Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece don nombre reservado, chileno, casado, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, RUT: RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, se ignora profesión u oficio, o de quien esté a su cargo, cédula de identidad N°NUM001, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el accionar ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM002, de 11 de julio de 2025, mediante la cual dicha entidad resolvió confirmar el rechazo del pago de licencias médicas Nros.: NUM003; NUM004; NUM005 Y NUM006, extendidas por un total de 210 días a contar del 05 de mayo de 2025, resolución exenta que en lo pertinente concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas no se encontraba justificado, constituyéndolo en un acto arbitrario e ilegal que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 9,18, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, en especial el derecho a la vida y a la integridad psíquica y el derecho de propiedad, derechos de los cuales el recurrente es titular, y los mismos se encuentran cautelados por la acción de protección que aquí se impetra.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que es una persona de 65 años de edad, y que su caso ha sido tratado injustamente por la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto dicha entidad ha rechazado todas y cada una de sus licencias médicas presentadas correlativas y correspondientemente.

Agrega que es pensionado con modalidad de invalidez definitiva desde el 21 de octubre del 2008 y percibe 8.2 U.F. a través de la Compañía de Seguros ZURICH, con modalidad de renta vitalicia inmediata, y en consideración al bajo monto alcanzado a través de la liquidación de dicha renta, es que se vio en la obligación de buscar otro empleo de tiempo completo, que lo ayudará a compartir los gastos familiares, y por ello empezó a trabajar de GG.SS.

Indica que debido a lo exigente que se proponía en el desempeño de dicha labor, prontamente hizo el curso de perfeccionamiento para obtener su credencial y así empezar a trabajar en cualquier empresa que necesitara de sus servicios de forma legal, por lo que a partir del año 2011, y con sus capacidades un poco disminuidas por los efectos de la Diabetes Mellitus 1, por lo que fue Pensionado, inició su trabajo como Guardia de Seguridad con la modalidad de turno que se define 4X4, desarrollándolos tanto de día como de noche en turnos correlativos que significan 4 turnos de 12 horas de día, 4 días de descanso, 4 turnos de 12 horas de noche y 4 días de descanso.

Expresa que, en consideración a lo exigente del desempeño laboral, y en el formato de turnos ya explicados, cumplió a cabalidad sus compromisos con las empresas que solicitaron sus servicios. Sin embargo, llegado el mes de julio del año 2022, y estando cumpliendo turnos de 12 horas de día con 62 años cumplidos, tuvo un imprevisto una mañana al querer levantarse para ir a cumplir sus obligaciones, cayendo bruscamente al suelo y al realizar un nuevo intento no logró ponerse de pie, teniendo que ser trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Herminda Martín de la ciudad de Chillán, en donde se le tomaron radiografías, escaner y otros tantos exámenes solicitados por quien fuera el profesional encargado de su elección, Dr. nombre reservado, Traumatólogo especializado, cuyo primer veredicto fue una afección denominada falla en los MENISCOS de las rodillas, debiendo ser operado de ambas rodillas y sin una recuperación esperada, sumado a debilidades evidentes de mucha dificultad de desplazamiento, razón por la cual le solicitaron RESONANCIAS MAGNETICAS, de tipo LUMBAR Y CERVICAL. Ahora bien, debido a los resultados arrojados por los exámenes, tuvo que ser operado por el neurocirujano Dr. Luis Fortuño con fecha 6 de febrero del 2023, y cuyo diagnóstico fue una Hernia del Núcleo Pulposo (HNP) en C5 -C6, con compromiso radicular y mielopatía, quedando pendiente la intervención quirúrgica a fin de tratar la Raquiestenosis Lumbar L4 y L5, y por no haber disponibilidad a corto plazo por la alta demanda de procedimientos quirúrgicos, empezaron a rechazarle las licencias médicas, no obstante existir respaldo declarado por los Profesionales especialistas de Neurocirugía Dr. Luis Fortuño y el Dr. nombre reservado.

Manifiesta que luego de lo ocurrido, su dolor y las molestias han sido persistentes e ininterrumpidas, llegando incluso en la actualidad a tener que improvisar el uso de un bastón, lo que ha significado que día a día aumente su discapacidad por los fuertes dolores que le provocan una marcha claudicante, lo que le imposibilita mantener una caminata por mucho tiempo, lo cual interfiere en las actividades de la rutina diaria.

Desde la fecha de la lesión, y hasta el día de hoy, ha seguido un tratamiento ininterrumpido con exámenes constantes ante médicos especialistas, hospitalizaciones en urgencia por debilidades en lo que se refiere a respiración y sistema cardíaco debido a la falta de movilidad y ejercicios, los que no puede realizar debido a los fuertes dolores que le afectan la capacidad de movimientos por sobre todo en el sector lumbar y piernas, encontrándose hasta el día de hoy a la espera de hora en el hospital de Chillán para ser nuevamente intervenido quirúrgicamente, con esperanza que esta operación logre recuperarlo de las dificultades que le ha significado ni siquiera poder caminar con normalidad, teniendo que recurrir a la ayuda de un bastón.

Con respecto a su trabajo señala que es Guardia de Seguridad y dentro de las responsabilidades y obligaciones que conlleva ese trabajo, están la de tener que cumplir largos turnos tanto de día como de noche, debiendo realizar fiscalizaciones a pie y rondas permanentes, lo cual su estado de salud prácticamente se lo impide, por lo que considera que no se encuentra en condiciones para desempeñar su trabajo como guardia para la empresas SEGURIVI, con quien mantiene contrato por prologado tiempo, debiendo hacer uso de licencias prolongadas atendido su estado de salud.

Agrega que al rechazar la SUSESO sus licencias médicas, se le imposibilita cobrar sus seguros laborales y su remuneración a través de la CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES, lo cual requiere para poder costear los gastos médicos y de subsistencia.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto por el cual se recurre, expresa que en el mes de junio de 2025 fue informado del rechazo de las licencias médicas otorgadas por el COMPIN, de las que reclamó en el mes julio de 2025, para ante la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante Resolución EXENTA N°NUM007, de fecha 24 de septiembre de 2025, de la que fui notificado con esa misma fecha, confirmó el rechazo la licencia médica Número: N°NUM003 y otras no especificadas en esta resolución. Luego, vía reposición, reclamó nuevamente, y se confirmó la resolución de rechazo.

De la manera anterior estima vulnerada las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la de la Constitución Política de la República, esto es: La integridad física y psíquica; La igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos; El debido proceso; El derecho a la seguridad social; y El derecho de propiedad, respectivamente.

En mérito a lo antes expresado, pide tener por interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), ya individualizada en esta presentación, acogerlo a tramitación, solicitar informe a la recurrida, y en definitiva, ordenar el pago de cuatro licencias médicas ya singularizadas, y de esta manera reestablecer el imperio del derecho, otorgándosele la debida protección de conformidad con la ley. 2°.- Que, informando la abogada doña Andrea Cisternas Tiemann, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicita el rechazo del presente recurso interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N°NUM007, de 24 de septiembre de 2025, mediante la cual la Superintendencia confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM003, ya que no ha existido de parte de su representada actuación ilegal ni arbitraria que haya causado al recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado, ni siquiera su amenaza. Lo anterior, toda vez que la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso del Sr. nombre reservado y conforme a los antecedentes administrativos que obran en autos, se limitó a resolver, con estricto apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la seguridad social, el reclamo referido única y exclusivamente a la licencia médica individualizada, contemplada en la citada Resolución Exenta N°NUM007, único acto administrativo impugnado en autos.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente incorpora en su libelo diversas otras licencias médicas —N°s NUM004, NUM005 y NUM006— respecto de las cuales no identifica ni señala resolución alguna emanada de esta Superintendencia que permita establecer que dichas licencias hayan sido objeto de análisis o pronunciamiento en el acto administrativo impugnado en estos autos.

En consecuencia, tales folios no forman parte de la resolución recurrida, y la sola mención que el recurrente efectúa de ellos en su presentación no permite atribuir a esta Superintendencia ilegalidad o arbitrariedad alguna, toda vez que omite precisar el acto administrativo específico que habría recaído sobre dichas licencias, elemento indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar.

Argumenta la letrada que si bien respecto de la licencia médica N°NUM004 existe efectivamente un pronunciamiento de esta Superintendencia, dicho acto administrativo es distinto, autónomo e independiente de la Resolución Exenta N° NUM007 impugnada en autos, por lo que no puede ser incorporado artificialmente ni extensivamente al objeto de la presente acción cautelar. Por lo mismo, no es posible vincular ese folio con el acto impugnado en autos, sin perjuicio de que igualmente se informarán los antecedentes que obran en el expediente administrativo para una adecuada ilustración de SS. Iltma.

Indica que con mayor razón cabe precisar que, en el caso de las licencias médicas N°NUM005 y NUM006, esta Superintendencia no ha emitido pronunciamiento alguno a la fecha, razón por la cual dichos folios no pueden ser objeto de revisión en esta sede cautelar, al no existir respecto de ellos acto administrativo impugnable en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y la reiterada jurisprudencia de la Excma.

Corte Suprema sobre la procedencia de esta acción.

Refiere que antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, solicita en primer lugar, se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

Conforme a lo señalado, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Por otra parte, necesario es reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona ha sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, y que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

En consecuencia, tratándose de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N°18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio de la alegación anterior, y en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan Incapacidades Laborales Permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N°3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N°3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica.

Respecto de Incapacidades Laborales Temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº1, del año 2005, y en el D.S. Nº3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L.

Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Desde otro ángulo, sostiene que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA. muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Manifiesta la letrada que no se existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de su representada, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Manifiesta que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, de manera que debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia.

Por el contrario, cuando un Derecho Reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Pues bien, en el caso de marras, está presente un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en Osteomuscular, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza.

Ahora bien, respecto de la licencia médica N°NUM003, conviene precisar que el Sr. nombre reservado, por presentación de fecha 04 de junio de 2025, reclamó ante ese servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM003, extendida por un total de 30 días a contar del 05 de mayo de 2025, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado.

Respecto de la licencia médica N°NUM004, es posible señalar que según consta en el expediente administrativo, que el Sr. nombre reservado, por presentación de fecha 11 de septiembre de 2025, reclamó ante este servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM004, extendida por un total de 60 días a contar del 04 de junio de 2025, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado.

Por último, cabe hacer presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, del derecho a la seguridad social, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental.

Finalmente, y conforme lo que se ha expresado en los acápites que anteceden, el procedimiento empleado y la decisión han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por su representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria, meramente cautelar y con el carácter sumarísimo, razones suficientes para concluir la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso, lo que conduciría necesariamente a desestimar la acción interpuesta por el recurrente. 3°- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por el recurrente es la falta de motivación de la resolución que confirmó el rechazo de sus licencias médicas, lo que podría significar una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre prestaciones económicas a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación lo habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección, razón por la cual dicha alegación será desestimada. 7°.- Que, en lo que respecta al fondo, y en cuanto al rechazo de las licencias médicas licencias médicas N°s NUM003, NUM004 NUM005, y NUM006, extendidas por un total de 210 días a contar del 05 de mayo de 2025, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 8.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo. 9°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud del recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho. 10°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPÍN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso. 11°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como asimismo al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes. 12°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder. 13°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica el actor, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas N°s NUM003, NUM004, NUM005, y NUM006, extendidas por un total de 210 días a contar del 05 de mayo de 2025, y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

Rol N°820-2025-PROTECCIÓN.