nombre reservado con MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Chillán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana quien en favor de doña nombre reservado, venezolana, quien a su vez actúa en representación de su padre don nombre reservado, Pasaporte venezolano N° RUT reservado, con domicilio a estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, con domicilio en domicilio reservado.

Sostiene que desde hace más de 3 años la recurrente, doña nombre reservado, reside legalmente en Chile junto a su madre, tiene familia y dispone de trabajo estable bien remunerado y paga sus impuestos, no teniendo ningún tipo de antecedente penal. Sin embargo, y debido a la pandemia mundial del SARS-CoV-2, no ha podido compartir tiempo de calidad con su padre, don nombre reservado. Detalla que, mediante Oficio Circular Nº 96, de 9 de abril del año 2018, el nombre reservado, instruyó el otorgamiento a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, que así lo solicitaren, de un Visado de Responsabilidad Democrática, el cual comenzó a regir a partir del 16 de abril de 2018 con el objeto de permitir un ingreso ordenado en calidad de residentes regulares, disminuir la irregularidad de dicho grupo migrante, y fomentar su integración en la sociedad chilena. Asimismo, mediante Oficio Circular N° 274 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, se dispuso la Visa de Responsabilidad Democrática para dependientes, cuyos requisitos y ámbitos de aplicación se establecieron en el Oficio Circular N° 96 ya mencionado. El 26 de octubre de 2018, mediante Oficio Circular N° 274 de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores señaló lo siguiente: “En consideración de la normativa migratoria vigente, sobre visas de carácter temporario para dependiente en Chile, y atendiendo a las buenas prácticas aplicadas en otras gestiones que se derivan en la reforma migratoria en desarrollo, se reitera a los consulados aplicar las medidas correspondientes para procurar una atención expedita, segura y con la premura que esta visa amerita, procurando la unidad de los grupos familiares que postulan a la visa de responsabilidad democrática.” Expresa que la señora nombre reservado junto a su madre, promueven solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática para su padre, con el objeto de solicitarle al Estado Chileno la protección de su familia y en virtud de ello, el pleno ejercicio de su derecho a la reagrupación con su familia directa, solicitud la cual fue enviada al Consulado General de Chile ubicado en Caracas, Venezuela, a través del Sistema de Atención Consular, disponible en: https://tramites.minrel.gov.cl/ adjuntando toda la documentación exigida, fijándosele una cita para el Consulado de Chile en la ciudad de Caracas, para el mes de julio de 2021. Indica que el ente recurrido confirmó la recepción de las solicitudes. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2020, mediante el empleo de un correo electrónico, se le notifica la decisión de cerrar la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del recurrente, advirtiendo que dicho correo presentó las características de ser genérico y masivo, y no se pronunciaba respecto de los antecedentes de hecho de los peticionarios, ni los fundamentos de derecho que llevaron a la conclusión de rechazar la solicitud, haciendo presente que hacia finales del mes de noviembre de 2020, se dispuso la apertura de las fronteras, permitiendo el ingreso de extranjeros no residentes y la rehabilitación paulatina de las Sedes Consulares Chilenas, permitiendo así, al menos formalmente, la solicitud de la visa consular de su padre, requisito exigido a los nacionales de Venezuela a partir del 22 de junio de 2019. No obstante, el 11 de noviembre de 2020, el ente recurrido de forma arbitraria e ilegal, cerró la solicitud de visa de responsabilidad democrática del recurrente, lo que a todas luces materializa una actuación por parte de la autoridad consular violatoria de derechos fundamentales, además de ilegal y arbitraria, por cuanto, en el presente caso y al momento del cierre de dicha solicitud, es decir, al 11 de noviembre de 2020, era de público conocimiento que en fecha 23 de noviembre de 2020, se abrirían las fronteras aéreas en Chile, conforme lo establecía el Decreto Supremo N° 500, promulgado el 5 de noviembre de 2020, que modificó el Decreto Supremo Nº 102, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Estima que el proceder de la autoridad ha vulnerado el principio de Confianza Legítima, que inspira los actos de la administración, garantía en el ámbito público, que tienen los particulares frente al Estado en la defensa de sus derechos y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste, destacando que, a la fecha de interposición de la presente acción constitucional la resolución consular de rechazo nunca fue remitida al recurrente, empero, en el correo electrónico citado se observa como la autoridad consular expone los motivos o causales por las cuales realizó dicho cierre, las cuales no se ajustan al caso concreto. Postula que la autoridad administrativa, al negarse conceder la solicitud de Visa Consular por mero capricho, y con actuaciones arbitrarias e ilegales, ha perturbado y amenazado la libertad ambulatoria, desatendiendo en todos los sentidos el significado e importancia que a la familia le otorga el ordenamiento jurídico chileno, considerándola como base y pilar fundamental de la sociedad, no sólo por el propio texto de la Carta Fundamental, sino por Tratados Internacionales en materia de DDHH ratificados por la República.

Refiere que el 3 de noviembre de 2022, se presentó, en consecuencia a lo narrado previamente, acción de amparo constitucional ante esta Corte de Apelaciones, el cual fue rechazado el 15 del referido mes y año, dejando establecido lo siguiente: “5°.- Que, conforme a las alegaciones y los antecedentes allegados por ambas partes, lo cuestionado por esta vía es la falta de respuesta por parte de la autoridad competente, respecto de una solicitud de visa de responsabilidad democrática por un ciudadano venezolano. Así las cosas, el amparado no se encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y que hacen procedente el presente arbitrio, esto es, no está arrestado, detenido o preso en Chile ni se ha ordenado a su respecto la expulsión ni la salida del país. 6° Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de una privación, perturbación o amenaza a la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que, al no darse el supuesto básico que hace procedente la acción intentada, el presente recurso no puede prosperar, sin perjuicio de las demás acciones administrativas o jurisdiccionales que eventualmente correspondan al efecto.”

El recurrente procede a referirse latamente sobre el trámite de responsabilidad democrática, así como también, sobre las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria y el Estado de Catástrofe decretado en Chile, para luego recalcar que, mediante correo electrónico enviado el 11 de noviembre de 2020 por parte de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la dirección: (correo reservado), se le informa a la recurrente acerca del cierre o rechazo de su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, de la que se puede observar en primer lugar que, no especifica a quien va dirigida, lo que permite dilucidar que se trata de un correo masivo, por cuanto no se individualiza al destinatario del mismo, y, en segundo lugar, en el asunto de éste se expresa “Cierre solicitud de VRD”, sin embargo, a lo largo de la redacción se señala de forma explícita que se trata del rechazo de la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del recurrente. En lo referente a los motivos en los cuales la autoridad trató de fundamentar el rechazo y luego de transcribir lo atingente a ello contenido en el mencionado correo, así como lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.094, de 1975, en relación con los artículos 2° y 15 N° 7 del mismo cuerpo legal, estima incomprensible la manera en que el ente recurrido pretende concatenar los artículos citados, pues por un lado se refiere al presupuesto de la norma que dice relación con el tema “de los rechazos” de solicitudes de permisos de residencia de extranjeros que claramente ya se encuentren en Chile, y en el caso del recurrente, éste no ha entrado al país, estando incurso en ninguna de las causales del artículo 15, y por otro lado, no ha dejado de cumplir ninguno de los requisitos exigidos para la solicitud de su permiso de residencia. Luego esto lo trata de relacionar con los “impedimentos de ingresos”, haciendo expresa mención a la norma que consagra que por decreto supremo podrá prohibirse el ingreso al país de determinados extranjeros por razones de interés o seguridad nacionales y relacionándolo con los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo Nro. 102 del 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública, por brote de Coronavirus, argumentando de esta manera que, en virtud del cierre de fronteras se encontraba, en consecuencia, prohibido el ingreso de extranjeros que no fueren residentes regulares en Chile o que ingresaren en calidad de turistas. Considera que, de acuerdo con lo anterior, no podría la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, plantear como motivo de rechazo de la solicitud de la recurrente, el hecho de que las fronteras de Chile se encontraban cerradas para esa fecha (11 de noviembre de 2020) y tampoco que estaba prohibido el ingreso de todos los extranjeros que no fueren residentes regulares en Chile o que ingresaren en calidad de turistas, ya que de acuerdo con lo establecido en el Decreto antes citado, dicha normativa admite excepciones para el caso de padres o hijos de un extranjero residente de manera regular en el territorio nacional, nacidos en el extranjero.

En cuanto a las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos expresa que, en el presente caso, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad consular, ha desconocido la aplicación de los principios de inexcusabilidad y conclusivo, así como del resto de la normativa, por cuanto en el caso bajo estudio, no ha cumplido con su deber de notificar la resolución consular que contiene los motivos para denegar la solicitud planteada, siendo ésta la oportunidad en la que surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional de la misma, revisión que constituye el fundamento principal de la presente acción constitucional. Lo anterior configura además una clara violación al Principio de Transparencia y Publicidad, establecido en el artículo 16 de la mencionada Ley 19.880, principios los cuales permiten y promueven el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado, calidad que precisamente detenta el ente recurrido. Añade que el fundamento de las decisiones, a su vez debe cumplir con el Principio de Imparcialidad establecido en el artículo 11 de la citada norma, denunciando que la Resolución Consular impugnada no solo constituye un acto ilegal, sino que además resulta arbitraria, puesto que la ausencia de motivo plausible que justifique la determinación en ella contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió.

En cuanto a las garantías constitucionales que se estiman conculcadas refiere que, la situación descrita importa una vulneración a la igualdad ante la ley, artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, garantía constitucional la cual considera debe ir en concordancia con lo que establece la Constitución en su artículo 1º, al indicar que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1. Lo mismo ocurre en el Código Civil, el cual en su artículo 57 define que ante la ley no existe diferencia entre chilenos y extranjeros, respecto a los derechos civiles establecidos en dicho texto jurídico. Desde tal perspectiva, el principio de igualdad impone un límite al poder estatal, visto que debemos entender que no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Estima que en el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, está vulnerando la garantía fundamental de igualdad ante la ley, por cuanto realizó un cierre masivo de las solicitudes, aplicando las mismas normas jurídicas a personas que se encontraban en diferentes situaciones, como es el caso del recurrente, ya que el Decreto Supremo que estableció el cierre de fronteras, no le era aplicable por tratarse del padre de un extranjero residente en Chile, de manera que, al enviar un correo masivo, señalando las mismas causales de rechazo a todos los solicitantes de Visa de Responsabilidad Democrática, ha incurrido en la violación del ordenamiento jurídico y en especial de dicha garantía constitucional, desasistiendo y vulnerando además el derecho a la reunificación familiar que rige la tramitación de este visado, que por razones humanitarias se otorga a ciudadanos de nacionalidad venezolana En relación al plazo de interposición de la presente acción constitucional, la norma contenida en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos” y en el presente caso, la conducta por la cual se recurre se compone de una serie de omisiones, que, conforme ha quedado establecido, perduran hasta la fecha, sin que ello se encuentre subsanado, por cuanto aún no se ha dictado un acto administrativo que resuelva la solicitud de visa de responsabilidad democrática, por parte del ente recurrido, lo que se constituye en una omisión que los mantiene en una situación precaria de manera indefinida.

Plantea que, conforme a los argumentos de hecho y de derecho expuestos, solicita condenar a la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a:

(l) Se deje sin efecto la Resolución Consular de fecha 11 de noviembre de 2020, mediante la cual se rechazó la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática de don nombre reservado.

(II) Darle continuidad a la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática de don nombre reservado, hasta su final resolución, debiendo para ello respetar la antigüedad en su tramitación y el estado en el que se encontraba dicha solicitud antes de ser cerrada. En consecuencia, se le ordene al ente recurrido, que, en el más breve plazo, fije la fecha de la cita para la consignación de los documentos contentivos de la solicitud, ante el Consulado General de Chile en Caracas.

(III) Que se condene en costas a la recurrida.

Termina solicitando que, debido a los hechos expuestos anteriormente, y lo dispuesto en los artículos 6, 19 en su número 2 así como las demás disposiciones del cuerpo legal de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales del 17 de Julio de 2015, y demás normas legales que sean pertinentes, se tenga por interpuesto el presente recurso de protección, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar al Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre los hechos antes descritos, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los afectados; y, en consecuencia, se le ordene conceder el remedio solicitado, dando continuidad a los trámites de solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática del recurrente, debiendo agendar su cita en fecha precisa y en el más corto plazo en Consulado de Chile en Caracas, como en derecho corresponde, y hacer formal devolución de su pasaporte venezolano junto a su visa estampada; adoptando todas las demás medidas que V.S. estime necesarias para esos efectos, con expresa condenación en costas.

A su presentación, acompaña documentos.

2°.- Que, informa Ricardo Ortiz Vidal, Ministro Consejero y Embajador y Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, quien en primer término alega la incompetencia fundado en que, de la lectura del recurso consta que el afectado se encuentra residiendo en su país de origen, Venezuela, tal y como lo indica el propio recurrente, acción constitucional la cual se dirige en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Consulado General de la República de Chile en Caracas, Venezuela, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana. Es en razón de lo expuesto y teniendo presente que, el acto recurrido aconteció o tendrá efectos en un territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones, solicita se declare la incompetencia para conocer del asunto. Cita fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, causa Rol 22916-2022 y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N°2137- 2022; Rol N°2104-2022; Rol N°2170-2022, Rol N°2219-2022 y 2262-2022.

En subsidio y para el caso de ser rechazada la incompetencia, alega cosa juzgada, fundada en que los mismos hechos fueron ventilados y resueltos en la causa de amparo Rol 275-2022 tramitado ante esta Corte de Apelaciones, causa en la cual, la hoy recurrida emitió informe con fecha 12 de noviembre del presente año, en el cual se procedió a informar respecto de la solicitud que el amparado tiene en el sistema SAC con su pasaporte N° RUT reservado (misma solicitud por la cual se ha interpuesto el presente recurso de protección), acción constitucional la cual fue rechazada. Estima que existiendo una sentencia firme y ejecutoriada, dictada con fecha 15 de noviembre de 2022, la misma parte recurrente (ambos recursos son patrocinados por el mismo abogado) interpone una nueva acción en favor del mismo solicitante ante esta Corte de Apelaciones, en circunstancias que en los hechos el amparado se encuentra residiendo en el extranjero, siendo lo pretendido su ingreso al país. Hace presente que de la lectura del presente recurso éste se funda en exactamente los mismos hechos que en el amparo 275-2022 ya tramitado, por lo que, y de conformidad al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se darían todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, para decretar la cosa juzgada. Cita fallos de la Corte Suprema, causa Rol N°3283 8-2018, Rol N°6808-2017 y Rol N°98700-2022.

También se alega por parte del recurrido que el derecho alegado por la recurrente no es indubitado, sosteniendo que por haber presentado la solicitud de Visa, el recurrente o por quien actúa en su favor, no adquiere el derecho a obtener dicha visación para residir en Chile desde que el requirente está sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas que dispone la normativa para obtener, eventualmente, la autorización por parte de la autoridad consular competente, reconociendo que el único derecho que se configura para el administrado, es el de obtener una respuesta por parte de la autoridad consular, la que podrá ser eventualmente impugnada por las vías legales o administrativas correspondientes. Considera que acoger el planteamiento contrario significaría entender que la mera solicitud de una Visa configura el acceso, en términos absolutos e indubitados, al derecho constitucional, hipótesis la cual califica de absurda. Cita fallo de la Corte Suprema, Rol N°91061-2022 Finalmente sostiene que corresponde a la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior (DIGECONSU) informar respecto a causas referidas a resoluciones y actos emanados de los Consulados de Chile en el exterior, en virtud de las facultades y atribuciones que otorga a la Dirección General la Ley N°21.080, publicada el 20 de marzo de 2018, en particular el artículo 15 N°2, norma la que transcribe.

Solicita se tenga por presentado el informe requerido y se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°. - Que, se alega por la recurrente el término arbitrario de la tramitación de la solicitud de visa de responsabilidad democrática de su padre nombre reservado, comunicada mediante un correo electrónico masivo.

7°.- Que, en la especie, ha comparecido doña nombre reservado, domiciliada en la ciudad de Chillán, interponiendo la presente acción cautelar en favor de su padre, de tal manera que los efectos del acto recurrido se producen en la jurisdicción de esta Corte de Apelaciones, razón por la cual la alegación de incompetencia debe ser desestimada.

8°. - Que, la recurrida opuso la excepción de cosa juzgada señalando que los hechos que fundan el recurso fueron conocidos en el recurso de amparo Rol 275-2022 tramitado ante este Ilustrísimo Tribunal.

Sobre el fondo alega que la recurrente no goza de un derecho indubitado, toda vez que no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos que hacen procedente el otorgamiento de la visa de responsabilidad democrática.

9°. - Que, respecto de la alegación de cosa juzgada, debe descartarse aquella, dado que a pesar de la identidad de personas, y de causa de pedir, el objeto pedido difiere debido a la diversa naturaleza que tienen ambas acciones constitucionales, las que están orientadas a proteger derechos fundamentales diversos y a obtener remedios distintos una de otra.

10°. - Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

11°. - Que, de los antecedentes, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de visa de responsabilidad democrática, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

12°.- Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo en cuanto se ordena a este último de tramitación a la petición de visa de responsabilidad democrática de dicha persona, citándola al consulado de Chile en Caracas, o el más cercano a su domicilio, en un plazo de 60 días de ejecutoriada la presente acción, a fin de dar curso progresivo a la tramitación como en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción a cargo del Ministro Guillermo Arcos Salinas.

Rol 7863-2022 Protección.