nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL CHILLAN

Chillán, dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1°.- Que, comparece José Miguel Banda Miranda, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, en el giro de actividades de agricultor y prestador de servicios, en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), representado por su Director Regional de Chillán, don Juan Leonel Arredondo Avendaño, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la denegación de un recurso de resguardo que buscaba eliminar la anotación 4111 de fecha 26 de septiembre de 2025.

Expresa el letrado que la referida anotación se registra a contribuyentes cuyos antecedentes permiten estimar que sus operaciones comerciales no se han realizado, calificándola como una medida preventiva que genera consecuencias adversas sustanciales. Argumenta que las facturas de venta emitidas por el recurrente no ingresan al libro de compra y ventas diario del receptor, sino a un registro denominado "NO INCLUIR", lo que altera la normalidad de las operaciones y priva al receptor del beneficio del crédito fiscal.

Indica el recurrente que la anotación 4111 genera además una alerta al receptor de la factura, comunicando un "comportamiento irregular de emisión de documentos" e informando que el IVA es irrecuperable. Sostiene que esta situación afectó una venta de madera de pino por un total de $66.493.630 a la empresa KRADE spA, cuyo representante legal, al recibir las alertas y ver la factura en el asiento "no incluir", solicitó dejar sin efecto el negocio, amenazando con un grave detrimento económico.

Sostiene además que la actuación del Servicio carece de sustento normativo específico, vulnerando el principio de legalidad de los actos de la administración consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución. Argumenta que se infringe el artículo 8 Bis N°14 del Código Tributario, pues la medida afecta el normal desarrollo de las operaciones económicas sin una notificación previa de las razones que la fundamentan, causando indefensión y menoscabando la reputación y honra del contribuyente al divulgar información confidencial a terceros.

Finalmente solicita que se acoja el recurso, se ordene al Servicio de Impuestos Internos eliminar la anotación 4111 y se impidan todas sus consecuencias, como las alertas referidas y la inclusión de facturas en registros distintos al Libro Diario de Compras y Ventas, con costas. Además, considera perturbadas las garantías de los numerales 2, 3, 4, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política.

2°.- Que, informa nombre reservado, Director Regional de la XX Dirección Regional Chillán del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta, en primer término, la extemporaneidad de la acción, señalando que la anotación 4111 fue registrada el 26 de septiembre de 2025 y que el recurrente tuvo conocimiento de ella y sus efectos en esa fecha a través de su sitio privado Mi Sii, transcurriendo con creces el plazo de 30 días corridos.

Manifiesta el informante que el recurso de protección no es la vía idónea, por existir procedimientos especiales de reclamo por vulneración de derechos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Expresa que el contribuyente aún contaba con la vía administrativa de reposición ordinaria contra la resolución que denegó el resguardo, no habiendo agotado las instancias legales previas.

Sostiene la autoridad que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, pues el Servicio actúa dentro de sus facultades de fiscalización consagradas en el artículo 6 del Código Tributario y su Ley Orgánica. Explica que la anotación 4111 es una medida preventiva y transitoria ante indicios de operaciones no realizadas, destinada a resguardar el interés público y la recaudación fiscal.

Indica el recurrido que el mensaje de alerta en el Registro de Compras y Ventas es meramente informativo y constituye una recomendación para el receptor. Argumenta que la decisión de registrar un documento en la sección "No incluir" corresponde exclusivamente al contribuyente receptor y no a una instrucción obligatoria del Servicio.

Asegura que no hay vulneración al debido proceso, pues la anotación tiene carácter administrativo y preventivo, existiendo instancias de regularización. Argumenta que se ha mantenido comunicación constante con el recurrente a través de su correo electrónico, solicitando antecedentes que este no ha aportado íntegramente.

Afirma que no se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, ya que el recurrente puede seguir emitiendo documentos. Menciona que, incluso con posterioridad a la anotación, se le autorizaron folios de facturación electrónica con fecha 17 de noviembre de 2025, lo que desvirtúa la paralización de su giro.

Argumenta que no existe menoscabo a la honra ni divulgación indebida de información, ya que la alerta busca proteger a terceros receptores de posibles perjuicios fiscales derivados de inconsistencias del emisor. Sostiene que la medida es proporcional y razonable dada la necesidad de verificar la efectividad de las operaciones.

Expone que la situación del recurrente deriva de su propia falta de diligencia al no responder satisfactoriamente a los requerimientos de información del Servicio para subsanar sus anotaciones pendientes. Indica que el proceso de revisión sigue vigente y que el alzamiento de la medida depende de la acreditación de las operaciones impugnadas.

Finalmente, concluye que la actuación impugnada se ajusta plenamente a la normativa legal y administrativa, solicitando el rechazo del recurso con costas por no existir afectación a garantías constitucionales indubitadas.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción formulada por la recurrida, debe ser desestimada por esta Corte. El acto ilegal o arbitrario que se censura no radica únicamente en la anotación inicial, sino en la resolución que deniega el recurso de resguardo, la cual es de fecha 15 de octubre de 2025, de modo que al haberse interpuesto el recurso con fecha 30 de octubre de 2025, se encuentra dentro del plazo legal.

7°.- Que, respecto a la alegación de improcedencia de la acción por existir procedimientos especiales y no haberse agotado la vía administrativa, esta debe ser desestimada. Al efecto, cabe recordar que la naturaleza de la acción de protección es autónoma y su ejercicio es "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", tal como lo establece el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por consiguiente, el hecho de que el contribuyente disponga de recursos administrativos o de un procedimiento especial ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros no constituye un óbice para que esta Corte conozca de la eventual vulneración de garantías constitucionales, no siendo exigible el agotamiento de instancias administrativas previas para impetrar el amparo jurisdiccional por esta vía excepcional.

8°.- Que, en cuanto al fondo de la acción deducida, y tras analizar los antecedentes aportados, esta Corte estima que no se visualiza la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio de Impuestos Internos. La anotación 4111 cuestionada constituye una herramienta legítima del ente fiscalizador, enmarcada en sus facultades generales de control y supervisión tributaria consagradas en la ley.

En efecto, la referida anotación posee un carácter preventivo y transitorio, funcionando como un aviso o alerta que tiene por objeto instar al contribuyente a regularizar su situación o aportar antecedentes que acrediten la efectividad de sus operaciones. No constituye, por tanto, una sanción definitiva ni un acto caprichoso, sino una medida proporcional al deber del Estado de resguardar la correcta recaudación de los tributos.

9°.- Que, asimismo, no se observa una afectación real a derechos fundamentales. La alegada perturbación a la actividad económica se ve desvirtuada por el hecho de que el propio Servicio ha continuado autorizando folios de facturación al recurrente, permitiéndole mantener su giro. Por otra parte, la clasificación de documentos en la sección "no incluir" del receptor es una decisión que recae en este último, siendo la alerta del Servicio un elemento meramente informativo para la protección de terceros.

10°.- Que, en todo caso, la existencia de procedimientos administrativos y judiciales especiales en el Código Tributario para reclamar de estas actuaciones refuerza la improcedencia de la vía de protección para dirimir conflictos técnicos de esta naturaleza, máxime cuando no se ha acreditado una vulneración flagrante a garantías constitucionales que requiera tutela urgente.

11°.- Que, en atención a los razonamientos señalados en los considerandos precedentes, teniendo presente que no se advierte una acción ilegal o arbitraria de parte de la recurrida, ni que aquella implique una privación, perturbación o amenaza de un derecho fundamental recurrente, la presente acción constitucional no podrá ser acogida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción opuesta por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado José Miguel Banda Miranda en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Notifíquese.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

R.I.C. N° 842-2025 - PROTECCIÓN.