralina de 50 mg”, siendo atendida por el doctor nombre reservado. Sin embargo, al mantenerse y aumentar sus crisis de angustia y problemas familiares, se atendió con el doctor Juan Francisco Opazo, médico de familia con especialidad en psiquiatría, quien señala, como consta en certificados que se acompañan, que su representada “presentaba ansiedad, acompañada de síntomas neurovegetativos, aumento de psicomotricidad, irritabilidad, ánimo levemente bajo, anhedonia, desconcentración, dificultades para mantener la calma, insomnio, aumento del apetito”, con un diagnóstico de “trastorno adaptativo con síntomas mixtos”. El 28 de noviembre le dio reposo médico 21 días por salud mental (puede salir del domicilio), y que realizara actividades recreativas. Modificó el tratamiento medicamentoso para la señora nombre reservado a fluoxetina de 20 mg.

En es en este contexto, expone, surge la posibilidad de realizar un viaje al extranjero, el que pensó, de buena fe, que le permitiría mejorar en su salud mental, desconociendo, como posteriormente instruyó la SUSESO, que un viaje al extranjero estando con licencia médica, estaba prohibido. Efectivamente, y no ha sido nunca la intención negar u ocultar los hechos, viajó a Brasil, del 01 al 08 de diciembre de 2024.

En cuanto al sumario administrativo, señala que por instrucción de la Contraloría General de la República (Oficio N° NUM000), se dicta el decreto alcaldicio N° NUM001 de fecha 26 de mayo de 2025, que ordena instruir sumario a una serie de funcionarios de la Municipalidad de San Ignacio, entre las que figuraban las recurrentes, y con fecha 25 de agosto de 2025, se formula, a ambas trabajadoras, el cargo único, que indica. En el caso de doña nombre reservado “FALTA GRAVE AL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA – CONDUCTA INDEBIDA GRAVE, LO CUAL 4 ACARREA INFRACCIÓN GRAVE DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS DE LA INVESTIGADA AL HABER HECHO USO DE LICENCIA MÉDICA N° 3 FOLIO NUM002, CUYA FECHA DE INICIO DE LICENCIA MÉDICA ES DESDE EL 21-11-2024, POR 30 DÍAS, FECHA TÉRMINO DE LICENCIA EL 20-12-2024 PARA VIAJAR AL EXTRANJERO, LUGAR DE DESTINO BRASIL, CON SALIDA DEL PAÍS CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR EL AEROPUERTO nombre reservado CON FECHA DE ENTRADA Y/O INGRESO AL PAÍS CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL AEROPUERTO nombre reservado (SEGÚN CONSTA EN OFICIO RESERVADO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES N° NUM003, FOJA N° NUM004)”; y en el caso de doña nombre reservado, señala igualmente “FALTA GRAVE AL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA – CONDUCTA INDEBIDA GRAVE, LO CUAL ACARREA INFRACCIÓN GRAVE DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS DE LA INVESTIGADA AL HABER HECHO USO DE LICENCIA MÉDICA N° 3 FOLIO NUM005, CUYA FECHA DE INICIO DE LICENCIA MÉDICA ES DESDE EL 28-11-2024, POR 21 DÍAS, CON FECHA DE TÉRMINO DE LICENCIA EL 18-12-2024 PARA VIAJAR AL EXTRANJERO, LUGAR DE DESTINO BRASIL, CON SALIDA DEL PAÍS CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR EL AEROPUERTO nombre reservado CON FECHA DE ENTRADA Y/O INGRESO AL PAÍS CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL AEROPUERTO nombre reservado (SEGÚN CONSTA EN OFICIO RESERVADO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES N° NUM003, FOJA N° NUM006)”

Refiere que se presentaron descargos, haciendo presente una serie de argumentos, haciendo énfasis en la irreprochable conducta; en la presunción de la buena fe; en la falta absoluta de pruebas que configuren una falta grave a la probidad; a la gravedad real de la presunta falta y la necesaria proporcionalidad con la sanción; a las normas presuntamente infringidas, en lo que el escrito de formulación de cargos es vago, como cuando indica que el hecho vulnera el artículo 160 del Código del Trabajo, sin indicar jamás cuál de las 7 causales contenidas en dicho artículo sería la infringida, con la consecuente afectación del derecho a la defensa; a que los hechos señalados no dicen relación con las funciones para las que fueron contratadas; que los 5 hechos ocurren durante una suspensión de la relación contractual producto de la licencia médica; y por cierto, a que las licencias médicas que recibieron sus representadas no son falsas, muy por el contrario, dan cuenta de documentos reales, con diagnósticos, terapias, tratamientos medicamentosos, etc., y en el mismo escrito de descargos, en un otrosí, ambas recurrentes solicitaron la apertura de un término probatorio.

Con fecha 15 de septiembre se dictó la resolución N°03 por parte del fiscal, con la que se pretende proveer su escrito de descargos, sin embargo, en ninguna parte de dicha resolución aparece el nombre de sus representadas, y la resolución se pronuncia sobre otrosíes que no eran parte del escrito, no entendiéndose en definitiva si dicha resolución decía relación con las presentaciones hechas por sus representadas, o de otros funcionarios sumariados, por lo que se repuso, en especial respecto del plazo de 10 días de término probatorio, en el caso que ello si fuera establecido respecto de mis representadas.

Con fecha 24 de septiembre de 2025, se emite la resolución N°06, respecto de doña nombre reservado y la resolución N°07, respecto de doña nombre reservado, que señala en el asunto “ACLARA, RECTIFICA Y ENCOMIENDA (SIC) RESOLUCIÓN INTERNA N° 3, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO”. En ambos casos se corrigen los evidentes errores del documento de fecha 15 de septiembre, y se rechazan las reposiciones, fijándose en consecuencia, un plazo de 10 días hábiles de término probatorio.

Indica que insistieron respecto de la solicitud de ampliación de plazo, pues había pruebas que podían tardar en ser recepcionadas, y el aumento del término probatorio no afectaba en nada el correcto y normal desarrollo del sumario administrativo. Por ello se emitió la resolución N° 09, de 25 de septiembre de 2025, respecto de doña nombre reservado y resolución N° 10, de la misma fecha, respecto de doña nombre reservado, que provee sus presentaciones, y en lo pertinente al plazo señala “Manténgase el término probatorio de 10 días hábiles fijado en resolución de fiscalía administrativa de fecha 24 de septiembre que resuelve reposición por ser un período razonable para rendir pruebas en el presente proceso sumarial”. 6 Indica que, estando a firme la resolución de fecha 24 de septiembre de 2025, que concede un término probatorio por un plazo de 10 días hábiles, considerando el jueves 25 el primer día del probatorio, un simple cálculo nos arroja que el décimo día de probatorio correspondía al 08 de octubre de 2025.

Señala que ha existido un proceso, exprés y abusivo, y se dicta con fecha 02 de octubre de 2025, la resolución N°13, por parte del fiscal, en que nuevamente sin especificar funcionario/a destinatario/a, declara CONCLUIDO EL TÉRMINO PROBATORIO CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025, estando aún pendiente la mitad del plazo concedido, privándolos del legítimo derecho a la certeza jurídica, a la legítima defensa y el debido proceso, lo que torna éste en un acto ilegal y arbitrario, que vulnera derechos y garantías constitucionales. Se presento una nulidad procesal, pero jamás tuvieron respuesta de eso.

Expone que, con fecha viernes 03 de octubre de 2025, 24 horas después de cerrada la investigación, ya se emitía y notificaba, en el caso de la señora nombre reservado, porque doña nombre reservado fue notificada el lunes 06 de octubre de 2025, el decreto NUM007, que indica en materia “APRUEBA VISTA FISCAL Y DISPONE SANCIÓN DISCIPLINARIA QUE INDICA”.

En dicho decreto, el señor Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio, considera, sin antecedente alguno de respaldo, como fraudulento el accionar de los funcionarios señalados en el documento, entre los que se encuentran mis representadas, por lo que ordena se aplique la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN. Se interpuso recurso de reposición en contra del decreto de destitución, y se insistió en la nulidad procesal por el grosero y gravoso vicio de cerrar el término probatorio, estando éste aún vigente.

El día 13 de octubre de 2025, en que presentó el recurso de reposición de nombre reservado, se resolvió por parte del alcalde, en una muestra asombrosa de celeridad y eficiencia (léase con ironía), rechazando la reposición mediante el decreto (TR) N° NUM008, y con la misma fecha, se dicta el decreto (TR) N° NUM009, rechazando la reposición de nombre reservado.

Indica que las decisiones administrativas, materializadas en el Decreto N°NUM007, de 03 de octubre de 2025, que ordena la 7 destitución de sus representadas y en los Decretos N°NUM009 y NUM008, ambos del 13 de octubre de 2025, que rechazan los recursos de reposición interpuestos, constituyen un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerado directamente sus garantías constitucionales.

Las resoluciones recurridas son manifiestamente ilegales, toda vez que se sustentan en una atribución que la Municipalidad se ha arrogado sin amparo legal. El acto de la administración de fiscalizar el uso de una licencia médica, determinar su validez y sancionar por su supuesto mal uso es una facultad privativa y exclusiva de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de acuerdo con el Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Al dictar una sanción disciplinaria sobre una materia ajena a su competencia, la Municipalidad ha actuado fuera de los márgenes de la ley, vulnerando de forma directa el Principio de Legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución). Una resolución basada en una premisa tan defectuosa no puede ser considerada "conforme a derecho".

Señala que el acto también es arbitrario, ya que la sanción de destitución es abiertamente desproporcionada. La decisión de aplicar la medida más gravosa se tomó sin ponderar debidamente la trayectoria intachable de más de 5 y 8 años de las recurrentes, ni la naturaleza terapéutica de su viaje. Un castigo de tal magnitud, aplicado a un hecho que, en el peor de los casos, constituye una falta menor, no es racional.

Al imponer una pena excesiva, la Administración ha vulnerado la Igualdad ante la Ley (artículo 19 N°2 de la Constitución), al tratar a su representada con una severidad que no se justifica, apartándose del principio de proporcionalidad que rige el derecho administrativo sancionador.

La suma de estas ilegalidades y arbitrariedades no solo vicia el proceso, sino que también atenta contra otras garantías constitucionales. El proceder de la Municipalidad vulnera el Debido Proceso (artículo 19 N° 3) al sancionar en un procedimiento viciado de inicio a fin. Y, al privarla de su fuente de trabajo de manera injustificada, también vulnera su Libertad de Trabajo y su Protección (artículo 19 N°16). Por todo lo anterior, las resoluciones que ordenan la destitución no pueden subsistir. 8 Cita jurisprudencia, e indica que en el caso de autos no se ha configurado específicamente ninguna situación que importe vulneración grave del principio de probidad administrativa. No existe en las resoluciones que disponen su destitución, mención a los razonamientos lógicos y jurídicos que supuestamente han permitido arribar a una conclusión de tanta gravedad como la que se les reprocha, máxime cuando ni siquiera se menciona como se habría supuestamente logrado acreditar que la conducta que se les representa importa una infracción grave al principio de probidad administrativa, siendo, lo reprochado, una actividad realizada por la funcionaria fuera de su horario laboral, que la funcionaria se encontraba con licencia médica y que no existe prueba de su mal uso, por tanto, no es posible estimar que con motivo del servicio se haya configurado una falta grave a la probidad de la funcionaria por sus actuaciones ocurridas en un contexto privado, vulnerándose así su derecho de igualdad ante la ley.

Además, indica que la autoridad administrativa debía ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, como lo es la conducta intachable de sus representadas, sin anotaciones de demérito ni sumarios previos, la excelencia de su labor, corroborado por sendos informes de sus jefaturas directas, la cooperación con el procedimiento, y, por cierto, que la licencia y su respectivo reposo, estén debidamente respaldados por un profesional médico, con diagnóstico y hasta tratamiento medicamentoso, como en el caso de sus representadas.

La ilegalidad de la resoluciones recurridas respecto de la sanción de destitución se expresa en la infracción explícita al Artículo 125 de la ley 18.834, pues la destitución como se indicó se aplica por infracción grave a la probidad, es decir, en relación al principio de proporcionalidad porque el propio legislador exigió el elemento gravedad en la calificación de la falta, en el Art. 125 cuando señala expresamente que “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los siguientes casos:…”. No toda falta a la probidad da lugar a la destitución tal como lo señala la norma, sino que ésta debe ser grave, pues exige el legislador un elemento esencial de ponderación: la gravedad. En este caso no se acreditó ni se razonó en el 9 caso concreto por qué se determina que existe una infracción grave al principio de probidad, siendo la sanción impuesta de destitución, desproporcionada e ilegal, contraria al literal del Art. 125 de la ley 18.834.

Alega una irreprochable conducta anterior, presunción de la buena fe, se sanciona por hechos que no dicen relación con las funciones establecidas en el contrato, la existencia de una licencia médica y el estado de embarazo de nombre reservado.

Se explaya en cuanto a las garantías constitucionales de los números 2, 3 y 24, que estima se han vulnerado, cita jurisprudencia, y termina solicitando se acoja el presente recurso de protección, y se adopten todas las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Decreto N° NUM007, de fecha 03 de octubre de 2025 y Decretos (TR) N° NUM009 y NUM008, ambos de fecha 13 de octubre de 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación de las funcionarias y ordene efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas; o las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña antecedentes a su presentación. 2°.- Que, a folio 9, don nombre reservado, abogado, por la Municipalidad de San Ignacio, procedió a evacuar el informe requerido, refiriendo, en primer término, antecedentes de cada una de las recurrentes.

La exfuncionaria doña nombre reservado, trabajadora social, mientras se desempeñaba en funciones municipales, se encontraba con licencia médica folio NºNUM002, por un período de 30 días, comprendido entre el 21 de noviembre de 2024 y el 20 de diciembre de 2024, por enfermedad o accidente común, con reposo laboral total y lugar de reposo otro domicilio, expresamente indicado en el documento médico, salió del país con destino a Brasil-Rio de Janeiro con fecha 30 de noviembre de 2024 e ingresando al país con fecha 08 de diciembre de 2024. 10 Por su parte, doña nombre reservado, fonoaudióloga, se encontraba con licencia médica folio N°NUM005, por un periodo de 21 días, comprendido entre el 28 de noviembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2024, por enfermedad o accidente común, tipo de reposo laboral total en otro domicilio señalado expresamente en su licencia médica, salió del país con destino a Brasil con fecha 30 de noviembre de 2024, ingresando al país con fecha 08 de diciembre de 2024, mismas fechas de salida e ingreso al país de la recurrente nombre reservado. Siendo solicitados por parte del fiscal copia de los pasajes aéreos la funcionaria nombre reservado no dio respuesta a solicitud.

Indica que, conforme al informe de verificación del Servicio Nacional de Migraciones y Policía Internacional, se constató que ambas funcionarias recurrentes salieron del país el 30 de noviembre de 2024 con destino a Brasil, reingresando el 08 de diciembre de 2024, sin contar con la autorización médica ni administrativa correspondiente para ausentarse del país durante su período de reposo laboral total. Añade que, en el marco de la investigación sumarial respectiva, la funcionaria nombre reservado reconoció los hechos señalando, entre otros argumentos, que su decisión de viajar se debió a un problema de salud mental, que desconocía que era ilegal salir del país con licencia médica, y que a la fecha de la declaración aún se encontraba con tratamiento psicológico.

La funcionaria nombre reservado expreso en su declaración que salió del país, pero no con maldad ni mala intención, no sabía que este tipo de licencia que es por salud mental no se podía salir del país (la licencia médica no es por salud mental), que, venia con controles psiquiátricos desde abril del año 2023 por depresión postparto, y que estaba dispuesta a recibir las sanciones que esto contraiga pero que no sea la sanción máxima.

Señala la normativa aplicable, y en cuanto a los hechos constatados, reitera que ambas licencias médicas otorgadas ordenaban reposo laboral total en otro domicilio señalado expresamente en licencia médica; las funcionarias viajaron al extranjero, a Brasil ambas, después de iniciada la licencia, sin contar con autorización médica; el viaje de ambas tanto de ida como de regreso al país se originó en las mismas fechas, esto es salida del país 30 de noviembre de 2024 e ingreso al país 08 de diciembre de 2024, sus conductas fueron confesadas en 11 declaración sumarial, y consta en expediente sumarial decreto alcaldicio N.ºNUM010, de 22 de noviembre de 2024, que tuvo presente licencia médica de nombre reservado y consta en expediente decreto alcaldicio N.°NUM011, de 28 de noviembre de 2024, que tuvo presente licencia médica de la recurrente nombre reservado.

En cuanto a la calificación jurídica, señala que el actuar de las funcionarias configura un incumplimiento grave de sus deberes funcionarias, en cuanto quebranta el deber de observancia de la probidad administrativa y de respeto a las normas sobre licencias médicas. La salida del país durante un período de reposo absoluto implica desobedecer las condiciones del beneficio y afecta directamente la fe pública y la confianza en la administración.

Añade que en la formulación de cargos de ambas recurrentes, esto es, por falta grave a la probidad administrativa, se hace reseña explicita en los términos del mismo a que, “Serán obligaciones de cada funcionario el observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado y articulo 55 y 56 de Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la administración del Estado”.

Indica que ambas licencias son por enfermedad o accidente comunes, cuyas características del reposo son laboral total, lugar de reposo otro domicilio señalado explícitamente en licencia. Al momento de evaluar los antecedentes aportados se tuvo a la vista tipo de licencia médica, características del reposo, lugar de reposo, situación médica y contexto en el cual se da el reposo y el viaje realizado.

Refiere una afectación grave al principio de probidad administrativa es tal que afecta la confianza en el cumplimiento de las licencias médicas, la integridad del sistema de control de funcionarios. El hecho constituye un precedente negativo si no se sanciona con rigor, pudiendo afectar la disciplina y el orden administrativo.

Señala que las recurrentes han cometido una falta grave a la función pública y a la honradez u honestidad en el ejercicio de su función toda vez que incumplen un reposo medico laboral total otorgado con la finalidad de reestablecer su salud al amparo de nuestra 12 legislación vigente la cual no contempla el uso de licencia médica para viajar al extranjero y/o justificar sus ausencias laborales a través de este medio lo cual dio como resultado el desprestigio de la administración pública ante la comunidad.

Indica que la sanción aplicada es proporcional con el daño ocasionado a la fe pública.

Con relación a la buena fe de las recurrentes, expone que hubo premeditación toda vez que el viaje estaba organizado y la licencia médica fue solo con la finalidad de justificar sus ausencias laborales, lo que demuestra intencionalidad y responsabilidad en el incumplimiento.

Agrega que en el expediente sumarial consta declaración de investigadas quienes confesaron los hechos materia de la presente investigación, medios de prueba presentados por recurrentes, informe de PDI, licencias médicas, entre otros antecedentes que dan cuenta de su viaje a Brasil encontrándose con licencia médica.

Con relación al deber de fundamentación del acto administrativo podemos ratificar que, si existe evidencia del comportamiento criticado, de los cargos, de las normas infringidas, la norma relacionada con la conducta infringida. El acto administrativo fue debidamente fundamentado y motivado haciendo mención en sus vistos y considerandos, a disposiciones legales que han servido de sustento expresando las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión, garantizando la transparencia y el control del acto. La fundamentación se refiere a la cita de las normas jurídicas aplicables, mientras que la motivación es la explicación de los motivos específicos y las circunstancias particulares que conducen a la emisión del acto, permitiendo al ciudadano comprender y, en su caso, impugnar la resolución lo cual queda de manifiesto en la forma en que se entienden y como se aplica la fundamentación del acto. Conforme con lo preceptuado en los artículos 11 y 41 de la ley N.° 19.880, y con lo manifestado por este Ente de Control en su jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 75.111, de 2015, 17.586, de 2018, y E267949, de 2022, el principio de juridicidad exige que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional, expresados en los mismos, que sustenten la conclusión respectiva. 13 En cuanto a la ponderación de las circunstancias atenuantes, refiere que en dictamen N.°53.223, de 2012 de CGR, se sostiene que al estar asignada por la ley una sanción especifica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa, la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que, eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad funcionaria de aquéllos. Lo anterior es concordante con art. 120 y 123 de Ley N.°18.883.

Señala que la sanción aplicada y su proporcionalidad es justa a los hechos investigados, al daño y la gravedad de la infracción, se ha resguardado la proporcionalidad en su aplicación de acuerdo con art. 121 de la Ley 18.834. El desprestigio ocasionado a la administración del Estado se condice con la sanción aplicada, esto es la gravedad del daño y el castigo a imponer, y que el sumario administrativo, que indago los hechos materia de investigación esto es las eventuales responsabilidades administrativas de él o las funcionarias que salieron o permanecieron en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica, se ajustó a la legalidad en todas sus etapas, respetándose los derechos fundamentales de los funcionarios, se recabaron todos los antecedentes necesarios manteniendo un equilibro en el proceso en todos los antecedentes indagados, tanto los que agravan como eximen de responsabilidad, lo cual da cuenta el expediente sumarial.

Añade que ambas funcionarias durante el transcurso del procedimiento intentaron dilatar el procedimiento incurriendo ambas en presentaciones dilatorias, solicitando y reiterando prorrogas de aumento de plazo del término probatorio las cuales mediante resolución de fiscalía emitidas a sus correos personales tal como lo solicitaban en sus escritos fueron debidamente respondidas, ambas presentaron prueba dentro del plazo otorgado por la fiscalía, 10 días de probatorio y aun así intentaron dilatar el procedimiento con escritos reiterativos sobre la misma solicitud. Tanto, que en el término probatorio, en el caso de nombre reservado se recibió informe médico de fecha 17 de junio de 2025, informe de encargada de Escuela que da cuenta de ser una persona responsable, pauta comunal de Evaluación para asistentes de la Educación, informes de referencia, informe médico, de fecha 16 de junio de 2025, se tomó 14 declaración a los testigos ofrecidos por la recurrente y aun así, contando toda la prueba en carpeta investigativa seguían ambas recurrentes entorpeciendo el procedimiento con dilaciones innecesarias insistiendo en aumentar el plazo del probatorio. En el caso de nombre reservado, en el contexto de actuaciones dilatorias, hacia las mismas presentaciones de la recurrente nombre reservado siendo que ya se constaba con certificado médico de fecha 23 de junio de 2025, certificado psicológico de 15 de julio de 2025 y de 18 de noviembre de 2024, certificado de nombre reservado

Villagra, encargada de establecimiento Selva Negra, refiriéndose a su responsabilidad con respecto a normas internas, informe de referencia, recetas médicas, declaración de testigos, lo cual da cuenta que su derecho a defensa se materializó durante el transcurso de todo el proceso sumarial y sólo denota mala fe por parte de las investigadas sus dilaciones innecesarias sin justificación alguna.

En cuanto al sumario incoado, este arrojó como resultado, hechos que atentan gravemente la confianza depositada en las funcionarias, en su actuar incumplen reposo médico y es en el desempeño de la función pública que ha quedado en tela de juicio la honradez u honestidad en el ejercicio de la función pública. Cita dictámenes N°s 42.370, de 2010, N.° 49.580, de 2008, de Contraloría General de la República.

Se refiere a la gravedad y proporcionalidad de la sanción, a la fundamentación del acto administrativo, y en sus consideraciones finales señala que: 1.- Los hechos constituyen vulneración grave del principio de probidad administrativa, al incumplir el reposo médico absoluto y salir del país sin autorización, desnaturalizando el propósito del beneficio. 2. La sanción aplicada es jurídicamente procedente y proporcional, ajustándose a la legislación vigente y a la doctrina de la Contraloría General de la República. 3. No se advierte vulneración de derechos fundamentales de las recurrentes, toda vez que el procedimiento disciplinario se tramitó conforme a derecho, el acto sancionatorio fue fundado, motivado y notificado en forma regular, se garantizó el derecho a defensa y contradicción, sin que se haya logrado acreditar por las recurrentes un acto u omisión ilegal o arbitrario; y, conforme al mérito de los antecedentes, aparece que el procedimiento se ajustó́ a la legalidad, las 15 recurrentes fueron oídas y se le permitió́ defenderse, ambas formularon sus descargos y rindieron sus medios de prueba, fueron notificadas de las actuaciones y tuvieron oportunidad de conocer el contenido Íntegro de sus expedientes, todo lo que conlleva al rechazo del recurso.

Por lo expuesto, señala, no existe acto arbitrario ni ilegal por parte de la Municipalidad recurrida, y la sanción de destitución aplicada a las exfuncionarias nombre reservado y a doña nombre reservado se ajusta plenamente a la Constitución y las leyes de la República.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y se rechace el recurso de protección por carecer de fundamento fáctico y jurídico, declarando que no ha existido acto arbitrario ni ilegal atribuible a la Municipalidad recurrida.

A su informe, acompaña antecedentes documentales. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye de manera evidente que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente en contra del 16 Decreto N°NUM007, de fecha 03 de octubre de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a las recurrentes, y en contra de los Decretos NUM009 y NUM008, dictados por la Municipalidad de San Ignacio, mediante los cuales se rechazó el recurso de reposición deducido por las recurrentes respecto de la aprobación del sumario administrativo y la ratificación de la medida disciplinaria de destitución. 6°.- Que, sin embargo, del análisis cronológico de las actuaciones administrativas que constan en autos, se verifica que la sanción de destitución fue propuesta inicialmente en la vista fiscal. Posteriormente, se interpuso recurso de reposición, se le notificó la resolución que los rechazó, confirmando la medida de destitución, lo que se materializó mediante la dictación del Decreto N°NUM007 de 03 de octubre de 2025. 7°.- Que, en consecuencia, resulta claro que el Decreto N°NUM007 no constituye un acto administrativo autónomo e independiente, sino una resolución de carácter formal que rechazó un recurso de reposición por haberse agotado previamente las instancias previstas en la normativa estatutaria. Así, no existe en el presente caso un nuevo acto ilegal o arbitrario actual que justifique la intervención de esta Corte mediante la presente acción cautelar. 8°.- Que, asimismo, consta que el procedimiento disciplinario fue tramitado con estricto apego a las disposiciones de la Ley 18.883 y de la Ley 19.880, garantizándose el derecho a defensa del recurrente, quien fue debidamente notificado de los cargos formulados en su contra, efectuó descargos, aportó antecedentes y dedujo el correspondiente recurso administrativo de reposición, el que fue rechazado.

Al respecto, y con relación a las alegaciones de la recurrente, en cuanto a la existencia de vicios procesales, no se adjuntan antecedentes que permitan acreditar dichas imputaciones, no siendo suficiente para ellos los documentos acompañados, y no pudiendo transformarse la tramitación de la presente acción cautelar en un procedimiento contradictorio que lleve a obtener una sentencia declarativa. 9°.- Que, en tal contexto, no se advierte ilegalidad alguna en la actuación de la recurrida, toda vez que la autoridad municipal ejerció una potestad disciplinaria expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, en particular por lo dispuesto en los artículos 58 letra g) y 120 17 letra d) y 123 de la Ley 18.883, al estimar que la conducta acreditada constituye una infracción grave a los deberes funcionarios y al principio de probidad administrativa, afectando directamente la fe pública y la confianza en la administración del Estado. 10°.- Que, a mayor abundamiento, necesario es tener presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en recurso de protección Rol 52.123-2025, en que sostuvo en el considerando Quinto lo siguiente: “Que el artículo 8° de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, prescribe que la medida a de destitución procederá cuando los derechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa” 11°.- Que, de lo que se viene diciendo, en el caso de autos no se divisa de qué manera el acto impugnado pueda estimarse carente de razonabilidad o desprovisto de fundamentos, ni que éste importe una vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. 12°.- Que, desde otra perspectiva, y a mayor abundamiento, es criterio reiterado de nuestros tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas llevadas a efecto dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso. La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo. 13°.- Que, conforme a lo pormenorizado en los motivos precedentes, la presente acción constitucional deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto 18 Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección impetrada por el Abogado, don Humberto Méndez Montecino, en representación de doña nombre reservado y doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, representada legalmente por su Alcalde don Patricio Eduardo Suazo Romero.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Claudio Arias Córdova.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial (S).

ROL 845-2025-PROTECCION.-