nombre reservado con nombre reservado

Chillán, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°.- Que comparece nombre reservado, ingeniero agrónomo, interponiendo recurso de protección contra nombre reservado, casado, transportista, por haber incurrido éste en actos ilegales y arbitrarios que vulneraron las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°1, N°23 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que conoce al recurrido desde aproximadamente el año 2009 y que tuvo con él una relación laboral y comercial, sin existir amistad ni confianza personal. Añade que el 11 de agosto de 2025, celebró como representante y único socio de la sociedad Comercializadora Los Maestros Spa, un contrato de arrendamiento por escritura pública, respecto del inmueble urbano de propiedad del recurrido ubicado en Sector Acequias S/N, comuna de Coihueco, destinado a fines comerciales, bodegaje y sala de ventas. Dicho contrato, de duración indefinida, se encuentra plenamente vigente, las rentas están íntegramente pagadas y no ha sido objeto de litigio alguno.

Explica que en el inmueble arrendado se almacenan bienes de propiedad exclusiva de su empresa, consistentes en fertilizantes, insumos agrícolas, herramientas, maquinaria, equipos de seguridad, productos químicos y de limpieza, todos debidamente respaldados por facturas, cuyo valor aproximado asciende a $19.000.000.

Refiere que el 19 de enero de 2026, tomó conocimiento que el recurrido vendió los bienes de su empresa a terceros, recibiendo pagos en su cuenta bancaria por un monto de $2.234.592, careciendo de título y constituyendo una apropiación ilegítima de bienes ajenos. A raíz de ello, al día siguiente concurrió al inmueble arrendado a fin de exigirle explicaciones al recurrido y ejercer su derecho de acceso como arrendatario, siendo amenazado verbalmente, expulsado, prohibiéndole su ingreso y advirtiéndole que si se acercaba de nuevo atentaría contra su integridad. Tales hechos fueron denunciados a Carabineros conforme al Parte N° 76 de la Comisaría de Coihueco, de 19 de enero de 2026, que acompaña.

Sostiene que desde esa fecha y hasta la época de presentación de este recurso, ha solicitado por WhatsApp, correos electrónicos y carta certificada, el ingreso al inmueble, al menos para retirar sus bienes, no recibiendo respuesta favorable, persistiendo la negativa absoluta y arbitraria, mientras el recurrido continúa vendiendo los insumos agrícolas, arrogándose un supuesto derecho de cobro por mano propia.

Agrega que esta acción resulta plenamente procedente, toda vez que no se discute el término del contrato ni una acción declarativa, sino que se persigue poner término inmediato a actos de autotutela, violencia, amenaza y privación de derechos fundamentales. Conforme a ello, estimas vulneradas las garantías del artículo 19 número 1, 23 y 24 de la Constitución Política de la República, debido a las amenazas y expulsión violenta y advertencia de agresión futura, lo que perturba su integridad psíquica y física, sumado al acto de impedirle el acceso al inmueble que arrendó, retener bienes muebles ajenos, vender los insumos del recurrente apropiándose de los dineros obtenidos de dichas ventas.

Argumenta que la jurisprudencia ha sido constante en rechazar toda forma de autotutela del arrendador, incluso frente a eventuales conflictos contractuales. Cita fallos de la Excelentísima Corte Suprema los que al ser verificados no resultan existentes. (Corte Suprema, Rol N° 21.308-2019 corresponde a una sentencia de amparo penal y rol Corte de Apelaciones de Santiago, N° 12.456-2020 corresponde a un recurso de protección contra Isapre)

Pide, tener por interpuesto el recurso de protección acogerlo a tramitación, y previo informe, se ordene: 1.- acogerlo declarando que el recurrido ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios; 2.- se ordene el inmediato y libre acceso del recurrente al inmueble arrendado; 3.- se ordene el retiro íntegro de los bienes de propiedad del recurrente, con auxilio de la fuerza pública, restableciendo el imperio del derecho; 4. Se ordene al recurrido abstenerse de vender, enajenar o disponer de cualquier bien de propiedad del recurrente, bajo sanción de ejercer acciones penales de desacato a las resoluciones judiciales, apropiación indebida de bienes, entre otro ilícitos; y 5.- todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

2°.- Que, comparece informando el recurrido nombre reservado, factor de comercio, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por improcedente y temerario, con expresa condenación en costas.

Señala que el 19 de enero del presente, en su lugar de trabajo sector Tres Acequias Comuna de Coihueco, sostuvo con el recurrente una discusión por razones laborales producto de la factura Nº 99 emitida por Comercializadora Los Maestros SpA por la suma de $217.175, por una mantención que realizó.

Explica que la referida discusión fue elevada de tono, precisando que no llegaron a una agresión o intento de ello, ni amenazas de atentar contra la vida del otro, que lo más extremo fue la amenaza del recurrente de retirar todas las cosas de la bodega aledaña a su casa por estar a su nombre (de la Sociedad), señalándole que lo autorizaría previa cuenta del negocio que habían formado.

Añade que, desde la discusión, el recurrente jamás ha tenido prohibido el ingreso al lugar de trabajo, y ante la solicitud de rendir cuenta, el recurrente hace una denuncia en que él mismo señala “le pidió que le mostrara las cuentas, dado a que este había recibido una suma de dinero a su cuenta bancaria y no a la empresa”. Indica que la referida denuncia de amenazas y apropiación indebida falta a la verdad y la utiliza para dar forma a un recurso de protección y así retirar todo sin tener que dar cuenta alguna del negocio en común.

Sostiene que el actor falta a la verdad al afirmar que entre ambos existió únicamente una relación de carácter laboral o de arrendamiento, señalando que se conocen desde el año 2009, oportunidad desde la cual, además de coincidir en actividades laborales, desarrollaron una relación de amistad y confianza.

Expone que, en dicho contexto, acordaron desarrollar conjuntamente una actividad comercial de insumos agrícolas, operando inicialmente como una sociedad de hecho bajo la estructura de la sociedad Comercializadora Los Maestros SpA, de propiedad de nombre reservado, mientras se regularizaba la incorporación del recurrente, quien participaría en un 50% de la misma, aportando el recurrido el inmueble destinado a bodega y oficina. La referida sociedad funcionaba con el nombre de Fantasía de Agrolagos, ocupando su apellido para promocionar la empresa, y el lugar de funcionamiento de ella, lugar a su nombre, como también la patente municipal.

Enfatiza que el contrato de arriendo tuvo únicamente como fin el de ser presentado ante el Servicio de Impuestos Internos; que el recurrente no ha acreditado pago de rentas; que pretende, mediante la presente acción, obtener el ingreso al inmueble con auxilio de la fuerza pública para el retiro de especies y así resolver una controversia de carácter comercial por la vía del recurso de protección, lo que excede su ámbito de aplicación.

Sostiene que no concurre en la especie un acto ilegal o arbitrario ni la existencia de un derecho indubitado que amerite tutela, atendidos los antecedentes acompañados, por lo que la controversia debe ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento. Finalmente, expone que entre las partes existió una relación de amistad y una sociedad de hecho, precisando que la sociedad mencionada no tuvo la calidad de arrendataria, y que no ha existido apropiación indebida ni prohibición de ingreso al local comercial.

Termina solicitando, se tenga por evacuado informe solicitado y en su mérito, rechazar el recurso de protección, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, esta acción de cautela constituye una vía destinada a dar protección respecto de derechos cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, del análisis de los antecedentes aportados por ambas partes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, resulta evidente la existencia de un conflicto subyacente relativo a la administración, rendición de cuentas y operación de una eventual relación comercial o sociedad de hecho operada bajo el nombre de fantasía Agrolagos.

En tal sentido -como lo señala el recurrido- toda controversia derivada de la disconformidad en estas relaciones excede los márgenes de esta acción constitucional, pues requiere de un procedimiento de lato conocimiento ante la justicia ordinaria, no siendo esta sede una instancia declarativa de derechos.

6°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, conforme a los documentos acompañados, se concluye que efectivamente las partes suscribieron un contrato de arrendamiento el 11 de agosto de 2025 respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, que se encuentra vigente, desde que no se ha hecho valer ninguna resolución judicial que haya declarado la simulación de dicho acto o su término.

Así las cosas, acreditada la vigencia del vínculo contractual que ampara el uso del inmueble por parte del recurrente, el actuar del recurrido consistente en impedir a aquel el libre acceso -supeditándolo de manera unilateral a la exigencia de rendiciones de cuentas previas- constituye una alteración del statu quo y un acto de autotutela proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.

7°.- Que, en el mismo sentido, la disposición y venta unilateral de los insumos almacenados en dicho inmueble, no puede ser admitida, pues aun cuando el recurrido alegue que estos pertenecen a una sociedad conjunta y que existen saldos pendientes, el ordenamiento jurídico prohíbe recurrir a vías de hecho para cobrar obligaciones o forzar acuerdos comerciales. El estado de derecho exige que dichos conflictos sean sometidos al conocimiento de los tribunales establecidos por la ley.

De este modo, la conducta del recurrido resulta ilegal y arbitraria, en tanto vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al turbar la tenencia que el actor ejerce sobre el inmueble en virtud del contrato de arrendamiento, y al ejercer actos de señor y dueño de manera unilateral sobre bienes cuya liquidación o titularidad se encuentra actualmente en disputa.

En consecuencia, habiéndose constatado la ilegalidad y arbitrariedad únicamente en lo referente a la prohibición de ingreso al inmueble arrendado y a la disposición unilateral de los productos allí almacenados, corresponde acoger la presente acción cautelar al solo efecto de retrotraer las cosas al estado anterior a las vías de hecho, restableciendo el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto, este último no puede prohibir el ingreso al inmueble arrendado y debe abstenerse de vender los insumos que se encuentren en dicho bien raíz, sin perjuicio de las acciones ordinarias que pueden formular las partes en lo referente a sus relaciones comerciales.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Sra. Erica Pezoa Gallegos.

Rol N° 84-2026.- PROTECCIÓN.