nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NINHUE

Chillán, nueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

1°. - Que, comparece el abogado Felipe Ignacio Bakit Peña, en representación de nombre reservado, interponiendo un recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Ninhue representada por su Alcalde Luis Alberto Molina Melo, acusando como antecedente factual “la omisión continuada e injustificada de resolver el procedimiento sumarial iniciado en abril de 2024 en contra del recurrente y por mantener, de facto, restricciones y afectaciones a su situación funcionaria y a su honra”, lo que a su juicio configura un proceder ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza las garantías constitucionales del Artículo 19, en particular la integridad psíquica, la honra, la igualdad ante la ley, y la libertad de trabajo del servidor público antes mencionado.

Expone que el día 23 de abril de 2024, mediante Decreto Alcaldicio N° 1.863, la Ilustre Municipalidad de Ninhue ordenó instruir un sumario administrativo en contra del docente nombre reservado, con el objeto de investigar los hechos denunciados por tres apoderados del curso Segundo Medio A del Liceo Bicentenario de Excelencia Arturo Prat Chacón. Agrega que los cargos disciplinarios se relacionan con un incidente ocurrido el día 03 de abril de 2024 durante una clase que impartía el recurrente al curso Segundo medio A. En esa oportunidad, se produjeron interacciones verbales fuera de la sala entre algunos estudiantes y el docente, interviniendo posteriormente el Inspector General. Sostiene el letrado que existen versiones divergentes entre estudiantes y funcionarios respecto de la secuencia exacta de los hechos, sin embargo, recalca que el actor -docente- concurrió a Carabineros de Chile para denunciar las amenazas proferidas por el estudiante involucrado, antecedente que fue acompañado a la carpeta y forma parte del cúmulo probatorio ofrecido por la defensa.

Precisa que la carta de los tres apoderados no solo atribuye una supuesta agresión al estudiante, sino que pone en duda la idoneidad profesional del docente, aludiendo a un “minuto de furia” del año anterior y a presuntos tratos denigratorios en clases. Sin embargo, en el expediente no consta que la autoridad instructora haya profundizado probatoriamente en estos otros hechos colaterales con pruebas directas o de cargo distintas a relatos fragmentarios, lo que fue expresamente representado por la defensa, que ofreció prueba y solicitó diligencias para verificar, entre otros aspectos, la hoja de vida y antecedentes de convivencia escolar del estudiante y la toma de declaraciones a directivos y docentes que conocían el contexto.

Detalla que el recurrente prestó declaración en el sumario, entregando su versión de los hechos. Asimismo, acompañó múltiples declaraciones y cartas de apoyo que dan cuenta de su trayectoria pedagógica, trato respetuoso y reconocida labor con generaciones de estudiantes. Estas piezas se ofrecieron como declaraciones formales y se puso a disposición a dichos declarantes para entrevistas complementarias.

Destaca que obra en el expediente el Ordinario número 0316 de la Superintendencia de Educación, agregado a fojas 63, en el que se revisa la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia por parte del establecimiento frente al episodio del día 03 de abril de 2024. En dicho pronunciamiento se constata que el establecimiento contaba con Reglamento actualizado y encargado de convivencia, y que, respecto del estudiante, aplicó medidas disciplinarias previstas para faltas graves; se formulan observaciones de mejora (por ejemplo, asegurar apoyo pedagógico durante suspensiones y entregar informe conclusivo de protocolos a los apoderados dentro de plazo), pero no se advierte una infracción normativa estructural por parte del liceo en la gestión inicial del caso. Este antecedente fue oportunamente destacado por la defensa en cuanto neutraliza la presunción de que el establecimiento habría omitido todos los deberes reglamentarios o que existiría trato institucional arbitrario contra el estudiante.

Relata que la defensa solicitó formalmente la toma de declaraciones de autoridades y docentes con conocimiento directo del contexto y de la convivencia del curso, individualizando a la directora doña nombre reservado, el Inspector General señor nombre reservado, el profesor don nombre reservado y la Orientadora doña nombre reservado. Consta una resolución de fecha 02 de abril que accede a dicha petición, fijando las entrevistas para el día 14 de abril a las 15:00 horas en dependencias municipales.

Manifiesta que con fecha 07 de abril de 2025, la defensa del recurrente ingresó ante la Fiscalía del sumario un escrito por el cual se solicitó la nulidad de todo lo obrado por graves vicios procedimentales; en subsidio, se formularon descargos; y, además, se pidió abrir término probatorio con la práctica de diligencias esenciales, entre ellas: oficiar al Liceo Bicentenario Arturo Prat Chacón para remitir la hoja de vida del estudiante nombre reservado y las evaluaciones de desempeño del docente nombre reservado; tomar declaración a la directora nombre reservado, al Inspector General nombre reservado, al docente nombre reservado y a la orientadora nombre reservado, diligencias ya acogidas por resolución de 02 de abril, fijadas para el 14 de abril a las 15:00 horas; tener por incorporadas como declaraciones formales las cartas y testimonios de alumnos, exalumnos, docentes y apoderados (doce declarantes individualizados); y agregar el Ordinario N° 0316 de la Superintendencia de Educación. Asimismo, se dejó constancia de que el escrito y anexos se agregaran íntegramente al expediente y se solicitó la remisión del informe final, conforme a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 18.834. Todo ello fue reforzado en presentaciones posteriores, pidiendo, además, copias íntegras y actualizadas del expediente, índice de fojas y actas de entrevistas celebradas en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Ninhue.

Sostiene que el cuadro fáctico que se somete al conocimiento del Tribunal revela una injusticia patente. El día 03 de abril de 2024, durante una clase del docente que impartía al curso nombre reservado medio A, este solicitó a un grupo de estudiantes que saliesen de la sala ya que no dejaban desarrollar la clase con normalidad, al salir de la clase el estudiante involucrado insultó y denigró reiteradamente a quien hoy recurre, profiriendo expresiones como “viejo culiao córtate el pelo”, “pelado culiao…”, “tonto hueon” y otras de similar calibre, además de amenazarlo con la frase “te voy a matar”. Esta última consta en la declaración del Inspector General, señor nombre reservado, de fecha 14 de abril, quien dejó asentado haber escuchado directamente dicha amenaza. Precisa que frente a ese hostigamiento verbal y la amenaza grave, el profesor se mantuvo en calma, no respondió con violencia y cumplió los protocolos, denunciando los hechos en Carabineros de Chile.

Prosigue señalando que solo con posterioridad a esa denuncia, la madre del estudiante imputó al docente una agresión inexistente consistente en haberle propinado un “cabezazo”, hecho no corroborado en el expediente, ni respaldado por testigos presenciales.

A pesar de ello, enfatiza, el docente fue apartado de su cargo sobre la base de una imputación no acreditada y se abrió una causa penal por maltrato relevante del artículo 403 bis del y trato degradante del artículo 403 ter, ambos del Código Penal, decretándose medidas cautelares en su contra. A su turno, el Ministerio Público desestimó la denuncia por amenazas formulada por el profesor y, por recomendación de su defensor penal y sin formación jurídica suficiente, el docente aceptó una suspensión condicional del procedimiento, la cual no importa reconocimiento de hechos ni altera la realidad probatoria central: no existe prueba seria, concordante y objetiva que respalde una agresión del profesor; por el contrario, sí existe prueba directa y consistente de los insultos (“viejo c…”, “pelado c…”, “tonto h…”) y de la amenaza de muerte (“te voy a matar”) que recibió. En estas condiciones, mantener por más de un año y cinco meses un procedimiento disciplinario sin acto terminal, sobre la base de imputaciones no corroboradas, revierte el estándar de protección debido al funcionario y agrava un daño psíquico, profesional y reputacional que el recurso de protección debe cautelar, ordenando resolver en plazo perentorio y adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Además, consta que el Tribunal de Garantía de Quirihue en la causa vinculada a los hechos resolvió el sobreseimiento definitivo del docente y el fin de las medidas cautelares, el contenido de esa resolución fue acompañado por la defensa solicitándose expresamente su incorporación para ser considerada “para mejor resolver” en sede administrativa. La defensa, además, requirió que se revalúe la necesidad de cualquier medida restrictiva administrativa que hubiese sido adoptada en razón del estado de la causa penal, a la luz de lo resuelto por el tribunal competente.

Plantea que, al mes de octubre de 2025, ha transcurrido más de un año y cinco meses desde el inicio del sumario de fecha 23 de abril de 2024, sin resolución final y con omisiones reiteradas de pronunciamiento sobre escritos sustantivos de la defensa, incluido el presentado con fecha 07 de abril de 2025. Pese a la colaboración permanente del docente, la oferta de prueba, la solicitud de diligencias y la incorporación de antecedentes de autoridades sectoriales y judiciales, el procedimiento no ha sido impulsado a decisión, prolongando la incertidumbre y profundizando los efectos lesivos en la integridad psíquica, la honra y la libertad de trabajo del señor nombre reservado.

Refiere que la extensión injustificada del procedimiento ha generado en el recurrente un deterioro psíquico concreto (estrés y afectación emocional sostenida), un menoscabo reputacional dentro de la comunidad educativa y un enturbiamiento de su estabilidad laboral. Todo ello se agrava por la permanencia de acusaciones no corroboradas y la falta de decisión oportuna sobre diligencias que la defensa pidió y fundó para esclarecer los hechos.

Sostiene el recurrente, que los hechos han afectado aquellas garantías que amparan al recurrente, consagradas en los numerales 1°, 2° 4° y 16° del Artículo 19 ya mencionado. En efecto, la situación de espera indefinida y exposición pública de un sumario sin decisión, sumada a consecuencias funcionales y reputacionales, constituye perturbación real y actual de la integridad psíquica del recurrente; Por otra parte, al prolongarse injustificadamente la tramitación, la Administración permite que perdure un reproche público sin decisión ni descargo eficaz, afectando la reputación y crédito profesional del docente; Además, la incertidumbre y las limitaciones funcionales derivadas del procedimiento no resuelto perturban la libertad de trabajo del recurrente y su estabilidad en el empleo público. Por otra parte, señala que La demora irrazonable y el trato disímil respecto de los estándares temporales que la propia Administración debe observar, colocan al recurrente en desventaja injustificada frente a otros funcionarios cuyos procesos se sustancian y resuelven dentro de márgenes razonables.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión, sostiene que se presenta en la especie una ilegalidad por infracción del deber de celeridad e impulso de oficio: El artículo 7 de la Ley número 19.880 consagra el principio de celeridad y el impulso de oficio del procedimiento, obligando a remover obstáculos que afecten su pronta y debida decisión. La omisión de resolver por más de un año y cinco meses contradice directamente dicho mandato legal.

Además, manifiesta que se ha incurrido en ilegalidad por infracción del deber de resolver: El artículo 14 de la Ley N° 19.880 consagra el principio de inexcusabilidad, que obliga a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla. A su vez, el artículo 27 establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la decisión final. La falta de pronunciamiento sobre escritos sustantivos y la ausencia de resolución final vulneran ambas disposiciones.

Finalmente, acusa ilegalidad por infracción de los principios de eficiencia y eficacia: La Ley número 18.575 ordena a la Administración procurar la simplificación y rapidez de los trámites, y cumplir coordinadamente sus cometidos. La dilación injustificada es contraria a tales principios de buen gobierno y legalidad administrativa.

Sostiene que la prolongación injustificada del procedimiento disciplinario ha interrumpido y desordenado el ejercicio efectivo de la función docente de don nombre reservado. Ello ha impedido el desarrollo regular de su labor pedagógica, la planificación anual de clases, la continuidad de procesos evaluativos y el acompañamiento formativo de los estudiantes. La situación descrita ha afectado directamente su trayectoria y proyección profesional dentro del establecimiento y del sistema educacional municipal, al mantenerlo bajo un manto de incertidumbre que bloquea postulaciones, perfeccionamientos, acceso a nuevas responsabilidades y reconocimiento de méritos. Todo lo anterior ocurre sin que exista una decisión definitiva que establezca responsabilidades ni un acto terminal dictado dentro de un plazo legal y razonable. La mantención del sumario por un período excesivo ha generado un clima permanente de sospecha y desconfianza en torno a la persona del docente, deteriorando su honra ante la comunidad educativa y afectando sus relaciones profesionales, sociales y familiares. La difusión de imputaciones no corroboradas, sin cierre ni decisión final, ha provocado un menoscabo concreto a su autoestima, tranquilidad y equilibrio emocional, expresado en tensión, ansiedad y estrés sostenidos, propios de verse sometido a un proceso de duración indefinida. Este perjuicio moral se intensifica por el carácter vocacional de la profesión docente, cuya credibilidad pública constituye un activo esencial para el desempeño.

Cita la jurisprudencia de la E. Corte Suprema contenida en las sentencias rol 8.625-2025, y de la I. Corte de Apelaciones de Copiapó, en Rol 69-2025, 2024–2025 de la Corte Suprema.

Termina solicitando se acoja el recurso y se ordene a la autoridad recurrida dictar la resolución final que ponga término al sumario y resolver de manera expresa todas las solicitudes del recurrente que se encuentren pendientes, dentro de un plazo perentorio no superior a 30 días, contados desde que la sentencia quede ejecutoriada; en subsidio, que la Ilustrísima Corte fije el plazo que estime adecuado conforme a los fundamentos expuestos, disponga el acceso íntegro y actualizado al expediente sumarial y la notificación de toda resolución que incida en el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, asegurando la plena vigencia de los principios de publicidad y debido proceso administrativo y se condene en costas a la recurrida.

2°. - Que, informando, el abogado Esteban San Martín Rodríguez, en representación de la Ilustre Municipalidad de Ninhue, expone que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales contenido en la Ley N°18.883, resulta aplicable en la especie por la remisión que realiza el artículo 72 de la Ley N°19.070. Sostiene que en su génesis el sumario administrativo se ha dispuesto por el sostenedor de conformidad con la legislación vigente.

Agrega que el municipio, en el ejercicio de su potestad disciplinaria, ha observado el respeto a las garantías fundamentales del recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y de los principios en ésta consagrados.

Sobre la suspensión preventiva dispuesta en el proceso disciplinario, estima que se funda en el art. 134 de la Ley 18.883, detallando que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en el dictamen N° 46.314, de 2004, o 65.451, de 2016, establece que la suspensión preventiva de funciones dispuesta en el curso de un proceso disciplinario, es una medida excepcional que tiene por objeto resguardar el éxito de la investigación o el prestigio de la institución, cuando los hechos indagados comprometen al afectado o la gravedad de los mismos lo aconsejan, no correspondiendo a una medida disciplinaria propiamente tal. Estima que la decretada en el sumario objeto de este proceso, está justificada, y se ha dispuesto dentro del marco legal y dictámenes de la Contraloría General de la República.

Por otro parte, refiere, si bien el recurrente señala en su libelo que, respecto a su responsabilidad penal la causa judicial que habría terminado por sobreseimiento definitivo, que versaría sobre los hechos denunciados que también son materia del sumario administrativo, ello no obsta a que eventualmente se vea comprometida su responsabilidad administrativa, que es independiente y corre en senda separada, cuya determinación está en siendo precisamente materia de un proceso disciplinario.

Argumenta enseguida, que no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios, como sería en este caso una eventual demora en su tramitación, ya que no se debe perder de vista un procedimiento disciplinario como el de marras es complejo. Sobre el particular, indica, en la dogmática el acto trámite o intermedio es un presupuesto de la decisión de fondo. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones. No son impugnables en sede administrativa, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. Por ende, señala, lo que se impugna o reclama no es una decisión final, por el contrario se pretende revisar la legalidad de un supuesto retardo en la tramitación de un proceso sumarial, lo que en sí no conlleva afectación alguna al recurrente, ya que se está en actos intermedios para llegar a un fin y, en consecuencia, no resulta impugnable, atendido lo dispuesto en el artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, a menos que ponga término al procedimiento o produzca indefensión, que no ocurre en el caso de marras, pues la recurrente conserva la totalidad de los derechos contemplados en la Ley N° 18.833 sobre Estatuto Administrativo, para ejercer su defensa; a vía ejemplar, formular descargos, defensas y pruebas e impugnar el acto terminal, sin perjuicio de los medios de impugnación establecidos en la Ley.

Sobre el plazo de tramitación, señala que la tramitación del presente sumario administrativo ha cumplido con las garantías del debido proceso. Si bien, el proceso disciplinario ha pasado por cambios de fiscal instructor, aquella decisión emana de las atribuciones que le corresponden a la Jefatura del Servicio, en este caso, a fin de dar la correcta tramitación del mismo, situación que no advierte ninguna ilegalidad o indicios de arbitrariedad de la autoridad edilicia. Reconoce que tales situaciones han devenido en eventuales retrasos dentro del proceso, pero en ningún caso han excedido más allá del plazo razonable que la ley señala.

Puntualiza que, respecto en la demora en la substanciación del procedimiento disciplinario, el criterio de la Contraloría General de la República, contenido en los dictámenes N° 73.196, de 2014 y N° 84.651, de 2016, ha señalado que la tardanza en la instrucción de un procedimiento disciplinario no constituye un vicio que se traduzca en su invalidación, en atención a que no tiene incidencia en un aspecto esencial del mismo; sin perjuicio, por cierto, de la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios cuyo retraso fuere imputable, aspecto que deberá ser ponderado por la superioridad del servicio.

Termina solicitando el rechazo la acción interpuesta en todas sus partes por con expresa condena en costas.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°. - Que, del tenor del recurso sub lite, del informe evacuado por el órgano edilicio y los documentos acompañados por ambas partes, aparece que los hechos materia de la investigación tuvieron lugar el día 03 de abril de 2024, que el sumario se inició por Decreto Alcaldicio N°1.863/2024, de fecha 23 de abril de 2024, y que el funcionario investigado, hoy recurrente de protección, se encuentra sujeto a suspensión preventiva de sus funciones desde el 24 de mayo de 2024, por resolución del Fiscal.

Del mismo modo es posible advertir del informe fechado el día 12 de noviembre de este año, dirigido por el Fiscal del sumario a la Alcaldesa subrogante -acompañado por el ente edilicio en su informe- que en la indagatoria en examen se formularon cargos, y que el investigado, al contestarlos, solicitó la apertura de un término probatorio, sin que conste si esta última etapa fue abierta o se encuentra pendiente, aunque sí se lee que no se ha evacuado la Vista Fiscal, que debería estar concluida, según consigna el mismo instructor “en los próximos meses”.

7°. - Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario por el recurrente consiste en mantener vigente un sumario administrativo iniciado por Decreto Alcaldicio N° 1.863/2024, de fecha 23 de abril de 2024, hasta la fecha, más allá del plazo legal, infringiendo sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 4° y 16° de la Constitución Política de la República.

8°. - Que, el precepto sobre el que pivotan las posiciones de ambas partes, está constituido por el artículo 27 de la Ley N° 19.880 que reza: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”., y particularmente si dicho término está o no concebido como fatal.

Si bien, estiman estos sentenciadores que el plazo antes mencionado no es fatal, en la especie éste ha excedido con creces uno razonable, toda vez que se ha extendido por 19 meses desde su inicio sin que hasta la fecha de haya evacuado la Vista Fiscal, con lo cual se ha dejado al recurrente en una situación de incertidumbre e indefensión no toleradas por el ordenamiento jurídico. (En este sentido, I. Corte de Apelaciones de Arica, Rol 297- 2025, confirmada por la E. Corte Suprema en los autos Rol N° 37.914-2025, el día 2 de octubre de 2025).

9°. – Que, por otra parte, tal como ha resuelto reiteradamente esta Corte, no solo los actos terminales de un procedimiento administrativo pueden ser revisados a través de este arbitrio constitucional, sino también aquellos que, aun siendo intermedios, han sido dictados u omitidos ilegal o arbitrariamente y están revestidos de la gravedad suficiente para afectar una garantía constitucional, en los términos que contempla la carta fundamental.

10°.- Que, si bien esta Corte comparte con el recurrente que el proceso indagatorio se ha extendido más allá de un tiempo razonable, lo que agrava la situación en análisis, es la suspensión preventiva de funciones que afecta al sumariado, la que si bien es propia del estatuto municipal, su aplicación ha de ser ponderada con el impacto en el empleo del funcionario, de modo que su prolongada persistencia, deviene en desproporcionada, cuando no se advierten motivos directamente justificados, y se encuentra asociada a una prolongación infructuosa del procedimiento investigativo, tal como ocurre en la especie.

11°. - Que, por lo razonado, con el proceder omisivo de la administración se ha conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, como asimismo el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE el interpuesto por el abogado Felipe Ignacio Bakit Peña, en representación de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ninhue representada por su Alcalde Luis Alberto Molina Melo; y se ordena a la recurrida entidad a emitir un pronunciamiento definitivo respecto del sumario incoado en contra del recurrente, dentro de un plazo máximo de 30 días.

Comuníquese, regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción a cargo del abogado integrante Baltazar Guajardo Carrasco.

ROL 795 – 2025 Protección.

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