nombre reservado con SERVICIO DE SALUD DE ÑUBLE

Chillán, dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, chileno, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección contra el Hospital Local de Bulnes de nombre “Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes” dependiente del Servicio de Salud Ñuble representado por su directora nombre reservado y en contra de la Fiscalía Local de Bulnes representada por su Fiscal Local Sr. Rolando Canahuate Ronda, o quienes representen legalmente a los servicios públicos aludidos, por vulnerar éstos con su actuar, las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Señala que se desempeña como funcionario en Gendarmería de Chile, en el Centro Penitenciario de la comuna de Yungay y que el pasado 30 de mayo del año en curso, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, realizó diversas llamadas telefónicas a su madre durante la mañana, como habitualmente lo hacía para consultar por su estado de salud. Al no ser contestados sus llamados, pidió a una vecina fuera a visitar a su madre, la que luego de hacerlo le indica que debe concurrir de inmediato al domicilio. Luego lo llama otro vecino para avisarle el fallecimiento de su progenitora.

Al llegar al domicilio de ésta, se encuentra con su pareja, quien le señala que Carabineros había hecho ingreso al domicilio por los llamados de vecinos y que habían indicado que se descartaba la participación de terceros en el deceso. Se hizo presente los antecedentes médicos de su madre, especialmente el historial de enfermades crónicas que padecía -detallados en su presentación- y avisado el Fiscal de Turno señor Juan Rohr Bocaz, decidió no instruir servicios especializados como Brigada de Homicidios o pericias del Servicio Médico Legal, ordenando solamente se emitiera certificado de defunción.

Posteriormente, se constituyó en el lugar, el Técnico en Enfermería de Nivel Superior, nombre reservado, del Hospital de Bulnes, con la finalidad de constatar el fallecimiento, quien luego de la diligencia se retira del lugar iniciando el recurrente los trámites funerarios.

Agrega que el dispositivo médico, extendió el mismo día un Dato de Atención de Urgencia (DAU) N° 3657552, donde se estableció que la causa de muerte de su madre es “desconocida”. Misma causa se consignó en Certificado Médico de Defunción y Estadística de Mortalidad Fetal, otorgado por la médico nombre reservado el mismo día.

Sostiene que la situación descrita le ha impedido realizar el cobro de seguro contraído con “Vida Security”, donde mantenía un Plan Familiar Tradicional desde el año 2001, número de póliza 8257076, donde figuraban como beneficiarios su madre y el mismo. Desde la aseguradora le manifestaron que el trámite para hacer efectivo el monto asociado al seguro, exige que se extienda el Certificado de Defunción otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, al extender dicho certificado le comunican que no es posible realizar el pago por concepto de seguro y en definitiva la liquidación del siniestro toda vez que la causa de muerte plasmada en el mismo certificado no lo permite y que debe dirigirse al centro hospitalario local para aclarar la situación.

Frente a dicha exigencia se comunicó vía correo electrónico con la aseguradora indicando que el certificado ya se había extendido así y no se podía cambiar, obteniendo como respuesta que la liquidación de la póliza se encuentra pendiente en espera de antecedentes y/o documentos.

Posteriormente se dirigió al Hospital de Bulnes el día 03 de julio, donde se entrevistó con la Subdirectora Médica, doña nombre reservado, quien señaló que el requerimiento para realizar la modificación de certificado de defunción se puede gestionar solo si lo instruye la Fiscalía local respectiva. De manera que se dirigió a la Fiscalía Local de Bulnes, a solicitar información, ahí le dieron el contacto telefónico del fiscal a cargo señor Juan Rohr Bocaz, quien al comunicarse le indicó que no puede ayudarlo porque no lo conoce.

En cuanto al derecho, señala que los hechos descritos, atentan directamente contra las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la integridad psíquica y derecho de propiedad.

Finaliza solicitando a esta Corte, se ordene a la Fiscalía Local de Bulnes informar lo relativo a los hechos ocurridos el día 30 de mayo del presente año, que dicen relación con el hallazgo de cadáver de su madre al interior de su domicilio, según la información recibida por el Personal Policial del Retén Santa Clara, dependiente de la 3° Comisaría de Bulnes, estando de turno el Fiscal Sr. Juan Rohr Bocaz, quien fue contactado por el Sargento 2° nombre reservado y los cursos de acción tomados en base a sus protocolos; se ordene instruir a la Fiscalía Local de Bulnes o el organismo que corresponda, que ejecute los cursos de acción necesarios consistentes en consignar la causa de muerte de su madre en base a sus enfermedades diagnosticadas y de esa forma eliminar la causa desconocida de muerte, sin tener que recurrir a la exhumación del cuerpo; se ordene al Servicio de Salud Ñuble y/o al Hospital Local de Bulnes informar en relación a los hechos ocurridos el día 30 de mayo del presente año, que dicen relación con el fallecimiento de su madre nombre reservado y los cursos de acción tomados en base a sus protocolos; y, se ordene a la 3° Comisaría de Bulnes informar cual fue el procedimiento adoptado por el personal policial el día 30 de mayo del 2024, a cargo del Sargento 2° nombre reservado, los cursos de acción tomados en base a sus protocolos y las instrucciones recibidas por parte del Fiscal de turno.

2°.- Que, informa el Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Bulnes, don Rolando Canahuate Ronda, quien expone que como lo relata el propio recurrente, la señora nombre reservado fue encontrada por una vecina, fallecida en su domicilio, concurriendo funcionarios del Retén Santa Clara, destacamento dependiente de la 3° Comisaría de Bulnes, quienes descartaron la participación de terceros, ya que no existía ningún indicio en el domicilio o cuerpo, que hiciera presumir la participación de terceros en el fallecimiento, ni ninguna sospecha o denuncia de vecinos o familiares sobre que la causa de muerte se debía a causas no naturales. Siendo en concreto un hecho atípico. A dicho lugar también concurrió un técnico en enfermería del Hospital de Bulnes, con la finalidad de constatar el fallecimiento, sin que reportara presunción o sospecha de que el fallecimiento se debía a causas no naturales. A mayor abundamiento, en su recurso el recurrente no cuestiona que el fallecimiento de su madre se deba a causas naturales, señalando expresamente las diversas enfermedades crónicas que ella padecía.

Manifiesta que el Decreto 460 que aprueba el reglamento sobre extensión de certificado médico de defunción, vigente a la fecha, restringe la intervención del organismo investigador (en la época de publicación del decreto el Juzgado del Crimen) sólo cuando exista presunción que el fallecimiento se deba a causas no naturales, así el artículo 5 inciso segundo señala: “si el médico presumiere que el fallecimiento se debe a causas no naturales, se abstendrá de dar certificado alguno y notificará este hecho al director del hospital base del área, quien a su vez denunciará el hecho al juzgado del crimen respectivo”. En base a ello, constatado el fallecimiento de la señora nombre reservado por causas naturales, el fiscal de turno no instruyó diligencias investigativas, en particular no instruyó autopsia al Servicio Médico Legal, ya que el artículo 199 inciso segundo del Código Procesal Penal, circunscribe la instrucción de realizar una autopsia a la investigación de un hecho punible. Añade que el referido Decreto 460 establece expresamente la posibilidad que el médico se niegue a emitir el certificado de defunción, en caso de no contar con antecedentes para determinar la causa de muerte, en cuyo caso la verificación de la muerte se establecerá por 2 o más testigos ante el oficial del Registro Civil, omitiéndose la causa de muerte.

Hace presente que la función constitucional del Ministerio Público es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, lo que a contrario sensu, le inhibe de investigar o conocer de otras materias no referentes a hechos constitutivos de delito, como lo es, determinar la causa de muerte natural de una persona, por lo que no existe por parte del Ministerio Público un acto u omisión ilegal o arbitrario, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del recurrente, por lo cual solicita el rechazo de la acción de protección.

3°.- Que, informa el abogado Marcelo Reyes Rivera, en representación del Servicio de Salud Ñuble y Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes, e indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 199 inciso segundo del Código Procesal Penal, la autopsia médico legal tiene lugar cuando existe la sospecha de una muerte no natural, producto de la intervención de terceras personas y que es el fiscal correspondiente quien debe ordenar se realice esa autopsia, hecho que ratifica el artículo 201 del mismo cuerpo normativo. En el caso de autos, el Hospital de Bulnes no recibió ninguna instrucción de fiscalía para la realización de una autopsia médico legal. Por lo demás, cuando es procedente la realización de una autopsia, estas son practicadas por el Servicio Médico Legal, toda vez que el establecimiento dependiente del Servicio de Salud Ñuble, Hospital de Bulnes, no cuenta con la capacidad técnica de realizarlas, ya sea en cuanto a infraestructura como a personal capacitado para ello.

Hace presente que cuando una persona fallece en un establecimiento asistencial y existe interés en saber la causa del deceso, por causas de salud pública, el médico tratante puede solicitar la realización de una autopsia médico-clínica a la unidad de anatomía patológica.

En cuanto al certificado médico de defunción, explica que dicha materia se encuentra regulada en el Decreto N° 460 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial del 18 de julio de 1970. Al respecto, cita las diversas situaciones que establece la norma respecto de la emisión o negativa del referido certificado y hace presente que la normativa en comento autoriza al médico a extender un certificado médico negativo de defunción cuando no le consten las causas del fallecimiento ni tenga antecedentes suficientes para extenderlo. En tal caso, la verificación del fallecimiento deberá realizarse ante el Registro Civil, mediante la declaración de testigos, en cuyo caso se omite señalar la causa de muerte, como indica el Decreto N.º 460 en comento. Por lo que en la práctica, con el fin de evitar el trámite administrativo antes señalado, existiendo antecedentes médicos previos y con la certeza de que no existe intervención de terceros, por ejemplo, mediante la constatación que hace carabineros en el lugar, como es el presente caso, se ha recomendado al médico extender el certificado médico de defunción con causa indeterminada, tal como lo señala el Decreto N.º 460 para el caso de la inscripción ante el Registro Civil mediante testigos, ante la negativa del médico a extender el certificado médico de defunción.

Conforme a lo anterior expone que ni el Servicio de Salud Ñuble ni el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes han incurrido en acto u omisión alguno que pudiere afectar garantías constitucionales, al carecer de elementos de arbitrariedad y al haberse actuado con estricto apego a la normativo vigente.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe y rechazar la presente acción en todas sus partes con expresa condena en costas.

4°.- Que, con fecha 27 de agosto pasado se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver, mediante la cual se dispuso oficiar al Director del Hospital de Bulnes, requiriendo informara y clarificara el procedimiento conforme al cual se emitió el certificado médico de defunción de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, remitiendo los antecedentes que obraran en su poder.

5°.- Que, analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que, de los antecedentes allegados al recurso aparece que la señora nombre reservado, -madre del recurrente- falleció en su domicilio ubicado en la ciudad de Bulnes el día 30 de mayo de 2024, consignándose en el certificado médico de defunción, suscrito por la doctora nombre reservado, “causa desconocida”, misma anotación que se efectúa en el certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

9°.- Que, el registro de la causa de muerte de la señora nombre reservado como “desconocida”, ha ocasionado al recurrente don nombre reservado, una serie de inconvenientes, por un lado, ignorar el real motivo del fallecimiento de su madre, y por otro, dificultades vinculadas a la gestión de trámites de carácter civil que requiere realizar ante el deceso de su familiar.

En tal contexto, el recurrente ha acudido tanto al Ministerio Público como a las autoridades sanitarias a fin de obtener se consigne en el certificado de defunción la causa de muerte de su madre en base a sus enfermedades diagnosticadas, eliminando la “causa desconocida”, sin tener que exhumar el cuerpo, sin embargo, sus gestiones han sido desestimadas.

10°.- Que, el artículo 141 del Código Sanitario prohíbe inscribir en el Registro Civil las defunciones e inhumaciones de cadáveres si no se justifican previamente las causas del fallecimiento mediante un certificado del médico que lo asistió en la última enfermedad.

A falta de éste -indica la norma- que corresponderá extender dicho certificado al Servicio Nacional de Salud en las condiciones que determine el Reglamento.

Por su parte el Decreto N° 460 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial del 18 de julio de 1970, que aprueba el Reglamento sobre extensión de certificado médico de defunción, establece la oportunidad, forma y profesional habilitado para emitir el aludido documento.

11°.- Que, del dato de atención de urgencia de fecha 30 de mayo de 2024, suscrito por la doctora nombre reservado, aparece que fue el TENS nombre reservado, quien acudió al domicilio de la señora nombre reservado a constatar su fallecimiento, que el funcionario de Carabineros nombre reservado, fue quien certificó que no hubo intervención de terceras personas; y que, a través de Carabineros la médico tomó conocimiento que el fiscal Juan Rohr indicó que se realizara certificado de defunción, descartando la necesidad de autopsia, realizando la profesional el certificado de defunción por fallecimiento de causa desconocida. En el reseñado DAU, se consigna además, que al momento de emitir el aludido certificado la profesional no contaba con la cédula de identidad de la paciente, emitiéndolo en base a los datos DAU y Rayen.

12°.- En relación a las condiciones y contexto en que se emitió el certificado médico de defunción, en los antecedentes allegados al cumplir la medida para mejor resolver, consta que en correo electrónico de 21 de agosto pasado, la Dra. nombre reservado, Subdirectora Médica Hospital Comunitario de Salud Familiar Bulnes, expresa que “como médicos de turno muchas veces se nos solicita realizar el certificado de Defunción de un paciente fallecido en Domicilio. La mayoría de las veces esto es posible y se desarrolla sin inconvenientes cuando es un paciente que conocemos y que mantenía controles vigentes en nuestro centro de Salud. Lamentablemente no es siempre el caso, dado hay usuarios que no cuentan con atenciones hace >1 año, o incluso nunca han sido atendidos en urgencias o policlínico de nuestro Hospital. En esas circunstancias, nos vemos expuestos a una dificultad, dado que pese a intentamos buscar y recabar toda la información clínica relevante necesaria con tal de poder establecer una causal de muerte, pocas veces esto no es posible pese a intentar reconstruir una historia clínica por terceras personas. Es ante estas situaciones, donde desde Fiscalía de turno se nos insta a confeccionar de todas formas el certificado de defunción, dado que en caso de negarnos a hacerlo, se debería instruir una autopsia, la cual ellos y el Servicio de Salud reservan para muertes traumáticas o con evidente acción de terceros. Esta necesidad se ha planteado en reuniones de Médicos EDF con SDGA del SSÑ, donde no han dado solución, dado que nuestra región no cuenta con la prestación de autopsia clínicas, por lo cual se nos indicó llenar el Certificado de Defunción con causa de muerte: desconocida”.

Añade la doctora nombre reservado “que en entrevista con el hijo de la persona fallecida explico que esta situación se produce netamente porque no se nos resguarda como médicos para poder abordar situaciones en las que no podemos asegurar la causa de muerte, y al mismo tiempo se nos obliga a llenar el certificado cuando el fiscal descarta mayor investigación. Él por su parte me comenta que al tener este diagnóstico no puede cobrar un seguro de vida asociado, lo cual hace aun mas lamentable la situación. Le sugerí canalizar directamente con fiscalía.”

13°.- Que, de lo que se viene exponiendo, aparece que la situación que denuncia el actor, excede el ámbito de la presente acción cautelar de urgencia, toda vez que esta Corte carece de atribuciones para ordenar modificar la causa de muerte consignada en un certificado de defunción emitido un profesional médico.

14°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, no pueden soslayarse las situaciones que incidieron en la emisión del certificado médico de defunción de la señora nombre reservado, en especial, que ni un fiscal ni un médico concurrieron al domicilio donde se encontraba la persona fallecida, sin perjuicio de lo cual, el fiscal señor Rohr descartó la realización de una autopsia, disponiendo la emisión del certificado médico de defunción, generándose así una situación en la que tal como lo expresa la doctora nombre reservado, los profesionales no pueden asegurar la causa de muerte, asunto que como facultativos han advertido a la autoridades correspondientes.

15°.- Que, en atención a lo recientemente analizado, no resultando el recurso de protección la via idónea para acceder a la pretensión del recurrente, debe desestimarse la acción cautelar deducida.

Sin perjuicio de lo anterior, se estima pertinente remitir el presente fallo a la señora Fiscal Regional y a la señora Directora del Servicio de Salud de Ñuble, para los fines legales pertinentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el interpuesto por don nombre reservado contra el Hospital Local de Bulnes dependiente del Servicio de Salud Ñuble y en contra de la Fiscalía Local de Bulnes.

De conformidad a lo razonado en los basamentos 14° y 15°, remítase el presente fallo a la señora Fiscal Regional y a la señora Directora del Servicio de Salud de Ñuble, para los fines que estimen pertinentes.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción de la Ministra Paulina Gallardo García.

ROL N° 812-2024– PROTECCIÓN.- 2