Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO: 1°.- Que, comparece el abogado Sebastián Caroca Colarte, en representación de nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado

nombre reservado, ambos domiciliados en la oficina 802 del Edificio Centro Urbano 18S ubicado en domicilio reservado de la comuna de Chillán y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del BioBío, (COMPIN) representada legalmente por doña nombre reservado, ambos con domicilio, en domicilio reservado, por el accionar ilegal y arbitrario cometido, solicitando a este tribunal que adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 18 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza a su representado.

Expresa que el recurrente ha reclamado con fecha 07 de julio de 2025 a la Superintendencia por cuanto COMPIN confirmó el rechazo de las licencias médica números NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 63 días a contar del 12 de junio del año 2025, por la causal de “reposo no justificado”.

Agrega que la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó, a través de Resolución Nº NUM003, de fecha 10 de septiembre del año 2025 que el reposo prescrito por las licencias médicas Números NUM000, NUM001 y NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión de la Superintendencia se arribó al estudiar los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM000, NUM001 y NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 387 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Detalla que la recurrida manifiesta que el informe médico generado con fecha 01- 08-2025 por uno de los tratantes emisores, resulta insuficiente a la hora de evidenciar elementos psicopatológicos de gravedad tal en proporción a la extensión del reposo ya autorizado a la fecha. Además, no permite justificar el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, no se expone un plan de tratamiento psicofarmacológico progresivo concordante con la extensión total del periodo de reposo. Sumado a lo anterior, no se acredita la realización de un proceso terapéutico intensivo con un profesional psicólogo durante el periodo de reposo citado, ni en su defecto, tratamiento en sistema público para atención integral de salud mental.

Refiere el letrado que su representado es trabajador de transporte de carga, con más de 10 años de experiencia en el rubro, padre de 3 hijos, de los cuales mantiene el cuidado personal de todos y cada uno de ellos, desde el año 2014, lo que se encuentra acreditado en causa C-1196-2014. Agrega que el actor mantiene un diagnóstico de “Trastorno Mixto De Ansiedad y Depresión”, y que dichas condiciones han tenido un impacto significativo en el bienestar emocional, la funcionalidad cotidiana y la calidad de vida del paciente, razón por la cual, ha requerido un proceso de intervención sostenido en el tiempo. Sostiene que el recurrente a lo largo del reposo, se ha sometido a todas las evaluaciones y tratamientos prescritos por los profesionales de la salud, asumiendo que su condición es recuperable, por los mismo, mantiene tratamiento complementario con el profesional Psicólogo nombre reservado, del Centro Médico “Sentido Humano”, sometiéndose a un riguroso tratamiento, con múltiples sesiones, cada una ellas respaldad con su informe acompañado, informes que señalan el avance del tratamiento, estableciendo un nivel incompleto de recuperación.

Añade que el recurrente se ha sometido a distintos criterios médicos, buscando opiniones adicionales para su estado de salud, es así, que en el mes de marzo del presente año, fue atendido por el médico Psiquiatra Dr. nombre reservado, quien informó en su conclusión, que “junto con iniciar tratamiento farmacológico con medicamentos antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos para el control sintomático de cuadro clínico, derivo con psicólogo laboral especialista en calificación de enfermedades profesionales, para realizar evaluación y objetivar la presencia de estresores psicolaborales”.

Señala además el letrado que tras evaluación de psicólogo laboral se detectó la presencia de estresores psicolaborales (sobre carga laboral, realización de actividades laborales por sobre la jornada) los que, por la intensidad y persistencia ocasionan deterioro de su capacidad funcional imposibilitando para realización normal de su función laboral. En dicho contexto, señala, el psicólogo laboral, nombre reservado especialista en evaluación de puesto de trabajo, reportó un tiempo de exposición del agente es nivel “ALTO”, siendo también de ese nivel la frecuencia y la intensidad de exposición al agente de riesgo. Por otra parte, indica, el psiquiatra nombre reservado le ha diagnosticado: “Paciente con sintomatología concordante con cuadro depresivo con elementos ansiosos, actualmente con presencia de sintomatología importante que produce interferencia en su funcionalidad y, por lo tanto, en su desempeño laboral, por lo que no está indicado el reintegro inmediato a sus actividades, dado que esto podría empeorar sintomatología y, por lo tanto, pronóstico de la enfermedad. Según próximo control médico y de acuerdo con evolución de paciente, se podría indicar su reintegro al trabajo”, concluyendo que el cuadro depresivo del recurrente, mantiene elementos ansiosos, si bien, el tratamiento ha ayudado para ir avanzando en su recuperación, ésta aún no se concreta por completo, concluyendo el psiquiatra que en el próximo control podrá definir si existe la posibilidad de reincorporación laboral, pero por ahora debe continuar con reposo, extendiendo licencia Médica.

Argumenta que la recurrida no ha considerado dichos antecedentes, y además, que ha debido reincorporarse a su puesto de trabajo, mientras sufre de síntomas depresivos severos como irritabilidad, pensamientos recurrentes de no querer despertar, pérdida de interés por actividades placenteras, dificultades en la alimentación y el sueño, así como pesadillas frecuentes.

Plantea que la decisión del rechazo de las licencias médicas extendidas, ha ocasionado un perjuicio económico profundo, producto de las necesidades familiares, lo que ha derivado en acrecentar los episodios de depresión, y ciclos de ansiedad aguda al no tener ingresos permanentes y poder sobrellevar sus obligaciones familiares y termina solicitando que se declare ilegal y arbitrario el actual de la recurrida.

Cita jurisprudencia y manifiesta que la recurrida vulnera el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el N°18 y N°24 del art. 19 de la Constitución Política de la república, pues el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, lo cual no se condice con el fin esencial de una licencia médica, cual es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

Señala que, si bien la Comisión y la Superintendencia tienen facultades normativas para rechazar licencias médicas, su decisión debe ser fundada, lo que no ocurre en la especie, toda vez que las resoluciones materia de la presente acción de Protección, no consta que se haya solicitado otros antecedentes al beneficiario o de disponer alguna pericia, para verificar la procedencia médica del reposo, como lo establece el artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984. Para su decisión de la recurrida se ha limitado a negar un derecho.

Hace además presente que la decisión unilateral de la recurrida, en el sentido de determinar que el reposo es injustificado, carece de la necesaria fundamentación, ponderación y razonabilidad, sin entregar al efecto mayores razones ni antecedentes, como asimismo, tampoco propicia la realización de diligencias para determinar la real situación de salud del recurrente. Finalmente, estima, y de forma poco informada, se concluye que el reposo se encuentra injustificado, omitiendo realizar al efecto el correspondiente análisis médico requerido para que la recurrida pudiera con fundamentos ciertos y médicos, rechazar el reposo otorgado por facultativos médicos reconocidos en Chile, circunstancia que torna en infundada la decisión de rechazo de las licencias médicas.

Realiza un análisis de las normas de la ley 19.880 que reglamentan la fundamentación de los actos administrativos, dando cuenta que a su juicio se van infringido, lo que torna la decisión en ilegal. Por otra parte, estima que las decisiones son arbitrarias, en cuanto no han sido adoptados con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos. Cita doctrina.

Termina solicitando que se acoja el recurso, ordenando se autoricen y paguen las singularizadas licencias médicas, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña variados documentos. 2°.- Que, informando, el abogado Sebastián de la Puente Hervé, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, pide en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea, debido a que, como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña con este escrito, por presentación de fecha 7 de agosto de 2025, el Sr. nombre reservado reclamó ante el Servicio por cuanto la SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, extendidas por un total de 63 días a contar del 12 de junio de 2025, por reposo no justificado. Detalla que mediante Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 10 de septiembre de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002.

Señala que el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 7 de octubre de 2025, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 7 de agosto de 2025 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la señalada Compin, con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante la Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 30 días antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias.

Por lo expuesto, colige el letrado, que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en el ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Señala por otra parte, que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, prosigue, si el recurrente estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir jurisdiccionalmente tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, sostiene el informante de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN más de 30 días atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 18 de julio de 2025 en contra de su representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula.

Cita jurisprudencia.

En subsidio, solicitó que se declare improcedente el recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, señala, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cita jurisprudencia.

En cuanto al fondo, el letrado realiza un análisis de la regulación normativa de la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral, para luego realizar la misma labor respecto de las competencias y atribuciones de la superintendencia.

Manifiesta enseguida que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”. Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. Además, señala, dicha normativa posee reglas de impugnación de las decisiones: el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución; En caso que la COMPIN, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante la superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada.

Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, sostiene, el presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes.

Enfatiza que, en el caso de recurrente, su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas. Lo anteriormente expuesto, opina, debe llevar a este tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida.

Cita jurisprudencia.

A mayor abundamiento, sostiene, la decisión de la superintendencia se fundó en tres informes médicos que en resumen reportan: 1.- Informe del Dr. nombre reservado de 8 de mayo de 2025, que señala: “Fundamentos de la resolución: No acoge Reposo indicado impresiona excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a dispositivos de mayor complejidad. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral”. 2.- Informe del Dr. nombre reservado de 8 de abril de 2025, que señala: “…GAF 60 discordante con elementos descritos, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral, sin derivación a especialista en psiquiatría, Tto: venlafaxina 225mg, quetiapina 200mg, clotiazepam 7,5mg, mirtazapina 15mg, sin aumento de antidepresivos a dosis máximas pese a mantención de elementos supuestamente invalidantes por más de 380 días. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger”. 3.- Informe del Dr. nombre reservado de 16 de junio de 2025, que señala: “Que, el informe médico generado con fecha 01-08-2025 por uno de los tratantes emisores, resulta insuficiente a la hora de evidenciar elementos psicopatológicos de gravedad tal en proporción a la extensión del reposo ya autorizado a la fecha. Además, no permite justificar el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, no se expone un plan de tratamiento psicofarmacológico progresivo concordante con la extensión total del periodo de reposo. Sumado a lo anterior, no se acredita la realización de un proceso terapéutico intensivo con un profesional psicólogo durante el periodo de reposo citado, ni en su defecto, tratamiento en sistema público para atención integral de salud mental. Sin dosis máximas de antidepresivos en todo el reposo. Sin intensidad adecuada de psicoterapia actualmente. Se sugiere rechazo”.

Sostiene además que no existen derechos vulnerados, y termina solicitando el rechazo del recurso.

Acompañó variados documentos. 3°. - Que, informando, don nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del BioBío, expresa que las licencias médicas recurridas fueron rechazadas ya que los antecedentes médicos aportados no justifican la extensión del reposo médico, no cumpliendo un rol terapéutico más allá del periodo previamente autorizado, considerando, además, guía referencial de reposo médico y reintegración laboral en personas con problemas y/o enfermedad mental MINSAL 2010 y Decreto Nro. 7/2013 guías clínicas, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas.

Agregó que el recurrente presentó un recurso de reposición que fue rechazado debido a que los antecedentes clínicos aportados no se justifica la extensión del reposo médico más allá del periodo previamente autorizado, teniendo presente que el recurrente no aporta informe de médico tratante.

Añade finalmente que la superintendencia ratificó tales rechazos. Estima que el recurrente no ha visto vulneradas sus garantías, y que el recurso debe ser rechazado. 4°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°. - Que, la alegación de extemporaneidad opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social, será desestimada en atención a que no transcurrieron más de 30 días desde que se emitió la Resolución Exenta N° NUM003, de 10 de septiembre de 2025 y la fecha en que se interpuso el recurso. 8°. - Que, se rechazará la alegación sustentada por la mencionada superintendencia, de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto, de la sola lectura del recurso se desprende que los derechos y garantías eventualmente vulnerados, no son solo aquellos señalados en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, sino que además, los comprendidos en los numerales 1° y 24 del mis artículo, que sí están cubiertos por la acción deducida. 9°. - Que, en cuanto al fondo, el recurrente expone que la Comisión rechazó las licencias médicas NUM000, NUM001 y NUM002, por falta de requisitos y antecedentes, sin ponderar los informes médicos adicionales que el recurrente aportó, consistentes en informes médicos, de los facultativos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

La recurrida Comisión de Medicina Preventiva e invalidez, señala que rechazó la licencia médica reclamada, por cuanto de los antecedentes médicos aportados no justifican la extensión del reposo médico, no cumpliendo un rol terapéutico más allá del periodo previamente autorizado, a la luz de las guías clínicas que mantiene vigentes. 10°. - Que, en el mismo sentido, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, al considerar que tres informes médicos elaborados por auditores internos de dicho órgano, recomendaban tal decisión, dictámenes que cita en su informe. 11°.- Que, cabe recordar que el artículo 21° del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que: "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica". 12°.- Que, de lo señalado precedentemente, puede advertirse que la decisión adoptada por la Comisión, y confirmada por la Superintendencia no está apoyada en motivos que avalen la confirmación del rechazo de las licencias médicas que motivan el recurso, ya que se limitan a rechazarlas por no estar alineadas las aquellas, con las guías internas del Ministerio de Salud, y además por recomendarlo auditores médicos que no periciaron al recurrente, en circunstancias que pudo haberse ordenado la práctica de nuevos exámenes o evaluaciones médicas, a fin de resolver de mejor manera el asunto sometido a su decisión, si tenían dudas acerca de la prolongación del reposo del recurrente. 13°.- Que, conforme a lo dicho precedentemente, es posible constatar que las recurridas no han cumplido a cabalidad la normativa pertinente para resolver acerca del rechazo de la licencia médica y sus decisiones vulneran los artículos 41 inciso 4° y 11 inciso 2° de la Ley 19.880, en tanto exigen que las resoluciones administrativas sean fundadas y que en ellas se expresen los fundamentos de hecho y de derecho que afectaren los derechos del recurrente, contrariando asimismo la normativa contemplada en el Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en particular su artículo 21°, que otorga facultades a la parte recurrida, para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, lo que no hizo. 14°.- Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que “…la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente…”, agregando que “…tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente”. (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6°). 15°.- Que, en consecuencia, y siguiendo el mismo predicamento del Máximo Tribunal, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar suficientemente las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas, afectando con ello el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad del recurrente, contempladas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Carta Fundamental. Lo anterior no se soslaya con la opinión de los médicos de la recurrida SUSESO, desde que dichos profesionales se limitaron – como lo señalan expresamente - a estudiar los documentos y antecedentes relativos a la licencia médica, sin peritar al recurrente. 16°. - Que, atendidos los argumentos expuestos, se hará lugar a la presente acción constitucional, pero solo en cuanto la recurrida dispondrá que se practiquen aquellos exámenes o se emita -como lo exige la propia recurrida- aquel informe amplio y fundado de salud mental, que le permita tener mayores elementos de convicción para emitir una resolución fundada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Sebastián Caroca Colarte, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del BioBío, (COMPIN), sólo en cuanto se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente, encargue los informes periciales médicos correspondientes, respecto de las patologías del recurrente, a fin de contar con el fundamento técnico necesario para dictar la resolución que en derecho corresponda, respecto de las licencias médicas reclamadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado Baltazar Guajardo Carrasco, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N°784-2025. - Protección.