Protección contra Municipalidad de Bulnes

Chillán, nueve de agosto de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, profesora de Educación Física, quien recurre de protección en contra de la Municipalidad de Bulnes.

Fundamentando su presentación refiere que con fecha 13 de marzo del año 2018 la Comisión Médica Central le otorgó una pensión de invalidez definitiva total, cesando en sus funciones en el mes de septiembre del mismo año. Añade que la recurrida, su empleadora por más de 37 años, hasta la fecha se ha negado a cancelarle la indemnización por años de servicio, no obstante existir pronunciamiento favorable de parte de la Contraloría Regional de la República, entidad Estatal ante la cual se encuentra pendiente un segundo reclamo por la negativa dela recurrida.

Solicita se tenga a bien exigir a la Municipalidad de Bulnes proceder al pago de la indemnización por años de servicio a que tiene derecho.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa por la recurrida el abogado Andrés Suazo Sandoval, quien si bien reconoce que la recurrente ha sido beneficiara de una indemnización contemplada en el artículo 2° transitorio del Estatuto Docente estima que no le asiste el derecho reclamado, basado en que la normativa vigente en materia de terminación de la relación laboral del personal de que se trata, contenida en el artículo 72 de la Ley 19.070, no impone al empleador la obligación de pagar indemnización legal por años de servicios en el evento que el término de la misma se produzca por la causal existente, accediendo dicho personal sólo al beneficio remuneracional previsto en el artículo 149 de la Ley 18.833, conforme al cual declarada la salud irrecuperable de un docente, éste debe retirarse de la Corporación Municipal dentro de un plazo de seis meses, contado desde dicha declaración, período durante el cual no está obligado a trabajar, no obstante, la empleadora le debe pagar todas la remuneraciones correspondientes a su trabajo. Añade que tampoco le asistiría a los docentes de que se trata, la indemnización prevista en el artículo 2º transitorio del Estatuto Docente, ya que dicha indemnización, se entiende procedente por causal similar a la de necesidades de la empresa, prevista en el artículo 72 letra i) del Estatuto Docente, esto es, la supresión de las horas que sirvan, en conformidad con el artículo 22 del mismo cuerpo legal, por fijación o adecuación de la dotación docente fundada en el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. Plantea que lo sostenido precedentemente pugna con lo dispuesto en el artículo 161 bis del Código del Trabajo, que indica “a invalidez, total o parcial, no es justa causa para el término del contrato de trabajo. El trabajador que fuere separado de sus funciones por tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, con el incremento señalado en la letra b) del artículo 168”. Sin embargo, dicha pugna se resuelve con el principio de la especialidad de la norma, en virtud de lo establecido en el artículo 1° del Código del Trabajo, y a su vez, por la jurisprudencia administrativa donde la Dirección del Trabajo, comparte el primer planteamiento en ORD: Nº 2728-038 de fecha 18 de junio de 2018.

Sostiene que no obstante lo expuesto, la situación planteada en el presente recurso fue resuelta por el Órgano Fiscalizador, cuya decisión el Sr. Alcalde decidió acatar sin recurrir, sin embargo, el Departamento de Educación de la Municipalidad de Bulnes no cuenta con los recursos frescos para proceder al pago inmediato de la indemnización de la recurrente, haciendo presente que el Alcalde hizo las gestiones necesarias para solicitar anticipo de subvención para el pago de indemnizaciones por término de vínculo laboral, las que espera se concreten con prontitud para dar cumplimiento al pago de la indemnización alegada.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y de lo contenido en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y al Acta N°94-2015 y sus modificaciones pronunciada por la Excma. Corte Suprema, se tenga por informado el recurso de protección interpuesto.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que la recurrente solicita, en definitiva, el pago por los recurridos de la indemnización establecida en el artículo 2° transitorio de la ley 19.070.- 7°.- Que consta de los antecedentes del proceso, especialmente de lo informado por la Municipalidad de Bulnes al Contralor Regional de Ñuble con fecha 25 de junio de 2019 mediante oficio 467/2019, que se están actualmente realizando las diligencias pertinentes para obtener el anticipo de subvenciones para pagar la indemnización correspondiente a la recurrente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 20.159.

8°.- Que la Contraloría Regional de Ñuble a través de su dictamen 431 de 14 de febrero de dos mil diecinueve, dispuso que la recurrente cumple con los requisitos para acceder a la indemnización prevista en el artículo segundo transitorio de la ley 19.070.

9°.- Que del mérito de los antecedentes acompañados aparece que la recurrida, no obstante lo dispuesto en el dictamen citado en el motivo anterior, no ha dado cumplimiento al pago de la indemnización a que tiene derecho la recurrente, sin perjuicio de las diligencias que señala ha desarrollado, razón por la cual, el recurso deberá necesariamente ser acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Bulnes, debiendo ésta dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el dictamen 431 de fecha 14 de febrero último, a la mayor brevedad, debiendo informa a esta Corte al más breve plazo, del correspondiente pago a la recurrente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Guillermo Arcos Salinas.- ROL 817-2019-PROTECCION.- 4