Recurso de protección

Chillán, diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece el abogado Juan Esteban Briones Rodríguez, en representación de doña nombre reservado, profesional de planta grado 10° del Departamento de Salud Municipal de Ñiquén, y recurre de protección contra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN, representada legalmente por su alcalde don Mauricio Andrés Catoni Contreras, por los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado que vulneran una serie de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente los artículos 19 N°2 (por sí y en conexidad con el 19 N°3) y el N°24 de la Carta Fundamental. Precisa el letrado, que se recurre contra la resolución contenida en Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 16/09/2025, notificada a su representada el 30 de septiembre del año 2025, en virtud de la cual se le comunicó el rechazo del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 25/07/2025, en virtud del cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, que implicó la separación definitiva de sus funciones el día 30/09/2025.

Pretende que la Corte restablezca el imperio de los derechos consagrados constitucionalmente, circunscribiendo el objeto del recurso a la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, mas no el mérito de la misma, comprendiendo el análisis de la razonabilidad de las medidas adoptadas y la debida observancia del principio de proporcionalidad, presupuestos inobservados en los actos administrativos recurridos, más aún, en el presupuesto que el ilícito argüido constituye un numerus apertus, contraviniendo los principios de tipicidad y de reserva legal, y que, por el respeto a las garantías judiciales de protección de los derechos, requiere de un recurso adecuado y efectivo para impetrar el correspondiente control jurisdiccional para la tutela de las garantías fundamentales transgredidas.

Añade que doña nombre reservado ingresó a trabajar en el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén con fecha 08 de julio de 2013, desempeñando hasta el día 30/09/2025 -en que se le notificó el rechazo del recurso de reposición y por tanto se hizo efectiva la destitución-, el cargo de Jefa del Programa Odontológico del CESFAM Ñiquén, Profesional de Planta Grado 10°. Durante más de 12 años de carrera funcionaria mantuvo una trayectoria intachable no siendo sancionada en proceso disciplinario, manteniendo buenas calificaciones. Indica que por Decreto Alcaldicio N°NUM002, de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo en su contra, atendido a la realización de un viaje fuera del país haciendo uso de licencia médica, en conformidad a lo informado por la Contraloría General de la República en su consolidado de información circularizada (CIC) N°09, por hechos que podrían constituir una vulneración al principio de probidad administrativa y otros deberes funcionarios, designándose como Fiscal Instructor a don Mario Bravo Orellana, quien el 16 de junio de 2025, formuló cargos genéricos, vagos e imprecisos.

Expresa que el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 25/07/2025 (notificado con fecha 28/07/2025), en virtud del cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución a doña nombre reservado, señala en su parte considerativa y resolutiva, lo siguiente: “(…) CONSIDERANDO: 1. Que, por Decreto Alcaldicio N°NUM002, de fecha 26 de mayo de 2029, se instruyó sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, C.I. N NUM003, funcionaria Profesional de Planta Grado 10 del Departamento de Salud Municipal de Ñiquén, lo anterior atendido a la realización de Un viaje fuera del país haciendo uso de licencia médica en conformidad a lo informado por la Contraloría General de la República en su consolidad de información circularizada (CIC) numero 09, Hechos que podrían constituir una vulneración al principio de probidad administrativa y otros deberes funcionarios. 2. Que, mediante dicho decreto, se designó como Fiscal Instructor al funcionario don nombre reservado, quien condujo la investigación sumarial conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República en el Oficio Nº NUM004. En cumplimiento de dichas directrices, se ofició a la Policía de Investigaciones de Chile a fin de verificar los movimientos migratorios de la funcionaria investigada, lo cual permitió acreditar que doña nombre reservado efectuó una salida del país el día 3 de junio de 2024, con destino a República Dominicana, retornando a Chile el 12 de junio de 2024, todo ello mientras Se encontraba haciendo uso de reposo laboral justificado mediante la licencia médica N°NUM005, instruyendo el fiscal -además- otras diligencias para el debido esclarecimiento de los hechos, incluyendo requerimientos a otras reparticiones municipales, toma de declaraciones, recopilación de antecedentes laborales y el análisis de informes de la Contraloría General de la República. 3. Que, como resultado de esta investigación, el Fiscal Instructor evacuó vista fiscal en fecha 24 de julio de 2025, en la que concluyó que los hechos indagados se encuentran debidamente acreditados y constituyen una falta gravísima a los principios que rigen la función pública. 4. Que, específicamente, se estableció que la funcionaria hizo uso de licencia médica tipo “Enfermedad Grave del Hijo Menor de 1 año”, entre el 25 de mayo y el 24 de junio de 2024, y durante dicho período viajó con fines recreacionales al extranjero, entre los días 3 y 12 de junio, con destino a Punta Cana, República Dominicana, tal como se desprende de su propia declaración y del informe oficial de la Policía de Investigaciones de Chile; 5. Que la conducta en comento desvirtúa por completo la finalidad de la licencia médica otorgada, que consiste en permitir la dedicación exclusiva al cuidado y atención del menor enfermo, dentro de un contexto que justifica la ausencia laboral y la percepción de remuneraciones, por lo que su utilización para fines personales ajenos, como viajes de carácter turístico, constituye una desviación de fines, un abuso del estatuto funcionarial y un menoscabo a la confianza pública; 6. Que el actuar de la funcionaria transgrede el principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 8” de la Constitución Política de la República y en el artículo 52 de la Ley N° 18.575, que impone a todos los funcionarios públicos la obligación de observar una conducta intachable y de anteponer el interés general al particular; 7. Que, de igual manera, se vulneran de forma flagrante los deberes específicos contemplados en el artículo 61 letra g) de la Ley N” 18.834 y en el artículo 58 letra a) de la Ley N” 18.883, que imponen a los funcionarios la obligación de actuar con honestidad, lealtad y de desempeñar personalmente y de manera regular las funciones del cargo, así como de observar una vida social acorde con la dignidad de su investidura; 8. Que la Contraloría General de la República ha sido categórica en reiterada jurisprudencia administrativa sobre este tipo de conductas, destacando que la utilización de licencias médicas para realizar actividades recreativas en el extranjero —aun cuando estas licencias se justifiquen por enfermedades de terceros, como hijos menores— constituye una transgresión sustancial al principio de probidad. 9. Que los argumentos expuestos por la defensa, relativos a la compra anticipada de pasajes, la supuesta falta de premeditación, la autorización informal de un pediatra y la trayectoria profesional de la funcionaria, no resultan idóneos para eximirla de responsabilidad ni para mitigar la gravedad del hecho, toda vez que al momento de hacer uso del beneficio funcionarial la inculpada optó conscientemente por validar su inasistencia con una licencia médica que fue desvirtuada con su viaje recreacional, teniendo otras alternativas razonables para poder realizar un viaje recreacional como feriados legales (30 días), administrativos (5,5 días) o descanso reparatorio (11 dias) disponibles y no utilizados para el viaje, circunstancias que conscientemente fueron omitidos y desatendidos por la sumariada. 10.Que, conforme a lo establecido en el sumario, la conducta de la funcionaria implicó una afectación efectiva al servicio, pues sus funciones debieron ser reasignadas a otro profesional, lo que alteró la continuidad de atención a un número significativo de usuarios del sistema de salud comunal, generando un entorpecimiento directo del servicio y un costo de oportunidad en el acceso oportuno a prestaciones sanitarias, que se constató en la derivación y reasignación de aproximadamente 82 usuarios, lo que si bien pudo ser solucionado no dejo de ser un gran costo operativo y de gestión para el CECOSF y un gran y potencial riesgo de interrupción o postergación de atenciones lo que reviste especial gravedad tratándose de un establecimiento de atención primaria de salud; 11.Que, además, constan en su hoja de vida dos anotaciones de demérito anteriores, por incumplimiento reiterado del reglamento de asistencia y por falta grave al proceso de registro de fichas clínicas, antecedentes que, aunque anteriores, resultan relevantes para valorar globalmente su desempeño funcionarial hacen que en conjunto a lo señalado en el artículo N.º 123 numeral 1) de la ley 18.883 hagan inaplicables las circunstancias atenuantes presentadas por la sumariada. 12. Que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N°18.883), en su artículo 123, establece como sanción aplicable para infracciones graves al principio de probidad administrativa la destitución, siendo esta la sanción más severa dentro del ordenamiento disciplinario, reservada precisamente para casos como el presente, donde se ha constatado un incumplimiento sustantivo, consciente y reiterado del deber de integridad funcionaria; 13.Que la probidad en el servicio público no constituye una expectativa abstracta, sino una exigencia legal concreta y permanente, cuyo incumplimiento erosiona la confianza ciudadana, debilita la legitimidad institucional y atenta contra los valores que sustentan el Estado de Derecho, razón por la cual su transgresión no puede ser tolerada ni relativizada por explicaciones de conveniencia personal o razones subjetivas. 14.Que, en consecuencia, corresponde acoger integralmente lo propuesto por el Fiscal Instructor en su vista fiscal, y proceder a aplicar la sanción de destitución a la funcionaria investigada, en conformidad con lo dispuesto en la ley y conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y probidad administrativa; POR TANTO, en uso de las facultades que me confiere la Ley N” 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N* 18.883; la Ley N°18.575 y demás normas reglamentarias y estatutarias pertinentes:

DECRETO:

PRIMERO: Apruébese en todas sus partes la vista fiscal evacuada con fecha 24 de julio de 2025 por el Fiscal Instructor don nombre reservado, en el marco del sumario administrativo instruido mediante Decreto Alcaldicio Nº NUM002, que forma parte integrante de este acto.

SEGUNDO: Aplíquese a la funcionaria doña nombre reservado, C.I. Nº NUM003, Profesional de Planta Grado 10 del Departamento de Salud Municipal de Ñiquén, la sanción de DESTITUCIÓN, por haber incurrido en una grave vulneración al principio de probidad administrativa, en los términos señalados en los considerandos precedentes, conforme a lo establecido en los artículos 120 y 123 de la Ley N°18.883.

TERCERO: Notifíquese a la sumariada la vista fiscal y el presente decreto informándole que tiene un plazo de 5 días para presentar recurso de reposición conforme a lo señalado por la ley 18.883 en su artículo numero 139…”.

Posteriormente, el Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 16/09/2025 (notificado con fecha 30/09/2025), en virtud del cual se rechazó recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 25/07/2025 (notificado con fecha 28/07/2025), señala en su parte considerativa y resolutiva, lo siguiente: “(…) 1. RECHAZASE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Decreto Alcaldicio N°NUM001, fecha 25 de julio de 2025. 2. SE CONFIRMA en todas sus partes el Decreto Alcaldicio N°NUM001, fecha 25 de julio de 2025, que dispuso la destitución de la funcionaria. 3. DESE CUMPLIMIENTO, al Decreto Alcaldicio N°NUM001, fecha 25 de julio de 2025, que aplica medida disciplinaria de Destitución de doña nombre reservado, una vez notificado el presente decreto que resuelve rechazar su recurso de reposición…”.

Mas adelante, afirma el recurrente, que conforme a lo expuesto al formular los descargos en el Sumario Administrativo, queda en evidencia que se vulneró de manera grave el derecho a la igualdad ante la ley y a un justo y debido proceso, principios de congruencia y tipicidad, conforme a lo siguiente:

A) Formulación de cargos genérica, vaga e imprecisa. Incongruencia con la Vista Fiscal y Decreto Alcaldicio N°NUM001 y NUM000, recurrido.

Consta que, a fojas 54 y siguientes del expediente sumarial, que el Sr.

Fiscal Mario Bravo realizó la formulación de cargos, indicando textual: “(…) CARGO 1: En virtud de la información consignada en el Reservado N”

NUM006 del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile, contenido en el presente expediente sumarial en foja 47 y lo declarado por la propia inculpada, se deja en evidencia que en las fechas que se debería encontrar con reposo laboral total en su domicilio, según lo mandatado en su licencia médica contenida en foja 40, de este sumario administrativo, la inculpada estaría cometiendo reiterativamente una infracción grave a la probidad administrativa según señala la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado. Cabe señalar, que la Contraloría General de la República ratifica lo anterior en los dictámenes 042372N10 del 28/07/2010, 053223N12 del 29/08/2012 y 060701N12 del 02/10/2012 y hace mención al artículo 50 del reglamento de autorización de licencias médicas, del Ministerio de Salud, principalmente en su artículo 50 y 52 del decreto N” 3, de 1984, en el cual indica el dictamen 060701N12 lo siguiente “el artículo 50 del aludido texto reglamentario prescribe, en síntesis, y en lo que importa destacar.

Que, si se constata una infracción a normas legales y reglamentarias que rijan el uso de licencias médicas, la COMPIN, o en su caso, la ISAPRE, deberán dar cuenta al empleador, para que éste haga efectiva la responsabilidad administrativa que pudiere encontrarse comprometida si se tratare de trabajadores del sector público”. Agregando además “como puede advertirse, la señalada preceptiva permite distinguir por una parte la facultad entregada a los organismos de salud pertinentes para Investigar una transgresión a las normas legales y reglamentarias que rigen el uso, otorgamiento y autorización de licencias médicas, para los fines de rechazar o Invalidar tales beneficios, y obtener la devolución de los subsidios indebidamente percibidos y por otra, la atribución de los órganos de la administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos, toda vez, que ellas puedan importar, a su vez, el incumplimiento de sus deberes tal como aconteció en la especie”. Por lo que es posible señalar que la inculpada incurrió en una falta grave a la probidad administrativa, según señala Ley N*18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, en su artículo 54 donde señala: “Las autoridades de lo Administración del Estado, cualquiera que sea lo denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativo”. “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. “Su inobservancia acarreará los responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 42 de este Título, en su caso”.

Lo anterior, sumado a lo indicado por la Contraloría en su dictamen N°42.372 de 2010, citado en el dictamen N” 060701N12 donde ha precisado que “el principio de probidad administrativa alcanza a todas las actividades que un funcionario realiza en el ejercicio de su empleo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, en tanto pudiere significa, entre otros efectos, desprestigio del servicio o transgredir la lealtad debida a sus Jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad” contraviniendo lo indicado en la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo, artículo N” 61, letra “g” y letra “I” (…)”.

Agrega el impugnante, que el oficio de formulación de cargos ha sido definido como “el acto administrativo de gestión mediante el cual el Fiscal describe con precisión las conductas de un funcionario determinado que desatienden los deberes que el impone el Ordenamiento jurídico”. Este acto administrativo está dirigido al funcionario reprochado y se le notifica en forma personal, integrándosele copia integra del mismo. En este Oficio se procura responder las siguientes interrogantes: ¿Quién incurrió en la conducta?; ¿En qué consistió la conducta; ¿Cuándo ocurrió la conducta?; ¿Qué normas o principios de derecho vulneró dicha conducta; ¿De qué forma la conducta vulnera las normas o principios de derecho invocados?. Pues bien, en el presente caso nada de lo anterior se cumplió al momento de formularse los cargos, toda vez que, únicamente el señor Fiscal se limitó a señalar: “(…) se deja en evidencia que en las fechas que se debería encontrar con reposo laboral total en su domicilio, según lo mandatado en su licencia médica contenida en foja 40, de este sumario administrativo, la inculpada estaría cometiendo reiterativamente una infracción grave a la probidad administrativa según señala la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado (…)”. Sin embargo, quedaron muchas interrogantes, entre ellas: - ¿Cuál es la conducta específica que se me reprocha?, - ¿Cuándo ocurrió la conducta?; - ¿En qué fechas debí realizar reposo en mi domicilio?; - ¿Sino realicé reposo, para qué lugar viajé o se trasladé?; - ¿Cuántos días incumplí el reposo?; etc.

Conforme a la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, contenida entre otros, en el Dictamen 44.908 de 2009, “(…) los cargos deben ser concretos y precisos, indicando el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputan al inculpado y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado (…)”, nada de lo cual, se cumplió en el presente caso.

A mayor abundamiento, la Jurisprudencia Administrativa vertida en los dictámenes 73.489, de 2011, 13.576, de 2023; 20.824, de 2016 y 2.174, de 2020, entre otros, explica que “(…) el objetivo perseguido con el oficio de formulación de cargos es presentar claramente el actuar anómalo que se reprocha, de manera que el inculpado tenga la posibilidad de defenderse, exigencia que se cumple con una precisa descripción de las conductas desarrolladas por el recurrente (…)”. Lo anterior, también se replica en Dictamen 96.236, del 2025 al señalar la Contraloría General de la República que “ (…) los reproches en el sumario deben ser concretos y precisos, describiendo el detalle de los hechos fundantes de las faltas que se atribuyen al inculpado y la forma como ellas han incidido en los deberes que establecen las normas quebrantadas, de modo de habilitarlo para asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda decidir motivadamente la atribución de una medida disciplinaria (…)”.

Por tanto, al trascribir la parte considerativa y resolutiva de los Decretos Alcaldicios N°NUM001 y N°NUM000, queda en evidencia que se le aplicó la medida disciplinaria de destitución y al compararla con la formulación de cargos de 16/06/2025, se confirma que la referida imputación fue genérica, vaga e imprecisa, y que por tanto, no se satisfacen las exigencias mínimas para permitir un adecuado entendimiento de los reproches que se le formularon a mi representada, con el objeto asumir y preparar su defensa de manera adecuada, lo que conlleva necesariamente, a disponer que no se respetó de manera efectiva su derecho a la igualdad ante la ley y a un justo y debido proceso, principios de congruencia y tipicidad.

B) FALTA DE OBJETIVIDAD: Prejuzgamiento en acto administrativo de formulación de cargo. La sanción disciplinaria de destitución estaba tomada con el acto de formulación de cargos, no existió un derecho a la defensa efectiva o real, sino una simple apariencia. No considera atenuantes. b.1). - En un sumario administrativo, el prejuzgamiento ha sido definido como aquel que “se refiere a la situación en la que la autoridad administrativa que instruye o resuelve el sumario ya tiene una opinión preconcebida sobre el asunto, antes de que finalice la investigación y se hayan valorado todas las pruebas. Esto puede afectar la imparcialidad y objetividad del proceso, ya que la autoridad podría estar inclinada a confirmar una conclusión predeterminada, incluso si las pruebas no la respaldan”. b.2). – En tal sentido, si se analiza el tenor de la “formulación de cargos” realizada a su representada, además de quedar en evidencia que fue “genérica, vaga e imprecisa”, refleja de manera clara que el Sr. Fiscal don Mario Bravo Orellana antes que la inculpada realizara sus descargos y ofreciera su prueba, ya había tomado la decisión de cuál sería la sanción disciplinaria a aplicar. Es decir, la autoridad ya tenía una opinión formada sobre la culpabilidad de la funcionaria - tal como lo expusimos en los descargos formulados- seguramente guiado por las noticias públicas y reiteradas en todos los medios de comunicación y redes sociales que impulsan la máxima sanción para satisfacer a los votantes y público en general, cual es, la destitución, sanción severa que no se condice con la abundante prueba que incorporamos y que no respalda la Vista Fiscal y Decreto Alcaldicio recurrido. b.3). – A mayor abundamiento, se podrá decir que “se otorgó más plazo para realizar los descargos, que se concedió plazo para recibir pruebas, que se recibieron la declaración de testigos y que, en definitiva, a la funcionaria tuvo de manera amplia un justo y debido proceso, y, por ende, un derecho a la defensa…”.

Sin embargo, todo ello es una simple apariencia o simulación de derecho a la defensa, más nunca fue real o efectiva. La decisión de destituir a la recurrente se tomó con el acto de formulación de cargos, cualquier prueba posterior, no iba a hacer cambiar la decisión tomada con anterioridad. b.4). - Lo anterior, queda en evidencia ya que no se consideró los siguientes antecedentes y pruebas: 1. Que, el día 05 de octubre del año 2021, mi representada sufrió una pérdida de su primer embarazo (12 semanas) debido a un aborto retenido, por lo que debió someterse a un conjunto de procedimientos médicos lo que implicó necesariamente hospitalización. Sin embargo, y pese a todo el dolor y daño psicológico sufrido en aquel entonces, sólo gozó de una licencia médica corta de 7 días y se reincorporó inmediatamente a sus funciones, insistimos, pese al momento complicado en que se encontraba junto a su familia. 2. Que, con fecha 04 de agosto de 2024, ingresó de urgencia al Hospital Clínico Herminda Martin por Sangrado (Embarazo Ectópico Complicado), debiendo realizarme un conjunto de exámenes y tomar licencia médica únicamente por 10 días. Todo lo cual, al día de hoy la mantiene con atención Medico Psiquiátrica (ver informe médico de fecha 20/02/2025: Trastorno mixto de ansiedad y depresión), lo que sin duda se agrava e intensifica al enfrentar un sumario administrativo como el recurrido. 3. Que, el día NUM007 de 2023, nació su primer hijo nombre reservado, por lo que terminaron sus licencias médicas prenatal e iniciaron las licencias por postnatal.

Lo anterior, consta en certificado de nacimiento de fecha NUM015/2023, emitido por Servicio de Registro Civil e Identificación, folio NUM008 y en Informe Histórico de Licencias Médicas Presentadas (Fecha de Reposo 01/02/2025-19/06/2025), emitido con fecha 19/06/2025 por Isapre Mas Vida S.A. 4. Que, cuando su bebé tenía dos meses de nacido (durante el uso y reposo de licencias médicas postnatal), el día NUM016/2023 su marido don nombre reservado de forma secreta y a modo de sorpresa, con ánimo de premiar, celebrar y desestresarse debido a la pérdida sufrida (aborto retenido) y a la lucha que dieron para ser padres, compró pasajes de ida y vuelta al extranjero para los tres (padre, madre e hijo). Fecha de compra de pasajes: NUM017/2023, según consta en “Estado de cuenta Internacional de Tarjeta de crédito de don nombre reservado”, documento de fecha NUM014 de 2023. 5. Que, todo fue comprado y pagado por su marido. Era la sorpresa para su familia, por tanto, mi representada no participó ni menos organizó el viaje en el inicio porque fue un regalo. Así, por lo demás consta en declaración de su marido en calidad de testigo en expediente sumarial, no considerada en Vista Fiscal y Decreto Alcaldicio que aplicó la destitución, ni menos en Decreto Alcaldicio que rechazó el recurso de reposición. 6. Que, el día 20 de octubre de 2023, solicitó y pagó ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, su pasaporte y el de su hijo nombre reservado. 7. Que, a más de un mes de haber comprado su marido los pasajes al extranjero y solicitado sus pasaportes, su hijo nombre reservado comenzó a presentar síntomas asociados a alergia a la proteína de la vaca. Lo anterior, conforme conta en atenciones médicas iniciadas con fecha 06/11/2023 y siguientes; en certificados e informes médicos que se incorporaron al expediente administrativo, de fecha 07/04/2024, 20/04/2024 y 17/05/2024, todos emitidos por la Dra. nombre reservado, Médico-Pediatra. Por tanto, su hijo fue diagnosticado con alergia a la proteína de la vaca, por ende, sus licencias después del postnatal continuaron por "enfermedad grave de hijo menor de un año", extendiéndose las mismas hasta 5 de agosto de 2024. 8. Que, los padres, una vez que supieron de la enfermedad de su pequeño y aprendieron de su manejo y tratamiento, consultaron a la Médico-Pediatra tratante Dra. nombre reservado, los pros y los contras de realizar el viaje a República Dominicana, y la profesional fue tajante en autorizar e incluso en recomendar el viaje tomando todas las precauciones e indicaciones médicas. Así, por lo demás, consta en certificado médico de fecha 17/05/2024 (16 días antes del viaje), incorporado en el expediente, que señala en lo pertinente, textual: “…Se certifica que las patologías que afectan al lactante no son contraindicación para viajar al extranjero. Ante la solicitud de sus padres frente a que medicamentos debiesen tener en caso de efectuarse dicho viaje, se extiende una receta (botiquín de emergencia), que incluye medicamentos en caso de que nombre reservado presentase alguna patología aguda durante el viaje…”. 9. Que, en tal sentido procedieron a la preparación de los medicamentos y comida especial para su hijo. Así, compró por ejemplo el día 15 de mayo de 2024, a través de Mercado Libre pack de 32 purés (compotas) especiales (Ver prueba documental: Correo electrónico de 15/05/2024 enviado por Mercado Libre y comprobante de pago). 10. No considera atenuante: Actuando siempre de buena fe, consta en comprobantes de transferencias que se incorporaron como prueba al expediente administrativo que, con fecha 26/06/2025 ($300.000) y 28 de junio de 2025 ($827.555), su representada procedió a devolver de manera voluntaria a la Ilustre Municipalidad de Ñiquén los montos reajustados y percibidos por concepto de licencias médicas por los días totales que duró su viaje a República Dominicana, por un monto total de $1.127.555, aun cuando sus licencias médicas fueron tramitadas y aceptadas íntegramente.

Sostiene el letrado que tales conductas no se encuentran acreditadas, de un modo fehaciente, ni menos configuran una vulneración grave al principio de probidad administrativa. no se produjo de un modo cierto e indubitado un entorpecimiento grave del servicio o de los derechos ciudadanos ante la administración, imputación que es el único fundamento del castigo impuesto.

Como se indicó en todo el expediente sumarial, la recurrente siempre ha observado una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en el ejercicio de su función pública, priorizando el interés general sobre el particular. Nunca su intención o voluntad ha sido engañar, defraudar ni enriquecerme de manera ilícita con fondos públicos y/o municipales a través del uso y pagos de licencias médicas. El viaje por 8 días a República Dominicana fue una sorpresa y regalo de su marido y como parte de la terapia a su profunda depresión, ella no intervino en la compra de los pasajes, el viaje se organizó durante la licencia de postnatal y en aquella fecha, no sabían de la enfermedad de su pequeño.

Ahora bien, se señala en el considerado N°10 del Decreto Alcaldicio N°NUM001 que aplicó la medida disciplinaria de destitución, textual: “10.Que, conforme a lo establecido en el sumario, la conducta de la funcionaria implicó una afectación efectiva al servicio, pues sus funciones debieron ser reasignadas a otro profesional, lo que alteró la continuidad de atención a un número significativo de usuarios del sistema de salud comunal, generando un entorpecimiento directo del servicio y un costo de oportunidad en el acceso oportuno a prestaciones sanitarias, que se constató en la derivación y reasignación de aproximadamente 82 usuarios, lo que si bien pudo ser solucionado no dejo de ser un gran costo operativo y de gestión para el CECOSF y un gran y potencial riesgo de interrupción o postergación de atenciones lo que reviste especial gravedad tratándose de un establecimiento de atención primaria de salud”. Sin embargo, nada de ello es efectivo, toda vez que conforme consta en informe histórico de licencias médicas de fecha 19/06/2025, incorporado como prueba y, por tanto, no considerado en Vista Fiscal y Decreto recurrido, sus licencias médicas continuadas por patología del embarazo y después por prenatal, iniciaron con fecha 22/05/2023.

Luego, la Ilustre Municipalidad de Ñiquén procedió a contratar de inmediato a la profesional doña nombre reservado como su reemplazo, tal como sucede en todos los casos, en cualquier Municipalidad, Organismo Público e incluso en el ámbito privado. Finalmente, todas sus licencias médicas continuadas terminaron recién con fecha 19/08/2024.

Por tanto, desde el día 22/05/2023 hasta 19/08/2024, no existió alteración a la continuidad de atención de un número significativo de usuarios del sistema de salud de la comuna, ni menos se generó un entorpecimiento directo del servicio o costo de oportunidad en el acceso oportuno a prestaciones sanitarias…, como erróneamente se indica, pues desde el primer día que gozó de licencia médica siempre estuvo contratada y a disposición de todos los usuarios la profesional reemplazante, quien hasta el día de hoy continua desempeñándose en las mismas funciones para las cuales fue contratada en la Municipalidad (Odontóloga atención horas dentales), ya que su representada hasta el día 30/09/2025 realizó funciones de “Gestión de Coordinación de Cecosf y programa Odontológico”.

Sin perjuicio de lo expuesto y para el caso que se estime configurada una infracción al principio de probidad administrativa, esgrime el impugnante que esta infracción no puede ser calificada como de carácter grave, dado que se trata de una conducta aislada que no se condice con su desempeño durante su larga trayectoria para el Departamento de Salud. Es más, la Contraloría General de la República, Regional de Ñuble, con fecha 25 de marzo de 2025, señaló textual: “Ahora bien, efectuado el examen de la pieza sumarial, se advierte que si bien las actuaciones que se atribuyen al anotado servidor podrían importar una contravención en sus deberes funcionarios, pues constituirían en una falta de esmero en el ejercicio de sus labores y un deficiente desarrollo de las mismas, tales conductas no se encuentra acreditado, de un modo fehaciente, que aquellas configuraran una vulneración grave al principio de probidad administrativa, que produjo, de un modo cierto e indubitado, un entorpecimiento grave del servicio o de los derechos ciudadanos ante la administración, imputación que es el único fundamento del castigo impuesto”.1 Añade el compareciente, que la Ilustre Municipalidad de Ñiquén comenzó a aislar y sacar de sus funciones a la recurrente desde que se le notificó el Decreto Alcaldicio n°NUM001, de fecha 25/07/2025 (destitución). Desde el día 28/07/2025 y pese a que estaba pendiente el plazo para presentar reposición, sus superiores jerárquicos comenzaron a realizar diferentes actos tendientes a sacarla y/o a no considerarla en diferentes actividades y gestiones propias de su cargo de jefatura Gestión de Coordinación de Cecosf y programa Odontológico”, a las que le llamaron “ERROR”, a saber: “Resolución de incorporación de funciones al Comité de Calidad, en la cual no aparece considerada como parte del Equipo mi representada”. De ello reclamó mediante correo electrónico de fecha 30/07/2025 enviado a la señora nombre reservado, al siguiente tenor: “(…) Estimada nombre reservado: Junto con saludarte y esperando que te encuentres bien, quisiera realizar una consulta respecto a la nueva resolución de incorporación de funcionarios al Comité de Calidad, en la cual ya no aparezco considerada como parte del equipo.

En la resolución anterior figuraba como coordinadora del CECOSF de Chacay, por lo que me gustaría saber si este cambio responde a alguna razón específica y, además, si debo continuar participando en las reuniones que se convoquen…”.

Tampoco fue considerada en convocatoria a reunión de planificación estratégica de Encargados de Postas y del Sector Central, a pesar de ser encargada de CECOST, establecimiento más grande después del CESFAM. De ello reclamó mediante correo electrónico de fecha 31/07/2025 enviado a su superior jerárquico doña nombre reservado, al siguiente tenor: “Estimada:

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted para realizar una consulta. De manera informal, me he enterado de que se llevará a cabo una reunión de planificación estratégica convocada por jefatura (DESAMU y Directora), en la cual se encuentran citados el encargado de postas y el encargado del sector central, no así quien suscribe, a pesar de desempeñarme como encargada del CECOSF, el establecimiento más grande después del CESFAM.

Adicionalmente, me ha llamado la atención que se haya convocado a mi colega, la odontóloga nombre reservado, en calidad de "convenios del programa odontológico".

Esto genera aún más inquietud, considerando que, hasta la fecha, continúo siendo la encargada del Programa Odontológico y no he recibido comunicación formal alguna que indique un cambio en dicha función o la incorporación de un nuevo cargo al programa. Considero que, en caso de haberse efectuado alguna modificación en esta materia, lo adecuado habría sido informarme previamente, además la subrogante del programa por resolución es la ODONT. nombre reservado.

Expreso lo anterior con el mayor respeto, con el fin de aclarar si continúo en mis funciones como coordinadora del CECOSF y como encargada del Programa Odontológico, ya que no comprendo la razón por la cual no fui considerada en la mencionada convocatoria…”.

Más adelante indica que el único órgano público que tiene la competencia para fiscalizar el cumplimiento o inobservancia de las licencias médicas en Chile e incluso denunciar los hechos a los tribunales de justicia, es el COMPIN/ISAPRE/SUSESO.

Añade que, pese a que no existe abuso ni falta de probidad, solicita tener en consideración que nuestros Tribunales superiores de justicia han señalado que “el único órgano público que tiene la competencia para fiscalizar el cumplimiento o inobservancia de las licencias médicas en Chile e incluso denunciar los hechos a los Tribunales de Justicia, es el COMPIN, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez careciendo, en consecuencia, la recurrida de habilitación legal para dichos menesteres”. Cita sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, Rol 1419-2024, de fecha 26/08/2024, En tal sentido, el artículo 52 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud, establece: "Las Compin y las ISAPRE deberán investigar las denuncias que se les presenten acerca del otorgamiento o uso indebido de licencias médicas, sin perjuicio de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad". En resumen, tanto la COMPIN como las ISAPRE -en este caso aplicable a la recurrente-, tienen la función de investigar posibles abusos o irregularidades en el otorgamiento y uso de licencias médicas, ya sea a través de denuncias presentadas o por iniciativa propia mediante inspecciones.

A mayor abundamiento, aduce que en el presente caso no existe ninguna denuncia presentada contra su representada ante los entes fiscalizadores competentes para investigar el cumplimiento o inobservancia de la licencia médica concedida, ni menos una resolución o denuncia en tribunales de parte de la COMPIN, ISAPRE o SUSESO, respectivamente, por la cual todo lo obrado en la pesquisa administrativa adolece -al violentar los citados artículos 6° y 7° de la Constitución Política de La República- de nulidad de Derecho Público, por expreso mandato constitucional, pues la Ilustre Municipalidad de Ñiquén ha actuado fuera del ámbito de sus competencias.

En definitiva, considerando que el Estatuto Administrativo debe garantizar tanto la imparcialidad del instructor del procedimiento y del sancionador, lo que claramente no ha sucedido en este caso en particular, asimismo debe ser aplicada una sanción proporcional a la infracción ya debidamente acreditada, teniendo definido el grado de participación del funcionario y el grado de culpabilidad. Dichos elementos deben ser ponderados a efectos de poder establecer una sanción proporcional a la gravedad de la conducta, teniendo en consideración la hoja de vida del funcionario y una evaluación comprensiva del conjunto de sus labores a efectos de evaluar la sanción que será aplicada.

Enseguida expresa el recurrente, que en este caso la autoridad administrativa debía ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, lo cual es una vulneración flagrante a la garantía de igualdad ante la Ley. Debió considerarse la irreprochable conducta anterior; que nunca fue objeto de algún proceso disciplinario; que la recurrente siempre ha observado una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en el ejercicio de su función pública, priorizando el interés general sobre el particular; que nunca su intención o voluntad ha sido engañar, defraudar ni enriquecerme de manera ilícita con fondos públicos y/o municipales a través del uso y pagos de licencias médicas; que de manera voluntaria procedió a devolver, mediante dos transferencias electrónicas, todos los dineros percibidos por los días que duró el viaje y licencia médica respectiva, pese a que su reposo fue tramitado y aceptado; que el viaje por 8 días a República Dominicana fue una sorpresa y regalo de su marido como parte de la terapia a su profunda depresión que la mantiene con tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy; que ella no intervino en la compra de los pasajes, el viaje se organizó durante la licencia de postnatal y en aquella fecha, no sabían de la enfermedad de su pequeño; que el viaje fue autorizado por el médico tratante, etc. Cita sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 24 de octubre de 2019, pronunciada en causa Rol N°21.247-2019.

Enfatiza que la ilegalidad de la resoluciones recurridas respecto de la sanción de destitución se expresa en la infracción explícita al Art. 123 de la ley 18.883, pues la destitución se aplica por infracción grave a la probidad, es decir, en relación al principio de proporcionalidad porque el propio legislador exigió el elemento gravedad en la calificación de la falta, en el Art. 123 cuando señala expresamente que: “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82; c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82. d) Condena por crimen o simple delito, y e)

Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales”, nada de lo cual concurre en el presente caso.

Sostiene que no toda falta a la probidad da lugar a la destitución, sino que ésta debe ser grave, pues exige el legislador un elemento esencial de ponderación: la gravedad. En este caso no se acreditó ni se razonó en el caso concreto porque se determina que existe una infracción grave al principio de probidad, siendo la sanción impuesta de destitución, desproporcionada e ilegal, contraria al literal del Art. 123 de la ley 18.883. Lo anterior ha sido reforzado recientemente por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, en los autos ROL N°298-2025, al acogerse recuro de protección con fecha 16 de septiembre de 2025.

En cuanto a las garantías vulneradas, expresa que el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, señalando, además, que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, esta garantía parte de la base de la igual dignidad de todas las personas, con prescindencia de cualquier factor externo, como pueden ser la edad, capacidad intelectual o estado de conciencia. Por consiguiente, la igualdad, en cuanto derecho fundamental, reconoce la titularidad de toda persona sobre el bien jurídico igualdad, que es oponible a todo destinatario, que implica el derecho a no ser discriminado por razones de carácter subjetivo u otras que resulten jurídicamente relevantes, con el consiguiente mandato correlativo respecto de órganos o autoridades estatales y los particulares de prohibición de discriminación.

Mira a la relación entre el legislador y los particulares, la igualdad ante la ley se refiere a la eficacia de los mandatos de la igualdad en la aplicación en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional y en la relación entre los particulares.

Así planteado, la igualdad ante la ley impone el deber de respeto irrestricto a este derecho fundamental, en términos tales que, bajo circunstancia alguna, pudieran efectuar discriminaciones que deriven en la afectación de los derechos subjetivos de los administrados. Tal situación, desde luego, no concurre en los actos administrativos que dan lugar a esta acción de protección, porque se vulneró flagrantemente esta directriz que se erige como garantía constitucional.

De esta manera, sus alegaciones se encuentran entrelazadas en términos tales que aplicar una sanción como la destitución con infracción al principio de tipicidad por cuanto se requiriere que la misma sea el castigo de una determinada “acción típica, antijurídica y culpable” y que a consecuencia de dicho acometimiento ilícito pueda sustentarse la “sanción administrativa” lo que no ocurre en este caso, falta de fundamentación de la resoluciones y la infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones, que no sólo constituye un acto arbitrario e ilegal -al contrariar las disposiciones del Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales al cual se encontraba adscrito la recurrente-, sino que, además, importa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todas las personas.

Por otra parte, desde las propias obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado, en consideración de lo dispuesto en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se establece de manera irrefutable la garantía del debido proceso y del acceso a la justicia y la protección judicial consagrada en el artículo 25 de la citada Convención. Sin perjuicio de ello, en la actualidad nuestro Ordenamiento Jurídico Constitucional restringe el acceso a la justicia a ciertas garantías, y en el caso del debido proceso, se limita únicamente a no ser juzgados por comisiones especiales, para reclamar su justiciabilidad directa. No obstante, a través de lo presupuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, que consagra la igualdad ante la ley, resulta necesario entonces resguardar, proteger y promover el respeto de un debido proceso a todas las personas en los distintos procedimientos y que la afectación de las garantías contenidas en dicho derecho fundamental significan establecer una transgresión a la igualdad ante la ley.

En el presente caso, los fundamentos de la resolución que dispone la destitución, como la resolución que rechaza la reposición, existe una clara infracción al derecho al debido proceso administrativo, por cuanto no respetó el principio rector del concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad, por cuanto la ley es la encargada de establecer las conductas ilícitas que serán susceptibles de una sanción administrativa, con un grado de prescripción normativa suficiente que permita al particular conocer con la debida antelación las circunstancias concretas que la configurarán. En el caso de autos, existió un cargo de contenido difuso sin claridad de las acciones específicas lo que imposibilita hacerse descargos precisos para que estos sean eficaces, se sanciona por hechos no materia de cargos, no se consideran atenuantes por cual la sanción no es proporcional y no cumpliendo con las garantías de ser un proceso racional y justo.

Agrega que el derecho consagrado en artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, reconoce a todas las personas la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa que, la judicatura está en el deber de preservar, derecho que se encuentra consagrado en el ordenamiento internacional sobre derechos humanos, encontrándose contemplado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se prescribe que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. En este mismo sentido, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prescribe que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En la especie, se ha dispuesto una destitución, maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario, privando con ello de la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones.

Con la circunstancia descrita resulta plausible que se ha vulnerado gravemente el derecho reclamado, realizando una utilización antojadiza y arbitraria de las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico, que ha derivado en la afectación del derecho de propiedad en relación a los derechos funcionariales del recurrente, impidiendo con ello el legítimo ejercicio de estos.

Finalmente solicita acoger con la acción impetrada y declarar: - Que, se restablece el imperio del derecho, dejando sin efecto la sanción de destitución aplicada a doña nombre reservado por resolución contenida en Decreto Alcaldicio N°NUM000, de fecha 16/09/2025 (notificada 30/09/2025) -que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 25/07/2025 (notificado con fecha 28/07/2025), que aplicó la medida disciplinaria de Destitución-; resolviéndose su absolución de los cargos formulados. - Consecuencialmente, se ordene la reincorporación de la referida funcionaria a sus funciones, debiendo restituírsele el pago de sus remuneraciones no percibidas, desde que se aplicó la medida de destitución, hasta su efectiva reincorporación. - Se condene en costas a la recurrida. 2°.- Que, el abogado don Marcelo Brunet Bruce, en representación de la recurrida Municipalidad de Ñiquén, solicita declarar la inadmisibilidad de la acción, fundado en que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales. Sin embargo, de los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo señalado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que la acción presentada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, pues no es la vía idónea al efecto.

En efecto, la Municipalidad de Ñiquén tomó conocimiento por medio del Oficio N° NUM009, folio NUM010, de fecha 16 de octubre de 2025, emitido por la Contraloría Regional de Ñuble, que existe una presentación formulada por doña nombre reservado y que la materia expuesta dice relación con el sumario administrativo instruido en su contra, procedimiento que concluyó con la aplicación de la sanción de destitución, mediante Decreto Alcaldicio N°NUM011, acto que fue debidamente notificado. Contra dicho decreto, la señora nombre reservado interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado íntegramente mediante el Decreto Alcaldicio N°NUM012, quedando firme la sanción aplicada.

Afirma el letrado que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver esta materia, sino el procedimiento que permite que los entes administrativos facultados por ley para su conocimiento sean los que puedan tener opinión respecto de esta materia. En tal sentido se enmarca lo resuelto por la Corte Suprema en las causas rol 98.850-2022 y 98.803 de 2022, que confirmaron lo fallado en las causas rol 130.051-2022 y rol 125.997-2022, ambas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La primera declaró inadmisible la acción de protección contra la DGA y la segunda la rechazó, y en ambos casos, por no ser la vía idónea debido a existir un procedimiento contencioso especial (en la especie, el de nulidad en el 137 del código de Aguas).

En consecuencia, la recurrente prescinde del recurso establecido por la vía idónea, que es la administrativa, recurriendo a la Corte obviando el recurso que debió deducir pertinentemente. Lo anterior faculta al tribunal a desechar sin más el presente recurso, por inadmisibilidad, toda vez que existiendo una vía idónea para recurrir, la acción debió deducirse en ella y no en estos estrados.

Mas adelante postula que la acción deducida excede el carácter de “derecho indubitado” que establece la Constitución y el Auto Acordado para permitir que el recurso prospere, tal como ha señalado la reiterada jurisprudencia de nuestros máximos Tribunales. Cita el considerando tercero de la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Valdivia Rol N° 7.810-2022, confirmada por la Excma. Corte Suprema Rol N° 26.208-2023, en cuanto señala que “…la acción constitucional deducida está destinada a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento sumarísimo y, en consecuencia, para acoger dicha acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado del que el recurrente sea titular y protegido por tal acción.”

En cuanto al fondo, indica que la recurrente ingresó a trabajar en el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén el 08 de julio de 2013, desempeñando hasta el 30/09/2025 -día en que se le notificó el rechazo del recurso de reposición y por tanto se hizo efectiva la destitución-, en el cargo de Odontóloga del Cesfam Ñiquén, perteneciente al departamento de salud de Ñiquén, Profesional de Planta Grado 10°.

Explica que por Decreto Alcaldicio N°NUM002, de fecha 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo en su contra, atendido a la realización de un viaje fuera del país haciendo uso de licencia médica, esto en conformidad a lo informado por la Contraloría General de la República en su consolidad de información circularizada (CIC) N° 09, hechos que podrían constituir una vulneración al principio de probidad administrativa y otros deberes funcionarios; y, se designó como Fiscal Instructor del procedimiento sumarial a don Mario Bravo Orellana, Director del Departamento de Salud de Ñiquén.

Durante el curso del proceso sumarial, la señora nombre reservado reconoció que viajó al extranjero de vacaciones mientras hacía uso del reposo total laboral, plasmado en una licencia médica, aun cuando ella contaba con permisos disponibles, como por ejemplo sus vacaciones, días compensatorios del COVID, días administrativos, los cuales, sin embargo, no utilizó, siendo que el viaje lo tenía planeado por lo menos 8 meses antes de la licencia médica. Situación también señalada por la señora nombre reservado en la etapa indagatoria del sumario. Luego, con fecha 16 de junio de 2025, el Fiscal Instructor formuló cargos en su contra y mediante Decreto Alcaldicio N°NUM011, se procedió a sancionarla con la medida de destitución, acto debidamente notificado y respecto del cual la actora interpuso recurso de reposición establecido en la ley N°18.883, el cual fue rechazado íntegramente mediante el Decreto Alcaldicio N°NUM012, quedando firme la sanción aplicada.

Expresa el informante, que la señora nombre reservado además se encuentra incluida en la CIC N° 15 de la Contraloría General de la República, que da cuenta de funcionarios que encontrándose con reposo laboral total plasmado en una licencia médica, concurrieron a casinos de juegos, razón por la cual se encuentra bajo un nuevo sumario administrativo instruido bajo el decreto alcaldicio número NUM013.

A continuación, en cuanto a la legalidad del sumario, la sanción de destitución y los decretos alcaldicios respectivos, señala el informante, que no es posible emitir mayores consideraciones sobre el fondo de lo solicitado mientras el asunto y la controversia mantengan su carácter contencioso. Lo pretendido por la recurrente, consiste en que la Iltma. Corte sustituya al Fiscal del Sumario y al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, órganos establecidos por Ley para la sanción de ilícitos, en la valoración de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre la responsabilidad disciplinaria de aquel y así debatir sobre la legalidad del acto administrativo dictado que determinó aplicar la medida de destitución, reiterando las alegaciones planteadas durante el transcurso del sumario administrativo.

En tal contexto, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como ocurre en la especie, ya que las normas de los sumarios administrativos contienen todos los elementos necesarios para la adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros, las autoridades competentes, los plazos para realizar actuaciones, formalidades en las notificaciones, formulación de cargos y su debido emplazamiento, admisibilidad y regulación de los medios probatorios, forma de evacuar descargos y la manera de interponer los recursos que procedan en contra de las sanciones que se apliquen, franquicias que, como ya se indicó, la recurrente hizo valer.

Aduce que la acción de protección no se ha creado para solucionar conflictos sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones y en el contexto de la distribución de competencias que impera en el régimen jurídico nacional, como son los sumarios llevados por la Ilustre Municipalidad de Ñiquén.

Sin perjuicio de lo señalado, estima que el recurso de protección es también improcedente ya que, más que procurar la defensa de derechos constitucionales determinados e indubitados, busca controvertir el mérito de las actuaciones y decisiones adoptadas en el procedimiento disciplinario instruido por el municipio, pretendiendo que esta Corte resuelva acerca de una supuesta inexistencia de responsabilidad administrativa derivada de los hechos objeto de cargos, lo cual resulta ajeno al ámbito que pretende cautelar la acción deducida.

Continúa manifestando que, sin perjuicio de lo indicado, la Municipalidad posee atribuciones para ordenar la instrucción de procedimientos disciplinarios, para investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas en que pudiere incurrir un(a) funcionario(a). Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política de la República; en el título V “De la responsabilidad administrativa”, artículos 119 y siguientes de la ley N°18.834. De este modo, el artículo 119 del Estatuto Administrativo establece en su inciso primero: “El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias”. Para luego disponer en su inciso segundo: “Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género”.

Entonces, mediante un procedimiento legalmente tramitado, luego de analizar los argumentos y medios de prueba que sustentaron los cargos formulados, su representada alcanzó la convicción, que la recurrente incurrió en las faltas reprochadas, por lo que no es posible calificar de ilegal al Decreto Alcaldicio N°NUM011, puesto que su emisión fue realizada en ejercicio de sus facultades y dentro del marco jurídico que regula sus atribuciones, con estricto apego al ordenamiento que regula la materia. Tampoco resulta arbitraria la actuación del Municipio ya que dicha resolución no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que, por el contrario, fue expedida teniendo presente los antecedentes acompañados, la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legitima, dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho y además emanado de la CIC 9 de Contraloría General de la República, que ordeno a los servicios publico supeditados al control de aquel órgano contralor iniciar los procedimientos administrativos necesarios para establecer responsabilidades.

De esta forma, el hecho que la recurrente no comparta la decisión de la Municipalidad no transforma los actos en arbitrarios ni ilegales, más aún cuando lo impugnado contiene los argumentos de hecho y fundamentos de derecho en que se sustentó tal decisión.

Respecto de las alegaciones de la actora, expresa que los supuestos vicios indicados en la acción constitucional corresponden en general y en su mayoría, a una reiteración de los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto Alcaldicio N° NUM011, acto que fue debidamente notificado, y del Decreto Alcaldicio N° NUM012, hizo cargo de cada una de las alegaciones del exfuncionario, desestimándolas una a una, y rechazando, en definitiva, ese recurso.

En otro orden de ideas, señala que, del análisis del expediente sumarial, se advierte que el fiscal instructor observó todas las garantías del debido proceso (declaración del inculpado; formulación de cargo; plazo para formular descargos; notificaciones; recepción de recursos, etc.), de modo que no se advierte alguna irregularidad o arbitrariedad, siendo procedente, en consecuencia, rechazar el cuestionamiento del rubro.

A continuación, se refiere a las alegaciones formuladas: 1.- En cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, sostiene que el mérito de los elementos de convicción, la ponderación de los hechos y la determinación del grado de responsabilidad que en ellos tiene un inculpado, que da lugar a una sanción disciplinaria, son aspectos que aprecia el fiscal que sustancia el procedimiento sumarial y la autoridad sancionadora.

Luego, la calificación de mayor o menor gravedad de la falta cometida queda entregada a la autoridad de municipal dotada de la potestad disciplinaria.

Ahora bien, es útil puntualizar que el artículo 125, inciso segundo, de la ley N° 18.834, establece que la medida disciplinaria de destitución procederá, entre otros casos que allí se indican, cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como ocurrió en la situación en análisis. En tal sentido se pronunció la Excma. Corte Suprema en el ya aludido fallo rol N° 1.372-2025.

De este modo, al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al citado principio de probidad administrativa -como aconteció en este caso-, la autoridad se encuentra plena y expresamente facultada por la ley para imponer la destitución ante contravenciones de tal envergadura.

Así las cosas, en la especie se acreditó que a la recurrente le asistió responsabilidad disciplinaria en los hechos investigados en el sumario administrativo, cuyas conclusiones se contienen en el Decreto Alcaldicio N°NUM011, en el cual se constató que incumplió gravemente el principio de probidad administrativa, toda vez que contando con feriado legal disponible y otros tipos de permisos, planificó con antelación su viaje al extranjero, realizando aquel con licencia médica por enfermedad grave del su hijo menor de un año, lo que, sin embargo, no fue impedimento para realizar el respectivo desplazamiento nacional e internacional. Así, la sanción de destitución se encuentra debidamente justificada en base a lo obrado en el procedimiento, y de acuerdo con los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de emitir el acto impugnado.

Señala que entre los aspectos que permitieron al fiscal a cargo de la investigación y al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, arribar a la conclusión expuesta, destaca -entre otros- la contradicción de la recurrente que pretendió -y pretende- ampararse en la presunción de legalidad de la licencia cuando le resulta favorable y a la vez, desatender su contenido esencial -como es el lugar del reposo indicado- cuando lo perjudica.

Más adelante destaca que para concretar el viaje, la inculpada debió desplazarse previamente y con la debida antelación, lo que refuerza la conclusión que la licencia médica vulnerada le impedía realizar actividades incompatibles con la propia. Enfatiza que la recurrente contaba con días de feriado legal disponibles, y no obstante ello no los destinó a este viaje, así como tampoco había gestionado permisos administrativos para ausentarse de sus funciones.

Agrega el informante, que la Municipalidad de Ñiquén no instruyó el procedimiento sumarial de manera arbitraria e ilegal, sino basado en lo informado por Contraloría General de la Republica a través de considerando de información Circularizada N° 9, hecho que por sí mismo descarta cualquier arbitrariedad.

Reitera que la licencia medida tiene como finalidad la protección del funcionario beneficiado en miras de poder descansar y tomar distancia de sus labores funcionarias, situación que claramente se opone con un viaje al extranjero, de placer que se aleja de aquella finalidad. En la especie, la señora nombre reservado pretende ampararse en la presunción de legalidad del documento cuando le resulta favorable, pero desentenderse de su contenido cuando le perjudica. Tal uso selectivo de los elementos de la licencia médica, sin asumir responsabilidad alguna por las inconsistencias que ella presenta, denota una falta de coherencia y de compromiso con los principios que rigen la función pública, que exigen el más alto estándar de probidad y transparencia. Robustece lo anterior, que la recurrente no acompañó antecedente clínico concreto que permitiera justificar su estado de salud al momento de obtener la licencia médica mientras se encontraba en el extranjero, ausentándose de sus labores. Por ende, debe también desestimarse lo argumentado sobre este punto.

En cuanto a que la licencia habría sido desacreditada por un organismo sin facultad para ello, expresa que se debe distinguir entre las potestades entregadas a los organismos de salud pertinentes para investigar una transgresión a las normas legales y reglamentarias que rigen el uso, otorgamiento y autorización de licencias médicas, para los fines de rechazar o invalidar tales beneficios, y obtener la devolución de los subsidios indebidamente percibidos y, por otra, la atribución de los órganos de la Administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos, toda vez que ellas pueden importar, a su vez, el incumplimiento de sus deberes funcionariales, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, en cuanto corresponde al empleador hacer efectiva la responsabilidad administrativa comprometida con tales conductas.

Así entonces, la recurrente incurre en un error conceptual al intentar equiparar el control sanitario y previsional de las licencias médicas con el ámbito de la responsabilidad disciplinaria, siendo que ambos responden a finalidades distintas y son ejercidos por autoridades diferentes.

En tal contexto, no se ha cuestionado en este proceso la validez formal de la licencia médica cursada, sino que la finalidad con que fue utilizado dicho instrumento, ajena a los fines para los cuales le fuera concedido dicho beneficio tendiente a la protección de la salud, es un aspecto que tiene que ver directamente con el incumplimiento de sus obligaciones como funcionario público y no con los aspectos reglamentarios del uso de tal reposo. En consecuencia, lo alegado por la actora carece de fundamento.

Sobre el reconocimiento a la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial con el proceso, indicar que si bien la funcionaria podría poseer dicha calidad, consta del examen del expediente sumarial, que, en la vista fiscal, el fiscal tuvo en cuenta las circunstancias expuestas por la señora nombre reservado, que decían relación a los problemas personales y su buen desempeño laboral, circunstancias que fueron debidamente ponderadas tanto en la propuesta de sanción disciplinaria, como al momento de imponerla.

Por otro lado, tratándose de la colaboración con la investigación a título de atenuante de responsabilidad, debe rechazarse ese argumento, toda vez que la cooperación invocada constituye una obligación funcionaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, precepto que tiene por finalidad permitir que el o la fiscal recabe todos los antecedentes que sean necesarios para el adecuado desarrollo y término de su cometido. y, en cualquier caso, debe tenerse presente que el recurrente no prestó la colaboración que invoca. Por las razones antes mencionadas, debe desestimarse lo argumentado acerca de las atenuantes.

En cuanto a que en el momento que se habría incurrido en las faltas imputadas no se encontraba desempeñando su cargo, ello resulta del todo evidente, pues justamente parte del cuestionamiento realizado a su persona dice relación con que percibió íntegramente sus remuneraciones durante un período en que no cumplió con las condiciones del reposo prescrito, encontrándose fuera del país sin autorización.

En armonía con lo anterior, y en virtud de lo acreditado en el proceso sumarial, se arribó a la conclusión que salió del país cuando se encontraba con una licencia médica, situación claramente incompatible atendido a que lo realizó sin haber gestionado los permisos que correspondían para ausentarse fuera del país durante dicho período, a pesar del basto tiempo transcurrido desde la adquisición de los pasajes y el día del viaje.

A continuación reseña lo establecido por la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en dictamen N° 49.580, de 2010, de Contraloría General de la República, en cuanto a que el principio de probidad administrativa no sólo constituye un sinónimo de honestidad, sino que alcanza a todas las actividades que un funcionario público realiza en el ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función. Agrega el dictamen N° 10.086, de 2000, que la calidad de servidor público no sólo obliga al correcto desempeño de las actividades propias del respectivo empleo y de aquellas a que se acceda en virtud de tal calidad, sino que incluso afecta el comportamiento privado del funcionario, en tanto pudiera significar, entre otros efectos, desprestigio del servicio o faltar a la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad, tal y como se evidencia de la situación objeto de reproche, por la que fue sancionada.

Acerca de que no se habría aportado durante la tramitación del sumario ningún antecedente que permita concluir que haya utilizado la licencia médica con el fin de simular una enfermedad, eludir responsabilidades o aprovechar recursos públicos de forma indebida, estima el informante, que los hechos acreditados en el sumario basados en antecedentes concretos permitieron concluir que existió un uso indebido del permiso médico otorgado. En este contexto, ella reconoció haber planificado un viaje al extranjero contando con feriado legal disponible, pudiendo haber tramitado los permisos respectivos y percibido íntegramente sus remuneraciones durante dicho período.

De esta forma, queda de manifiesto que la recurrente demostró una omisión deliberada de deberes funcionario y una utilización instrumental de mecanismos institucionales no acordes con la finalidad de su viaje al extranjero, lo que claramente -como estableció el señor fiscal en el sumario- es una falta grave a la Probidad Administrativa, razón por la que en derecho la sanción impugnada es plenamente proporcional a su conducta.

En cuanto a las garantías denunciadas como vulneradas, sostiene el letrado que no se vislumbra de qué manera el actuar de la Municipalidad habría afectado su derecho a la integridad psíquica, atendido que se limitó al ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y además a lo instruido por la Contraloría General de la Republica en el CIC N° 9. Además, la recurrente no indica las acciones u omisiones precisas a través de las cuales este Municipio habría vulnerado la norma constitucional invocada, limitándose a realizar apreciaciones que no se acreditan fehacientemente de manera alguna. Puntualiza que no puede considerarse vulnerado el derecho constitucional invocado, relativo a la integridad psíquica de las personas, por la imposición de la medida de destitución, pues de aceptarse ese planteamiento cada vez que los organismos del Estado, incluso los tribunales de justicia, ejercen sus potestades sancionadoras, estarían afectando la integridad psíquica de los involucrados en los procesos respectivos, ya que todo individuo, como es propio del ser humano, sufrirá una alteración emocional al castigársele, aun cuando esto, como acontece en el caso en estudio, se ajuste plenamente a derecho.

Agrega que si bien la recurrente considera como garantía supuestamente infringida aquella contemplada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, no proporciona elementos de juicio que permitan comprender de qué forma la actuación de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén la habría conculcado, centrándose en expresar de forma reiterada, que la sanción impuesta es la más drástica dentro del ordenamiento jurídico para aquellos funcionarios que incurren en responsabilidad administrativa puesto que no solo implica el cese de funciones, sino también la inhabilitación por cinco años para ingresar nuevamente a la Administración del Estado y que debe estarse a la entidad de las conductas realizadas para determinar la aplicación de dicha sanción, argumentos que esta Institución de Control comparte.

Luego, la recurrente compara el resultado del sumario incoado en su contra con otros procesos, olvidando que la calificación de la infracción debe hacerse caso a caso, y que la existencia de precedentes con sanciones distintas u opiniones doctrinarias no obligan a replicar criterios cuando las circunstancias son sustancialmente diferentes y, por ende, no pueden ser utilizadas para relativizar la gravedad de una conducta que ha sido acreditada mediante prueba documental, testimonial y confesional, como ocurrió con este sumario. No obstante, la Municipalidad sí ha aplicado la sanción de destitución en otros casos, por lo que lo aseverado por el recurrente es completamente falso.

Por otra parte, expresa el informante que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección solo ampara el derecho y garantía establecida en el artículo 19 N°3, inciso quinto, el que establece que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, y no el derecho a un justo y racional procedimiento.

Como puede advertirse, el derecho que la actora pretende conculcado no se encuentra entre aquellos que protege la referida acción cautelar. Sin embargo, no se vislumbra de qué manera esta Entidad Municipal podría haberse erigido en una comisión especial al sustanciar el procedimiento disciplinario de la especie, de conformidad con el ordenamiento jurídico que regula la materia. Sin perjuicio de ello, el procedimiento se desarrolló con estricto apego al ordenamiento jurídico, considerando que la decisión adoptada se basó en un procedimiento tramitado con apego a la normativa, exenta de discriminaciones arbitrarias, aplicando, en definitiva, una sanción que se corresponde con la gravedad de los hechos y la participación de la recurrente en ellos, resguardando, además, el principio de proporcionalidad. Asimismo, se garantizó el derecho a la debida defensa de la inculpada quien, como ella mismo señala, pudo presentar no sólo sus descargos, sino que también hacer uso de la vía recursiva cuando presentó su recurso de reposición, el cual como se indicó en antecedentes fue rechazado.

En lo que atañe al derecho de propiedad, expresa que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre su cargo público, puesto que las labores que desempeñan son aquellas propias del Estado, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre estas, ni menos derechos derivados de las mismas.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado, en lo relativo a esta garantía, que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración. Ello por cuanto, la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

De esta forma, ese vínculo estatutario no otorga al funcionario ninguna forma de propiedad sobre el empleo, el que se mantendrá mientras no opere una causal legal de cesación de funciones o expiración de ella, la que, precisamente concurrió en la especie.

Cita sentencia de la I. Corte de La Serena, autos Rol N°1686-2025.- (Protección), de fecha 3 de noviembre de 2025 y solicita rechazar la acción de protección deducida por los recurrentes en contra de mi representado; atendida la inexistencia por parte del Municipio de Ñiquén de algún actuar arbitrario e ilegal según lo expresado y clarificado previamente, lo anterior, con expresa condenación en costas procesales y personales que correspondan. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente contra el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 16/09/2025, que rechazó del recurso de reposición interpuesto por la señora nombre reservado contra el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 25/07/2025, en virtud del cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución. 6°.- Que, la resolución recurrida no constituye un acto administrativo autónomo e independiente, sino una resolución de carácter formal que rechazó un recurso de reposición por haberse agotado previamente las instancias previstas en la normativa estatutaria.

Así, no existe en el presente caso un nuevo acto ilegal o arbitrario actual que justifique la intervención de esta Corte mediante la presente acción cautelar. 7°.- Que, en el contexto descrito, debe decirse que ambas resoluciones atacadas, fueron suficientemente motivadas en los antecedentes del proceso, arribándose a una decisión debidamente justificada, cumpliéndose, por tanto, el estándar de razonabilidad exigido.

Por otra parte, atendida la naturaleza de los hechos que dieron origen al sumario, no existe mérito para sostener que la aplicación de la sanción pueda calificarse de arbitraria, habiéndose acreditado en la investigación que la recurrente con su accionar infringió gravemente el principio de probidad administrativa que le asistía, existiendo además coherencia entre los cargos formulados por el Fiscal y la resolución dictada por la autoridad.

Lo expuesto conduce a desechar cualquier afectación al principio de congruencia, al derecho a defensa o a la objetividad del instructor, toda vez que la señora nombre reservado, fue siempre informada que la investigación incoada en su contra decía relación con que mientras hacía uso de licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, -la cual se extendió entre el 25 de mayo y el 24 de junio de 2024-, viajó a Punta Cana, República Dominicana, con fines recreacionales entre los días 3 y 12 de junio, imputación de la cual siempre estuvo en condiciones de defenderse, y que, en definitiva fue acreditada por el fiscal instructor. 8°.- Que, es criterio reiterado de nuestros tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso.

La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo. 9.- Que, además, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que impongan medidas disciplinarias, a través de los recursos contemplados en el propio Estatuto Administrativo, y, eventualmente, mediante acciones contencioso- administrativas ante los tribunales competentes. En este sentido, la existencia de un procedimiento disciplinario regulado y finalizado mediante resoluciones que agotaron la vía recursiva correspondiente, impide que la presente acción de protección pueda prosperar, atendido su carácter subsidiario y excepcional. 10°.- Que, atendida la naturaleza de la materia en análisis, conviene citar lo establecido por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 16 de diciembre del año en curso, dictada en autos Rol N°52153-2025, cuyo considerando Octavo indica: “Que, a mayor abundamiento, esta Corte Suprema reiteradamente ha resuelto que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la prueba aportada en el sumario y la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N° 18.823- 2019, N° 97.284-2020, N° 150.201-2020, N° 135.620-2022 y N° 137.862-2022, entre otras).” 11°.- Que, por consiguiente, y habiendo sido tramitado el procedimiento administrativo conforme a las normas legales aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente y sin evidenciarse un acto administrativo actual de naturaleza ilegal o arbitraria que justifique el otorgamiento del amparo solicitado, esta Corte estima que no concurren los requisitos para acoger la presente acción constitucional, razón por la cual será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por el abogado Juan Esteban Briones Rodríguez, en representación de doña nombre reservado, contra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

ROL N°834-2025-PROTECCIÓN.