Protección contra resolución final dictada por el Administrador del Juzgado de Familia de Chillán

Chillán, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, C.I. NUM000, funcionaria pública, domiciliada en domicilio reservado, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, interpone recurso de protección en contra de la resolución final dictada por el Administrador del Juzgado de Familia de Chillán, don nombre reservado, en antecedentes disciplinarios Rol NUM001, de fecha 15 de septiembre de 2025, notificada con la misma fecha y por medio de la cual se le impuso la sanción de multa de 15 días de sueldo, por considerarla arbitraria e ilegal, contraviniendo de este modo la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República.

Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta, que con fecha 08 de julio de 2025 fue notificada del inicio de proceso de investigación sumaria en su contra, “por el retraso en la confección de diversas actas y oficios relacionados con la tramitación de causas en el Juzgado de Familia de esta ciudad”, iniciada por denuncia del señor nombre reservado ya individualizado, designándose como Instructor al señor Fiscal nombre reservado de la Corte de Apelaciones de Chillán, don nombre reservado, antecedentes que se conocieron bajo el rol NUM001.

Agrega que una vez cumplida las etapas pertinentes de la investigación, fue notificada con fecha 12 de septiembre del año en curso, por la misma unidad investigadora, del informe final en causa NUM001, y mediante el cual el señor Fiscal nombre reservado resolvió proponer la absolución de los cargos formulados atendiendo principalmente a que: a) Si bien se acreditó el mencionado atraso en sus funciones, éste no causó perjuicio alguno; b)A la especial situación personal que enfrentó desde hace años, donde se acreditó no sólo la calidad de cuidadora que tiene respecto de su madre postrada y de su hijo que tiene la condición Tea, sino que también solicitó muchas veces apoyo a las jefaturas de su Tribunal para poder hacer frente a la carga laboral, sin recibir respuestas.

Además de lo anterior, el señor Fiscal hizo presente de manera expresa, la inhabilidad que afectaría tanto a don nombre reservado (Administrador), como al señor nombre reservado (Jefe de Unidad y subrogante del primero) para ejercer como órgano resolutor en los presentes autos, ello atendido a que el señor administrador, fue denunciante de los hechos, pero también ambos prestaron declaración en dichos autos disciplinarios.

Indica que no obstante lo resuelto por el señor Fiscal nombre reservado, con fecha 15 de septiembre de 2025, le fue notificada la resolución final pronunciada por el señor nombre reservado, don nombre reservado, quien haciendo caso omiso a lo propuesto por el señor nombre reservado, resuelve que no se encuentra inhabilitado para seguir conociendo de los antecedentes disciplinarios y dispone en su contra la sanción prevista en el artículo 532 N°3 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, Multa de 15 días de sueldo.

Aduce que según consta en los antecedentes, presentó mediante correo electrónico apelación respecto de la resolución de fecha 15 de septiembre de 2025, con fecha 18 de septiembre del mismo año, a las 01:56 horas, esto es, dentro de plazo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Acta 108- 2020, Auto acordado sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del poder judicial. Sin perjuicio de ello, con fecha 22 de septiembre de 2025, recibió mediante correo electrónico la notificación de resolución que declara inadmisible el recurso de apelación presentado, por extemporáneo. Y posteriormente, el día 23 de septiembre de 2025, fue notificada de resolución que tiene por firme y ejecutoriada la resolución de fecha 15 de septiembre de 2025.

En cuanto a los fundamentos de derecho en que se sustenta la presente acción constitucional, manifiesta que la resolución de fecha 15 de septiembre del año en curso, es a todas luces ilegal y arbitraria, y vulnera la garantía constitucional del debido proceso, según lo dispone el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, toda vez que adolece de una serie de irregularidades, entre otras, que la resolución final fue dictada por un órgano inhabilitado, en razón de que don nombre reservado, siendo Administrador del Tribunal de Familia de Chillán, le correspondía de conformidad a lo dispuesto en el artículo 389 letra F del Código Orgánico de Tribunales, ser órgano resolutor en las investigaciones disciplinarias en los tribunales reformados, pero además de ser el denunciante que inició la investigación, prestó declaración en dichos autos, razón por la cual el señor Fiscal nombre reservado, en su informe final, hizo patente dicha inhabilidad, a fin de que se abstuviera la misma persona de dictar sentencia en la investigación disciplinaria. No obstante ello, el señor nombre reservado, dicta sentencia definitiva, rechazando dicha inhabilidad, resolviendo una especie de traslado que jamás fue concedido, aludiendo que siempre es el administrador quien inicia las investigaciones y ese solo hecho no lo inhabilita para resolver, y en cuanto a la declaración prestada “sólo se remite a relatar los mismos hechos que constan en el oficio N°NUM002 por el cual nace o se origina la presente investigación, olvidando de esta manera entonces que no se puede ser juez y parte, pues en cuyo caso, debió rechazar la solicitud de declaración a fin de evitar posibles inhabilidades, o bien, haber nombrado un administrador subrogante a fin de resolver, pero el señor nombre reservado decidió, a toda costa, imponerle una sanción, lo que demuestra un ánimo persecutorio en contra de dicha funcionaria.

Señala asimismo que resulta, por lo menos cuestionable, señalar en su sentencia que el informe del Señor Fiscal no es vinculante, por cuanto entonces si el único propósito de la investigación es “sustanciar la respectiva investigación en un informe final”, según sus palabras, ¿qué fin tendría la misma, pudiendo resolver de plano el órgano denunciante sin dicha tramitación? Si el artículo 27 del Acta 108-2020, impone al órgano instructor, el deber de congruencia en su informe, se subentiende que dicho principio es también aplicable al órgano que sanciona, pues si no, sería letra muerta.

En otro orden de ideas, expresa que lo que reviste aún mayor gravedad, es que se haya declarado inadmisible su recurso de apelación presentado contra dicha sentencia, no obstante haberse interpuesto dentro del plazo legal, esto es, antes de los cinco días hábiles previstos en el Acta 108, determinación ésta que la dejó en completa indefensión, al quedar firma y ejecutoriada una resolución vulneratoria.

Señala que el acto que se impugna, no solo es ilegal, sino que además arbitrario, pues no se valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, según dispone el artículo 29 del acta 108, por lo que el señor nombre reservado no solo ha obrado de manera totalmente diversa a lo propuesto por el señor Fiscal nombre reservado, sino que además no hace mención alguna a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o principios científicamente afianzados, que lo llevaron a tomar tal decisión.

Termina manifestando que la arbitrariedad del acto queda de manifiesto debido a la desproporcionalidad de la sanción aplicada, dado que el señor nombre reservado no solo omite fundamentar debidamente por qué obra de manera contraria a la proposición del órgano instructor, sino que tampoco explica por qué decide aplicar una de las sanciones más graves previstas en el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, demostrando con ello el señor nombre reservado un ánimo persecutorio en su contra, ya que desde hace mucho tiempo ha intentado sancionarla.

En mérito a lo expresado, pide tener por interpuesta la presente acción constitucional, admitirla a tramitación, y en definitiva acogerla, declarando que el actuar del recurrido es ilegal y arbitrario, y se disponga dejar sin efecto la resolución impugnada de fecha 15 de septiembre de 2025, y constatándose la inhabilidad del señor nombre reservado y de don nombre reservado, pasen los antecedentes a la Juez Presidente del Tribunal de Familia de Chillán, a fin de que nombre un nuevo órgano resolutor, sin perjuicio de las demás medidas que este Ilustrísimo Tribunal determine, conforme al mérito de autos. 2°.- Que, informando don nombre reservado, Administrador del Juzgado de Familia de Chillán, señala que mediante oficio N°NUM002 de fecha 30-06- 2025, solicitó a la Jueza Presidenta la designación de un instructor a fin de que investigara el atraso en la gestión de alrededor de 38 a 45 actas de audiencia en que habría incurrido doña nombre reservado, Administrativo 3° del Juzgado de Familia, designándose al efecto como investigador al Sr. Fiscal Judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, quien con fecha 1° de agosto de 2025, formula cargos en contra de la Sra. nombre reservado en calidad de autora de haber incurrido en diversos atrasos en la confección de actas de audiencia en las causas detalladas en la carpeta investigativa.

Luego, con fecha 12 de septiembre de 2025 el Sr. Fiscal remite a este Administrador, por correo electrónico, el informe final con sus conclusiones y propuesta, y con fecha 15 de septiembre de 2025, se procede por este Administrador a dictar la resolución final en los antecedentes investigativos, realizando un análisis cualitativo, cuantitativo y respectiva ponderación de los antecedentes reunidos en la carpeta y los cuales dan por acreditada la falta cometida por la funcionaria sin tener alguna justificación válida, contraviniendo los plazos dispuestos para la entrega de su trabajo, configurándose, a su parecer, la falta contemplada en el art. 544 N°3 del Código Orgánico de Tribunales que indica “3° Cuando se ausentaren sin licencia del lugar de sus funciones, o no concurrieren a ellas en las horas señaladas, o cuando en cualquier forma fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes”, por lo que estima la resolución dictada ajustada a derecho, dentro de plazo y en un proceso investigativo, y habiendo sido emitida por un Administrador totalmente habilitado.

Indica que de conformidad con el artículo 389 F del Código Orgánico de Tribunales, el único funcionario facultado para solicitar al Juez Presidente la designación de un investigador, es el Administrador, de manera que en todos los casos investigados aparecerá como denunciante, por lo que de acatar lo indicado por el señor Fiscal, resultaría que en todos aquellos casos el Administrador debería estar inhabilitado.

Desde la perspectiva anterior, indica que en otras investigaciones que se han llevado a efecto, los Administradores han prestado declaración y en ninguna de ellas se ha establecido una posible inhabilidad del Administrador.

Indica que el Acta 108-2020 de la Excma. Corte Suprema regula los plazos a que deben sujetarse las actuaciones dentro del procedimiento investigativo, haciendo presente que el señor fiscal investigador no tuvo la observancia de dichos plazos, por lo que considera que el proceso investigativo llevado a cabo por el señor fiscal investigador no se ajustó, en cuanto a los plazos, en ningún caso a lo estipulado en la normativa legal.

Sostiene que, con ocasión del atraso de sus funciones de parte de la recurrente, sus colegas, jueces, abogados y usuarios resultaron afectados, sufriendo el impacto directo del sustancial retraso en la entrega de las actas, lo que significó recarga de trabajo a los colegas de la Sra. nombre reservado, como asimismo refiere que se vio perjudicada la imagen de algunos magistrados. Incluso más, el propio tribunal se vio perjudicado no solo en su imagen, sino que también sufrió el incremento de los escritos pendientes de resolver.

Desde otro ángulo, expresa que efectivamente la Sra. nombre reservado presentó un recurso de apelación a la resolución de 15 de septiembre de 2025, pero fue declarado extemporáneo por haberse presentado fuera de plazo.

Termina señalando que no tiene ni tuvo jamás un ánimo de persecución en contra de la Sra. nombre reservado, limitándose solamente a cumplir con la normativa legal. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye de manera evidente que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente en contra de la Resolución de fecha 15 de septiembre de 2025, dictada por el Administrador del Juzgado de Familia de Chillán, don nombre reservado, en los autos disciplinarios Rol NUM001, y por medio de la cual se aplicó a la recurrente la sanción de Multa de 15 días de sueldo, determinación que considera ilegal y arbitraria. 6°.- Que, por su parte el recurrido, Administrador del Juzgado de Familia de Chillán, sostiene que la investigación se realizó conforme a las normas contempladas en el Acta N°108-2020, de la Excma. Corte Suprema, habiéndose respetado los plazo legales y haber actuado conforme a la normativa legal, sin eludir las responsabilidades que el cargo le impone, fundamentalmente la de ser responsable por el control de la gestión administrativa, y la de solicitar un funcionario investigador ante faltas cometidas por un funcionario. 7°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es consignar que de los antecedentes del recurso fluye con evidencia que la resolución de fecha 15 de septiembre del año en curso, pronunciada por don nombre reservado, en calidad de Administrador del Juzgado de Familia de esta ciudad, y mediante la cual sanciona a la recurrente con multa de 15 días de sueldo, no aparece dictada conforme al mérito de los antecedentes allegados a la investigación, toda vez que desatiende de manera insólita e inexplicable lo señalado por el investigador, Fiscal nombre reservado de esta Corte de Apelaciones, don nombre reservado, en su informe de rigor.

En efecto, si bien es cierto en el motivo décimo del informe del señor Fiscal nombre reservado se tiene por acreditada la conducta de la funcionaria denunciada, y en concreto el atraso en el desempeño de las funciones que le impone el cargo, no lo es menos que el considerando décimo segundo del informe en referencia, refiere sin embargo que debe tenerse en consideración que el atraso en las funciones de la funcionaria investigada proviene de una situación personal que le impide dedicarse de lleno a sus labores, consistente en atender el cuidado de su hijo menor que tiene la condición de Trastorno de Espectro Autista Grado 1, y de su madre de la tercera edad, quien se encuentra postrada, siendo ambos completamente dependientes de la investigada, circunstancias estas que fueron total y absolutamente desatendidas e ignoradas por el funcionario resolutor. 8°.- Que, por otra parte, en el orden de ideas antes señalado, el dictamen del señor Fiscal en su numeral 17 deja establecido que los órganos encargados de la administración del tribunal, don nombre reservado, Administrador, y don nombre reservado, Jefe de Unidad del tribunal, no obstante haberlo solicitado la denunciada y tener justificación grave en su petición, no adoptaron las medidas mínimas pertinentes que permitieran la adecuación de sus funciones y obtener de ese modo un mejor desempeño en conciliación con su vida personal, advirtiéndose de este modo una actuación omisiva de parte de los órganos de la Administración del Tribunal, los cuales solo se limitan a denunciar a la investigada sin realizar las gestiones mínimas de adecuación de sus funciones que permitan el correcto desempeño de éstas. 9°.- Que, desde otra perspectiva, conviene precisar que la investigada al evacuar los descargos señaló no mantener actas pendientes y que el atraso se encuentra subsanado, por lo que como medida para mejor resolver se dispuso con fecha 25 de agosto y 2 de septiembre del presente año, requerir al Ministro de Fe del Juzgado de Familia de Chillán, a fin de que se certificara si se encuentran confeccionadas e ingresadas al sistema SITFA las 43 actas en que incidía el atraso, certificándose que todas se encontraban confeccionadas y debidamente ingresadas al sistema, todo lo cual conduce a estimar que el órgano resolutor, al dictar la resolución final, no apreció los antecedentes de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme lo mandata el artículo 29 del Acta N°108-2020 de la Excma.

Corte Suprema, resultando en consecuencia desproporcionada la sanción aplicada. 10°.- Que, en otro orden de ideas, necesario es advertir que la jurisprudencia ha sostenido que la participación simultánea del denunciante en la investigación al haber declarado, y en la denuncia misma de los hechos, constituye una infracción al debido proceso, específicamente al principio de imparcialidad, ya que genera un conflicto de interés que pone en duda la objetividad del órganos resolutor, pues no le permite actuar con la debida imparcialidad al estar comprometido personal o funcionalmente con la denuncia, lo que afecta el derecho a la defensa de la investigada. 11°.- Que, en relación a lo manifestado en el motivo precedente, se debe consignar que el señor Fiscal nombre reservado, en el motivo vigésimo de su dictamen, hizo presente que el Administrador del Juzgado de Familia, don nombre reservado, al haber actuado como denunciante de los hechos investigados y prestado declaración, se encontraba inhabilitado para adoptar la resolución procedente en derecho, consideración ésta que fue absolutamente ignorada y desatendida por el funcionario resolutor, Sr. nombre reservado. 12°.- Que, asimismo, se debe tener en consideración que el señor Fiscal nombre reservado, al estimar en su informe que la funcionaria investigada había justificado suficientemente que el atraso en el cumplimiento de sus funciones obedecía a razones personales y familiares de gravedad, propuso la absolución de la denunciada, de lo cual disintió el funcionario resolutor, sin señalar ninguna razón o fundamento al efecto, por lo que por este capítulo la resolución impugnada, además de carecer de imparcialidad, conforme lo pormenorizado en el motivo décimo de este fallo, deviene en una resolución carente de razonabilidad y fundamentación suficiente. 13°.- Que, así las cosas, y conforme lo pormenorizado en los basamentos precedentes, el presente recurso de protección será acogido en los términos que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se acoge, sin costas, la acción de protección impetrada por doña nombre reservado.

II.- Que, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución final de fecha 15 de septiembre de 2025, dictada por el Administrador del Juzgado de Familia de Chillán, en su calidad de resolutor, don nombre reservado, en cuanto sanciona a la recurrente a una Multa de 15 días de sueldo.

III.- Que, acorde lo resuelto en la decisión anterior, se deberán remitir los antecedentes a la Sra. Juez Presidente del Tribunal de Familia de Chillán, a fin de que se designe un nuevo órgano resolutor con el objeto de dictar la resolución final que en derecho corresponde en la presente investigación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

ROL 804-2025-PROTECCIÓN.