Protección contra MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE

C Chillán, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, dueña de casa, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, quien interpone medida de protección a favor de sus hijos nombre reservado, Run NUM001, y nombre reservado, Run NUM002, ambos de nacionalidad venezolana de 14 y 9 años de edad, respectivamente, y del mismo domicilio, en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE, representado por don nombre reservado, Ministro, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario, ilegal y lesivo que afectó el no calificar como alumnos prioritarios a los niños individualizados, cumpliendo con los requisitos para así hacerlo.

Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta, que esta arbitrariedad e ilegalidad se produce al no haber notificado a la familia de los niños el resultado del proceso de calificación anual de los alumnos afectos a la Ley SEP, lo que importa una infracción a la Ley N°20.248, artículo 2 letra d), inciso tercero que señala: “La determinación de la calidad de alumno prioritario, así como la pérdida de la misma, será informada anualmente por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno y al sostenedor del establecimiento en que éste se encuentra matriculado”.

Indica que dicha conducta del Ministerio de Educación vulnera las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, infringiéndose además, los artículos 3 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagran el principio del interés superior del niño y el derecho a la educación informada, respectivamente.

Aduce que de esta forma, por mandato legal esa decisión debe ser informada a la familia del alumno. En cuanto a esta notificación, en un reciente fallo del 31 de mayo de 2018, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, tuvo la oportunidad de señalar que "lo importante es acudir a medios capaces de producirse y, sobre todo, que aseguren razonablemente la entrega de la información al afectado". Respecto de un caso similar, en que la sobrina de la recurrente no fue notificada de la eliminación de su calidad de alumna prioritaria, además falló que "ante las dificultades que se aducen, el Ministerio recurrido optó por efectuar una publicación en su página web, pero no acreditó que el empleo de ese instrumento haya sido puesto en conocimiento de los interesados, en términos C de conferir algún grado de certeza o esa forma de comunicación. Lo que se indica es particularmente relevante, porque -en los hechos-, la madre de la alumna no pudo instar por la oportuna revisión de su caso", perdiendo toda oportunidad y posibilidad de apelar a la calificación del Ministerio.

Manifiesta que nombre reservado y nombre reservado son alumnos regulares de 8avo. y 5to. año, respectivamente, de educación Básica del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, de la comuna de Chillán.

Agrega que la publicación efectuada por el Ministerio de Educación en su página web, no acredita de ninguna forma que el empleo de este instrumento haya permitido poner en conocimiento de la familia del alumno dicha información con algún grado de certeza, lo que imposibilitó una oportuna acción, revisión y apelación por la resolución desfavorable, como es el caso.

Sostiene que de conformidad a la Ley 20.248 que establece Ley de Subvención Escolar Preferencial, precisamente en su artículo 2°, para los efectos de la aplicación de la subvención escolar preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, agregando que la calidad de alumno prioritario será determinada anualmente por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo a los siguientes criterios:  Los alumnos serán considerados prioritarios, para los efectos de esta ley, cuando sean caracterizados dentro del tercio más vulnerable de las familias que cuenten con caracterización socioeconómica de su hogar.  Los alumnos de familias no comprendidas en el rango anterior y que no cuenten con la caracterización socio-económica de su hogar de acuerdo con los instrumentos señalados recedentemente, tendrán la calidad de prioritarios cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el Tramo A del Fondo Nacional de Salud.

Refiere asimismo que es necesario, señalar que resulta afectado el interés superior de sus hijos, teniendo siempre en vista y consideración que los derechos protegidos por la acción de protección se encuentran limitados a la numeración del mismo artículo 20 de nuestra carta fundamental, no pudiendo dejar de señalar que las consecuencias que trae la ilegalidad de la conducta del Ministerio recurrido, resultan contradictorias con el deber que contrajo el Estado de Chile mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

C Por otro lado señala que la calificación realizada por el Ministerio de Educación, respecto de los recurrentes, no sigue los criterios establecidos en la Ley SEP, lesionando el objeto de la subvención. Según lo indicado, la falta de conocimiento de parte de la recurrente de la decisión de la autoridad educacional consistente en calificar a sus hijos como estudiantes preferentes y no prioritarios, desconociendo los argumentos y razones que tuvo en cuenta el Ministerio de Educación para obtener su resolución. Sin perjuicio que la oportunidad de apelación ante el organismo ministerial está cerrada para esta parte, es necesario señalar que la falta de un procedimiento contradictorio, público y transparente, da lugar a un ejercicio arbitrario del poder Estatal que ejerce la Administración. Lo anterior se sostiene porque, en vista de las condiciones materiales de la recurrente, la calificación no resulta coherente con el espíritu de la Ley de Subvenciones, ni con los criterios objetivos contenidos en la ley que limitan el ejercicio de la facultad ministerial.

Señala que los hechos anteriormente descritos, claramente constituyen una violación al derecho constitucional establecido en los artículos 2 y 24 del artículo 19, cautelado por el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, así como las otras normas legales invocadas, por lo que el acto cometido por el recurrido, Ministerio de Educación, es de carácter ilegal, arbitrario y lesivo, no divisándose razón o fundamento legítimo en la determinación y actuar del Ministerio de Educación, por lo que solicita a Iltma. Corte en virtud de sus facultades, adoptar las providencias necesarias para permitir el restablecimiento del derecho inculcado, a fin de que sus hijos, ya individualizados sean calificados como alumnos Prioritarios para el año 2026.

En virtud de lo antes expuesto, pide tener por interpuesto el presente Recurso de Protección en contra del recurrido ya individualizado, acogerlo, restableciendo el imperio del derecho, invalidando el acto ilegal y arbitrario que importa la no calificación como alumnos prioritarios y resolver derechamente que se restituyan los derechos vulnerados a los alumnos recurrentes nombre reservado y nombre reservado, otorgándoles la calificación de alumnos Prioritarios para el año escolar 2026 en los términos y beneficios que corresponden a esa calidad, en consideración a las circunstancias de hecho y derecho invocadas. 2°.- Que, informando don nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, solicita el rechazo del presente recurso y con expresa condena en costas, aduciendo la recurrente que sus hijos, nombre reservado y nombre reservado, alumnos regulares de 8avo. y 5to. Año Básico, C respectivamente, ambos de la Escuela nombre reservado, Rol Base de Datos N°NUM003, de la comuna de Chillán, no habrían sido calificados como alumnos prioritarios, a pesar de cumplir los requisitos, lo cual constituiría un acto arbitrario, ilegal y lesivo para ellos.

Agrega que no se le habría notificado el resultado del proceso de calificación anual de los alumnos afectos a la Ley N°20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial (en adelante, Ley SEP), lo que significaría una infracción al artículo 2, letra d) de dicha ley, toda vez que la publicación realizada por esa Cartera de Estado, mediante página web, no acreditaría que la información sea entregada con certeza a las familias de los estudiantes.

Aduce que de la manera anterior se vulneraron las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al igual que los artículos 3 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que, por mandato legal, la decisión debería ser informada a la familia del alumno, para contar con la oportunidad y posibilidad de apelar el cambio de calificación de los estudiantes de forma oportuna.

En cuanto a la calidad de alumnos prioritarios señala que sus hijos cumplirían con los criterios establecidos en la ley, indicando que la calificación efectuada por esa Cartera de Estado respecto de sus hijos, no habría seguido los criterios establecidos por la Ley SEP. Asimismo, al no haber tomado conocimiento de la decisión sobre catalogar a sus hijos como estudiantes preferentes y no prioritarios, habría estado impedida de comprender los argumentos y razones que se tuvieron en cuenta para dictar tal resolución. Igualmente, menciona al respecto, que existiría una falta de procedimiento contraindicatorio, público y transparente, dando lugar a un supuesto ejercicio arbitrario del poder estatal ejercido por esta administración.

Así las cosas, sostiene que lo anteriormente descrito sería contrario al espíritu que tendría la Ley de Subvenciones y con los criterios objetivos contenidos en la ley, dadas las condiciones materiales de la recurrente, ya que la legislación apunta a los alumnos cuya situación socio económica dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

Finalmente, la recurrente solicita que se acoja la acción de protección interpuesta, de manera que se invalide el acto ilegal y arbitrario de no calificar como alumnos prioritarios a sus hijos y que, en consecuencia, se restituyan sus derechos vulnerados, otorgándoles dicha calificación para el año 2026, en los términos y beneficios que correspondan.

C Sostiene el letrado que en primer término es necesario precisar cuáles son los criterios para que un estudiante sea considerado alumno prioritario, y ello se encuentra establecido en el artículo 2° de la Ley 20.248, y son los siguientes: a) Los alumnos cuya familia pertenezcan al Sistema Chile Solidario, por el solo Ministerio de la Ley. b) Los alumnos cuyas familias sean caracterizadas desde el punto de socio económico de su hogar, perteneciente al tercio más vulnerable. c) Los alumnos cuyos padres hubieren sido clasificados en el Tramo A del Fondo Nacional de Salud. d) Los alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socio económica precedente, se les considerará de acuerdo con los ingresos familiares, la escolaridad de la madre, y en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, y la condición de ruralidad de su hogar y grado de pobreza. e) Los alumnos que sean sujeto de atención del Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y Adolescencia, quienes tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

Desde otro ángulo, manifiesta el letrado que, en el caso de los niños de autos, ninguno pertenece al Sistema de Protección Social Chile Seguridades y Oportunidades, y no están sujetos a la atención que otorga el Servicio de Protección Especializado para la Niñez y Adolescencia.

Refiere asimismo que, para el proceso del Año Escolar 2025, ninguno de los niños contaba con caracterización socio económica, por lo que no tuvieron la calidad de alumnos prioritarios ni preferentes.

Indica que respecto del proceso del año escolar 2026, la estudiante nombre reservado se encuentra en la base de datos de Fonasa al igual que su hermano nombre reservado, no pudiendo seguir calificada como alumna prioritaria conforme al artículo 4° del Decreto Supremo 235 de 2008, que establece: “La familia de alumnos identificados como prioritarios deberán contar con la caracterización socio económica de su hogar, según el instrumento vigente, en el plazo de un año dese la determinación de la calidad de alumno prioritario. Transcurrido dicho plazo, el alumno cuya familia no cuente con la caracterización señalada, perderá su calidad de alumno prioritario a partir del año escolar siguiente. Por lo anterior, es posible constatar que se encuentra vencido el plazo para contar con la calificación socio económica, siendo ésta la razón por la que no obtuvo dicha calidad tanto para el año 2025 como para el 2026.

C Indica que el proceso de revisión de antecedentes y apelaciones tuvo lugar entre el 9 de junio y el 7 de julio de 2025, no recibiéndose solicitud alguna de parte de los estudiantes de marras, no obstante haberse informado sobre el proceso de determinación de alumnos/as prioritario y preferente para el Año Escolar 2026, a través del Portal de Ayuda MINEDUC y en el Portal COMUNIDAD ESCOLAR.

Señala, asimismo, que el Ministerio de Educación no efectúa la clasificación socio económica, ya que está determinada por los datos que proveen otros organismos estatales, como en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que está fuera de dicho ministerio el modificar los resultados, ya que el proceso es de carácter anual y el plazo de apelación se encuentra cerrado.

Termina manifestando que el actuar de la Cartera Ministerial recurrida no adolece de vicio de ilegalidad y arbitrariedad, porque ha actuado conforme a la Ley y a la Constitución, no configurándose en consecuencia vulneración de garantías constitucionales.

Conforme lo expresado, pide tener por evacuado el informe, y en su mérito, rechazar la acción intentada por la recurrente. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, desinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del tenor del recurso fluye de manera evidente y palmaria que lo que la recurrente denuncia como acto arbitrario, ilegal y lesivo, es que sus hijos nombre reservado y nombre reservado, no hayan sido calificados como alumnos prioritarios para el C año escolar 2026, no obstante, según la recurrente, cumplirse los requisitos al efecto. 6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil consignar que la calidad de alumno/a prioritario se encuentra establecida en el artículo 2° de la Ley 20.248, disposición legal ésta que establece una serie de requisitos que deben cumplir los estudiantes para detentar tal calidad, entre otros, que su familia pertenezcan al Sistema Chile Solidario; estar caracterizado, desde el punto de vista socio-económico, dentro del tercio más vulnerable; o que sus padres o apoderados se encuentren clasificados en el Tramo A del Fondo Nacional de Salud, o bien que los alumnos estén sujetos a atención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para cuyo efecto el proceso de determinación de la calidad de alumno prioritario es anual, y debe realizarse a más tardar el 31 de julio de cada año, trámite o gestión que no hizo la recurrente.

Por otra parte, de acuerdo con los antecedentes allegados al recurso, es posible advertir que ninguno de los alumnos pertenece al “Sistema de Protección Social Chile Seguridades y Oportunidades”, y tampoco están sujetos al Servicio de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia. 7°.- Que, desde otra perspectiva, necesario es consignar, y según se desprende del informe evacuado por el Ministerio recurrido, que ninguno de los alumnos contaba con caracterización socio-económica para el proceso del año escolar 2025, por lo que no podían tener la calidad de alumnos prioritarios ni preferentes para el período escolar 2026. Además, el Ministerio de Educación no efectúa la clasificación socio-económica, sino que dicha función la cumple el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el proceso que es anual ya se encuentra cerrado a la fecha. 8°.- Que, así las cosas, es posible concluir que la decisión del recurrido, Ministerio de Educación, en orden a no incluir a los hijos de la recurrente como alumnos prioritarios y preferentes para el período escolar 2026, se encuentra ajustada a la legalidad y a la normativa legal vigente, específicamente a la Ley 20.248. 9º.- Que, en consecuencia, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, toda vez que según se dijo en el considerando precedente, el recurrido ha actuado en el ejercicio de sus funciones y acorde a sus atribuciones y competencias, circunstancias éstas que llevan necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

C Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, representada por el Ministro don Nicolás Eduardo Cataldo Astorga.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

No firma la magistrada señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de Ministra Suplente.

ROL 780-2025 PROTECCIÓN.