nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Chillán, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Comparece el abogado Fabián Huepe Artigas, en favor de doña nombre reservado, nutricionista, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del director del “Hospital de nombre reservado. nombre reservado”, don nombre reservado, ingeniero comercial, o quien le subrogue o reemplace, con domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, por haber dictado Resolución Afecta Nº01 de fecha 31 de enero de 2024, tomada de razón por la Contraloría Regional de Ñuble, y notificada el 19 de junio de 2024; y en contra de la Contraloría General de la República, representada por su contralor regional don Mario Quezada Fonseca, o quien le subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber desestimado reclamo de ilegalidad en contra de Resolución Afecta Nº01 de fecha 31 de enero de 2024, mediante dictamen de fecha 18 de junio de 2024.

El letrado relata que doña nombre reservado es nutricionista Jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital de nombre reservado, grado 12 y que en junio de 2022 se le instruyó un sumario administrativo, mediante resolución exenta 1CH2 N°3220 de fecha 23 de junio de 2022, respecto a denuncias de posible acoso laboral. Refiere como antecedente que en mayo de 2018 se ordenó instruir otro sumario por acoso laboral, en el que fue absuelta.

Indica que se le formularon tres cargos:

1.- Haber infringido el artículo 61 letra c) del Estatuto Administrativo, al mantener habitualmente un trato denigrante e inadecuado, como por ejemplo, dirigiéndose a las funcionarias de su dependencia con las palabras y frases “esa weona, siempre anda con weas, conchasdesumadre, estas conshasdesumadre, carácter culiao que tiene, quien fue la maricona que me anda mariconeando, esa weona esta cagada de la cabeza, weona pajarona, esa wea me da rabia me emputece, que era una rota y flaite de 3 mierda, que se lleguen a recagar las conshasdesumadre, por que es un reconchadesumadre, que se lleguen a recagar las weonas, me importan una raja” (sic); y que dichas situaciones afectaron la integridad psíquica y autoestima de las funcionarias al utilizar ese vocabulario soez y vulgar.

2.- Haber transgredido el artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo, relativo al acoso laboral, siendo víctimas las funcionarias dependientes de doña nombre reservado.

3.- Haber transgredido el artículo 61 letra g), observándose diversos hechos y conductas contrarios a la probidad administrativa.

Plantea que todos los cargos tienen en común la falta de especificación de época y detalles precisos que se están reprochando, especialmente aquellos referidos a los actos atentatorios contra los funcionarios y acoso laboral, además de no especificar cuándo se realizaron los supuestos comentarios en el primer cargo; que no se especifica el receptor del supuesto acoso laboral, ya que los testimonios no se refieren solamente a experiencias propias, sino también de terceros, ni tampoco se establece temporalidad alguna respecto de cada situación que se plantea. Tampoco se precisa si se trata de hechos que pudieren haber sido investigados en sumario previo.

Expone que, con fecha 03 de febrero, se aplica a doña nombre reservado la medida de destitución por el Sr. Director del Hospital de nombre reservado, Don nombre reservado, mediante resolución 1C H2/N°548, notificada durante su fuero maternal, cambiando sustancialmente el tenor de los cargos y sin mediar debida fundamentación.

De la referida resolución repuso y apeló en subsidio y además se repuso de la decisión de aplicar la suspensión transitoria con goce del 50% de las remuneraciones. La autoridad al pronunciarse al respecto, atendida la argumentación de su parte, decide unilateralmente, dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución, sin pronunciarse sobre la suspensión provisoria, ante lo cual se presentó nuevamente una reposición.

Sin embargo, se dicta la resolución exenta 1CH2 Nº2062, de 20 de abril de 2023, que en vez de acoger o rechazar la reposición, deja sin efecto la resolución Exenta 1C H2/N°548 en su totalidad.

Luego, con fecha 22 de agosto de 2023, habiendo transcurrido cuatro meses, la misma autoridad que ya la había sancionado previamente, dicta una nueva resolución, aplicando la misma medida disciplinaria de destitución, agregando ahora fundamentación y señalando que la reposición y apelación subsidiaria no serían resueltas porque la resolución recurrida quedó sin efecto.

Afirma que lo realmente realizado por la autoridad fue invalidar sin audiencia previa de interesado una resolución, ante lo cual se interpone nulidad de lo obrado y también con reposición y apelación, el cual es rechazado por Resolución Exenta N° 5517 de 16 de octubre de 2023.

Posteriormente, se deduce reclamo de ilegalidad ante la Contraloría, en contra de la resolución Afecta Nº01 de fecha 31 de enero de 2024, el cual es desestimado mediante dictamen de fecha 18 de junio de 2024, procediendo a tomar razón de la resolución afecta impugnada sin pronunciarse realmente sobre el fondo de las alegaciones esenciales planteadas por su parte, esto es, la inhabilidad sobreviniente del Director y la invalidación encubierta.

En cuanto a los actos y omisiones arbitrarios y/o ilegales indica:

Respecto del Servicio de Salud Ñuble, consiste en la dictación de la Resolución Afecta Nº 01 de fecha 31 de enero de 2024, por haber sido dictada en un proceso en que intervino persona con inhabilidad para decidir sobre el asunto y en que se infringió el debido proceso.

Respecto a la Contraloría General de la República, sostiene que incurrió en una omisión, pues el dictamen de fecha 18 de junio de 2024, que desestima el reclamo de ilegalidad, no se pronunció sobre todas las alegaciones efectuadas por su parte.

Argumenta que el Director (S) del Hospital de nombre reservado. nombre reservado, habiendo decidido la medida disciplinaria de destitución en febrero 2023, invalida la decisión, solo con la finalidad de fundar la misma decisión y volver a destituirla en agosto de 2023, solo para corregir las notorias deficiencias de su resolución y no volver a efectuar un real análisis de los argumentos y antecedentes, en consecuencia, el hecho de ya haberse pronunciado respecto de la culpabilidad de su mandante, importaba que, necesariamente debía abstenerse de dictar la segunda resolución, al carecer de imparcialidad. Cita jurisprudencia.

En segundo término indica que en la Resolución Exenta 5517 de fecha 16 de octubre de 2023 que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad, se omite completamente, un pronunciamiento respecto de la inhabilidad sobreviniente denunciada, uno de los vicios de ilegalidad alegados era precisamente la inhabilidad del Sr. nombre reservado para decidir la sanción en el sumario.

En tercer lugar, sostiene que, una vez adoptada la decisión de sancionar a un funcionario, el proceso reglado no contempla una etapa de corrección de la resolución y/o invalidación, sino que solo permite acoger o rechazar los recursos interpuestos, en el caso, lo que hizo el Director del Hospital de nombre reservado al invalidar, sin indicar si acogía o rechazaba los recursos ya presentados, es una invalidación encubierta sin cumplir los requisitos legales, existiendo una flagrante infracción a la bilateralidad de la audiencia, al decidir unilateralmente que la resolución, que ya aplicaba una medida debía quedar sin efecto, respecto de la cual había recursos pendientes y conocía los argumentos de la reposición de su parte, sin aclarar si aplicaba una medida inferior o no, conforme lo prescribe el artículo 142.

Estima que, esta nueva resolución atenta contra el debido proceso y debido procedimiento administrativo consagrado en la Constitución Política, afectándose el derecho a defensa, la bilateralidad de la audiencia y derecho a ser oído, se infringe la razonabilidad de la medida adoptada por la administración, en relación al artículo 53 de la ley 18.575. Luego, entrando al fondo, señala que, existe una falta de congruencia entre los cargos formulados y los hechos sancionados, falta de fundamentación de la resolución que destituye, así como, falta de fundamentación del dictamen que rechaza el reclamo, pues la resolución omite cuándo habrían ocurrido los hechos en que se funda, lo que es del todo relevante, por los diversos periodos de ausencia de su mandante, por otra parte, no se especifica quiénes eran los supuestos receptores de malos tratos, acoso, o actos atentatorios, sin haber sido entrevistados todos los funcionarios del servicio. Añade que consta en el proceso que fue imposible efectuar una contestación detallada de los cargos, ya que, una cosa son los antecedentes que se han tomado en consideración para formular los cargos, y otra muy distinta es precisar claramente el o los hechos que se están reprochando en confrontación con la normativa que ha sido invocada en cada uno de ellos, ninguno de los cargos precisa claramente cuándo ni cómo se han infringido las normativas, respecto del hecho ya que se limita a reiterar las declaraciones efectuadas durante el sumario, lo que obstaculiza a su parte poder alegar, por ejemplo, la prescripción de los hechos ya que no hay certeza de cuando habrían ocurrido ni tampoco permite producir prueba efectivamente pertinente a cada uno de los relatos atendida su vaguedad temporal. Es más, tratándose del cargo sobre infracción a la probidad, ni siquiera se vincula con alguna prohibición funcionaria o con mantener una conducta acorde al ejercicio del cargo, por lo que, estima que el proceso se encuentra viciado.

Por otro lado, y a la luz del artículo 41 inciso 4° de la Ley 19.880, indica que, el proceso y su decisión solo puede atenerse al mérito real de los antecedentes, en el caso, no hay no hay evidencia de maltrato por las expresiones groseras que se imputan ni por los otros, de supuesto maltrato, salvo las artificiosas denuncias por escrito de cuatro denunciantes que ya desde ese punto de vista ni siquiera son testigos sino que partes que están interesadas en la destitución, perdiendo toda imparcialidad y objetividad. Agrega que, para que las declaraciones de distintas personas sean suficientes para probar un hecho, deben ser consistentes entre sí, sin embargo, los testimonios vertidos en el sumario hacen referencia a distintos hechos sin necesaria conexión entre uno y otro, y además, no fijan cuando habrían ocurrido. De igual forma, la investigación no se enfocó en acreditar uno u otro hecho con distintos medios probatorios, sino que agrupó las distintas acusaciones a una norma sin mayor explicación, siendo el relato de las denunciantes absolutamente inespecífico. En consecuencia, ni la resolución que dispone la medida ni la que ahora aplica la medida, se hacen cargo de todos los argumentos esgrimidos por su parte ni explican debidamente el razonamiento para dar por acreditados hechos con el solo mérito del testimonio de las denunciantes.

Añade que en el caso ha existido infracción al principio non bis in ídem, pues, si se observa los supuestos antecedentes de los cargos, nos encontramos con que, al no precisar claramente cuál es la conducta concreta que se reprocha en contraste con la normativa, se usan los mismos medios probatorios, que hacen referencia a los mismos hechos, para fundar cargos supuestamente distintos y por los cuales en definitiva se sanciona dos veces.

Así las cosas, estima que, el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos han afectado los siguientes derechos fundamentales: la igualdad ante la ley, artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República; la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, artículo 19 n° 3 inciso quinto; y el derecho de propiedad del artículo 19 n° 24, en el sentido que se ha impedido el uso y goce respecto a su cargo.

Concluye, en mérito de lo expuesto y normas citadas, solicitando a esta Corte, se deje sin efecto Resolución Afecta Nº 01 de fecha 31 de enero de 2024, tomada de razón por la Contraloría Regional de Ñuble, notificada el 19 de junio de 2024, y asimismo, se deje sin efecto dicha toma de razón, a fin de que la autoridad administrativa no inhabilitada dicte la resolución que corresponda en el sumario administrativo, debiendo tener presente los antecedentes esgrimidos a fin de adoptar una decisión razonada y proporcional; o si se estima, se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución por todos los vicios denunciados y se ordene a la autoridad que se dicte la medida disciplinaria que corresponda que no sea la destitución de su mandante, y adopte la o las otras medidas que se estime pertinentes a fin de reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.

2°.- Que, al informar doña nombre reservado, por la Contraloría General de la República, Regional de Ñuble, y junto con señalar la efectividad de la toma de razón de la Resolución n° 1 de 2024, del Hospital Dr. nombre reservado, con fecha 14 de junio último, plantea, la improcedencia del recurso de protección en contra del trámite toma de razón, pues éste constituye un trámite en virtud del cual esta Entidad de Control emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento sobre la conformidad al ordenamiento jurídico vigente de un acto administrativo, en consecuencia, es ajeno a la naturaleza de la acción de protección, el ejercicio del control preventivo de juridicidad de un acto administrativo.

Por otro lado, refiere la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la toma de razón de la resolución N° 1, de 2024, del Hospital Dr. nombre reservado, pues del control de legalidad realizado, se estimó, a la luz del expediente administrativo y normas pertinentes que, la citada resolución se ajusta a la legalidad y no puede ser considerado arbitrario. Añade que la circunstancia de que la actora no comparta la toma de razón del acto mediante el cual fue destituida, no torna de manera alguna en ilegal o arbitraria dicha actuación.

Expone que, del análisis de libelo, y atendido a que la finalidad que persigue la actora es impugnar la medida disciplinaria adoptada, resulta evidente que la acción de autos no es útil para el anotado propósito, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos, siendo la materia expuesta en el presente recurso ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. En este sentido cita jurisprudencia.

Plantea que, contrariamente a lo expuesto por la recurrente, los hechos en virtud de los cuales se le sancionó con la medida disciplinaria de destitución fueron comprobados, no solo a través de las declaraciones de las denunciantes, que son contestes respecto a las conductas que dan lugar a las infracciones que se le imputan, sino que también a través de correos electrónicos, informes sicológicos, resoluciones de la ACHS y demás antecedentes múltiples, concordantes y graves. Se constató que el expediente sumarial contenía documentación suficiente para acreditar un trato hostil hacia las funcionarias que denunciaron los actos de la recurrente, lo que permitió dar por acreditado el acoso laboral que se objeta, además de constatarse el trato grosero e inadecuado con el cual se refería a las mismas, comportamiento que infringe el artículo 61, letra c) del Estatuto Administrativo. Asimismo, se verificó, a través de los medios probatorios antedichos, que la actora incurrió en una infracción grave al principio de probidad administrativa, siendo del caso agregar que, a través de los recursos interpuestos por aquella no fue posible desvirtuar su responsabilidad administrativa en los hechos descritos.

Añade que, durante el transcurso del sumario, los relatos contenidos en el expediente son coherentes en cuanto a demostrar una conducta reiterada y de naturaleza similar en cada caso, pruebas que la autoridad dotada de la potestad sancionadora ponderó teniendo a la vista los antecedentes del proceso y las alegaciones formuladas por la recurrente, determinando que eran constitutivas de acoso laboral, incumplimiento a lo establecido en el artículo 61, letra c), e infracción grave al principio de probidad administrativa y, por ende, que sólo procedía la aplicación de la indicada medida expulsiva, en consecuencia, la proposición de una medida disciplinaria como la de la especie, luego de comprobarse durante el curso de la investigación que la señora nombre reservado realizó actos que vulneraron gravemente el principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 52 de la ley N° 18.575 y en el artículo 61, letra g), del Estatuto Administrativo, se ajustó a las facultades y competencias de la jefatura pertinente de velar por el cabal cumplimiento del principio antes anotado, especialmente considerando lo dispuesto en el citado artículo 125, inciso segundo, de la ley N° 18.834, quedando así, de manifiesto que, encontrándose ajustado a derecho el proceso investigativo y sancionatorio y encontrándose además agotadas todas sus instancias de revisión posterior, la presente acción constitucional no constituye más que un mero intento de instrumentalizar el aparato jurisdiccional con la finalidad de crear artificiosamente una nueva instancia de revisión del fondo del sumario administrativo en que fue inculpada la recurrente, pretendiendo se altere lo resuelto por la autoridad competente en torno a su destitución, pese a encontrarse plenamente acreditada su responsabilidad administrativa y penal en las conductas por las que fue sancionada.

Acerca de la eventual falta de precisión de los cargos formulados señala que esta no es efectiva pues en los cargos se adjuntaron las denuncias y declaraciones de las funcionarias que participaron en el proceso, con la indicación de su nombre y apellido, precisando dichos relatos la época en la cual concurrieron las conductas anómalas, además de anexarse en los referidos cargos otros antecedentes que precisaban la antedicha información, resoluciones de la ACHS y del Juzgado de Garantía de Chillán. Por otra parte, la invalidación de la resolución exenta N° 548, de 2023, fue dispuesta por la autoridad como consecuencia de los recursos deducidos por la propia afectada, quien hizo presente en estos la omisión de haberse adjuntado tanto el dictamen del fiscal investigador como el Informe de la asesora jurídica del Hospital de nombre reservado, y al observar dichos vicios, la autoridad lo dejó sin efecto, dictando posteriormente la resolución N° 4.483, de 22 de agosto de 2023, que dispuso la aplicación de la medida disciplinaria de destitución a la actora, y que señaló los fundamentos contenidos tanto en el dictamen fiscal como en el informe jurídico antedicho, el cual, al igual que las resoluciones anteriores, fue debidamente notificado a la actora.

Sostiene que el Director del Hospital de nombre reservado, al dejar sin efecto la resolución N° 548, de 2023, no hizo otra cosa que ejercer la facultad que la normativa le confiere para corregir vicios del procedimiento, sin que pueda entenderse que tal proceder lo inhabilita para seguir conociendo del mismo, pues a la luz del artículo 140 inciso segundo del Estatuto Administrativo, la facultad de dejar sin efecto una actuación decretada en el marco de un procedimiento sumarial recae exclusivamente en la autoridad que lo emitió, más aún cuando se hace a petición de un tercero y se resguardan adecuadamente los derechos de este, confiriéndole traslado, como ocurrió en la especie.

En consecuencia, la autoridad administrativa dotada de la potestad sancionadora tiene la facultad de corregir los vicios que observe en el procedimiento, y dejar sin efecto los actos que emita en contravención a la normativa vigente en la materia, debiendo esa misma autoridad emitir un nuevo acto administrativo que ordene dejar sin efecto el primitivamente dictado. De esta manera, no es posible advertir cómo es que el actuar de la autoridad administrativa, en orden a dejar sin efecto un acto emitido dentro del proceso sumarial que adolece de vicios de legalidad, conllevaría a la inhabilitación de dicha autoridad para emitir el acto administrativo que pone término al procedimiento e impone la sanción disciplinaria.

Señala, en cuanto a las supuestas afectaciones a derecho defensa que, consta que se le otorgaron todas las instancias procesales para impugnar las diversas actuaciones e imputaciones seguidas en su contra, observándose que tuvo la posibilidad de emitir su declaración, incorporar medios de prueba, formular descargos e interponer recursos de reposición y apelación en subsidio, incluso de la resolución N° 4.483, de 2023, además del reclamo de ilegalidad ya mencionado, siendo debidamente notificada en todos aquellos casos, por lo que no se advierte arbitrariedad alguna ni afectación al debido proceso.

En cuanto a la garantía del non bis in ídem, refiere que, a diferencia de la forma en que la actora comprende el principio invocado, éste no impide la valoración de los mismos hechos en cargos distintos cuando aquellos hechos importan la infracción a distintas normas, sino que, por el contrario, dicho principio impide aplicar una medida disciplinaria dos veces por un mismo hecho, lo que constituye una situación distinta a la que invoca la actora en su recurso, por lo que no se verificó la vulneración invocada, tanto en la resolución de su reclamo de ilegalidad como en la revisión previa de juridicidad del acto que pone término al sumario en análisis.

Respecto a las supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas, la recurrida no señala en el recurso la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen la igualdad ante la ley, en consecuencia, no es posible suponer que la imposición de la medida disciplinaria de destitución por la autoridad administrativa, así como la toma de razón de la resolución afecta N° 1, de 2024, del Hospital de nombre reservado, y la emisión del oficio N° E502282, de 18 de junio de 2024, de la Contraloría Regional del Ñuble, que resuelve el reclamo interpuesto por la recurrente en virtud del artículo 160 del estatuto Administrativo, hayan significado dar a la recurrente un tratamiento discriminatorio. Por otro lado, la autoridad administrativa no se alzó como una comisión especial en los términos citados, pues, quien aplicó la sanción, lo hizo dotado de la potestad sancionadora encargada de aplicar las medidas disciplinarias a sus funcionarios, a través del pertinente sumario administrativo. En cuanto a la garantía del n° 24 del artículo 19, señala que, la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter, por tanto, no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

Concluye, en mérito de lo expuesto y normas citadas, solicitando a esta Corte sea desestimado el recurso de protección deducido.

3°.- Que, al informar la abogada Giselle Rubio Sepúlveda, en representación del Hospital de nombre reservado. nombre reservado, resume los antecedentes precedentemente expuestos, cronológicamente, agregando que, con fecha 6 de noviembre del 2023 la recurrente interpone ante el Tribunal de Letras de nombre reservado una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales esgrimiendo los mismos fundamentos que este recurso de protección, causa rol T-38-2023 de dicho tribunal, que se encuentra en tramitación.

Luego, plantea que, no es efectivo que al haber sido dictadas las resoluciones de fecha 3 de febrero del 2023 y 22 de agosto del 2023, por la misma autoridad le reste imparcialidad en la decisión, sosteniendo que el Director del Hospital de nombre reservado al dejar sin efecto la resolución N° 548 de 2023 no hizo otra cosa que ejercer la facultad que la normativa le confiere para corregir vicios del procedimiento, sin que pueda entenderse que tal proceder lo inhabilita para seguir conociendo del mismo. Sin perjuicio que, el recurso nulidad de obrado y de reposición presentado por la actora fue conocido y resuelto por don nombre reservado nuevo director del Hospital de nombre reservado, como también posteriormente, la apelación subsidiaria fue conocida y resuelta por la Directora del Servicio de Salud de Ñuble resolución N° 6131 del 18 de diciembre del 2023 , quienes mantuvieron el convencimiento que, los hechos denunciados, se encontraban acreditados y que, la única medida que se debía adoptar era la destitución de la recurrente.

En cuanto a la supuesta falta de fundamentación de los cargos, reitera lo planteado previamente por la Contraloría Regional de Ñuble, y que del análisis del expediente en su totalidad la recurrente no puede señalar que se ha afectado su derecho de defensa por cargos inespecíficos, puesto que la acreditación de los hechos no solo consta en declaraciones vagas y sin fundamento como trata de hacer valer en su recurso, sino que corresponden también a documentos, correos electrónicos y antecedentes médicos clínicos de informes psicológicos y plantillas de audiencias, antecedentes de carácter público e irrefutables.

Respecto a las supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas, señala que, la recurrente lejos de indicar hechos que acrediten la existencia de una diferencia arbitraria que lesione su derecho de igual ante la ley, lo que hace es interpretar erróneamente las normas legales a su conveniencia dilatando un proceso administrativo ajustado a derecho. En cuanto al derecho de propiedad, agrega, a la luz del artículo 46 de la ley 18.575 y 125 de la ley 18.834, todo servidor que ha ingresado a un cargo público tiene derecho a permanecer en él en la medida que no concurra una causa legal de expiración de funciones, como aconteció en la especie, en que se configuró precisamente una de ellas, consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Finaliza, solicitando el rechazo del recurso, en atención a que los actos administrativos recurridos han sido dictados conforme a derecho, encontrándonos en definitiva en ausencia de un acto arbitrario e ilegal de su parte.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que la recurrente funda su acción, en síntesis, en que la sanción disciplinaria de destitución aplicada por el Hospital de nombre reservado, y refrendada por la Contraloría General de la República, se funda en un procedimiento viciado, en que se ha faltado al derecho del debido proceso, pues aquella fue aplicada por quien se encontraba inhabilitado para resolver, por haber declarado oficiosamente la nulidad del procedimiento; que se sancionó dos veces por los mismos hechos; y que existe falta de congruencia entre los cargos y los hechos sancionados e imprecisión de estos últimos. Afirma que se han vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2, 3 inciso 5° y 24.

8°.- Que, la Contraloría General de la República, alega la improcedencia del recurso de protección en contra del trámite de toma de razón y sostiene que el órgano contralor ha actuado en todo momento conforme a la ley, habiéndose pronunciado respecto de cada una de las peticiones efectuadas por la recurrente.

9°.- Que, por su parte, el hospital recurrido señala que no ha existido ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, el que se ha ajustado a la normativa legal, habiéndose respetado el derecho a defensa de la recurrente, en cuanto pudo conocer detalladamente los cargos formulados, efectuar descargos, presentar prueba y recurrir en contra de lo resuelto.

10°.- Que, el marco regulatorio que rige la cuestión planteada, está dado por la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

Al respecto, el título V de la Ley 18.834, referido a la responsabilidad administrativa, regula el procedimiento y los casos en los que corresponde la instrucción de un sumario administrativo, con el objeto de establecer la responsabilidad por infracción de sus obligaciones o deberes funcionarios.

11°.- Que, en una primera aproximación, del mérito de los antecedentes aparece que las actuaciones que se impugnan respecto del Hospital de nombre reservado y la Contraloría General de la República, se enmarcan dentro de la tramitación de un procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente, el que fue conocido y resuelto por el primero, disponiendo la medida de destitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 19.834, por infracción a los artículos 61 letras c) y g) y 84 letra m), del mismo cuerpo legal.

Al respecto, el artículo 125 dispone: “La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos:

a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;

b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84;

c) Condena por crimen o simple delito, y d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados.

e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia.

f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales”.

Por su parte, en lo que interesa, el artículo 61 dispone que: “Serán obligaciones de cada funcionario: (…) c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; (…) g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

A su turno, el artículo 84 letra m) señala: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: (…) m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”.

12°.- Que, a su turno, Contraloría General de la República, mediante resolución de 18 de junio último, desestimó el reclamo de ilegalidad presentado por el recurrente en contra del procedimiento investigativo realizado por el Hospital de nombre reservado, que termina con la aplicación de medida de destitución de doña nombre reservado. Dicha resolución, dictada dentro de las facultades del órgano contralor, se pronuncia respecto de cada una de las cuestiones planteadas por el reclamante, descartando ilegalidades en el procedimiento llevado a cabo tanto por el fiscal investigador como por la autoridad sancionadora, quienes actuaron dentro de las facultades que les competen.

13°.- Que, de este modo, y conforme a los antecedentes acompañados por las partes, no se advierte en los hechos expuestos ilegalidad o arbitrariedad alguna, tanto en la Resolución Exenta 1C H2 N° 4483, de 22 de agosto de 2023, del Director Subrogante del Hospital de nombre reservado, don nombre reservado, que aplica la sanción disciplinaria de destitución, como en el procedimiento administrativo sancionatorio previo que termina con la antedicha resolución.

En el mismo sentido, la lectura de la Resolución Exenta N° 5517, de 16 de octubre de 2023, del Director del Hospital de nombre reservado, don nombre reservado, permite constatar que en ella se efectúa un pormenorizado análisis de las alegaciones de la recurrente y fundadamente rechaza la incidencia de nulidad planteada, y no hace lugar a la reposición impetrada en contra de la resolución antes mencionada.

Por su parte, la Resolución N° 6131, de 18 de diciembre de 2023, de la Directora del Servicio de Salud de Ñuble, doña nombre reservado, rechaza la apelación interpuesta contra Resolución Exenta 1C H2 N° 4483, de 22 de agosto de 2023, haciendo un exhaustivo análisis de todos los planteamientos del recurrente.

Luego, en virtud de los antecedentes, y habiéndose ejercido todos los recursos pertinentes, el Director del Hospital de nombre reservado, mediante Resolución Afecta N° 1, de 31 de enero de 2024, aplica a doña nombre reservado, la medida disciplinaria de destitución, respecto de la cual la Contraloría Regional tomó razón con fecha 14 de junio de 2024.

Finalmente, por resolución de 18 de junio de 2024, Folio E502282 / 2024, de Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Ñuble, se rechaza el reclamo de ilegalidad intentado contra de la resolución que aplica medida disciplinaria de destitución.

14°.- Que, de lo señalado en los números anteriores, consta que la recurrente fue sometida a un sumario administrativo por distintos actos constitutivos de infracción a los artículos 61 y 84 de la Ley 18.834; que los cargos fueron debidamente notificados, acompañándose a ellos antecedentes suficientes que permitían su determinación y precisión; que fue debidamente notificado de las resoluciones dictadas, disponiendo de todos los recursos que le franquea la ley para formular sus descargos y atacar las decisiones adoptadas, recurriendo incluso a la Contraloría General de la República, quien se pronunció respecto del reclamo interpuesto.

Asimismo, se puede constatar que las alegaciones efectuadas por la recurrente en las instancias administrativas son las mismas que se contienen en el presente recurso de protección.

15°.- Que, dicho lo anterior, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, no corresponde a esta Corte constituirse en una nueva instancia para revisar procedimientos que las autoridades de la Administración del Estado han realizado en uso de sus atribuciones y facultades legales, como ocurre en este caso.

En el sentido anotado se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, en sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en causa Rol 14.091-2019, al señalar: “(…) Octavo: Que la recurrente cuestiona la manera como se valoraron los antecedentes del sumario administrativo, lo que constituye una ponderación en cuanto al fondo. Sobre el punto, se debe recordar que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, derecho que la actora ejerció, llegando incluso a la Contraloría General de la República, la que en definitiva visó la juridicidad de la Resolución impugnada en estos autos, poniendo término a la controversia en sede administrativa.

Noveno: Que, como se advierte, el cuestionamiento de la recurrente se relaciona con aspectos de mérito y de ponderación que son privativos de la autoridad que conoce del sumario, con el agregado que en el caso de marras el acto administrativo fue objeto del correspondiente control de juridicidad por parte del órgano encargado del control preventivo de legalidad de los actos de la Administración, sin que se formularan reproches de juridicidad, puesto que la Resolución Afecta N° 0748 fue tomada razón por la Contraloría con fecha 22 de enero de 2019.”

16°.- Que, en consecuencia, tratándose de una materia que no puede ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia y, por no existir un acto arbitrario o ilegal, el presente arbitrio no puede prosperar.

17°.- Que, por último, no puede dejar de consignarse que de los antecedentes aportados aparece que la misma cuestión planteada en esta sede se encuentra sometida al conocimiento de la justicia laboral, pues ha sido alegada ante el Juzgado de Letras de nombre reservado, por medio de una demanda de tutela laboral de derechos fundamentales, que ha dado origen al ingreso T-39-2023, en que la demandante, doña nombre reservado, acciona en contra del Servicio de Salud de Ñuble, por la actuación que estima vulneratoria, efectuada por el Hospital Dr. nombre reservado, solicitando se declare que aquella ha lesionado las garantías fundamentales que invoca, además de una indemnización por daño moral y otras prestaciones.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Fabián Huepe Artigas, en representación de nombre reservado, en contra del Hospital de nombre reservado. nombre reservado y Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra Érica Pezoa Gallegos.

No firma la abogada señora Cornejo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N° 807-2024-Protección