Protección contra Municipalidad de San Ignacio

Chillán, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que, comparece don Rogers Mariangel Oviedo, abogado, quien en favor de don nombre reservado, contador público y auditor, ex funcionario municipal, deduce acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de San Ignacio, corporación autónoma de derecho público, representada por su Alcalde don Patricio Suazo Romero.

Refiere el letrado que su representado se desempeñaba en calidad jurídica a contrata, escalafón profesional grado 10°, dependiente del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Ignacio, a la época de su destitución, ya que mediante Decreto Alcaldicio NUM000 de fecha 26 de mayo de 2025, la Municipalidad de San Ignacio instruyó sumario administrativo y designó Fiscal en contra del recurrente en relación al CIC N°9 de la Contraloría General de la República sobre uso de licencias médicas y salidas al extranjero de funcionarios públicos, sumario por el cual se le imputó y formuló un cargo único referido al cumplimiento del reposo médico prescrito, por haber realizado durante su vigencia una salida o viaje al extranjero entre los días 21 al 26 de febrero del año 2023, 4 días hábiles laborales, descontando el sábado 25 y domingo 26 de febrero de la referida anualidad; mientras tenía prescrito reposo por licencia médica NUM001, otorgada por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra, por 30 días y de carácter ambulatoria. Añade el letrado que la recurrida, mediante el Decreto Alcaldicio (TR)

NUM002, de fecha 21 de agosto del 2025, aprobó el sumario administrativo y le aplicó la medida disciplinaria de destitución por haber incurrido en una falta grave a la probidad administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley18.575, Bases Generales de la Administración del Estado. En contra de la referida Resolución, señala el letrado, se interpuso recurso de reposición, consignando en lo sustancial que el Decreto Alcaldicio recurrido no efectúa ningún razonamiento ni análisis volitivo respecto de los hechos materia del sumario y de la forma cómo llega a establecer y determinar la responsabilidad administrativa del recurrente, careciendo de justificación y fundamentación que avale la grave medida disciplinaria aplicada, como, asimismo, en la manifiesta falta de proporcionalidad de la misma, entre otros argumentos expuestos y que todos fueron desoídos, haciendo presente el letrado que el motivo de la presente acción constitucional ha sido la privación al recurrente de un término probatorio destinado a acreditar lo expuesto en sus descargos y acompañar toda la prueba necesaria para desvirtuar la grave falta atribuida, sosteniendo que el Decreto Alcaldicio impugnado incurrió en falacia en su numeral 23 al señalar que ninguno de los funcionarios sumariados habría solicitado en su escrito de descargos la apertura de un término probatorio, falsedad la cual aparecería de manifiesto ya que habiéndose dictado un solo acto administrativo como lo es el D.A. NUM002 por el que se aplicó la medida expulsiva en contra del recurrente y sus colegas nombre reservado y nombre reservado, consta que la también recurrente en los autos de protección seguidos ante esta Corte, bajo el rol 766 – 2025, en su escrito de descargos de fecha 19 de agosto de 2025, solicitó en el primer otrosí, expresamente la apertura de un término probatorio en dicho sumario, citando textualmente tal petición: “PRIMER OTROSI: Ruego al SR. Fiscal tener presente que para probar los descargos e inocencia ante los hechos que se imputan a mi representada, nos valdremos de todos los medios probatorios que franquea la ley, entre ellos documentos, oficios y declaraciones, entre otros, por lo que desde ya solicitamos disponer la apertura de un TERMINO PROBATORIO en los presentes autos sumariales por el máximo legal al tenor del art. 136 inciso 2° del Estatuto Administrativo, Ley N°18.883.”

Se alega por el letrado la premura con que actuó la recurrida para cerrar el sumario ordenado el 26 de mayo de 2025, y cuya indagatoria se extendió hasta el 4 de agosto, fecha de la formulación de cargos, pues la indagatoria del sumario se tramitó por 70 días, pero al momento de la defensa del recurrente, dicha laxitud en la tramitación cedió a la mayor celeridad, pues habiéndose evacuado los descargos ante la Fiscalía Administrativa el día 18 de agosto - y estando el recurrente a la espera de la resolución del Fiscal que daba por evacuado los descargos y establecía un término probatorio- la Municipalidad de San Ignacio dictó el 21 de agosto de 2025, el acto administrativo que destituyó al hoy recurrente, trámite total que demoró sólo 3 días, sin antes ni siquiera haberse procedido a notificar a las partes del rechazo a la apertura del probatorio por el Fiscal del Sumario a efectos de deducir y ejercer las acciones que en derecho le asistían en ese estadio procesal al sumariado.

Asimismo, se alega que resulta totalmente arbitraria la medida expulsiva de que ha sido objeto el recurrente, especialmente cuando se le imputa una grave falta a la probidad administrativa por el incumplimiento de su reposo laboral, al habérsele negado la posibilidad de defenderse mediante la apertura de un término probatorio expresamente establecido en la ley.

En el plano de las garantías constitucionales se sostiene por el letrado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 número 2, pues la autoridad no ha aplicado correctamente la normativa, discriminando a la recurrente en forma arbitraria, al dictar el acto impugnado, sin ningún fundamento válido, generando un trato desigualitario no amparado por el ordenamiento jurídico al privarle del derecho a probar su inocencia al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 inciso 2° de la Ley 18.883, así como también al no contener una explicación real y suficiente de la razón de la decisión adoptada, lo que en opinión del letrado constituye una discriminación arbitraria, atribuyéndole a la recurrida el acto de haberse constituido en una comisión especial. Este actuar ilegal y arbitrario vulnera además, según el letrado, el derecho de propiedad, garantía contemplada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política, específicamente en relación al derecho a la continuidad de los servicios y las remuneraciones propias del cargo del recurrente por cuanto la modificación de funciones no está entregada a la discrecionalidad de la administración, sino a la determinación de la ley, tal como lo dispone el Estatuto Administrativo al señalar que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, derecho que también está contemplado en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el apartado sobre la Carrera Funcionaria, artículo 48, manifestando en este sentido que la recurrida ha privado al recurrente de la legítima expectativa que tenía de obtener sus remuneraciones hasta el cese natural de su nombramiento y no verse privado de las misma y de su trabajo por un actuar ilegal y arbitrario. Finalmente, sostiene que el acto impugnado es ilegal y arbitrario al no dar cumplimiento con las exigencias de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que exige en su artículo 11 inciso 2° a los Órganos de la Administración del Estado, entre ellos, la recurrida, fundamentar explícitamente “en el mismo acto administrativo” la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten a las personas y lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° de dicho cuerpo legal que ordena que debe ser fundada toda decisión del ámbito de las atribuciones propias de los órganos de la Administración, actuar que se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de nuestra Constitución.

Solicita se tenga por interpuesta la presente acción constitucional, se le otorgue tramitación y, en definitiva, se le acoja, disponiendo que la recurrida deberá dejar sin efecto la resolución impugnada por ilegal y arbitraria, resolviéndose la absolución del recurrente de los cargos formulados y, consecuencialmente, se ordene su reincorporación a funciones, debiendo restituírsele el pago de sus remuneraciones no percibidas, desde que se aplicó la medida de destitución, hasta su efectiva reincorporación, con especial condenación en costas. 2°.- Que, informa don nombre reservado, por la recurrida, Municipalidad de San Ignacio, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes.

En su informe se señala que el hoy recurrente, mientras se desempeñaba en funciones municipales, se encontraba con licencia médica folio N.º NUM001, por un período de 30 días, comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 3 de marzo de 2023, por enfermedad o accidente común, con reposo laboral total y lugar de reposo otro domicilio, expresamente indicado en el documento médico y que conforme al informe de verificación del Servicio Nacional de Migraciones y Policía Internacional, éste salió del país el 21 de febrero de 2023 con destino a la República Argentina, reingresando el 26 de febrero de 2023, sin contar con la autorización médica ni administrativa correspondiente para ausentarse del país durante su período de reposo laboral total, añadiendo que en el marco de la investigación sumarial respectiva, el funcionario reconoció los hechos señalando, entre otros argumentos que, la licencia médica es psiquiátrica, no está rechazada, ni tampoco tenía como finalidad salir del país; que, se encontraba afectado por cuadro de ansiedad derivada de estrés laboral y diferencias que se vivía en el lugar de trabajo y que, el exalcalde lo hizo víctima de malos tratos y persecución.

Junto con señalar la normativa aplicable en el caso, artículo 8 de la Constitución Política de la República, artículos 58 letra g), 120 y 123 de la Ley 18.883, Decreto Supremo N.º 3/1984, del Ministerio de Salud, y artículos 52, 55 y 56 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado afirma que son hechos debidamente acreditados que la licencia médica otorgada ordenaba reposo laboral total en domicilio señalado expresamente en licencia médica, extendida por médico cuya especialidad es psiquiatría; que el funcionario viajó al extranjero 20 días después de iniciada la licencia, sin contar con autorización médica; que su conducta fue confesada en declaración sumarial, todo lo cual consta en expediente sumarial decreto alcaldicio N.º NUM003, actuar el cual configura un incumplimiento grave de los deberes funcionarias, en cuanto quebranta el deber de observancia de la probidad administrativa y de respeto a las normas sobre licencias médicas, haciendo presente que la salida del país durante un período de reposo absoluto implica desobedecer las condiciones del beneficio y afecta directamente la fe pública y la confianza en la administración.

Se sostiene que al momento de evaluar los antecedentes aportados se tuvo a la vista el tipo de licencia médica, características del reposo, lugar de reposo, situación médica y contexto en el cual se da el reposo y el viaje realizado, por lo que la sanción aplicada resulta ser proporcional con el daño ocasionado a la fe pública.

Con relación al deber de fundamentación del acto administrativo, del cual en opinión del letrado del recurrente carecería el acto impugnado, la recurrida manifiesta que si existe evidencia del comportamiento criticado, de los cargos, de las normas infringidas, la norma relacionada con la conducta infringida, haciendo presente que el único cargo formulado es por falta grave a la probidad administrativa y que la propia resolución de fiscalía de fojas 55, dice explícitamente “cargo único”. Plantea que el acto administrativo fue debidamente fundamentado y motivado haciendo mención en sus vistos y considerandos, a disposiciones legales que han servido de sustento expresando las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión, garantizando la transparencia y el control del acto, mientras que la fundamentación se refiere a la cita de las normas jurídicas aplicables, mientras que la motivación es la explicación de los motivos específicos y las circunstancias particulares que conducen a la emisión del acto, permitiendo al ciudadano comprender y, en su caso, impugnar la resolución lo cual queda de manifiesto en la forma en que se entienden y como se aplica la fundamentación del acto.

Se estima que la sanción aplicada y su proporcionalidad es justa a los hechos investigados, al daño y la gravedad de la infracción, habiéndose resguardado la proporcionalidad en su aplicación de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 18.834, insistiendo en que el sumario administrativo que indagó los hechos materia de la investigación, se ajustó a la legalidad en todas sus etapas, respetándose los derechos fundamentales de los funcionarios, se recabaron todos los antecedentes necesarios manteniendo un equilibro en el proceso en todos los antecedentes indagados, tanto los que agravan como eximen de responsabilidad, lo cual da cuenta el expediente sumarial, por lo que no ha existido acto alguno durante la investigación o su resolución que dé cuenta de vulneración de derechos fundamentales consagrados y garantizados por la Constitución Política de la República, afirmando que el acto representado y que impuso la sanción de destitución, cumple con los requisitos de motivación y fundamentación establecidos en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, al expresar con claridad los hechos investigados y comprobados; la norma infringida y su relación con la conducta imputada; la valoración razonada de los antecedentes y la sanción aplicable conforme a la ley.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe solicitado y, en su mérito, se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por carecer de fundamento fáctico y jurídico, declarando que no ha existido acto arbitrario ni ilegal atribuible a la Municipalidad recurrida. 3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que el actor dedujo esta acción cautelar con la finalidad de impugnar el Decreto Alcaldicio NUM004 de fecha 22 de septiembre del año 2025, que denegó el recurso de reposición y confirmó la aplicación de la medida disciplinaria de destitución en contra del recurrente.

El reproche de ilegalidad y arbitrariedad, imprescindible para que prospere el recurso, lo hace consistir en haberse pronunciado la decisión sancionatoria en el marco de un sumario administrativo en que se omitió la apertura previa de término probatorio. 7°.- Que, es criterio reiterado de nuestros tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso. La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo. 8°. – Que, en armonía con lo considerado en el fundamento precedente, la acción constitucional de protección, es un medio idóneo para revisar aquellos procedimientos que, por vía activa o pasiva, puedan privar, perturbar o amenazar las garantías protegidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En efecto, la E. Corte Suprema ha declarado que, sin controvertir las facultades de la autoridad en el caso, ni observar las diligencias efectuadas en el curso del procedimiento administrativo, la instrucción de los sumarios debe condecirse con los principios generales del derecho, dentro del marco de la debida racionalidad del procedimiento. (Tal razonamiento ha sido recogido por el alto tribunal en causas Rol N° 25.381-2022, Rol N°49.509-2021 y 137.842-2022 en las que se han acogido acciones constitucionales de protección). 9°.– Que, dicho o anterior, corresponde indicar que la responsabilidad administrativa es aquella en que incurren los servidores públicos cuando sus conductas contravienes sus obligaciones o infringen prohibiciones propias de sus empleos o funciones. El empleado que infringe sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 118 de la Ley 18883.

A su turno, el artículo 123 del mismo cuerpo legal señala que la destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. 10°.- Que no aparece discutido en autos, que la dictación del decreto de destitución se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, de modo que dicho acto, en su emisión, no son ilegales o arbitrarios, pues se efectuaron por quien estaba facultado para hacerlo, esto es, por el Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio, en el marco de sus atribuciones legales, lo que implica que desde un punto de vista formal ha sido pronunciado dentro de la validez que la legislación otorga; no obstante, otra cosa es el contenido y fondo de las resoluciones en cuestión, circunstancia que debe ser revisada, dada la necesidad de controlar la actuación de la administración del Estado en el ejercicio de los actos en el que se concentran el poder público, es decir, aquellos que se basan en la capacidad de imponer efectos jurídicos sobre sus destinatarios, por sobre su voluntad o aquiescencia.

Además de los aspectos formales reseñados, los procedimientos y decisiones de la administración -como el sumario en que incide la resolución que motiva la presente acción cautelar- deben estar imbuidos de ciertos elementos, toda vez que "Si bien los actos administrativos existen desde que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3° de la Ley 19.880, esto no quiere decir que gocen de una validez indubitada. Si bien, según el propio artículo 3°, estos actos gozan de una presunción de legalidad, dicha presunción puede ser desvirtuada cuando el acto incumple alguno de los requisitos que la ley, y también la jurisprudencia, establecen para su validez". (El vicio de la desviación de poder en los actos administrativos. 2 edición, Thomson Reuters. 2023. Pág.). 11°.- Que dicho lo anterior, cabe analizar si el decreto alcaldicio fue dictado en su forma, en su fondo y en todo su mérito, con plena correspondencia con el ordenamiento jurídico y específicamente con aquellas normas que rigen la materia, esto es, si acaso el recurrente puede despojar de esa especial virtud presunción de legalidad a los actos recurridos y que se originaron a consecuencia del sumario que llevó a efecto. 12°.- Que, de lo expuesto por el recurrente en su libelo pretensor, se advierte que cuestiona tanto el decreto que dispuso la destitución del señor nombre reservado como aquel que rechazó el recurso de reposición respecto de tal decisión, por cuanto éstos derivarían de un procedimiento sumario administrativo viciado, en que no se respetó el debido proceso. 13°.- Que, un proceso sancionatorio es el conjunto de actos que realiza la administración pública para imponer una sanción a un particular o a una entidad por incumplir una norma legal o reglamentaria. Este procedimiento busca verificar la existencia de una infracción, dar la oportunidad de defenderse al presunto infractor, y si se comprueba la falta, aplicar una consecuencia legal, es decir una sanción. Ahora, para llevar adelante el proceso antes definido, es indispensable respetar el debido proceso, pues se trata de un mandato constitucional y una garantía de justicia y racionalidad que protege a las personas de la arbitrariedad estatal, como se desprende del artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución política de la República.

Al respecto, los autores Duce, Marín y Riego han sostenido que "la idea de debido proceso está constituida por un conjunto de parámetros o estándares básicos que deben ser cumplidos por todo proceso para asegurar que la discusión y la determinación de derechos que están en cuestión se haya realizado en un entorno de razonabilidad y justicia para las personas que intervienen en su desarrollo" (nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado: "Reformas a los procesos civiles orales: consideraciones desde el debido proceso y la calidad de información", p. 17).

Por su parte, de acuerdo al autor nombre reservado, también "... podemos definir un procedimiento administrativo sancionatorio respetuoso de la dignidad humana, como aquel que considera al ciudadano como un sujeto de derechos, que no puede ser utilizado como medio para conseguir fines políticos, bajo fundamento alguno, y que requiere para su materialización, del irrestricto respeto al derecho a formular peticiones, a ser oído y que su opinión sea debidamente considerada, a ser asistido por un abogado, a la revisión de la decisión por un superior jerárquico, a ofrecer y rendir prueba, y a iniciar un proceso para impugnar la decisión administrativa ante un tercero imparcial, imparcial e independiente.

Estas garantías son aplicables a cualquier procedimiento administrativo sancionatorio, teniendo en cuenta la grave afectación de derechos que puede implicar la aplicación de multas gravosas, o la privación de derechos, como la inhabilitación para conducir vehículos motorizados, la expulsión de una fuente de trabajo y la prohibición de volver al servicio público por un período largo de tiempo, entre otras". (nombre reservado, "Alcance de las garantías del debido proceso que debieran exigirse en el ámbito sancionatorio administrativo".

Academia Judicial Programa de extensión).

Es decir, un procedimiento administrativo sancionador, sea cual sea el estatuto orgánico o procedimental que lo defina, no puede jamás ser contrario al objetivo de protección que debe otorgar el Estado a la "dignidad humana", al ser éste un valor inherente e inviolable de toda persona, que fundamenta todos los derechos humanos. Y una forma de resguardar los derechos de las personas durante un procedimiento, es a través del respecto al debido proceso, lo que posibilita proteger así la dignidad, permitiéndoles defenderse. Ambas son piezas clave del Estado de Derecho, pues garantizan que todas las actuaciones públicas se realicen con respeto, imparcialidad y conforme a la ley. 14°. - Que, asentada someramente la doctrina sobre el derecho al debido proceso, se debe examinar si tal garantía se ha respetado en el procedimiento llevado a cabo en contra del recurrente.

Analizado el procedimiento sumario que dio origen a los decretos impugnados, no consta la apertura de un término probatorio, ni que al recurrente se le haya comunicado de un plazo para la aportación de prueba tendiente a fundamentar sus descargos. Tampoco existe certificación relativa a si ofreció o no prueba en apoyo de sus alegaciones. En este punto conviene destacar que uno de los elementos que contempla un debido proceso, es la apertura de un término probatorio, pues da garantía de defensa, es decir, permite a las partes presentar sus pruebas y argumentos, controvirtiendo en este caso los cargos del instructor en defensa de sus derechos; así como también da garantía de bilateralidad de la audiencia, por cuanto el desahogo de las pruebas debe ser un proceso dialéctico, donde el investigado tenga la oportunidad de actuar y reaccionar antelas imputaciones formuladas en su contra, ejercicio que en el fondo materializa el derecho a ser oído.

En el contexto descrito, la imposibilidad de presentar pruebas ante la falta de apertura de un término probatorio para defender su posición y probar los hechos por los cuales se le investigaba, implicó para el actor la conculcación de un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva y el debido proceso, omisión que se transforma en un vicio de forma o procedimiento que afecta la validez del acto, por causarle perjuicio como consecuencia de una situación de indefensión, lo que necesariamente llevar a la nulidad del acto administrativo, razón por la cual desde ya el recurso impetrado deberá ser acogido. 15°.- Que el vicio descrito importa una clara infracción al derecho al debido proceso administrativo, especialmente en lo concerniente a la posibilidad de una defensa efectiva. Lo anterior significa que dicha infracción ha producido la consolidación de una resolución y ésta confirmada por otra, que aplicó la más gravosa sanción administrativa que es la destitución de un funcionario sometido al derecho público, de manera que dicha sanción, de proceder, sólo puede ser el resultado de un procedimiento sometido a los máximos estándares del debido proceso, como ya se dijo en motivos anteriores, omisión que importa una violación de garantía constitucional de protección de los derechos del recurrente, que la transforma en arbitraria e injusta. 16°. - Que, por otra parte, el recurrente ha sostenido que la decisión edilicia, frente a casos similares, ha sido diversa, acompañando a folio 35, dos Decretos Alcaldicios, no objetados, de cuya lectura se desprende que, durante el mes de octubre de 2025, la misma autoridad municipal que ordenó la destitución del actor, revocó de destitución de otros funcionarios, con abundantes fundamentos, y respaldos probatorios expresamente citados, en sumarios instruidos por las mismas causales, esto es, casos de viajes al extranjero durante períodos de licencia médica.

Tales decisiones, en contraste con las aplicadas al actor, permiten establecer, en el contexto de esta acción constitucional, un vicio de arbitrariedad de los actos reclamados, desde que se aplican criterios sancionatorios diversos, a casos semejantes. 17°. – Que, así las cosas, puede concluirse que tanto el Decreto Alcaldicio N°6493, de fecha 21 de agosto de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, a don nombre reservado, así como el Decreto Alcaldicio NUM004 de fecha 22 de septiembre del año 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el inculpado en contra del primero, son ilegales por haber sido pronunciados en un procedimiento administrativo sancionador viciado, por la omisión del otorgamiento de un término probatorio, infringiendo con ello el inciso 2° del artículo 136 de la Ley 18883, y también la garantía del debido proceso, inserta en el numeral 3 del artículo 19 de la carta fundamental, que pese a no estar – en este aspecto- directamente tutelada por el recurso de protección, cumple acá un rol de norma adjetiva y reguladora del ejercicio del Ius Puniendi estatal.

Por otra parte, los actos recién singularizados son arbitrarios, en tanto difieren de aquellas decisiones adoptadas en los Decretos Alcaldicios 7959 y 8036 que rolan a folio 35, amagando la garantía de la igualdad ante la ley, ya citada.

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas el interpuesto por el abogado Rogers Mariangel Oviedo, en favor de don nombre reservado, en contra de la I.

Municipalidad de San Ignacio, representada por su alcalde don Patricio Suazo Romero, y en consecuencia se dispone: 1.- Dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio NUM002, de fecha 21 de agosto de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, a don nombre reservado, así como el Decreto Alcaldicio NUM004 de fecha 22 de septiembre del año 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la inculpada en contra del primero. 2.- Se ordena a la I. Municipalidad de San Ignacio, la reapertura del sumario ordenado instruir por Decreto Alcaldicio N.° NUM000, de 26 de mayo de 2025, respecto del recurrente de autos, a la fase indagatoria del mismo, en la que un fiscal no inhabilitado deberá abrir el término probatorio. 3.- Reintegrar a don nombre reservado, al cargo y condiciones que desempeñaba al momento de iniciarse la instrucción de sumario, sin perjuicio de las decisiones que a su respecto pueda adoptar dentro de sus facultades legales, el fiscal instructor.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del fiscal judicial subrogante Gabriel Hernández Sotomayor.

ROL 818 – 2025 Protección.