Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1º.- Que, comparece el abogado Miguel Guíñez Saavedra, en nombre y a favor de doña nombre reservado, dependiente, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 02 de octubre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004 de su representada. Argumenta que el accionar de la institución vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°9 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Indica el recurrente que su representada presentó un reclamo ante la recurrida el 07 de agosto de 2025 solicitando la reconsideración del rechazo de sus licencias, las que comprendían reposos prolongados por enfermedad psiquiátrica. Expresa que la SUSESO confirmó el rechazo sosteniendo que el reposo no estaba justificado, argumentando que los antecedentes no permitían establecer incapacidad laboral y que el informe médico de agosto de 2025 era insuficiente en detalles de compromiso funcional y sesiones de psicoterapia.

Sostiene además que dicha resolución carece de una base médica suficiente, fundándose en meras conjeturas administrativas y omitiendo valorar la continuidad del tratamiento y la condición de salud mental de la recurrente. Afirma que la recurrida desconoció los informes médicos y antecedentes clínicos que acreditan una patología que ha requerido múltiples períodos de reposo, actuando de manera desproporcionada y carente de fundamentación científica.

Asimismo, sostiene que la afectada mantiene controles de larga data en Cesfam San Ramón Nonato y en PROSAM desde septiembre de 2024, presentando un cuadro de ansiedad, ataques de pánico e ideación suicida desencadenado por situaciones familiares y antecedentes de VIF. Argumenta el abogado que la sintomatología le impide desarrollar actividades laborales normales, por lo que se le prescribió tratamiento con sertralina, zopiclona y clonazepam, entre otros fármacos.

Finalmente, solicita que se declare que el acto impugnado es ilegal y arbitrario por contravenir la Ley N° 16.395 y el D.S. N° 3 de 1984, ordenándose a la recurrida dejar sin efecto la resolución y aprobar las licencias médicas individualizadas con todos sus efectos económicos y previsionales. 2º.- Que, informa el abogado Roberto Barraza Saavedra, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solicitando en lo principal que se declare la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la Seguridad Social. Argumenta que la materia versa sobre un derecho establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el cual no está amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución.

Sostiene que la autorización o rechazo de licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral pertenecen exclusivamente al campo de la seguridad social. Manifiesta que el legislador ya contempló un sistema de protección legal y reglamentario para estos efectos, con procedimientos de revisión de doble instancia ante organismos técnicos. Indica que la acción de protección tiene un carácter excepcional y taxativo, por lo que no es admisible para discutir beneficios pecuniarios derivados de contingencias de salud.

En cuanto al fondo, informa que su representada se limitó a resolver con pleno apego a la normativa los reclamos presentados por la Sra. nombre reservado contra lo resuelto por la COMPIN Región de Ñuble. Expresa que, tras estudiar los antecedentes, se concluyó que el reposo no se encontraba justificado médicamente. Señala que los antecedentes evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 237 días de reposo que ya habían sido autorizados previamente por la misma patología.

Argumenta la recurrida que el informe médico de la interesada no detallaba el grado de compromiso funcional ni la evolución del cuadro tras los ajustes de tratamiento farmacológico. Indica, además, que no se acreditó evaluación por médico especialista en psiquiatría ni se precisaron las fechas y cantidad de sesiones de psicoterapia. Sostiene que los facultativos del organismo concluyeron que no era posible justificar el rol terapéutico del reposo reclamado conforme a las guías clínicas de patologías mentales.

Afirma que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a sus facultades fiscalizadoras de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 N° 18 de la Constitución. Expresa que no ha existido un actuar ilegal ni arbitrario, pues la resolución se funda en el estudio y ponderación racional de elementos técnicos y normativos vigentes.

Manifiesta que no se ha vulnerado el derecho de propiedad, ya que el solo otorgamiento de una licencia por un facultativo no hace nacer un derecho preexistente sobre el subsidio, requiriéndose siempre la autorización del organismo competente. Sostiene que considerar lo contrario haría imposible la aplicación de las causales de rechazo contempladas en la ley. Finalmente, solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas. 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4º.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes— protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, el debate principal del presente recurso se centra en el actuar de la recurrida SUSESO al confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente. La parte actora sostiene que el acto es ilegal y arbitrario por carecer de motivación suficiente y no ponderar la condición de salud mental acreditada, vulnerando las garantías del Art. 19 N° 1, 9 y 24. Por su parte, la recurrida SUSESO argumenta en lo principal la improcedencia de la acción por incidir en materias de seguridad social, y en subsidio, que la Resolución Exenta es legal y fundada en criterios técnicos médicos. 7º.- Que, en lo tocante a la alegación de improcedencia de la acción deducida por la Superintendencia de Seguridad Social, por versar sobre materias de Seguridad Social, esta será rechazada. Si bien el derecho a la seguridad social no está taxativamente enumerado en el artículo 20 de la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que el rechazo de licencias médicas puede afectar derechos que sí están protegidos por esta vía, tales como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre el subsidio derivado de una licencia legalmente otorgada, razón por la cual no cabe excluir a priori esta materia del control jurisdiccional por vía de protección. 8º.- Que, en cuanto al fondo, la recurrida señala que procedía confirmar el rechazo de las licencias reclamadas, por cuanto del estudio de los antecedentes del caso se concluyó que el reposo no se encontraba justificado, debido a que los informes aportados no detallaban el compromiso funcional ni acreditaban evaluación por especialista en psiquiatría. El fundamento esencial del rechazo se basaría en que la recurrente no aportó antecedentes suficientes que permitieran justificar la incapacidad laboral más allá de los días ya autorizados.

Sin embargo, si la parte recurrida estimaba que los antecedentes proporcionados por la recurrente —que desde luego son elaborados por los profesionales a los que tuvo que acudir y que no dependen en su redacción ni detalle por la afectada— eran insuficientes, perfectamente pudo adoptar las medidas necesarias para disponer que se aclararan estos informes o practicar ellos mismos las pericias o informes complementarios a fin de aclarar sus dudas.

Al efecto, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin... podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;... d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento... e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”. 9º.- Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que “…la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente…”, agregando que “…tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente”. (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6°). 10º.- Que, de lo dicho, la recurrida ha infringido la normativa pertinente al no explicitar suficientemente las razones de su decisión y no disponer peritajes idóneos para esclarecer la condición de salud mental de la recurrente, lo que torna su actuar en arbitrario e ilegal, afectando el derecho a la integridad psíquica y el derecho de propiedad sobre el subsidio de la afectada. 11º.- Que, atendido los argumentos ya señalados, deberá acogerse la presente acción constitucional, a fin de que la autoridad administrativa agote los medios de instrucción antes de emitir una decisión final.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto deberá disponer la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble que encargue un nuevo informe médico, en los términos del artículo 21 del Decreto Supremo N°3, acerca de la dolencia de carácter psiquiátrico que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo de las licencias médicas objeto de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas.

No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente con feriado legal.

R.I.C. N°839-2025-PROTECCIÓN.