nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (LOTERIA DE CONCEPCION

Chillán, veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Comparece doña nombre reservado, doctora en nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Universidad de Concepción, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su rector don nombre reservado, profesor, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber sido determinado su despido y su causal por una comisión especial denominada Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola, afectándose las garantías del artículo 19 n°2 y 19 n°3 inc. 5° de la Carta Fundamental.

Expone como fundamentos de hecho de la acción por ella interpuesta que, con fecha 29 de agosto de 2023 se le entregó una primera carta de despido por parte de la Dirección de Personal de la Corporación Universidad de Concepción, fundándose en que, el Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola, de fecha 09 de agosto de 2023, con un determinado grupo de profesores, que expusieron testimonios y dieron por ciertos por sí y ante sí hechos atribuibles a terceros sin investigación previa y sin dar opción para defensa o exposición de argumentos por su parte, decidieron su despido. Luego, esto quedó en suspenso, por la aplicación del fuero maternal aplicado en conformidad al código del ramo, iniciándose una acción de desafuero, por la recurrida, la cual terminó con su desistimiento con fecha 03 de julio de 2024. Misma fecha en que, se le entrega nuevamente una carta de despido, con los mismos fundamentos de hecho de la carta anterior, invocando la causal del artículo 160 n°7 del Código del Trabajo.

De lo anterior, señala, surge la afectación a sus derechos fundamentales, pues la recurrida no se sujetó siquiera a su reglamentación interna, habiendo instruido en primer término una investigación sumaria en su contra, Acta 005-2023, de fecha 2 de agosto de 2023, del Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola; sumario que fuera dejado sin efecto, Acta 006-2023, de fecha 9 de agosto de 2023, del mismo órgano, donde por “nota D-279-2023” se indica que por acuerdo unánime del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Agrícola, se solicita gestionar la desvinculación directa, dejándose sin efecto el proceso de investigación.

Señala que es el Rector quien envía carta a la Dirección de Personal solicitando se deje sin efecto la investigación ordenada y se proceda arbitrariamente y sin haber respetado el debido proceso ni haber dado la posibilidad de conocer los hechos y defenderse, de su despido directo. No tuvo su parte, conocimiento del inicio de una supuesta investigación y todo el proceso de toma de decisiones llevadas a cabo de forma reservada por el Consejo Directivo Extraordinario y sólo se entera una vez que la recurrida acompañó dichos documentos como medio de prueba en el procedimiento laboral por desafuero maternal. La recurrida se desentiende de sus propios actos, cuando en primer lugar ordena una investigación y luego la deja sin efecto, lo que sería vulneratorio del artículo 79 del Reglamento de Personal.

Sostiene que los académicos se someten a la potestad disciplinaria de la Universidad, siempre que ésta se aplique en conformidad al correspondiente Reglamento; que en el caso, una comisión especial se arrogó potestades no contempladas en ninguna norma, determinando la efectividad de hechos, sin mediar investigación ni prueba, dejando sin efecto posteriormente el inicio del procedimiento, contra toda garantía de un debido proceso, toda vez que ningún reglamento permite su conclusión prematura, por decisión de un Consejo Directivo Extraordinario de Facultad convocado al efecto de determinar si se le debe despedir y por cuál causal o motivos, saltándose todo tipo de investigación interna, dando por hecho dichos de terceros sin respaldo fáctico, incluso haciendo referencia a eventos ocurridos años atrás, que ya habían sido objeto de distintas resoluciones.Luego, dicho consejo no tiene facultades disciplinarias ni investigativas puesto que, por su naturaleza, tiene competencias sólo en el ámbito académico, teniendo en consecuencia, como única finalidad discutir en este caso la forma de expulsarle de la institución.

Como fundamentos de derecho, refiere que, el que se haya constituido la comisión denominada Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola para efectos de determinar su despido, constituyéndose en juez y parte de los hechos supuestamente atribuibles a su persona sin mediar una investigación para despedirle directamente, constituye un acto arbitrario e ilegal; arbitrario, ya que, la misma recurrida actúa como juez y parte a través del Consejo Directivo Extraordinario, quien actúa fuera del ámbito del Reglamento de Personal y el Reglamento de Investigaciones Administrativas, vulnerándose el derecho a ser oído, presentar defensa y ser juzgado en un tiempo prudente.

Así las cosas, estima vulneradas las siguientes garantías constitucionales: la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 n° 2 de la Carta Magna, en el sentido que, la recurrida hace una diferencia arbitraria acerca del procedimiento investigativo que realiza para con otros trabajadores de la Corporación que se han encontrado en la misma situación; el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del artículo 19 n° 3 inciso 5°, de la norma citada, pues por medio de una comisión extraordinaria invocada al efecto se lleva a cabo la determinación de iniciar, para luego suspender y despedir, habiendo determinado hechos por sí y ante sí, lo que debería haberse realizado por una autoridad universitaria a la que sí se le habían otorgado facultades disciplinarias, por contrato laboral, cuál era el fiscal determinado por el Reglamento de Investigaciones Administrativas.

Finaliza solicitando a esta Corte acoger la presente acción, declarando arbitrario e ilegal el acto de la recurrida y se ordene retrotraer los actos al estado anterior de su realización, hasta el momento en que sus derechos comenzaron a verse afectados, cual sería volver a ejercer sus labores académicas en la repartición a la cual se encuentra adscrita o lo que se estime como medida para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

2°.- Que, al informar el abogado Javier Troncoso Falgerete, en representación de la Universidad de Concepción, plantea en primer término, que al tenor del libelo, no existen actos ilegales y arbitrarios de su parte, que permitan dar lugar al recurso de protección interpuesto.

Expone que, en sesión del Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola, de 2 de agosto de 2023, la Decana y los otros asistentes se refirieron a las dificultades que la recurrente había presentado con sus estudiantes. Luego, por carta de la Decana de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, de 4 agosto de 2023, D.272-2023, enviada al Rector se le remite el acta del Consejo Directivo Extraordinario de la citada Facultad y se pide la realización de una investigación administrativa en su contra y del Profesor nombre reservado. Posteriormente con fecha 9 de agosto de 2023, en Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola el Profesor Pedro Aqueveque, en calidad de ex Jefe de la Carrera de Ingeniería Ambiental, expuso su testimonio en relación al rol docente de la recurrente, relatando que existían múltiples reclamos por parte de sus estudiantes, entre otros, por desorganización de sus asignaturas, por cambiar porcentajes de evaluación de manera unilateral y arbitraria, porque sus evaluaciones se alejan de los contenidos vistos en clase, por mostrar distinciones o preferencias con determinados estudiantes en desmedro de otros, por falta de disponibilidad para atención de alumnos, por no revisar evaluaciones, entre otros reclamos. En esa reunión se dan a conocer otros hechos y se ratifican los de la anterior reunión. En consecuencia, por acuerdo unánime del Consejo Directivo Extraordinario, por carta de la citada decana, de fecha 11 de agosto de 2023, D.279-2023, enviada al Rector, se solicita la desvinculación de la recurrente.

De lo anterior, el rector acoge la solicitud, nota de Rectoría 85-2023, de 11 de agosto de 2023, emitida a la Directora de Personal, dejándose sin efecto lo anterior, no habiéndose iniciado investigación alguna. Luego, con fecha 29 de agosto de 2023, por Nota DIP 2023-207 de la Dirección de Personal se puso término al contrato de trabajo de doña nombre reservado por la causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

Refiere que, con fecha 8 de septiembre de 2023 se interpuso demanda de desafuero contra la recurrida, causa RIT O-461-2023, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, y habiéndose acompañado en la contestación un certificado que ya no se encontraba embarazada, la Universidad se desiste de la demanda con fecha 03 de julio de 2024. Con la misma fecha, por Nota DIP 2024-162, la Dirección de Personal puso término al contrato de trabajo de la recurrente por la causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, teniendo en cuenta que al momento del anterior despido la recurrente se encontraba con fuero maternal por embarazo.

Por otro lado, niega lo señalado en el libelo, a propósito de la obligación de realizar una investigación investigativa, en concordancia con los artículos 79 y 76 del Reglamento de Personal que cita y transcribe. Por consiguiente, sostiene que, el Rector puede ordenar de manera excepcional la realización de una investigación administrativa de forma previa a la terminación del contrato de trabajo, siendo facultativo para éste hacerlo o no, en consecuencia, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Agrícola, actuó dentro de sus facultades, pues, si puede pedir una investigación como plantea la recurrente, entonces también puede pedir la desvinculación, todo al Rector, quien tomará una decisión, que, en este caso, fue el despido y no una investigación, actuando así, en conformidad a los reglamentos universitarios, por otra parte, si se estima que su despido es injustificado, tendrá que presentar la demanda laboral ante el tribunal competente para que así se establezca.

Así las cosas, en cuanto a los supuestos derechos vulnerados, no es efectivo que haya existido alguna diferencia arbitraria en perjuicio de la recurrente, señala que, no ha sido discriminada, se le ha dado el mismo trato que a cualquier otra persona en las mismas circunstancias; el Consejo Directivo Extraordinario de la Facultad de Ingeniería Agrícola ha actuado dentro de sus competencias y la petición al Rector contaba con numerosos antecedentes, y hechos, todos expuestos en la carta de despido, correspondiéndole a él tomar la decisión, desde el punto de vista reglamentario, y así fue como optó por la desvinculación.

Concluye, en mérito de lo expuesto, solicitando a esta Corte tener por evacuado el informe, y rechazar la presente acción constitucional en todas sus partes, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que conforme lo expuesto en los artículos 76 y 79 del Reglamento de Personal, de la Universidad de Concepción que se acompaña, se señala, en el primero de ellos que: “El trabajador o trabajadora que infringiere sus obligaciones o deberes, que impida u obstaculice el normal funcionamiento de la Universidad, que atente contra sus bienes y que contraviniere las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias vigentes, podrá ser objeto de la aplicación de una sanción administrativa, la que dará origen a una investigación administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 79 y siguientes del presente Reglamento. La sanción administrativa, es una medida disciplinaria que aplica el superior facultado para ello, al trabajador o trabajadora dependiente de la Corporación que hubiere incurrido en responsabilidad originada por alguna de las actuaciones señaladas en el inciso precedente, siendo esta independiente de la responsabilidad civil y/o penal que pudiere afectarle derivada de los mismos hechos”.

Por su parte el artículo 79, del mismo reglamento, expresa que: “La terminación del contrato de trabajo del personal de la Universidad se regula por las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias. Excepcionalmente, el Rector podrá disponer que previo a poner término a un contrato de trabajo, se realice una investigación”.

Conforme a las disposiciones señaladas, queda de manifiesto que el Rector de dicha casa universitaria, puede ordenar de manera excepcional la realización de una investigación administrativa de forma previa a la terminación del contrato de trabajo, pero no está obligado a hacerlo, pasando a tener la investigación un carácter de facultativa.

7°.- Que asimismo, conforme los documentos acompañados consta que con fecha 03 de julio de 2024, la Dirección de Personal de la Universidad de Concepción, puso término al contrato de trabajo de la recurrente doña nombre reservado por la causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato” por los hechos y argumentos contenidos en la citada carta de despido.

8°.- Que, de la lectura del recurso incoado, de lo informado por las recurridas, y de los documentos acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no aparece que los actos denunciados como arbitrarios o ilegales, tengan tal calidad por lo que, no habiéndose justificado la existencia de un acto o una omisión que revista el carácter de arbitrario o ilegal atribuido a la recurrida, la presente acción debe rechazarse.

9°.- Que, si las acciones imputadas por la actora a la contraria merecieren algún reproche, en todo caso esta acción constitucional no resulta la vía idónea para resolver tal disputa, ya que la parte que recurre carece de un derecho indubitado y tiene otros medios que utilizar para intentar solucionarlos en la sede que corresponde a la materia de que se trata, esto es, el juzgado de letras del trabajo.

10.- Que, atendido lo concluido precedentemente, es innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 n°2 y 19 n°3 inc. 5° de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Alonso Álvaro Vergara Rebolledo y Luciano Esteban Alarcón Gutiérrez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Concepción Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Juan Pablo Ortega Arroyo.

Rol N°813–2024 PROTECCIÓN.