nombre reservado con EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL S.A.)

Chillán, diez de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°.- Comparecen doña nombre reservado, abogada; doña nombre reservado, pequeña empresaria; don nombre reservado, profesor; y don nombre reservado, emprendedor, todos en su calidad de vecinos y propietarios de inmuebles situados en el sector de Las Trancas, comuna de Pinto, Región de Ñuble, quienes interponen recurso de protección en contra de la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado.

Fundan su acción en la existencia de actos u omisiones que califican de arbitrarios e ilegales, los cuales generarían una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales, mediante la instalación de un poste de telecomunicaciones, con una altura de 39,5 metros junto a toda la infraestructura soportante de la misma, habiendo comenzado los trabajos el 1° de octubre de 2025, sin cumplir con los trámites legales necesarios y sin haber presentado la respectiva solicitud ante la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Pinto.

Exponen en su libelo que la localidad de Las Trancas es una zona de extraordinaria belleza escénica, inserta en la Reserva de la Biósfera “Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja”, reconocida por la UNESCO. Dicho entorno se caracteriza por bosques de Nothofagus y la realización de actividades de turismo sustentable, con atractivos como los Nevados de Chillán, las termas y la Reserva Nacional Ñuble.

Indican que la recurrida pretende instalar en la calle Los Ñirres sin número un poste de telecomunicaciones con una altura de 39,5 metros, sin cumplir con los requisitos legales. Alegan que no se notificó a los propietarios de los inmuebles comprendidos en el radio equivalente a dos veces la altura de la torre, tampoco se comunicó el proyecto a la Junta de Vecinos de Las Trancas.

Acusan la infracción del artículo 116 bis F letra e) de la Ley N°20.599, que regula la instalación de estas estructuras y la vulneración a las garantías del artículo 19 numerales 1, 8, 21 y 24 de la Constitución.

Respecto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica se ve afectado debido a la radiación permanente que emitiría la torre. La ansiedad y el temor frente a esta exposición perjudican su bienestar general e indican que no existe tecnología que permita asegurar que estos artefactos no producen radiación nociva.

Expresan que la instalación generará un ruido permanente las 24 horas del día debido al funcionamiento de equipos anexos, lo cual alterará la tranquilidad característica de la zona de montaña. Además, el tránsito incesante de personas y vehículos de mantención también afectará su normalidad psíquica.

En cuanto a la vulneración del artículo 19 N°8 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sostienen que se infringen normas de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ya que el proyecto debió someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por ubicarse en un área protegida, conforme al artículo 10 y las letras b), d) y e) del artículo 11. Agregan que la torre alterará significativamente el valor paisajístico y turístico de la zona.

Agregan también la infracción a la Ley N°20.599, ya que no se ha enviado comunicación mediante carta certificada a la junta de vecinos y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentran dentro del área correspondiente ni tampoco se ha realizado la publicación en un periódico de la capital de la provincia o región. Asimismo, se vulnera la Ordenanza Municipal de la comuna de Pinto, Decreto Municipal N°6258 del año 2017 que regula la visitación responsable y la protección del medioambiente de la zona.

Alegan la infracción del artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, sobre el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, puesto que la torre afectará el turismo sustentable, que es el motor económico de las familias del sector.

Manifiestan que se afecta el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, referente al derecho de propiedad, puesto que la instalación de la torre desvaloriza de inmediato sus inmuebles circundantes.

Respecto al plazo para interponer el recurso, declaran haber tomado conocimiento de los hechos el 01 de octubre de 2025, cuando llegaron funcionarios de ENTEL PCS a instalar el sistema eléctrico que sirve de soporte para el funcionamiento posterior del poste de 39,5 metros de altura.

Terminan, solicitando que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad de los actos y se suspenda la construcción de la torre de telecomunicaciones, con costas.

2°.- A folio 14, emitió informe la abogada Francisca Rivera Sepúlveda en representación de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.), señalando que no ha realizado actos o incurrido en omisiones ilegales o arbitrarias que impliquen una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías amparados por la acción constitucional.

Hace presente que los recurrentes interponen la acción en contra de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. y en el cuerpo del escrito refieren a presuntas acciones realizadas por ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad distinta y que no ha sido emplazada en autos.

Indica que ENTEL S.A. no se dedica a la construcción ni instalación de postes, ni sistemas radiantes de telecomunicaciones. Por el contrario, corresponde a una empresa dedicada a la entrega de servicios de carácter fijo, principalmente a través de fibra óptica subterránea.

Concluye, solicitando tener por evacuado el informe y rechazar el recurso interpuesto por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias imputables que afecten derechos fundamentales de los recurrentes, en relación con los hechos en que se funda el recurso.

3°.- A folio 22, informa nombre reservado, alcalde de la I. Municipalidad de Pinto, indicando que con fecha 14 de octubre de 2025 se ingresó expediente de solicitud de permiso de instalación de torre soporte de antena y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, por parte de ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. y se emite acta de observaciones por el director de obras. Se reingresa nuevo expediente el 11 de diciembre de 2025, por parte de ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.

Agrega que con fecha 5 de octubre de 2025, se realizó visita inspectiva al sector Las Trancas, calle Los Ñirres, por denuncia realizada por vecinos, según consta en solicitud ingresada el 1° de octubre de 2025 por construcción de futura antena de Entel PCS.

La respectiva acta indica que no hay moradores en el lugar, se constata el inicio de trabajos en la propiedad y expone que no se encontraron maestros trabajando.

4°.- A folio 35, el abogado don Nicolás Figueroa Rozas, en representación de la recurrida, Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (ENTEL PCS) evacúa el informe requerido solicitando el rechazo de la acción constitucional, negando haber incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten garantías constitucionales.

Expone que es titular de una concesión de servicio público de telefonía móvil digital 1.900 otorgada por Decreto Supremo N°145 de 1997, en virtud de la Ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, el cual la autorizó para instalar, operar y explotar un sistema de telefonía móvil digital 1.900 (PCS), consistente en una red de telecomunicaciones móviles.

Señala que con fecha 26 de enero de 2026, solicitó, por escrito, el pronunciamiento por parte del Concejo Municipal respecto a observaciones formuladas por parte de los vecinos colindantes al terreno en el que se propuso la instalación de la antena. Lo anterior, debido a que ingresó a la Dirección de Obras Municipales respectiva, con fecha 11 de diciembre de 2025, el expediente de solicitud de permiso de instalación de torre soporte de antenas y sistemas radiantes, conforme al artículo 116 bis letra F de la Ley 20.599. que la instalación de infraestructura es necesaria para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Agrega que, al ingresar el aviso de instalación, ENTEL PCS adjuntó los diferentes documentos y antecedentes que la normativa aplicable exige, entre ellos, el certificado de Correos de Chile en el que se acredita la comunicación por carta certificada enviada con una antelación de al menos 30 días a la presentación de la solicitud, de fecha 05 de septiembre de 2025.

Manifiesta que ENTEL PCS, al ser concesionaria de un servicio público debe garantizar la continuidad y calidad del servicio de telefonía móvil, lo que se logra –entre otras medidas– con la implementación de antenas y equipos de telecomunicaciones que permitan a los usuarios una comunicación expedita y eficaz Plantea, como cuestiones previas, la falta de legitimación activa, argumentando que el recurso se plantea como una acción popular. Indica que la forma genérica de interposición del recurso, genera que los recurrentes no señalen cómo han sido vulnerados en su derecho a la vida, ni integridad física o psíquica ni acompañan evidencia alguna sobre la existencia de un interés directo e inmediato en la protección de las garantías que invocan. Por otra parte, entiende que los recurrentes han interpuesto su acción en representación de los vecinos supuestamente afectados, por lo cual debe acreditarse de forma específica y directa, cuáles han sido las personas afectadas, lo que no ha ocurrido en este caso. Cita sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°2186-2001, 30 de agosto de 2001 En segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso, ya que notificó a los vecinos de la zona en que se construirá la antena con fecha 5 de septiembre de 2025, por lo que mal podría indicarse que tuvieron conocimiento de las actividades de esta parte con fecha 01 de octubre, de manera que el plazo de 30 días debe contarse desde dicha notificación y no desde el inicio de las obras.

Finalmente, alega que se trata de una materia que requiere, por su naturaleza de un pronunciamiento propio de un juicio declarativo de lato conocimiento, ajeno al ámbito propio del recurso constitucional de protección, el cual debería ser conocido por el Juzgado de Policía Local de Pinto, por tratarse de una presunta infracción a las normas de Urbanismo y Construcción.

En cuanto al fondo, asegura que cumplió con la normativa de telecomunicaciones y urbanismo, que es titular de una concesión de servicio público de telefonía según consta en Decreto Exento N°145 de fecha 14 de abril de 1997 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus ulteriores modificaciones. Entre las facultades y prerrogativas que el referido acto de concesión le ha conferido, se encuentra la de “instalar, operar y explotar” un sistema de telefonía móvil digital 1.900 (PCS).

De esta manera, la instalación de la antena no constituiría un acto ilegal y arbitrario. Por el contrario, existen antecedentes de orden administrativo que justifican la instalación, operación y explotación de la antena. Agrega que cumplió con toda la normativa en materia de telecomunicaciones como de urbanismo exigible.

Señala que el artículo 15 de la Ley General de Telecomunicaciones reconoce una instancia para oponerse a la concesión que facultó a ENTEL PCS, oposición que no se realizó ni de parte de las recurrentes ni por terceros. No existió un acto que pueda ser considerado como ilegal y arbitrario, puesto que ENTEL PCS cumplió con todos los trámites previstos en la normativa aplicable, así como con los informes técnicos y requisitos prescritos por la ley para la instalación de antenas.

Respecto a la vulneración a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, señala que no se verifica cómo el acto recurrido podría significar privación, perturbación o amenaza de dicha garantía constitucional. Cita abundante jurisprudencia que descarta daños por ondas electromagnéticas, entre ellos sentencias de las Cortes de Arica, Santiago, Temuco, Concepción y de la Excma. Corte Suprema, entre otras.

Expone que, los equipos de telecomunicaciones, en particular las antenas transmisoras, se encuentran sometidas a una exigente regulación técnica emanada de la autoridad competente de telecomunicaciones (SUBTEL) que garantiza estándares internacionalmente aceptados para la emisión de ondas electromagnéticas. Dicha regulación se encuentra contenida en la resolución exenta Nº403 de 30 de abril de 2008, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que fija la “norma técnica sobre requisitos seguridad aplicables a las instalaciones de servicios de telecomunicaciones que generan ondas electromagnéticas”. Transcribe los artículos 3 y 2 numeral 4° y que conforme al artículo 6 la resolución obliga a las concesionarias a remitir a la SUBTEL semestralmente un informe completo y detallado de medición respecto de la totalidad de las radio-estaciones de la respectiva red concesionada.

Indica que la forma y ubicación en que se instalarán los sistemas de transmisión de la antena impugnada garantizan un nivel de magnitud de potencia que no es capaz de crear ondas nocivas o peligrosas que pongan en riesgo la integridad física o la salud de los recurrentes. En consecuencia, la antena denunciada en este recurso, en caso alguno podrá llegar a infringir el valor máximo de densidad de potencia regulado por la autoridad competente, de conformidad a la Resolución Exenta N°403 de Subtel.

En cuanto a una posible vulneración al artículo 19 N°8 en relación con el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, descarta la obligatoriedad de un estudio de impacto ambiental según el artículo 10 de la Ley N°19.300, norma que no establece en ninguna de sus hipótesis la instalación de antenas de telecomunicaciones como un antecedente para la elaboración de un estudio de impacto ambiental.

Agrega que pretende la instalación de una antena de telecomunicaciones en un terreno rural, de propiedad privada y que no se encuentra en una zona protegida: corresponde a una parcela, con cuyo dueño se celebró un contrato para tales efectos.

Finaliza, solicitando tener por evacuado el informe solicitado y rechazar el recurso de protección interpuesto por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias que le sean imputables y que afecten derechos fundamentales de los recurrentes, en relación con los hechos en que se funda el recurso, con costas.

5°.- Que, siendo indispensable para la resolución del presente recurso, se decretó como medida para mejor resolver oficiar a la Ilustre Municipalidad de Pinto, a fin de que informe, si el recurrido, Entel PCS Telecomunicaciones S.A. acompañó a su solicitud de permiso de instalación de torre soporte de antena y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, todos los antecedentes que dispone el artículo 116 bis F de la Ley 20.599 que Regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, así como el estado de dicha solicitud de permiso.

6°.- Que, en respuesta a dicho oficio, informa la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Pinto, indicando que se encuentran acompañados al expediente todos los antecedentes dispuestos por el artículo 116 bis F de la Ley 20.599 y que la solicitud se encuentra a la espera de ser enviada al Concejo Municipal para su aprobación.

7°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

8°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

10°.- Que, los recurrentes denuncian a ENTEL PCS por la instalación de una antena de telecomunicaciones sin cumplir con la normativa vigente ni realizar la respectiva solicitud ante la I. Municipalidad de Pinto, vulnerando las garantías de los numerales 1, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

La empresa recurrida, ENTEL PCS, alegó, en primer término, la falta de legitimación activa de los recurrentes, por plantearla como una acción popular sin identificar a cada una de las personas afectadas. En segundo lugar, sostiene la extemporaneidad de la acción, y en último lugar, su improcedencia por tratarse de una materia de lato conocimiento de competencia del Juzgado de Policía Local de Pinto. En cuanto al fondo, alega que ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 20.599 que Regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, descartando que su actuar sea ilegal o arbitrario.

11°.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida sobre falta de legitimación activa de los recurrentes, deberá desecharse, por cuanto el recurso ha sido interpuesto por cuatro vecinos de la zona, claramente identificados y que señalan la forma en que el actuar de la recurrida afecta sus garantías constitucionales.

12°.- Que, respecto a la alegación de que el recurso de autos sea declarado extemporáneo, en razón de haberse presentado fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, ello no aparece así, toda vez que el actuar de la recurrida se encuentra vigente como asimismo sus eventuales efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación.

13°.- Que, en relación con la improcedencia de la acción constitucional por tratarse de una materia de lato conocimiento de competencia del Juzgado de Policía Local de Pinto, cabe anotar que la presente acción constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, puede ejercerse, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, el recurso que aquí se deduce, no se afecta por la existencia de una acción ante otro órgano jurisdiccional, y no debe perderse de vista que es un reproche específico, de arbitrariedad e ilegalidad, por lo que no puede sino desecharse esta excepción.

14º.- Que, entrando al fondo del asunto, el artículo 116 bis letra F de la Ley 20.599 que Regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, dispone en sus incisos sexto y séptimo: “A la solicitud de permiso de instalación a que se refiere este artículo se deberán acompañar los siguientes antecedentes:

a) Solicitud de instalación, suscrita por el propietario o propietarios del inmueble donde se efectuará la instalación y por el concesionario responsable de la torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones. En caso de que el permiso se solicite para la instalación de torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones en bienes nacionales de uso público o en bienes fiscales administrados por municipalidades, será necesario además de la solicitud por parte del operador, de autorización de la Municipalidad respectiva.

b) Proyecto firmado por un profesional competente en el que se incluyan los planos de la instalación de la torre, los cuales deberán graficar el cumplimiento de los distanciamientos mínimos y las rasantes a que se refiere este artículo. Dicho plano deberá ser firmado por el propietario o copropietarios del inmueble donde efectuará la instalación y por el concesionario responsable de la misma o su representante legal. Asimismo, el proyecto deberá acompañar una memoria explicativa que indique las medidas de diseño y construcción adoptadas para armonizar la estructura con el entorno urbano y con la arquitectura del lugar donde se emplazan. Tal memoria explicativa no será requerida cuando el diseño de la torre se encuentre entre aquellos incluidos en el catálogo o nómina que al efecto haya dictado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, previo informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que podrá considerar las características urbanas y naturales de las distintas regiones del país.

c) Presupuesto del costo total del proyecto, considerando, entre otros, estructuras, sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, equipos, sala de equipos, sistemas anexos y rentas por arriendos.

d) Proyecto de cálculo estructural de la torre, incluidas sus fundaciones, con su respectiva memoria de cálculo y planos de estructura, que señale la capacidad de soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, elaborado y suscrito por un profesional competente. El proyecto deberá acreditar que la capacidad de soporte antes señalada permitirá la colocalización de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de, a lo menos, otro concesionario en las mismas condiciones si la infraestructura fuera menor de 30 metros o tres cuando se trate de estructuras de más de 30 metros.

e) Certificado emitido por Correos de Chile, que acredite la comunicación por carta certificada, enviada con una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud, a la junta de vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes. Los inmuebles que se encuentren en la situación antes descrita deberán singularizarse en un plano autorizado ante Notario.

La comunicación deberá incluir el proyecto de instalación de la torre soporte de antenas y sistemas radiantes, indicando la ubicación exacta de la instalación y su altura, así como la propuesta del diseño a adoptar para minimizar el impacto urbanístico y arquitectónico de la torre sobre el entorno en que se emplazará y una reseña de la propuesta de obra u obras de mejoramiento del espacio público a que se refiere la letra f) de este artículo, indicando alternativas priorizadas para el caso que no exista pronunciamiento de los propietarios a que se refiere este literal. Esta comunicación no será necesaria para el inmueble en que se instale la torre. Para los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá cumplida la obligación de comunicación al propietario del inmueble por el solo hecho de haberse remitido la referida carta certificada al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial.”

15°.- Que, en conformidad a los antecedentes acompañados por las partes, lo expuesto en sus presentaciones y respuesta de la I. Municipalidad de Pinto a la Medida para Mejor Resolver decretada, cabe tener por asentado que la recurrida, Entel PCS, ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 20.599 que Regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

En particular y conforme a lo denunciado por los recurrentes, consta en autos, certificado de Correos de Chile en el que se acredita la comunicación por carta certificada enviada a los vecinos eventualmente afectados, con una antelación de al menos 30 días a la presentación de la solicitud, de fecha 05 de septiembre de 2025.

Se acompañó por Entel PCS, copia de la publicación en el Diario Crónica de Chillán de fecha 17 de septiembre de 2025 que en su página 9 da cuenta de la comunicación que exige el inciso octavo del artículo 116 bis letra F de la Ley 20.599.

Finalmente, conforme a lo informado por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Pinto, la recurrida, para efectos de solicitar el permiso de instalación de una torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, ha realizado la respectiva presentación, acompañando todos los antecedentes que exige el artículo 116 bis letra F de la normativa citada, encontrándose, actualmente, la autorización de dicho permiso a la espera de ser sometido a la aprobación del Concejo Municipal del mencionado municipio.

16°.- Que, a la fecha, no consta la instalación de la infraestructura cuyo permiso se ha solicitado, lo cual aún no cuenta con la respectiva autorización, y, por lo tanto, no puede producir las afectaciones que se denuncian por los recurrentes, no constatándose vulneraciones a las garantías del artículo 19 numerales 1, 8, 21 y 24 de la Constitución.

17°.- Que, como corolario de lo dicho precedentemente, se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado en contra de la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., lo anterior, sin perjuicio de que lo determinen los organismos sectoriales correspondientes y de las medidas que adopten conforme a sus atribuciones.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N°790-2025.- PROTECCIÓN.