nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Chillán, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1°.- Comparece la abogada Valeria Constanza Tapia Seguel, interponiendo recurso de protección en representación y en favor de nombre reservado, trabajador dependiente; y en contra de la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales de la recurrida que estima han vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental.

Como fundamentos de hecho de la acción interpuesta, refiere que, con fecha 05 de febrero del año 2014, su representado contrajo un mutuo de dinero, con la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, denominado “crédito social”, por un monto de $3.012.600, suscribiéndose para dichos efectos pagaré número 172000052847, siendo aquella entidad la dueña del pagaré. Dicho monto, se pagaría en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $143.469, a excepción de las cuotas 1 y 6, en donde el monto a pagar era de $132.010 y $51.175, respectivamente, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la Ley Nº 18.833. Añade que, solo se pagaron dichas cuotas hasta el 31 de julio de 2014, adeudándose por concepto de capital la suma de $4.355.245; habiendo en dicho año quedado sin trabajo, y al no someterse a una repactación, que era la única opción que le entregaban, simplemente esperó la demanda ejecutiva.

Sin embargo, transcurrido el tiempo, en el presente año y luego de haber pasado por distintos empleadores suscritos a cajas de compensación, sin descuentos y luego de once años de haber solicitado dicho crédito social; al ingresar a trabajar al Colegio Luis Oyarzun Peña, de la comuna de Santa Cruz, se percata que, en su liquidación de sueldo, le han comenzado a descontar arbitrariamente el monto de $136.692, por descuentos de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, subtitulado en la liquidación como “Prest. CCAF LOS ANDES”; luego, al concurrir a averiguar, le informan que dicho descuento se refiere a una deuda que contrajo con fecha 05 de febrero de 2014, siendo supuestamente procedente el cobro a través del sistema Intercaja, con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana; y que su única solución era pagar la deuda.

Expone que, lo descrito precedentemente afecta gravemente a su representado, en su calidad de trabajador, su estabilidad económica y de su familia, que depende de su remuneración, aplicando el descuento sin fundamentos, en una especie de autotutela, de obligación manifiestamente prescrita, obteniendo el pago de forma irregular, transgrediendo los derechos fundamentales de su representado.

En el derecho, luego de transcribir el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y sostener la procedencia de la presente acción, refiere que, el acto denunciado, representa una notoria vulneración al Derecho de Propiedad de su representado; y en este sentido cita diversos pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema.

Finaliza solicitando a esta Corte, se acoja el recurso en todas sus partes, se deje sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones de la recurrente, acto seguido por su empleador a requerimiento directo de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin perjuicio de otras medidas de protección que se estime para el caso, y reestablecer el imperio del derecho; y se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de Septiembre del año 2025, los que ascienden a la suma de $136.692; todo lo anterior, con costas.

2°.- Al informar la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la recurrida Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, refiere que, según su base de datos, el recurrente presenta cotizaciones como trabajador afiliado por la Municipalidad de Santa Cruz; luego, plantea que, a partir del mes de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de Créditos Sociales, el que permite a la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, pueda recaudar deudas pendientes, morosas, o vigentes contraídas con otras Caja de Compensación, permitiendo este sistema que, en caso exista una nueva afiliación sea la nueva Caja la que recaude las deudas contraídas con anterioridad; y es en dicho contexto que, Caja los Andes, a través de la nómina de retenciones de crédito social, informó al empleador un descuento correspondiente a la cuenta [cuenta reservada] por un crédito otorgado, según el detalle que acompaña, sin haber percibido aun dichos montos.

A continuación desarrolla latamente, sobre el proyecto Intercajas, siendo un contrato celebrado en abril de 2013, cuyo objetivo es que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. Lo anterior, realizado al amparo de la ley 18.833, siendo el encargado de los servicios operativos de cobranza el prestador SINACOFI, a quien mensualmente se le transmite la información, sumado a un comité técnico de la C.C.A.F.. En dicho contexto, descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833. Luego, el pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago.

Finaliza, citando un pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema, y solicita el rechazo de la presente acción, por no existir acto ilegal o arbitrario imputable a su parte.

3°.- Al informar el abogado Julio César Villalobos Villarroel, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, plantea que, consta en los sistemas de Caja La Araucana, el recurrente, mantiene 01 crédito moroso con Caja La Araucana, N° 172-000052847, el que fue otorgado el 05 de febrero de 2014, por la suma de $3.012.600, en 36 cuotas de $143.469. Luego, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.833, es que Caja Los Andes, le solicita al empleador afiliado a esta, Colegio Luis Oyarzun Peña, dependiente de la Dirección de Administración de Educación Municipal, Rut N° RUT reservado, el descuento de las cuotas morosas del crédito otorgado.

Como antecedentes de fondo, se refiere al marco normativo de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, Ley N°18.833 y el Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social; luego, cita los artículos 1545 y 1546 del Código Civil y transcribe parte del Dictamen 2659- 2020 de 12 de agosto de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, referido a que el empleador debe aplicar los descuentos correspondientes, debiendo la prescripción ser declarada judicialmente. En este sentido cita diversos pronunciamientos jurisprudenciales.

Por lo anterior, sostiene que, su parte, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto el descuento no es ilegal, sino, se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Concluye, solicitando a esta Corte, el rechazo del recurso, por cuanto los cobros realizados, no son arbitrarios o injustificados, las obligaciones existen, fueron reprogramadas y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos, y los mismos se encuentran ajustados al máximo permitido.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente consiste en los descuentos efectuados a su remuneración, derivados de la contratación de un mutuo o crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

8°.- Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por las partes, es posible establecer que el crédito cuyo cobro se impetra por vía de descuentos en las remuneraciones de la actora, corresponde a un mutuo otorgado el 5 de febrero de 2014, por la caja de Compensación la Araucana, por la suma de $3.012.600.-, que debía solucionarse en 36 cuotas de $146.469 y cuya mora en el pago, data desde la cuota con vencimiento en julio de 2014. Asimismo, no resulta controvertida la circunstancia de haberse efectuado los descuentos objeto de la acción, a partir de la remuneración correspondiente al mes de septiembre del año 2025.

9°.- Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir desde la época de la mora en el pago de la obligación, hasta la fecha del reinicio de los descuentos sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin, conforme le habilita la ley; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo previamente citado deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

10°.- Que, este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que, por su intermedio, la Caja de Compensación soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo al actor. De lo contrario, la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades permisivas ejercidas a destiempo.

11°.- Que, de esta manera, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción debe ser acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida Caja de Compensación Los Andes abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor por la Caja de Compensación la Araucana, vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo esta última deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados, sin perjuicio del derecho de la recurrida a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado señor Guajardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N° 801-2025 Protección.