nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE

Chillán, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Claudio Morales, en favor de Alejandro Escobar Iturra, ex Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quillón, e interpone acción de protección en contra del Tribunal Superior de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos, representada por nombre reservado.

Refiere que el pasado 25 de agosto se notificó a su representado, por carta certificada, fallo de fecha 18 de agosto del Tribunal de Disciplina, el cual fue objeto de recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación, y resolución que rechazó el referido recurso y confirmó, lo señalado en la resolución de 18 de agosto, resolución de confirmación que fue notificada el 2 de octubre de 2025, vía correo electrónico (debiendo de acuerdo al Estatuto de la JNCB, que incluye lo relativo a los órganos disciplinarios, notificarse por carta certificada) y que transcribe.

Relata que el 13 de enero de este año se inició una investigación o proceso disciplinario; que ese día su representado, en su calidad de Superintendente y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Quillón, recibió recibe en forma presencial y por correo electrónico, oficio 02/2025 desde el Consejo Regional de Ñuble, donde el Presidente del Consejo Regional de Ñuble Don nombre reservado, informa de denuncia por una supuesta mala utilización de recursos financieros, adjuntando copia de Cheque por la suma de $2.000.000, y que fuese solicitado por él por motivos de urgencia, relativos a salud.

Añade que, ante tal situación, el 15 de enero dio respuesta a lo solicitado, explicando en detalle lo ocurrido y que se contaba con la autorización para realizar un préstamo de los Oficiales Generales, quienes se reunieron en Consejo de forma telemática, al igual que lo hace la JNCB, siendo ratificado posteriormente por el Honorable Directorio General, añadiendo que ya había sido devuelto en su totalidad y que el préstamo se hizo con dineros propios del cuerpo de Bomberos y no del erario nacional. Luego, al día siguiente, mediante Oficio 03/2025 dirigido al Presidente del Consejo Regional Ñuble, se solicitó el envío de todos los antecedentes de la denuncia realizada.

Señala a continuación que el 24 de enero su representado recibió correo informando de una reunión para el martes 28 a las 19:00 horas, a la que se excusó de asistir por una emergencia familiar. El mismo 28 de enero se recepcionó Oficio 9/2025 del Consejo Regional de Ñuble, informado que no se puede entregar información respecto de la denuncia efectuada por instrucción del nivel central, esto, hasta que se lleve a cabo la investigación.

Luego, el 1 de abril de 2025 recibió correo notificándole que, como Superintendente y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Quillón, que sería auditada de acuerdo a la Resolución Investigadora N°1-2025 de la JNCB.

Agrega que el 2 de abril su representado envía correo dirigido a don nombre reservado, miembro de la comisión designada para llevar adelante la auditoria, solicitando nuevamente los antecedentes de la denuncia y adjuntando correo enviado al Consejo Regional donde se había solicitado lo mismo, sin haber recibo en aquella oportunidad respuesta. Luego, el 6 de junio se recibió correo dirigido al Presidente Consejo Regional por medio de la cual se informa que han pasado desde el Cuerpo de Bomberos de Quillón al Tribunal de Disciplina de la JNCB los antecedentes, sin saber los motivos, ni menos, si se ha dado cumplimiento al quórum requerido, para tomar tal decisión.

A continuación, luego de una detallada cronología de los acontecimientos, destaca que la Subsecretaria del Interior, en forma paralela, el 21 de marzo de este año notificó al actor de la circunstancia de que se estaba gestionando otra auditoría de forma independiente a la requerida por la JNCB, auditoría en la que sólo se encontraron defectos menores, todos subsanables, y que fueron subsanados y acreditados con documentos. Hace presente el letrado que la JNCB emitió en el mes de agosto informe en el cual su representado, en el ítem Matriz de Riesgo, aparece sin observaciones, y en cada ítem figura con un resultado del 100 por ciento, dentro de todos los Cuerpos de Bomberos del país.

Luego, el 12 de julio se notificó a los miembros del Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Quillón, incluido su representado, que debían acudir a citación por parte del Tribunal de Disciplina, para prestar declaración, sin saber mayormente respecto de qué, negándoseles asesoría legal.

Afirma que durante el proceso, fueron varios los derechos conculcados, entre ellos la falta de un debido proceso; que el proceso desde sus inicios fue confuso; que se negó durante el mismo el derecho a defensa letrada; que fue juzgado por una comisión especial, no constituida con anterioridad; que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos no tiene facultades disciplinarias sobre los Cuerpos de Bomberos, sino que cada Cuerpo de Bomberos tiene sus propios órganos disciplinarios, encargados de juzgar actuaciones como la del actor; que en el presente caso la denunciante simplemente acudió a instancias equivocadas, soslayando los órganos disciplinarios correspondientes.

Sostiene que el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la JNCB adolece de errores gravísimos, que carece de jurisdicción o competencia alguna y de potestades disciplinarias por sobre los Cuerpos de Bomberos conforme a la Ley Marco de Bomberos N°20.564.

Transcribe los artículos 3 y 54 y afirma que solamente el Superintendente del cuerpo de bomberos o su representante puede solicitar al Consejo Regional y éste a su vez solicitar la intervención del Tribunal de Disciplina; que en consecuencia, tanto el Consejo Regional, como el Tribunal de Disciplina han actuado por sobre sus propios Estatutos al iniciar una investigación, de forma subjetiva y para nada transparente, para luego, dejarla en manos del Tribunal de Disciplina de la JNCB, quien debió desde un principio, abstenerse de conocer tal situación y señalar que sean los organismos disciplinarios propios del Cuerpo de Bomberos afectado quienes deben conocer de la presunta denuncia formulada por una Directora de Compañía. Transcribe, en apoyo de su argumentación, el artículo 10 de la Ley Marco de Bomberos.

Estima que el proceder de la recurrida a conculcado las garantías constitucionales previstas en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, pues el Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional de Bomberos, a través de su órgano disciplinario y con la dictación por parte de éste de una resolución derivada de un proceso viciado, carente de garantías y llevado a efecto por una entidad externa a la del actor, que tiene el carácter de comisión especial, soslayando gravemente el debido proceso como así mismo el derecho a defensa, determinó la destitución de sus cargos al Superintendente y Tesorero General del Cuerpo de Bomberos de Quillón, extralimitándose en sus facultades, causando en el agraviado un perjuicio evidente al no poder continuar en su cargo, por el periodo para el cual fue electo y el cual termina a fin de este año y todo lo que ello conlleva.

Solicita que se acoja en todas sus partes el recurso interpuesto, decretando las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho y, en definitiva, ordenar a la recurrida que deje sin efecto todo el proceso disciplinario en contra del actor y por ende, se disponga la inmediata restitución del derecho del recurrente a seguir ejerciendo su cargo en el Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Quillón, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa el abogado Fernando Recio Palma, en representación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, solicitando el rechazo de la presente acción con costas.

Expone primeramente la estructura orgánica de los Cuerpos de Bomberos y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, destacando la naturaleza, competencias y relevancia de sus órganos en relación con los hechos que motivan la presente acción, precisando que los cuerpos de bomberos, como personas jurídicas que son, están asociados en la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, formada por actuales 314 cuerpos de bomberos, cuyos objetivos se detallan en el artículo 3 de sus Estatutos. El directorio Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile está conformado por el Presidente Nacional, 4 Vicepresidentes Zonales, el Secretario Nacional, el Tesorero Nacional, y los Presidentes de cada una de las 16 regiones administrativas de nuestro país, todos ellos elegidos cada dos años de entre los más de 47.000 bomberos y bomberas de nuestro país, elección en la que participan los Superintendentes de los 314 Cuerpos de Bomberos, quienes a través de sus respectivos Consejos Regionales proponen a los candidatos para integrar el Tribunal de Disciplina, Tribunal de Apelación, y la Comisión Revisora de Cuentas de la corporación, los que son elegidos en la respectiva Asamblea Nacional.

En cuanto a los hechos en que se sustenta la presente acción constitucional sostiene que el actor, Alejandro Alberto Escobar Iturra, ex superintendente y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Quillón era integrante del Directorio General de dicho Cuerpo, quien junto al Tesorero General nombre reservado, por sentencia del tribunal de apelación de fecha 23 de septiembre de 2025, la que confirmó la sentencia del Tribunal de Disciplina de fecha 18 de agosto del mismo año, fueron destituidos de sus cargos, ordenándose su reemplazo por lo que resta del periodo para el cual fueron elegidos, por haber incurrido en graves infracciones e irregularidades a las normas estatutarias que los regulan y a la correcta administración de los recursos que les correspondía gestionar. Luego, efectúa un resumen de los antecedentes fácticos que rodean la presente acción.

Luego, alega la extemporaneidad de la acción constitucional, sosteniendo al respecto que el actor tuvo conocimiento por primera vez de la investigación o proceso disciplinario el 13 de enero del presente año, fecha en la cual y en su calidad de Superintendente y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Quillón, recibió una notificación del Oficio 02/2025 del Consejo Regional de Ñuble, notificación la cual se le hizo tanto en forma presencial como por correo electrónico, y por la cual se le informaba sobre una denuncia relacionada con una supuesta mala utilización de recursos financieros, solicitándosele diera respuesta, adjuntándosele copia de un cheque por la suma de $2.000.000, el cual fue solicitado por el Superintendente por motivos de urgencia relativos a salud (el llamado "autopréstamo") y acta de entrega del indicado Oficio, haciendo presente que si bien la investigación comenzó ese día, el señor nombre reservado, mediante un correo electrónico del 17 de enero solicitó al Consejo Regional de Ñuble, que se le enviaran todos los antecedentes de la denuncia, a fin de conocer en qué consistía la denuncia y quién o quiénes la realizaron, ya que desconocía más antecedentes de lo denunciado. Posteriormente, el 28 de enero de 2025, se le informó que no podía entregarse la información respecto de la denuncia por instrucción del Nivel Central, hasta que se llevara a cabo la investigación. La recepción de la Resolución Investigativa N° 01-2025, informando que sería auditado, ocurrió más tarde, el 1 de abril de 2025. A la luz de lo expuesto -afirma- resulta jurídicamente evidente que el recurso de protección fue interpuesto con posterioridad al vencimiento del plazo de 30 días corridos, computados desde al menos el 1 de abril de 2025, fecha de la recepción de la resolución investigativa.

Con relación a la legalidad de los hechos alegados por el recurrente el letrado manifiesta que el proceso disciplinario se ajustó a los Estatutos de la Junta Nacional, ya que el Consejo Regional del Ñuble remitió los antecedentes al Tribunal de Disciplina cumpliendo con el quórum y requisitos formales; el Tribunal de Disciplina fue convocado conforme a los estatutos, sin vulnerar derechos; el Superintendente del Cuerpo fue citado y escuchado y el proceso fue llevado por Tribunales internos establecidos por ley y estatutos, no por comisiones especiales, por lo que no se vulnera el derecho al juez natural. Asimismo, las resoluciones fueron notificadas conforme a derecho, la sentencia del Tribunal de Disciplina fue dictada y notificada dentro de los plazos establecidos siendo ésta apelada, apelación la cual fue conocida por el Tribunal de Apelación, por lo que el actor tuvo la oportunidad de ser escuchado en una segunda instancia.

Sostiene que el actor en su libelo indica muy escuetamente como fundamentos del recurso y derechos el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, sin embargo, en parte alguna explica cómo los actos impugnados serían ilegales y arbitrarios y como éstos vulneran la norma que pretende cautelar; que el actor interpuso un recurso de protección por haber sido juzgado en su calidad de superintendente del Cuerpo de Bomberos, por una – supuesta – comisión especial, lo que no aconteció.

Por otro lado, afirma que la naturaleza misma de la materia que se pretende debatir judicialmente por el recurrente así como los alcances de la misma, en cuanto solicita como petición concreta dejar sin efecto un acto jurídico (la resolución del tribunal de disciplina), conllevan en el mejor de los casos realizarlo en un juicio de fondo, en un procedimiento ordinario, en el cual la administración de justicia pudiese dirimir si la Junta Nacional de Bomberos y su Tribunal de Disciplina, de conformidad a sus facultades, leyes y reglamentos que la regulan, sus finalidades, el valor de sus acuerdos y su obligatoriedad respecto de los Cuerpos de Bomberos que la integran legalmente, posee la capacidad o facultad para resolver una sanción de expulsión al Superintendente, según un criterio basado en razones objetivas de probidad, transparencia y correcta administración de los recursos.

Hace presente además que actualmente está en tramitación otro recurso de protección, Rol 646-2025 de esta Corte de Apelaciones, en la cual se enfrenta el Cuerpo de Bomberos de Quillón (CBQ) contra la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile (JNCB), el primero representado por su ex Superintendente Alejandro Alberto Escobar Iturra. Tal recurso fue interpuesto debido a la negativa de la JNCB de transferir la segunda cuota de las acreencias bancarias, un monto aproximado de $100.000.000 en atención a que uno de los requisitos para la entrega de fondos es no tener procesos disciplinarios o de investigación en curso.

Manifiesta que el nexo lógico central entre los dos recursos de protección reside en que el proceso disciplinario contra el ex Superintendente es el hecho que desencadena y justifica la acción impugnada en el otro recurso sobre los fondos, es decir, la investigación disciplinaria (cuyo resultado es impugnado por nombre reservado en el recurso de autos) es la base fáctica que la JNCB aplica para invocar el nuevo requisito (cuya legalidad es impugnada por el CBQ en el Rol 646-2025) y así denegar los fondos a la institución, y en razón de lo expuesto considera que la presente acción de protección es un mecanismo instrumental al servicio de los intereses personales del recurrente de autos.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe solicitado y se rechace el recurso interpuesto en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el acto impugnado es la resolución dictada por el Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, con fecha 18 de agosto de 2025, que dispuso la destitución del recurrente de su cargo de Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quillón, decisión confirmada por el Tribunal de Apelación de la misma entidad mediante resolución de 2 de octubre de 2025.

7°.- Que la notificación de la resolución que resuelve la apelación presentada por el actor en contra de la sentencia del Tribunal de Disciplina se efectuó el 2 de octubre pasado, ocasión en que concluye definitivamente el procedimiento sancionatorio que se cuestiona a través de este arbitrio y que desde esa época a la presentación del recurso no transcurrieron los treinta días contemplados en el N° 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de Protección; en consecuencia, la alegación de extemporaneidad formulada por el recurrido debe ser desestimada.

8°.- Que, en síntesis, el recurrente alega que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos carecería de competencia para instruir procesos disciplinarios sobre los Cuerpos de Bomberos comunales, de modo que la actuación del Tribunal de Disciplina configuraría un acto ilegal y arbitrario dictado por una comisión especial.

9°.- Que para resolver acerca de la ilegalidad y/o arbitrariedad reclamadas, es preciso analizar las normas que rigen la actuación del Cuerpo de Bomberos de Chile.

Como punto de partida debe señalarse que el artículo 1° de la ley 20.564, que establece la ley marco de los Bomberos de Chile, señala expresamente que los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.

Por su parte, el artículo 10 prescribe: “En caso de suceder un conflicto o situación que afecte la seguridad de la población, sea que haga peligrar la continuidad o la administración del servicio bomberil, implique la paralización de éste o comprometa la imagen de los Cuerpos de Bomberos frente a la ciudadanía, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, a petición fundada del Ministro del Interior y Seguridad Pública, del Ministro de Justicia, de un Intendente Regional o Gobernador Provincial, elaborará un informe sobre la situación denunciada a la autoridad solicitante, estando facultada para realizar visitas e inspecciones a el o los Cuerpos de Bomberos que aparezcan involucrados en los hechos denunciados por la autoridad, pudiendo imponerse de toda su documentación interna, y recomendar las medidas que permitan la solución del conflicto.

Evacuará un informe de lo obrado y de las medidas recomendadas, y en caso de no ser posible la solución del conflicto a través de las medidas propuestas, propondrá a la autoridad respectiva la adopción de medidas que estime pertinentes para la solución del conflicto. Copia del informe será remitida al Ministerio de Justicia para la adopción de medidas que resulten en derecho procedentes.”

De las normas anotadas se desprende la facultad de la Junta Nacional, a solicitud del Ministerio del Interior y Seguridad Pública u otras autoridades, para investigar, inspeccionar e informar sobre conflictos o irregularidades que comprometan la seguridad, administración o imagen de los Cuerpos de Bomberos, pudiendo recomendar medidas de corrección y, en su caso, activar los mecanismos disciplinarios internos que sus estatutos contemplan.

10°.- Que, el artículo 3 del Estatuto de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos establece los objetivos de esta, entre los que se encuentran: “(…) k) Ejercer las medidas de control y fiscalización, necesarios para lograr los objetivos de la Corporación y de sus miembros; l) Sancionar el grave o reiterado incumplimiento por parte de los Cuerpos de Bomberos, de sus obligaciones de servicio, legales, estatutarias o administrativas, de acuerdo a lo que determine el Reglamento Nacional y; m) Podrá pronunciarse, ante requerimiento expreso de alguno de los Cuerpos de Bomberos miembros de la Junta, recomendando a éstos la aplicación de específicas medidas disciplinarias que se contemplen en sus estatutos que pudieren afectar directamente a uno o más de los socios de la entidad requirente, teniendo en consideración que el conflicto ha podido ser tal que afecte a la seguridad de la población, la eficiencia del trabajo bomberil o la imagen ciudadana del Cuerpo de Bomberos.”

A su turno, el artículo 53 letra b) del referido Estatuto establece: “El Tribunal de Disciplina en el conocimiento y resolución de los asuntos que les sean sometidos, podrá acordar cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: a) Amonestación al Cuerpo de Bomberos acusado; b) Reemplazo de autoridades de dicho Cuerpo por otros voluntarios del mismo Cuerpo o de otro Cuerpo de Bomberos de la misma región por el plazo que señale; c) La pérdida de la calidad de miembro de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos y; d) Podrá aplicar a los miembros del Directorio Nacional las medidas de amonestación o destitución del cargo en los casos indicados en el artículo 13° y 18° letra u) de estos Estatutos.

Estas sanciones serán apelables ante el Tribunal de Apelación.”

11°.- Que, conforme al marco normativo precedentemente referido resulta claro que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile tiene la potestad de controlar, fiscalizar y sancionar los incumplimientos graves de los Cuerpos de Bomberos afiliados, mediante su Tribunal de Disciplina, órgano preexistente y permanente, regulado en el propio texto estatutario. En consecuencia, no puede estimarse que dicho tribunal constituya una comisión especial prohibida por el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución, sino una instancia orgánica y estatutaria habilitada para conocer hechos que afecten la regularidad institucional.

12°.- Que, por otro lado, de los antecedentes allegados a estos autos no se aprecia vulneración al derecho a defensa jurídica ni al debido proceso invocados por el recurrente, pues don Alejandro Escobar Iturra fue debidamente citado, compareció a declarar ante el Tribunal de Disciplina, aportó documentación, y posteriormente interpuso recurso de apelación ante la instancia superior de la propia Junta Nacional, la cual resolvió fundadamente.

Por tanto, el procedimiento disciplinario se desarrolló respetando el derecho del investigado de ser oído y aportar los antecedentes que estimó pertinentes en apoyo de su teoría defensiva, garantizándose el racional y justo procedimiento contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

13°.- Que, por otro lado, la sola circunstancia de que el recurrente discrepe de la proporcionalidad de la sanción impuesta no basta para configurar un acto arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Carta Fundamental. En efecto, la función de esta Corte se limita a verificar si el procedimiento y la decisión impugnada se ajustaron a las normas legales, estatutarias y reglamentarias aplicables y si resultan razonables a la luz de las garantías constitucionales invocadas.

En otros términos, recurso de protección no es una vía destinada a revisar el mérito o corrección de decisiones adoptadas por órganos competentes dentro de su esfera reglada, sino un mecanismo de control frente a infracciones manifiestas a derechos constitucionales, lo que no se advierte en la especie.

14°.- Que, además, tanto en la resolución de 18 de agosto como en la de 2 de octubre, ambas del año 2025 se consignan detalladamente los fundamentos fácticos y jurídicos que permitieron al órgano disciplinario concluir la existencia de irregularidades en la administración del Cuerpo de Bomberos de Quillón y que determinaron el reemplazo del Superintendente, don Alejandro Escobar Iturra -recurrente en estos autos- y del Tesorero General don nombre reservado, lo que permite descartar la arbitrariedad alegada, pues revelan un ejercicio razonado y motivado de las potestades legales que competen al Tribunal de Disciplina y de Apelación.

15°.- Que, en consecuencia, no se observa que la actuación del Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile haya privado, perturbado o amenazado los derechos constitucionales invocados por el recurrente, por cuanto el procedimiento se ajustó al ordenamiento jurídico vigente y las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por órganos legal y estatutariamente habilitados para ello, lo que impone el rechazo de la acción constitucional interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Alejandro Alberto Escobar Iturra, en contra del Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol 796-2025 Protección