nombre reservado con BANCO DE ESTADO DE CHILE

9 Chillán, tres de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, enfermera, en favor de don nombre reservado, funcionario municipal, y en favor de don nombre reservado, Oficial de Ejército, interponiendo recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, por denegar el alzamiento de la hipoteca que pesa sobre el inmueble inscrito a nombre de los afectados, en circunstancias que la deuda garantizada está pagada y que el deudor tampoco tiene otras obligaciones pendientes de pago, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los Nºs. 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir: el derecho a la integridad psíquica y el derecho de propiedad.

Al fundarlo refiere que en octubre del año 2004 don nombre reservado celebró un contrato de mutuo con la institución recurrida por el monto de 704,462000 unidades de fomento (hoy $24.523.590), los cuales se pagarían en 178 cuotas a contar del 01.12.2004, por lo que el último dividendo corresponde al de fecha 01.09.2019, el cual fue garantizado por su cónyuge, doña nombre reservado, mediante hipoteca de segundo grado; que el día 05.09.2019 pagó el último dividendo. Añade que el jueves 08.10.2020, falleció doña nombre reservado por lo que, la posesión efectiva de sus bienes se concedió a sus herederos don nombre reservado (cónyuge sobreviviente) y don nombre reservado (hijo).

Añade que su representado, el 16.11.2022 solicitó el alzamiento de la hipoteca y el jueves 17.11.2022, se le informa que ella no sería alzada, pues tenía una deuda de más de 1 millón de pesos vigente por otro concepto. El viernes 18.11.2022 una ejecutiva le informa que todo “Está pagado”, sin embargo, ésta no podía gestionar la solicitud de alzamiento del cliente, pero: a. Ingresó una solicitud de “Certificado e informes de crédito”, documento que permite conocer el estado real del crédito, y b. Facilitó al señor nombre reservado “lo único que puedo extraer del sistema”... una hoja que, al salir de la impresora, decía… “OPERACIÓN PAGADA NORMAL”, para para ir, nuevamente, al mesón de Atención al Cliente, esta vez, a hablar con la “señora nombre reservado”, jefa de dicha área, explicar la situación y entregar el documento. El martes 22.11.2022 fue contactado por la sección de Atención al Cliente para informarle que el banco mantendría la negativa de alzamiento, pues existían cuotas “pendientes/no morosas” por un Crédito con Aval del Estado (CAE) cuyo monto total bordeaba el millón quinientos mil pesos ($1.500.000), y se le manifestó que la hipoteca era de carácter general razón por la que, la única forma que existía para que se pudiera alzar la hipoteca, era pagar el total del CAE que, sin cuotas morosas, tenía cuotas pendientes de vencimiento y pago para su total cumplimiento. Por esa razón, y por la premura en vender el inmueble decidieron pedir liquidación del crédito para pagarlo; así, la aprobación de la solicitud de alzamiento sería inmediata y luego seguiría un curso que podía tomar 45 días. El monto fue descontado inmediatamente de la cuenta corriente del señor nombre reservado.

Luego, dice que, el 28.11.2022 doña nombre reservado, ejecutiva de cuentas del banco recurrido, contactó telefónicamente al señor nombre reservado para informarle que “aparentemente debía como 10 mil pesos”, razón por la cual el Banco no se va a alzar la hipoteca.

Posteriormente, cita el artículo 2434 del Código Civil, expresa: “La hipoteca se extingue junto con la obligación principal”, y añade que el Banco mantiene inscrito un gravamen cuya legitimidad no tiene sustento material. Además, el artículo 17 D de la Ley Nº 19.496/1997 sobre protección de los derechos del consumidor, que indica que para los casos de hipoteca con garantía específica, extinguida totalmente la obligación principal el proveedor financiero “deberá” proceder al alzamiento y cancelación de la hipoteca; tal como nos explicaba la Srta. nombre reservado, el alzamiento... es “automático”, disponiendo de un plazo legal de 45 días contados desde la extinción de la obligación principal para ingresar la escritura de alzamiento en el Conservador de Bienes Raíces pertinente. Lo cual, en el caso del señor nombre reservado ello no se realizó. y en el evento que la hipoteca sea general, el banco igualmente debe alzar y cancelar las hipotecas cuando se han pagado todas las deudas, como ocurrió en el presente caso y a sugerencia del banco, desembolsándose $1.716.315.

Estima que la contumaz negativa del banco se esgrime como una actuación abiertamente ilegal, destacando el hecho que el prepago del Crédito con Aval del Estado (CAE) por la suma de $1.716.315 se hizo única y exclusivamente porque la Jefa de Atención al Cliente señaló que esa era la alternativa que existía para proceder al alzamiento de la hipoteca y el cliente queda con el inmueble igualmente hipotecado, pero con $1.716.315 menos en sus bolsillos. El Banco actúa contra sus propios actos y desconoce los efectos que producen los pagos del mutuo hipotecario y del CAE, quebrantando abiertamente el principio de confianza legítima conforme al cual deben actuar los órganos y empresas del Estado. No existe ninguna norma de rango legal que justifique la negativa al alzamiento y cancelación de la hipoteca, a lo cual se debe agregar que el señor nombre reservado se sometió a efectuar un desembolso de dinero muy significativo porque el banco se lo indicó como medio para obtener el alzamiento perseguido. Además, desde el punto de vista económico la negativa de alzamiento es infundada, pues, de acuerdo al avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos el inmueble tiene un valor de $24.532.012, mientras que lo informado por doña nombre reservado es que “aparentemente debía como 10 mil pesos”. Resulta curioso que exista una deuda “aparente”, cuestión que viene a legitimar la hipoteca en una suerte de modalidad ad eternum por lo que el actuar de la recurrida es desproporcionado e injusto, ilegal y arbitrario, por cuanto además el señor nombre reservado pagó todo su crédito hipotecario e hizo prepago íntegro del CAE con el fin exclusivo de obtener el alzamiento de la hipoteca, de tal suerte que la negativa contumaz se ha traducido en un acto derechamente caprichoso y, por tanto, arbitrario y que constituye una vulneración a la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide a esta Corte que se acoja el presente recurso y que, en definitiva, se alce la hipoteca inscrita a fojas 772, número 517 del Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos correspondiente al año 2004, oficiándose al efecto al señor nombre reservado y se condene en costas a la recurrida.

2°.- Que, al informar don nombre reservado, apoderado por la parte recurrida, sostuvo que no existe un actuar arbitrario e ilegal por parte de su representada, pues, de la propia documentación acompañada por la recurrente, a folio 1, se encuentra una copia de la inscripción de hipoteca de segundo grado de doña nombre reservado, en favor del Banco del Estado de Chile, de fecha 21 de diciembre de 2004, la que se inscribió a fojas 772, número 517 del Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, siendo la copia de fecha 17 de noviembre de 2022. Así también da cuenta el Certificado de Hipotecas y Gravámenes de 16 de noviembre de 2022, y de su simple lectura consta que en favor de su representada se extendió una garantía hipotecaria de segundo grado, en carácter de general.

Añade que, desde la dictación de la Ley 20.855, que viene a reformar el estatuto de protección al consumidor, se introdujeron una serie de normas a fin de tutelar los derechos de estos cuando otorguen garantías hipotecarias, con ocasión de la contratación de un crédito, independientes de su naturaleza. En efecto, con arreglo a lo prevenido por el inciso segundo del artículo 3° de la citada Ley N° 19.496: “Son derechos del consumidor de productos o servicios financieros: […] c) La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una vez extinguidas éstas”. Dicho derecho básico de los consumidores financieros debemos vincularlo con el dispositivo del artículo 17 D del mismo cuerpo normativo así como, también, con el artículo 27 de las Normas sobre Prenda sin Desplazamiento y Registro de Prendas sin Desplazamiento, contenidas en el artículo 14 de la Ley N° 20.190, ambos preceptos incorporados por la Ley N° 20.855, que “regula el alzamiento de hipotecas y prendas que caucionen créditos”, publicada en el Diario Oficial de 25 de septiembre de 2015, y que entró en vigencia el 24 de enero de 2016 por mandato de su disposición primera transitoria.

Señala que el mencionado estatuto legal distingue dos hipótesis centrales que pueden presentarse simultáneamente, o cada una por sí sola, y que por lo demás generan distintos tipos de obligaciones para el proveedor de servicios financieros, a saber:

A.-Otorgamiento de una garantía hipotecaria en carácter de específica, para garantizar un crédito determinado.

a.- En este caso, una vez extinguida totalmente la obligación garantizada, el proveedor del crédito deberá, a su cargo y costo, otorgar la escritura pública de alzamiento de la referida hipoteca y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto.

b.-Pues bien, dice, olvida mencionar el recurrente que ello sí ocurrió: la propiedad sub lite se encontraba gravada en forma primigenia con una hipoteca específica de primer grado la que, una vez cumplida la obligación que le sirvió de origen, y en el marco de la obligación antes señalada, se procedió a alzar. Así se informa desde el área de alzamiento de hipotecas de mi representada y obviamente tiene su correlato en el Certificado de Hipotecas y Gravámenes aparejado por la contendora.

B.-Otorgamiento de una garantía hipotecaria en carácter de general, para garantizar créditos de cualquier naturaleza o cualquiera sea su origen a.

En este caso, la obligación que nace para su representada es notoriamente distinta, puesto que sólo en el caso de haber pagado la totalidad de las deudas que mantuviera con la institución, debe enviar una comunicación por escrito informando tal situación, dentro de 20 días corridos.

b.

Sólo en tal caso, explica el artículo, podrá el deudor solicitar el alzamiento de la hipoteca general y los gravámenes asociadas a esta, situación que no se verifica en autos. En efecto, el deudor pagó la totalidad del mutuo hipotecario y se levantó su garantía específica. Luego, pagó el crédito universitario, y el fundamento de la solicitud es seguir manteniendo una deuda con su representada, razón por la que no ha procedido al alzamiento de la garantía.

Explica que no habiéndose verificado el pago de la operación de su tarjeta de crédito, tampoco se han allegado antecedentes que permitan a esta recurrida concluir que la obligación se encuentra extinguida por cualesquiera de los modos de extinguirse las obligaciones, con lo cual podemos afirmar, sin ambages, que al contrario de lo aseverado por la actora de protección, no se ha colocado la entidad bancaria recurrida en incumplimiento de la obligación legal tipificada en el artículo 17 D de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores Luego, sostiene en la especie, la situación jurídica y de hecho presentada por la recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente. Inclusive, si el recurrente tuviera alguna reclamación que efectuar a la luz del artículo 17 D de la Ley 20.855 como un derecho indubitado la propia norma dispone: “Si el acreedor hipotecario se negare a efectuar los respectivos alzamientos de conformidad al presente artículo, el deudor podrá solicitar judicialmente tales alzamientos ante el tribunal competente, sin perjuicio de las sanciones e indemnizaciones que procedan de conformidad a la presente ley.” En resumen, excediendo la controversia el restringido ámbito de la acción de protección, el recurrente no se encuentra privado de los procedimientos y recursos que las leyes especiales franquean, los que podrá ejercer ante los tribunales que corresponden.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el acto ilegal y arbitrario que reclama los recurrentes lo hacen consistir que pese a encontrarse pagadas las deudas que mantenían con la recurrida, esta se ha negado a alzar la hipoteca que las garantizaba, vulnerando sus garantías consagradas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su turno la recurrida alega que no tiene obligación de alzar la hipoteca, dado que esta constituye una garantía general hipotecaria, y existiendo deudas pendientes de pago, puede mantener la hipoteca, independiente de la entidad de la deuda.

7°.- Que, la recurrente no ha cuestionado el pago efectuado por la actora respecto del mutuo celebrado en 2004 y del crédito con aval del Estado, ambos contraídos por el señor nombre reservado. Por el contrario, ha invocado como justificación de la negativa del alzamiento la existencia de una deuda correspondiente a la tarjeta de crédito mastercard de que es titular el recurrente en la suma de $5.785, la que figura “no vencida”.

8°.- Que, constando el pago total de los créditos contraídos por el recurrente, y apareciendo de la documental que acompaña la propia recurrida que el monto que invoca como pendiente de pago no se encuentra vencido, debe concluirse que no reviste la calidad necesaria para ser considerado una deuda de aquellas que merecen caucionarse mediante la hipoteca constituida en favor de la recurrida, desde que el sistema de tarjetas de crédito de las instituciones bancarias, arroja aquella como no vencida, contando la recurrente con plazo pendiente para su pago, y sin que exista mora a su respecto.

9°.- Que, existiendo una solicitud de alzamiento de hipoteca ingresada por la recurrente con fecha 16 de noviembre pasado, pendiente de otorgarse, no corresponde exigirle al actor que tramite una nueva solicitud, toda vez que de las declaraciones que consigna la solicitud se lee: “Declaro haber sido debidamente informado que el Banco del Estado de Chile confeccionará la escritura de alzamiento una vez pagadas íntegramente las deudas u obligaciones garantizadas”.

En consecuencia, una vez efectuado el pago exigido por el Banco, es de su cargo la confección de la escritura de alzamiento en los términos señalados en el formulario que es de su propia confección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en favor de don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Banco del Estado de Chile, y en consecuencia se ordena al recurrido alzar la hipoteca de segundo grado constituida sobre el inmueble cuyo título rola inscrito a fojas 1738, número 1.727, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos correspondiente al año 2022, Hipoteca que se encuentra inscrita a fojas 772 número 517 del año 2004 en su favor.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

R.I.C. 8437-2022-PROTECCIÓN. -