Protección contra sección de remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile

Chillán, seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Elías Rodrigo Lizama Novoa, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la sección de remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, bajo jerarquía administrativa del Prefecto General, nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, o por quien lo represente o subrogue, domiciliado en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en la omisión de pago de saldos remuneratorios adeudados, relacionados con la “asignación de grado efectivo”, código H0050, remuneración imponible, permanente y no accidente, cuyo incumplimiento de pago vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente egresó el año 2001 de la Escuela de Investigaciones Policiales de Chile, y que en el año 2002 comenzó a ejercer en el cargo y grado de detective, siendo su primera destinación en la región metropolitana, y posteriormente, durante el tiempo en que se mantuvo la relación laboral, presto servicios en las ciudades de Chillán, San Carlos, Coyhaique, Santiago y Linares, para finalmente a contar del 1 de abril del año en curso, se acoge a retiro temporal voluntario de la institución.

Indica que la asignación de grado efectivo, código H0050, es imponible y constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores. Agrega que dicha remuneración se encuentra sujeta a un incremento respecto de aquellos funcionarios que se desempeñan en regiones, y que en la especie corresponde en Chillán a un 15%, San Carlos a un 25% y Coyhaique a un 105%. Así las cosas, señala que en mayo del 2019, mediante Radiograma N°225 de fecha 30 de mayo de 2019, emitido por la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, se les informe que la remuneración se estaba pagando incompletamente, citando el radiograma indicando, que en su parte final indica “que el referido pago se cursará en el proceso suplementario del presente mes, siendo abonado en las cuentas bancarias el día 31.May.2019”, sin embargo, en el mes de junio de 2019 el pago fue suspendido por parte de la PDI, de lo que se da cuenta en el Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio del año 2019, fundado en que el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 sería sometido al pronunciamiento del órgano contralor, citando el radiograma indicado.

Que, en virtud de lo señalado precedentemente, mediante Dictamen N°E98958/2021 emitido por la Contraloría General de la República con fecha 26 de abril del año 2021, se emite pronunciamiento al respecto, concluyendo que “En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerado en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”. De lo anterior, indica que en virtud de lo resuelto por el órgano contralor, el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 se habría hecho de forma correcta, sin embargo, la recurrida omitió dar cumplimiento, no generando ningún acto administrativo tendiente al pago de los saldos adeudos, y menos aun considerando la asignación de especialidad al grado efectivo en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tiene derecho a percibir el beneficio.

Argumenta que el recurrente tiene un derecho de propiedad de carácter exclusivo, absoluto y perpetuo respecto de sus remuneraciones, el cual se encuentra protegido constitucionalmente por el artículo 19 N°24, en este mismo sentido, el derecho que adquieren los funcionarios de la institución se funda en lo dispuesto en los artículo 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, los cuales cita en su escrito, señalando que ellos consagran el derecho a las remuneraciones por los servicios prestados, y el derecho a percibir íntegramente las remuneraciones.

Indica que el 20 de junio del año en curso, un ex compañero de trabajo, contacta al recurrente señalando que por los mismos hechos se interpuso recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, ordenándose a la recurrida efectuar el pago íntegro de los saldos adeudados respecto de aquel recurrente, y que en ese mismo sentido ha fallado la Excma. Corte Suprema, refiriéndose y citando la causa Rol N° 147.027-2023.

Hace presente que en conformidad al fallo de la Excma. Corte Suprema, antes mencionado, y al pronunciamiento del ente Contralor mediante Dictamen N°E98928/2021, el cálculo de lo adeudado por la Policía de Investigaciones al recurrente, asciende a la suma de $26.545.633, acompañando en su escrito cuadro explicativo del referido cálculo, agregando que no se incluyen los saldos adeudados desde el mes de abril de 2003 a diciembre de 2005, momento en que prestaba servicios en la ciudad de Chillán, no contando con las liquidaciones de sueldo de dichos periodos, correspondiéndole a la recurrida subsanar aquello.

En cuanto al derecho, y tras referirse a la procedencia del recurso indica que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, argumentando que la ilegalidad se manifiesta por la omisión de la recurrida al no proceder con el pago de los montos adeudados de la asignación especial de grado efectivo, incluso de aquellos saldos que median de su ingreso a la Institución, y siendo también arbitrario, puesto que pese al pronunciamiento del órgano contralor, la Policía de Investigaciones no realizó acto administrativo alguno, tendiente a solucionar los pagos correspondientes, todo lo cual vulnera el derecho de propiedad que recae sobre las remuneraciones del recurrente, estima también vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, puesto que la omisión ilegal y arbitraria de los recurridos carece de razonabilidad actuando en contravención a lo mandatado por la ley.

Finaliza solicitando tener por interpuesto el recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la PDI, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector, don nombre reservado, solicitando sea acogido, y se declare ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en cuando al proceso de tramitación administrativa del pago de saldos remuneratorios adeudados, relacionados con la “Asignación de Grado Efectivo”, los cuales no se han realizado en tiempo y forma, ordenándose proceder a la total tramitación administrativa del referido pago, asimismo que se adopten los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho, todo con expresa condena en costas, en caso de oposición.

2°.- Que, informa el abogado Omar Alonso Castro Torres, en representación de nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y que tras referirse a los hechos descritos por el recurrente, hace presente, respecto a la asignación de especialidad al grado efectivo, que el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, en su texto original, no contemplaba dicho beneficio, sin embargo, en virtud del artículo 41 del Decreto Ley N° 3.551, de 1980, publicado el 2 de enero de 1981, se estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que “el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona”. En este mismo orden de ideas, indica que a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46, del antes mencionado Decreto con Fuerza de Ley N°2, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo, cuyo monto se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Atendido lo expuesto precedentemente, y en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes Nos. 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, es que el establecimiento de un nuevo beneficio remuneratorio a favor del personal de Carabineros y de Investigaciones, importó, respecto de dicho servidores, la derogación tácita del estipendio de similar denominación, concedido originalmente por el artículo 41 del citado decreto ley N° 3.551, de 1980, ello con la sola excepción de la regulación relativa a los montos, puedo que el mismo Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella, para efectos de establecer los valores. Agrega que posteriormente y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronuncia sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, es el criterio adoptado sobre esa materia el que dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la mencionada gratificación.

Expone que la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S.N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el que cita en su escrito. Asimismo, se refiere al Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, concluyendo al respecto que dicho pronunciamiento no tuvo, en ningún caso, efecto retroactivo.

En cuanto al pago del recurrente, en conformidad a lo informado por la Jefatura de Administración y nombre reservado de la Policía de Investigaciones de Chile, no se procedió con el pago del recurrente, en razón a que a la fecha del dictamen, 26 de abril de 2021, aquel se encontraba prestando servicios en una unidad donde no corresponde el pago de gratificación de zona. Al respecto, cita lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, en causa Rol 2384-2022.

Concluye señalando que en virtud de los antecedentes expuestos y argumentos vertidos, se desprende que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, habiéndose procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado, habiéndose realizado, por la institución, todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la asignación de especialidad de grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio en conformidad al dictamen N°E98928, antes ya indicado. Solicita tener por evacuado el informe requerido.

3°.- Que, analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, como se advierte de lo señalado por la recurrida en su informe, no cuestiona la procedencia de incluir la denominada “asignación de especialidad al grado efectivo” en la base de cálculo del incremento correspondiente a la asignación de zona que beneficia a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, por prestar servicios en las ciudades indicadas y por el porcentaje que corresponde a cada una como es el caso de Chillán, San Carlos. Coyhaique y Linares, entre otras. En efecto, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S.N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el que cita en su escrito. Sobre esa materia el Dictamen N° E98928 de 2021, de la Contraloría General de la República señaló que “la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.”

7°.- Que, a mayor abundamiento, con los antecedentes acompañados al recurso, apreciados de conformidad a la sana crítica, se pueden establecer como hechos de la causa, que:

1.- El recurrente desempeñó funciones en la Policía de Investigaciones de Chile, desde su egreso de la escuela de formación en el año 2001, hasta que se acogió a retiro en forma voluntaria con fecha 01 de abril del presente año, periodo en el que estuvo destinado en varias ciudades del país, como Chillán, San Carlos, Santiago, Coyhaique y Linares, en distintos periodos como se da cuenta en el informe de destinaciones del recurrente.

2.- Mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado de la PDI, se informa a todo el personal institucional que, a partir de mayo de 2019, se modifica la base de cálculo de la gratificación de zona para los trabajadores de la PDI que cumplan funciones en aquellas unidades con derecho al pago de este estipendio económico, conforme a revisión del Departamento de Auditoría interna y a informe Técnico Jurídico.

3.- Por medio de Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, la PDI informa al personal que el pago efectuado por el radio anterior había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor, refiriendo que las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta de la Contraloría General de la República, a partir de la cual se procederá conforme a derecho respecto al pago en cuestión.

4.- Por medio del Dictamen Nº E98928 / 2021, de 26 de abril de 2021, la Contraloría General De La República, en lo sustancial, refirió que: “En dicho contexto, conviene puntualizar que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº 3.551, de 1980”.

8°.- Que, en consecuencia, la parte recurrida, ha cuestionado los importes demandados por el recurrente, ya que este último reclama el pago correspondiente desde el año 2003 hasta el año 2021, según da cuenta su recurso, lo que no concuerda con lo señala por la parte recurrida que señala que conforme el Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, este no tiene efecto retroactivo.

9°.- Que conforme lo expuesto, tal y como lo sostuvo la Excelentísima Corte Suprema en su fallo ROL 147.027-2023, “el único argumento para solicitar el rechazo de la presente acción del recurrente se funda en que al decir el Dictamen N° E98928 de 2021, de la Contraloría General de la República que “la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”, el vocablo “actualmente” excluiría todo período anterior a la fecha del pronunciamiento, esto es, el 26 de abril de 2021. Con ello desconoce su propio actuar previo, de mayo de 2019, así como que tal pronunciamiento sólo responde a la solicitud de aclarar la materia que realizara el Director General de la PDI, por lo que no puede pretender que sólo a partir del mismo haya nacido el derecho de los recurrentes. De manera que, desconocer el derecho del recurrente por tales fundamentos aparece como vulneratorio del derecho de propiedad sobre las remuneraciones a que tiene derecho”.

10°.- Que en consecuencia se acogerá la presente acción, debiendo la Policía de Investigaciones de Chile, proceder al pago de la “Asignación de Grado Efectivo” con la gratificación de zona, al recurrente, teniendo presente el periodo comprendido entre el mes de julio de 2019, fecha en que la institución informa al personal que el pago efectuado por dicho concepto había sido sometido al pronunciamiento de la Contraloría General de la República, refiriendo que las remuneraciones con asignación de zona se cancelaran utilizando la base de cálculo original hasta el presente año 2024.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Elías Rodrigo Lizama Novoa, en representación de nombre reservado, en contra de la sección de remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, debiendo esta institución proceder al pago de la “Asignación de Grado Efectivo” con la gratificación de zona, conforme la destinación del recurrente que corresponda por el período que media entre julio de 2019 y el de abril de 2024.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Pablo Ortega Arroyo, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N°800–2024 PROTECCIÓN