nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HEROES

Chillán, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece don nombre reservado, chileno, casado, empleado judicial, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, con el patrocinio del abogado don Eduardo Alonso Chamorro Abarca, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, corporación de derecho privado, Rol Único Tributario N° 70.016.330-K, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la ejecución de actos que califica de ilegales y arbitrarios.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el actor expone que se desempeña como administrativo en el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán y que, con fecha 19 de agosto de 2026, al recibir su remuneración correspondiente a dicho mes, constató que se le había descontado la suma de $95.814, descuento que es practicado directamente por su empleador por instrucciones de la recurrida y que reduce de manera significativa sus ingresos.

Refiere que la recurrida no puede solicitar dicha retención a la entidad empleadora, por existir un juicio ejecutivo seguido en su contra ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N° C-9065-2007, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes/nombre reservado”, configurándose, a su juicio, un doble cobro de una misma deuda. Agrega que la recurrida, habiendo optado por iniciar un juicio ejecutivo para obtener el cumplimiento del saldo moroso del crédito, busca ahora obtener el pago forzado de la obligación sin mediar un tribunal, eludiendo los procedimientos que la ley establece para el cumplimiento forzado de las obligaciones, en circunstancias que es ante la justicia ordinaria donde podrá efectuar sus alegaciones y defensas.

En cuanto al derecho, sostiene que si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para ordenar descuentos por planilla respecto de créditos sociales, la jurisprudencia ha sostenido que dicho mecanismo está concebido para el cobro periódico y oportuno de las cuotas, y no para ser utilizado de forma inopinada, extemporánea o simultánea cuando la Caja ha ejercido la vía judicial. Afirma que tal actuar priva, perturba y amenaza la garantía del derecho de propiedad que le asiste sobre su remuneración, consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, impidiéndole usar, gozar y disponer de la parte retenida.

Termina solicitando que se acoja el recurso, se declare que la conducta de la recurrida es ilegal y arbitraria, se ordene el cese de las retenciones efectuadas sobre su remuneración y la restitución de las cuotas descontadas que constan en sus liquidaciones de sueldo, con expresa condena en costas.

2°.- Que informa don Daniel Ortúzar Gana, abogado, en representación judicial de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, Rol Único Tributario N° 70.016.330-K, evacuando el informe requerido al tenor de la acción constitucional interpuesta en contra de su representada.

En relación con la controversia fáctica, la informante señala que, con fecha 10 de marzo de 2005, el recurrente suscribió con su representada el crédito social correspondiente a la operación N° 743414, por la suma de $2.608.138, pactado en 36 cuotas mensuales de $95.814 cada una, obligación que incumplió al dejar de pagar las cuotas. Agrega que remitió al actor una comunicación informándole la existencia de las cuotas impagas y confiriéndole un plazo de 15 días para regularizar o aclarar su situación, bajo apercibimiento de reanudar los descuentos, la que constituiría la notificación previa exigida por el punto 3.1.17.3 del Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, sobre “Reinicio de Descuentos”, y por la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Como cuestiones preliminares, alega que, en la medida en que el recurso pretenda extenderse a actos de cobro anteriores al plazo de treinta días previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre la materia, el pronunciamiento respecto de ellos sería improcedente por extemporáneo, dado que cada descuento mensual por planilla constituye un acto jurídico autónomo que genera su propio plazo. Añade que la prescripción es una excepción de lato conocimiento cuya declaración excede los márgenes de la vía cautelar y sumaria propia del recurso de protección.

En cuanto al fondo, la recurrida rechaza la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, justificando su obrar en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo, disposiciones que impondrían a las Cajas de Compensación un deber legal irrenunciable de cobro. Sostiene que dispone de dos acciones independientes para perseguir el cobro del crédito social, la cambiaria emanada del pagaré y la ordinaria derivada del mutuo, y que, al no existir declaración judicial de prescripción de ninguna de ellas, la obligación se mantiene plenamente vigente. Afirma que lo que la jurisprudencia reprocha no es el cobro tardío en sí mismo, sino el cobro de improviso sin aviso previo al deudor, exigencia que en la especie se habría cumplido. Agrega que la restitución de lo descontado es improcedente, por cuanto los pagos extinguen una obligación civil vigente y, subsidiariamente, porque en el evento de prescripción se trataría del pago de una obligación natural, irrepetible conforme al artículo 1470 del Código Civil; que no se han vulnerado las garantías de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y que, hasta la fecha de su informe, no se había remesado a su representada cuota alguna.

Invoca en apoyo de su postura la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 248.012-2023, N° 23.258-2018, N° 19.895-2022 y N° 14.564-2025, el fallo Rol N° 125.593-2020, así como los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social N° 42.792-2018, N° 117.359-2025, N° 144.477-2022 y N° 6.274-2019.

Termina solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas al recurrente.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho atributo.

4°.- Que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías, preexistentes y protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción cautelar de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que la acción constitucional promovida se funda en la vulneración que el recurrente atribuye a los descuentos practicados sobre sus remuneraciones por instrucción de la entidad recurrida, asociados al crédito social correspondiente a la operación N° 743414, cuyo cobro fue judicializado por la propia acreedora en el año 2007, mediante la causa ejecutiva Rol N° C-9065-2007 del 22° Juzgado Civil de Santiago.

Del mérito de los antecedentes allegados a estos autos, se desprenden los hechos que siguen:

a) Que conforme al listado de plan de pagos original acompañado por la recurrida, el crédito social operación N° 743414 fue otorgado el 10 de marzo de 2005, por un monto de $2.608.138, pagadero en 36 cuotas mensuales de $95.814, salvo la última de $95.822, con vencimiento de la última cuota el 31 de marzo de 2008; que el deudor pagó las cuotas N° 1 a N° 6, registrándose el último de dichos pagos con fecha 10 de marzo de 2006.

b) Que según la copia de la causa Rol N° C-9065-2007 del 22° Juzgado Civil de Santiago, la recurrida ingresó con fecha 23 de mayo de 2007 demanda ejecutiva de cobro de pagaré en contra del recurrente, causa que registra estado procesal de “tramitación” y etapa de “ingreso”, y que se encontraba archivada bajo el legajo N° 542-2007.

c) Que la recurrida remitió al recurrente, mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2026, una comunicación en que le informa la existencia de 30 cuotas impagas del crédito social N° 743414 y le advierte que, si en el plazo de 15 días no regulariza su situación ni entrega una aclaración satisfactoria, podrá reanudar el descuento de sus remuneraciones.

d) Que las liquidaciones de remuneraciones del recurrente correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026 dan cuenta, en cada una de ellas, de un descuento de $95.814 bajo la glosa “Préstamo CCAF Los Andes”, monto idéntico al valor de la cuota del crédito social referido, lo que totaliza $383.256. A su vez, el listado de plan de pagos acompañado por la propia recurrida registra como pagadas las cuotas N° 7, N° 8 y N° 9, con fechas 25 de junio, 27 de julio y 24 de agosto de 2026, respectivamente, y la cuota N° 10 en situación “P.PEN.” con fecha 24 de agosto de 2026. Tales antecedentes, unidos a lo expresado por la informante en cuanto a que existió un requerimiento de descuento por planilla en mayo de 2026 y a que reanudó los descuentos, permiten tener por establecido que las deducciones referidas corresponden al cobro del crédito social de autos.

7°.- Que en primer término y en relación con la alegación de extemporaneidad, se debe tener presente que los descuentos impugnados se practican mes a mes sobre las remuneraciones del recurrente, configurando un acto de efectos permanentes que se renueva en cada período de pago y mantiene la afectación denunciada vigente a la fecha de interposición de la acción, cuestión que impide, en concepto de esta Corte, acoger la excepción promovida.

8°.- Que si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para descontar de las remuneraciones de los trabajadores afiliados las cuotas correspondientes a créditos sociales, dicha prerrogativa no es absoluta, sino que supone un ejercicio oportuno en el tiempo, tal como lo ha reiterado de manera uniforme la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores. Por consiguiente, acudir de forma tardía a este mecanismo excepcional de cobro directo, tras años de absoluta inactividad del acreedor, desnaturaliza la finalidad de la norma y configura una forma de autotutela extrajudicial, por cuanto la institución soslaya los procedimientos jurisdiccionales ordinarios en los cuales el deudor tiene la garantía de defenderse o alegar la correspondiente prescripción extintiva de las acciones de cobro.

Al respecto, resulta plenamente pertinente recordar el criterio establecido por la Excelentísima Corte Suprema, aplicable a la especie, contenido en la sentencia dictada en los autos Rol N° 17.433-2025, la cual en su considerando cuarto razona:

“Cuarto: Que la normativa supone el ejercicio oportuno de esta facultad de cobro, y es por lo que resulta relevante analizar las circunstancias en que se verifica el descuento. Así, en los casos de incumplimiento por parte del deudor y en que la respectiva Caja de Compensación inició el cobro judicial de la deuda o, en los casos en que ya se ha declarado la prescripción de la misma o, en los que han pasado más de cinco años en que no se ha realizado gestión alguna para el cobro, se considera que acudir al mecanismo especial contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 resulta arbitrario, porque evidentemente se soslayan los procedimientos jurisdiccionales iniciados por la acreedora, transformándose el cobro por esta vía especial en una especie de autotutela o bien, las circunstancias fácticas en las que operó el crédito ya no son las mismas por lo que la respectiva cobranza debe zanjarse en sede jurisdiccional”.

9°.- Que los hechos establecidos en el motivo 6°), se encuadran directamente en el primer supuesto establecido en la jurisprudencia transcrita en el motivo precedente, puesto que, la propia recurrida, tras constatar la mora de su deudor, optó voluntariamente por la vía jurisdiccional ordinaria, deduciendo en el año 2007 demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol N° C-9065-2007. En otras palabras, la institución acreedora sometió el cobro de su crédito al imperio y decisión de la judicatura de letras en lo civil, sustrayéndolo de su ámbito de disposición unilateral.

Dicho proceso no ha concluido, sino que, por el contrario, permaneció archivado sin que la ejecutante impulsara su tramitación. En este escenario, recurrir paralelamente y de manera unilateral al mecanismo de descuento directo regulado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, respecto de la misma obligación cuyo cobro la acreedora sometió al conocimiento del tribunal competente, importa la ejecución de una conducta que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema califica de autotutela extrajudicial, arbitraria e injustificada, conforme lo razona el fallo citado en el motivo anterior en sus considerandos sexto y séptimo:

“Sexto: Que en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte en Roles N°s. 71.519-2021, 6.928-2021, 30.294-2021, 65.946-2021, 65.973-2021, 1.791-2022 y 20.756-2022, entre otros, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios”.

“Séptimo: Que este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que por su intermedio la Caja de Compensación soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo al actor, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo”.

10°.- Que a mayor abundamiento, la arbitrariedad se configura igualmente por el tercer supuesto contemplado en la jurisprudencia referida, puesto que el último pago registrado por el deudor con anterioridad a los descuentos de 2026 data del 10 de marzo de 2006 y la demanda ejecutiva fue presentada el 23 de mayo de 2007, en tanto que el cobro mediante descuento por planilla se reanudó recién en mayo de 2026, esto es, transcurridos cerca de diecinueve años desde la judicialización de la deuda, sin que conste en autos gestión de cobro alguna de la recurrida en dicho período, plazo que excede el de cinco años que la Excelentísima Corte Suprema ha fijado como umbral de arbitrariedad en el fallo ya referido.

11°.- Que no altera lo concluido la comunicación remitida por la recurrida al actor con fecha 26 de mayo de 2026. En efecto, el reproche que la jurisprudencia citada formula al uso del mecanismo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 en hipótesis como la de autos no radica únicamente en la falta de aviso al deudor, sino en que, por su intermedio, la acreedora soslaya el procedimiento jurisdiccional que ella misma inició y reactiva unilateralmente el cobro de una deuda tras un extenso período de inactividad, circunstancias que no se subsanan con un aviso previo. A ello se añade que la liquidación de remuneraciones del mes de mayo de 2026 ya registra el descuento de $95.814, esto es, en el mismo mes en que se remitió la comunicación que confería al deudor un plazo de quince días para regularizar o aclarar su situación.

12°.- Que asimismo, cabe precisar que lo que se resuelve no importa pronunciamiento alguno sobre la existencia, vigencia o prescripción de la obligación, materias que deberán ventilarse ante el tribunal ordinario, sino únicamente sobre la arbitrariedad del mecanismo de cobro empleado por la recurrida en las circunstancias anotadas.

13°.- Que la Excelentísima Corte Suprema ha enfatizado que, al reactivarse cobros de data antigua, las circunstancias fácticas ya no son las mismas, y el trabajador queda en una posición de vulnerabilidad frente a una potestad ejercida a destiempo. La aplicación de descuentos de $95.814 mensuales sobre las remuneraciones de un trabajador que se desempeña como administrativo del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, respecto de un crédito otorgado en el año 2005, cuyo cobro fue judicializado por la acreedora en el año 2007, afecta el patrimonio del recurrente y muta en un ejercicio abusivo de un derecho, tornándose en una acción caprichosa e injustificada.

14°.- Que de conformidad con lo razonado, resulta evidente la aplicación intempestiva de descuentos que ascienden a un total acumulado de $383.256 sobre las remuneraciones del recurrente correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026, por una deuda cuyo cobro judicial fue iniciado en el año 2007 por la propia recurrida. Al proceder la Caja de Compensación de esta manera, su actuar se torna manifiestamente arbitrario, por cuanto desconoce la naturaleza estrictamente alimentaria de las remuneraciones, conculcando mediante este obrar desproporcionado la garantía del derecho de propiedad que asiste al deudor sobre su patrimonio, la cual se encuentra protegida de manera indubitada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, lo que hace imperioso acoger la presente acción constitucional y disponer en esta sede medidas idóneas y de pronto cumplimiento para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

En consecuencia, se dispone lo siguiente:

I.- Se ordena la suspensión inmediata de los descuentos efectuados por la recurrida sobre las remuneraciones del recurrente don nombre reservado, por concepto del crédito social correspondiente a la operación N° 743414, debiendo la recurrida instruir a la entidad empleadora del recurrente que se abstenga de practicar nuevos descuentos por dicho concepto.

II.- Se otorga un plazo de treinta días a la recurrida para proceder a la restitución íntegra de la suma de $383.256 (trescientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y seis pesos), correspondiente a lo descontado en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026, como asimismo de aquellas sumas que pudieren haber sido descontadas con posterioridad a dichos meses bajo el mismo concepto.

III.- Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho de la recurrida para perseguir el cobro de la obligación por los medios legales ordinarios pertinentes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N° 790-2026. Protección.