Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece la abogada doña Maritza Grobier Vásquez, cédula nacional de identidad NUM000, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien en representación de don nombre reservado, Chileno, cesante, cédula nacional de identidad NUM001, domiciliado en domicilio reservado, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), RUT: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad NUM002, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, por el accionar ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta NUM003, que confirma el rechazo del pago de licencias médicas Nros.: NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, extendidas por un total de 330 días a contar del 31 de enero de 2022, resolución exenta que, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado, constituyéndolo en un acto arbitrario e ilegal que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, en especial el derecho a la vida y a la integridad psíquica y el derecho de propiedad, derechos de los cuales el recurrente es titular, y los mismos se encuentran cautelados por la acción de protección que aquí se impetra.

Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta, que el padecimiento del recurrente es de índole psicológico, y se empezó a desarrollar en el año 2020, a consecuencia de una serie de situaciones laborales que lo llevaron a un estado de desconfianza, pánico, angustia, miedo, inseguridad, y una suma de emociones negativas, por lo cual fue diagnosticado con: trastorno adaptativo crónico; trastorno por estrés post traumático incompleto; estrés psicosocial crónico (de origen laboral); personalidad con rasgos cluster c (anascasticos), haciendo presente que en el desempeño del cargo que el recurrente ejercía como Auxiliar Titular del Juzgado de Garantía de San Carlos, Ñuble, Corporación Administrativa del Poder Judicial, y siendo víctima de innumerables situaciones de acoso laboral por parte del administrador de dicho Tribunal, don nombre reservado, quien tuvo una reacción adversa a su persona por el nombramiento realizado por su superior jerárquico, la Jueza Presidente de ese tribunal, doña Claudia Gómez Valdés, lo que consta en el expediente del procedimiento administrativo rol I-7-2020 dirigido por el señor Fiscal Subrogante de la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán, lo que conllevó a la afectación directa de su estado de salud emocional-mental.

Señala que, como consecuencia de lo anterior, a fines del mes de octubre del año 2020, el recurrente se vio en la necesidad de acudir a médicos en el área psiquiátrica, presentando un total de 29 licencias médicas, de las cuales 15 fueron autorizadas por la COMPIN, y 14 fueron rechazadas, recurriéndose en esta oportunidad por 11 de ellas, ya que las otras 3 fueron autorizadas, pero sin derecho al subsidio.

Indica que, con motivo al rechazo de las licencias médicas, su representado interpuso los respectivos Recursos ante la COMPIN, los cuales fueron rechazados nuevamente, declarando para tal fin el no pago del derecho de subsidio por incapacidad laboral de las licencias médicas, por reposo injustificado, privándolo así, de percibir una suma de dinero que debió recibir por el período en que se encontró con reposo médico, en reemplazo de su remuneración mensual.

Señala que todas estas licencias médicas fueron todas emitidas por el mismo especialista clínico, el Doctor en Psiquiatría, don nombre reservado, quien emitió los respectivos informes médicos protocolizados complementarios acompañados a cada recurso de reposición que interpuso ante la COMPIN contra sus resoluciones de rechazo de primera instancia.

Expone que debido a la afectación de la salud mental del recurrente, en un principio estuvo acudiendo a consultas médicas con el doctor nombre reservado

Retamal, médico psiquiatra, quien le otorgó las dos primeras licencias médicas de 21 días cada una por una afección de índole laboral, aconsejándole acudir en diciembre 2020 a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para ingresar una denuncia individual por enfermedad profesional (esas licencias médicas fueron autorizadas de inmediato por la COMPIN).

Sin embargo, y atendido que el estado de salud mental del recurrente fue empeorando y deteriorándose con el pasar del tiempo, y como producto del acoso laboral que sufría en el tribunal en el que se desempeñaba como Auxiliar Titular, se fue sumergiendo en una situación sistemática y profunda de desconfianza, miedo, inseguridad, angustia y una suma de emociones negativas en su persona, hasta el punto de tenerle mucho terror y miedo al administrador de ese tribunal don nombre reservado, al extremo que ante su presencia, mensajes de whatsApps, emails o llamados telefónicos, su cuerpo comenzaba involuntariamente a temblar, sus manos sudaban, su boca se secaba, no le salían las palabras, teniendo mucho pánico a volver a trabajar en ese tribunal por miedo a ser nuevamente objeto de humillaciones reiteradas en público, vejámenes, maltrato laboral y psicológico en ese lugar por lo que necesitaba imperiosamente ser trasladado a cualquiera otra unidad judicial del país.

Explica que, a consecuencia de la situación laboral existente, su representado no podía volver a ese tribunal bajo ninguna circunstancia, mientras allí se encontrase trabajando su acosador, don nombre reservado, toda vez que en ese tribunal no estaban garantizados ni eran respetados sus derechos fundamentales.

Manifiesta que nunca fue la intención del recurrente perder la fuente laboral, y hoy en día, debido a todo lo acontecido, se encuentra cesante y sin el pago de los subsidios por incapacidad laboral de sus últimas 14 licencias médicas rechazadas por la COMPIN, 11 de las cuales se recurre mediante este acto, con la angustia además de saber que tiene que hacer el reintegro de esas sumas de dinero que en su momento percibió por concepto de las remuneraciones correspondientes en su calidad de funcionario judicial, en aquel entonces.

Desde otro ángulo hace presente que el recurrente ya no es funcionario judicial, por lo que no continuó presentando más licencias médicas a la COMPIN, y en la actualidad se encuentra sin trabajo estable, y aunado a ello, debe realizar el reintegro correspondiente a su ex empleador Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) de las sumas de dinero percibidas por concepto de remuneración, toda vez que la negación de la COMPIN al pago del subsidio por incapacidad laboral de esas catorce últimas licencias médicas provocó que no se le otorgase el debido subsidio impidiéndole a su ex empleador CAPJ cubrir financieramente esos meses en los que el recurrente estuvo con reposo médico.

Sostiene que la decisión de rechazo emitida por la recurrida, carece de todo fundamento, limitándose la recurrida a indicar que “el reposo no se encuentra justificado”; convirtiéndola en un acto ilegal y arbitrario, donde solo se fundamenta que: “…Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio…”, no bastando para la SUSESO, todos y cada uno de los antecedentes médicos presentados por el recurrente, que soportaban y avalaban la existencia de su patología, el tratamiento indicado y su grado de recuperabilidad, en especial atención el informe médico de fecha 09 de junio de 2025, emitido por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra tratante del recurrente; aunado a ello, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación.

Aduce que la Resolución Exenta recurrida de la SUSESO, constituye el citado acto ilegal y arbitrario desde que concluye que: “el reposo no estaría justificado”, fundándose – según se lee – en la misma resolución: “…Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, éstos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador.…”, (sin ni siquiera haber realizado peritaje previo). esta conclusión se basa, en que los antecedentes aportados por el recurrente, ya fueron evaluados y examinados por los especialistas de la recurrida y los mismos no permiten la posibilidad de una nueva evaluación, sin tomar en consideración el informe médico de fecha 09 de junio de 2025, emitido por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra tratante del recurrente, y, por este motivo, se persistió en el rechazo de las licencias médicas aquí recurridas.

Por su parte, el acto emanado de la SUSESO, carece de todo fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, constituyéndolo -y se repite- como un acto ilegal y arbitrario, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. La decisión fue dictada, prescindiendo de las conclusiones de los médicos tratantes, lo que es más grave, sin indicar las razones o fundamentos por los que los mencionados informes no les permiten establecer la incapacidad laboral, es decir, sin dar razón y fundamento de su decisión, y aunado a ello, sin valorar ni ponderar el informe médico de fecha 09 de junio de 2025, emitido por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra tratante del recurrente, lo que – inevitablemente – lo hace devenir en un acto arbitrario.

Sostiene, a mayor abundamiento, que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud del recurrente, desde que la COMPIN, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo N°3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud, norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o Compín a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Aduce que sin que existan otros antecedentes que hayan podido tener a la vista la COMPIN y SUSESO, que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes y sin que – en lo pertinente al recurso de protección – indique en la resolución recurrida los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que el acto recurrido es arbitrario, agregando que los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación mental del recurrente hasta la actualidad, toda vez que se vio obligado a efectuar las reiteradas y desgastantes reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para costear su sostén y seguir cumpliendo con las responsabilidades propias de su vida familiar, significándole así, la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, encontrándose sobre endeudado, debido a todos los gastos y obligaciones propias del diario vivir, al no tener pago de sus remuneraciones por todo este tiempo (330 días), reiterando además, que debe reintegrar las sumas de dinero percibidas por concepto de remuneración a la corporación administrativa del poder judicial, por cuanto era un funcionario judicial.

Concluye manifestando que el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas, además su ambigüedad, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones plausibles, limitándose la recurrida a efectuar cualquier tipo de evaluación médica mediante peritajes, que pudiesen haber ayudado a tener una mejor apreciación del estado de salud mental del recurrente.

En razón de lo anterior, pide tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAl (SUSESO), Persona Jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace legalmente, admitirlo a tramitación y, previos los trámites legales de rigor, en definitiva, se sirva acogerlo y, se declare que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales del recurrente, lo que fue supra señalado en subsidio, de aquellas otras garantías que SSa. Iltma., estime del caso concurrir de acuerdo a sus facultades conservadoras. 2°.- Que, informando el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicita el rechazo del presente recurso, manifestando al efecto que don nombre reservado, con fecha 20 de octubre del año 2025, ha interpuesto Acción de Protección en contra de la Resolución Exenta NUM003, de 22 de septiembre de 2025, que rechazó de plano, en etapa de admisibilidad, el recurso de reconsideración interpuesto con fecha 10 de julio de 2025, en contra de la Resolución Exenta NUM015, de 7 de julio de 2025, la que, a su turno, rechazó la reclamación de fecha 19 de mayo de 2025, interpuesta en contra de la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, ya que había confirmado el rechazo de las licencias médicas NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, extendidas por un total de 330 días de reposo a contar del 31 de enero de 2022, por cuanto su contraloría médica al respecto consideró que el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

Respecto a la acción de autos interpuesta en contra de su defendida, en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de la misma, alega su falta de oportunidad, al haberse interpuesto en subsidio de los recursos administrativos que contempla nuestro ordenamiento jurídico y para revertir lo decidido por la Compín de la Región Metropolitana, de tal manera que a la fecha de su interposición el plazo fatal de 30 días corridos que se contemplan para hacerla valer, estaba vencido con creces.

En efecto, consta en los respectivos expedientes administrativos del procedimiento administrativo electrónico, que don nombre reservado, con fecha 19 de mayo del año 2025, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, toda vez que había confirmado el rechazo las licencias médicas ya singularizadas por la causal de orden médico, reposo injustificado.

De acuerdo con lo antes expuesto, la parte recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas cuyo reposo estuvo vigente en el año 2022, a más tardar desde el mismo día en que reclamó de ello ante la Superintendencia de Seguridad Social, en la fecha ya indicada (19 de mayo de 2025), de tal forma que, debiendo computarse el plazo desde dicha data, sino desde que se rechazaron las licencias médicas por la COMPIN ya citada, la acción de protección resulta a todas luces extemporánea.

En subsidio de lo anterior, y para el improbable caso de que la alegación de extemporaneidad no sea acogida, se evacúa el informe sobre el fondo de la materia sobre la que versa esta acción constitucional de acuerdo con las siguientes consideraciones, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, por carecer de todo fundamento.

Ahora bien, como la Acción de Protección de autos se ha interpuesto en solo contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN REGION METROPOLITANA, resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN. En efecto, la citada COMPIN, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras afiliados a una institución de salud previsional, de acuerdo con lo prescrito en el DFL N°1,de 2005, del Ministerio de Salud y el D.S.

N°3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento para Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES.

Ahora bien, en lo que respecta a la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de don nombre reservado, esta persona recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, ya que había confirmado el rechazo de las licencias médicas NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, extendidas por un total de 330 días de reposo a contar del 31 de enero de 2022, por cuanto su contraloría médica consideró que el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

Pues bien, con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, este organismo fiscalizador recabó los antecedentes médicos de la COMPIN reclamada, a saber, el historial de licencias médicas de su afiliado y cartola médica del Servicio de salud, en la que se dejó constancia de los fundamentos del rechazo de las licencias médicas.

En el contexto anterior, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM015, de 7 de julio de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, dictaminando lo siguiente: “...Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del extenso reposo ya autorizado por la misma patología. “Que, informes complementarios no evidencian elementos psicopatológicos que justifiquen la extensión del reposo, así como tampoco un plan de tratamiento con ajustes proporcionales a extensión del reposo, u orientado al reintegro laboral, por lo que no se identifican elementos clínicos que permitan justificar rol terapéutico de licencias médicas apeladas, considerando que el reposo por la patología supera los 450 días continuos...”

En efecto, revisado el caso por el Dr. nombre reservado, psiquiatra de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “…Sección C (Antecedentes Médicos)

IMC con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: Fecha: 09/02/2021 Descripción inicial de síntomas: síntomas ansiosos con hiperreactividad emocional en contexto laboral. Evolución de síntomas: persistencia sintomática desde diciembre de 2020 sin agravamiento. Tratamientos y sus ajustes: escitalopram 10 mg, quetiapina 25 mg, zolpidem 10 mg, sin cambios significativos. Plan de retorno laboral: no descrito. Fecha: 08/04/2021Descripción inicial de síntomas: síntomas ansiosos con reactividad a estímulos laborales.

Evolución de síntomas: sintomatología mantenida sin compromiso funcional agudo. Tratamientos y sus ajustes: mantención de esquema farmacológico sin ajustes. Plan de retorno laboral: no propuesto. Fecha: 05/05/2021Descripción inicial de síntomas: sintomatología ansiosa y adaptativa en contexto de conflicto laboral. Evolución de síntomas: persistencia sin remisión significativa.

Tratamientos y sus ajustes: escitalopram, quetiapina, zolpidem; sin ajustes significativos. Plan de retorno laboral: condicionado a remisión sintomática. Fecha: 29/07/2021Descripción inicial de síntomas: síntomas ansioso-depresivos con crisis ante estímulos laborales. Evolución de síntomas: persistencia sintomática sin cambios clínicos relevantes. Tratamientos y sus ajustes: esquema farmacológico sin modificaciones. Plan de retorno laboral: no definido. Fecha: 04/10/2021 y 03/12/2021 (similares en contenido clínico) sin progresión ni deterioro funcional agudo. se mantiene tratamiento estable sin modificaciones significativas.

En consecuencia, sostener licencias superiores a un año no solo es desproporcionado, sino también contraproducente para la evolución de estos cuadros…”

Enseguida, don nombre reservado, con fecha 10 de julio de 2025, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de seguridad social solicitando se reconsidere lo dictaminado mediante la RESOLUCIÓN EXENTA NUM015, de 7 de julio de 2025, ya singularizada y en esta nueva ocasión la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, previa revisión de los antecedentes del caso, por parte de la Unidad de Análisis de Admisibilidad del Departamento de Asistencia y Servicios al Usuario, mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM003, de 22 de septiembre de 2025, rechazó el recurso de reposición por no acompañar nuevos antecedentes fundantes.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN DE LA REGIÓN METROPOLITANA y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

En relación al derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de Licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 de la mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

Refiere que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya expuestos en este informe.

Conforme a lo expresado, cabe hacer presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la parte recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

Sin perjuicio de lo anterior, aduce la recurrida que la materia sobre la que realmente versa el recurso dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del mismo 20 Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Por lo antes expresado, pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, informando don nombre reservado, en representación de Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, señala que don nombre reservado, dedujo Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y esta COMPIN R.M., quien confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, extendidas por un total de 330 días a contar del 31 de enero de 2022, por reposo no justificado.

Refiere que las ya individualizadas licencias médicas N°s NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014 se rechazaron en atención a que el recurrente adjunta informe médico no protocolizado, con diagnóstico de trastorno adaptativo, en tratamiento médico con psicofármacos, sin mención de ajustes o adecuación del tratamiento, sin informe psicológico o intervenciones psicosociales, sin índice GAF (Escala de evaluación global de funcionamiento, se requiere de un 40% o menos para tener derecho a licencia médica), sin plan de reintegro laboral, sobrepasando rango de días de reposo laboral estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral.

Aduce que el usuario presenta recurso de reposición (RR) en contra del rechazo de las licencias médicas N°s NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, manteniéndose el rechazo, ya que aporta los mismos antecedentes médicos y clínicos previamente evaluados.

Manifiesta que los informes complementarios no evidencian elementos psicopatológicos que justifiquen la extensión del reposo, así como tampoco un plan de tratamiento con ajustes proporcionales a extensión del reposo, u orientado al reintegro laboral, por lo que no se identifican elementos clínicos que permitan justificar rol terapéutico de licencias médicas apeladas, considerando que el reposo por la patología supera los 450 días continuos.”

Por tanto, y tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por esta COMPIN RM, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes.

Por lo anterior, pide tener por evacuado el informe solicitado. 4°- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, en cuanto a la alegación de la recurrida en orden a que el recurso de autos sea declarado extemporáneo, en razón de haberse presentado fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, ello no aparece así, toda vez que la conducta y decisión de la recurrida en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas se encuentra vigente y con plena aplicación de sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación. 8°.- Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por la recurrente es la falta de motivación de la resolución que confirmó el rechazo de sus licencias médica, lo que podría significar una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre prestaciones económicas a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación la habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección, razón por la cual dicha alegación será desestimada. 9°.- Que, en lo que respecta al fondo, y en cuanto al rechazo de las licencias médicas N°s NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, extendidas por un total de 330 días a contar del 31 de enero de 2022, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 10.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo. 11°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho. 12°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso. 13°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como asimismo al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes. 14°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder. 15°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica el actor, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por la abogada doña Maritza Grobier Vásquez, en representación de don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas N°s NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, extendidas por un total de 330 días a contar del 31 de enero de 2022, y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

Rol N°811-2025-PROTECCIÓN.