nombre reservado con UNIVERSIDAD DEL ALBA

Chillán, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

1°. Que comparece doña nombre reservado, chilena, soltera, Run RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región del Maule, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad del Alba, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, representada legalmente por don nombre reservado, por haber incurrido la institución de educación superior en actos y omisiones que son ilegales y arbitrarios, con un impacto negativo a su respecto, afectando de manera grave el ejercicio legítimo de su derechos fundamentales, garantizados por la Constitución Política de la República, en el artículo 19, números 1, 2, 10, 11 y 24.

Expone que es estudiante regular de la carrera de Psicología y ha estado expuesta a una serie de actuaciones y omisiones institucionales que carecen de justificación razonable, contrarias a la ley, que consisten en prácticas administrativas y académicas que desconoce sus derechos como estudiante, generando un menoscabo real y efectivo a su dignidad, su derecho a recibir educación en condiciones adecuadas; el derecho a la Igualdad y no discriminación, protegidos constitucionalmente, cuya salvaguarda se torna urgente y necesaria a través de la presente acción cautelar, solicitando a esta Corte se adopten las medidas que señala a fin de restablecer el imperio del derecho y garantizar el cumplimiento adecuado de las normativas correspondientes.

Comenta que ingresó a la carrera de Psicología en la extinta Universidad Pedro de Valdivia, continuando en la Universidad del Alba, sede Chillán, sus calificaciones han sido satisfactorias con participación en programas de prácticas profesionales. Desde el año 2019 hasta la fecha, ha tenido que enfrentar diversas deficiencias, como modificaciones unilaterales en la modalidad en la que cursa la carrera, - presencial, en línea, semipresencial- además, del bloqueo injustificado de correos institucionales; la falta de respuesta a solicitudes y requerimientos, así como la escasez de información. Alega la carencia de canales de atención eficaces, situaciones que han significado dificultades, retrasos en el rendimiento académico y la necesidad de repetir asignaturas previamente aprobadas, lo que afecta de manera significativa su derecho a la educación.

Refiere que, en el mes de agosto de este año, efectuó una pasantía en el Centro de Atención Integral (CAI) de la Universidad, bajo la supervisión de la docente nombre reservado, quien habría presentado diversas conductas arbitrarias e irregulares, entre las que destaca, entregar instrucciones contradictorias en relación con la atención a los pacientes, finalizando la pasantía antes de lo estipulado, hecho que implicó la falta de atención a los pacientes derivados; y la eliminación de archivos de la nube institucional relacionados con su práctica. Alega existencia de presión inapropiada sobre la selección de los temas de investigación para la tesina coartando su libertad de elección, así como la emisión de comentarios ofensivos y revictimizantes a su respecto, lo que afectó su integridad emocional.

Asevera que estas conductas significaron estrés académico, maltrato psicológico y una afectación emocional significativa, circunstancias que incluso hicieron necesario contar con ayuda psicológica externa. Argumenta que la recurrida hizo uso no autorizado de su imagen personal para presuntos fines académicos, lo que infringe su derecho a la vida privada y a la protección de sus datos personales. Todas estas irregularidades le han causado un considerable deterioro en su integridad psíquica, afectando su trayectoria académica, obligándola a enfrentar un entorno hostil, confuso y desorganizado, con un riesgo real de deserción forzada, con afectación a sus legítimos derechos como estudiante universitaria.

En el mismo sentido, destaca la existencia de obstáculos directos para la preparación y defensa de su tesina, requisito fundamental para la obtención del título. Se le han impuesto plazos reducidos e irrazonables, comunicando con escasa anticipación las entregas, sin tiempo adecuado para realizar un trabajo de investigación que cumpla con un rigor metodológico. Aduce falta de un adecuado acompañamiento docente, no obstante, requerir de dirección y supervisión académica, no existiendo apoyo y orientación técnica necesaria. Expresa que se le finalizó anticipadamente su pasantía en el CAI privándole de la experiencia formativa, lo que se traduce en un obstáculo directo para la defensa del trabajo final.

Arguye que toda esta situación la ha ubicado en una posición desventajosa en comparación con sus colegas afectando su desempeño, con riesgo real de perder una oportunidad académica, y de no poder presentar y defender su trabajo. Recalca que la preparación y defensa de la tesina, así como la validación de la práctica profesional, constituyen requisitos fundamentales para la obtención del grado académico. La documentación presentada evidencia que la Universidad, en lugar de facilitar el proceso de culminación de la carrera, ha llevado a cabo una serie de acciones que lo dificultan, configurando un escenario de desprotección y hostigamiento académico. Reitera que la práctica fue interrumpida de manera arbitraria, de forma abrupta, sin una justificación académica válida, lo que resultó en la falta de continuidad privándola de los insumos clínicos necesarios para llevar a cabo su investigación, con la evidente desventaja académica insalvable, al no poder completar las horas ni los registros que son parte de la evaluación de egreso.

Refiere que debido a que diversos docentes y coordinadores le comunicaron versiones divergentes en cuanto a si la tesina debía ser elaborada de manera individual, en pareja o en grupo, tuvo que reiniciar su trabajo de investigación en más de una ocasión; tales decisiones, adoptadas sin criterios claros ni estables, le han generado incertidumbre, desgaste y pérdida de tiempo que no puede recuperarse. Debió enfrentar respuestas evasivas y confusas, las cuales fueron en muchas ocasiones enviadas por correo electrónico, carecieron de un seguimiento académico adecuado. Añade que se le convocó a presentar los avances de la tesina en fechas no estipuladas en el calendario oficial y fuera del horario regular de clases, lo que incrementa su desventaja en comparación con otros estudiantes, infringiendo los principios de igualdad y del debido proceso académico. La situación anotada la ubica en posición de riesgo que podría impedirle completar y presentar su tesina en condiciones normales, lo que comprometería gravemente el derecho a la titulación.

Así, afirma que el proceso de egreso se ha transformado en una obligación difícil de satisfacer, por estos actos ilegales que, contravienen disposiciones explícitas de la Ley N°20.370 General de Educación, la cual garantiza el derecho a recibir una educación de calidad; b) Ley N° 21.369 sobre acoso, violencia y discriminación en la educación superior, que establece la obligación de implementar protocolos de prevención y sanción; c) Ley N° 19.628 sobre la protección de la vida privada, en lo que respecta al uso no autorizado de la imagen. Dichos actos son arbitrarios, ya que carecen de una justificación racional, se basan en criterios subjetivos y variables, y afectan de manera desproporcionada e injustificada sus derechos, como el de integridad psíquica, artículo. 19 N°1 de la Constitución por el maltrato psicológico, las presiones indebidas y el hostigamiento en el contexto de las prácticas; de Igualdad ante la ley, artículo 19 N°2 lesionada por el trato desigual e injustificado en comparación con otros estudiantes, con exigencias contradictorias y cargas indebidas; el derecho a la educación contenido en el artículo 19 N°10, dada las deficiencias de las estructuras y procedimientos administrativos que dificultan el progreso académico; Libertad de enseñanza y derecho a la libre elección, previsto en el artículo 19 N°11 de la Carta fundamental, vulnerada por las prácticas que restringen de manera indebida su proceso formativo. el Derecho de propiedad, contenido el artículo 19 N°24 sobre los derechos educativos adquiridos y sobre la imagen propia, utilizada sin la debida autorización.

Por lo expuesto, solicita se acoja la acción de protección, declarando que los actos y omisiones de la Universidad del Alba son arbitrarios e ilegales, y en especial, solicita que se ordene a la parte recurrida: a) abstenerse de cualquier conducta de hostigamiento, presión indebida o revictimización en su contra; b) Adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar su derecho a continuar y concluir sus estudios en condiciones de igualdad e integridad; c) se designe un profesor guía y un canal administrativo estable, garantizando un acompañamiento efectivo en la elaboración de la tesina y en las prácticas; d) Proceder a la eliminación de cualquier uso no autorizado de su imagen personal; e) Implementar medidas de apoyo psicológico y académico, en conformidad con la Ley 21.369, y f) Condenar a la recurrida al pago de las costas.

2°. Que, se agregó informe evacuado por la Universidad del Alba, representada por el abogado Sergio Ángel Correa Rebolledo, mediante el cual solicita el íntegro rechazo de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, con expresa condena en costas.

Tras referirse a los hechos fundantes del recurso, expresa que la actividad de práctica a que se refiere la actora tiene un carácter voluntario, y no obligatoria, se trata de una pasantía diseñada para fortalecer habilidades clínicas, éticas y profesionales de modo que carece de efectos evaluativos o curriculares obligatorios.

Expresa que la pasantía fue convocada de manera pública y la recurrente la actora postuló libremente; durante su ejecución se constataron comportamientos éticamente inadecuados por parte de la estudiante, consistentes en traspasar a una paciente temas personales y académicos, alterando el vínculo terapéutico y vulnerando principios éticos, circunstancia informada a la Dirección de Carrera, quien validó la decisión académica de dar por concluida la participación de la estudiante en la pasantía, decisión que no constituyó sanción disciplinaria ni medida punitiva, sino una medida formativa y preventiva, ajustada a las normas institucionales y a la ética profesional universitaria.

Luego, refiriéndose a la elaboración de la tesina explica que, con fecha 20 de agosto pasado, la Coordinación de Carrera comunicó las condiciones reglamentarias del proceso de tesina, el cual establece el desarrollo de trabajos en grupos de uno a tres integrantes, requiriendo una solicitud fundada y excepcional para exceder dicho número, sujeta a la aprobación del Comité Curricular. Pese a lo señalado, la recurrente intentó incorporarse a un grupo ya constituido, por lo que las integrantes de dicho grupo denunciaron haber sido objeto de hostigamiento y presión reiterada por parte de la alumna nombre reservado para que se le permitieran integrarse. Como consecuencia de estos hechos, las tres estudiantes del grupo presentaron una denuncia interna formal el 30 de agosto de 2025, acompañando evidencia que demostraría el tono coercitivo y amenazante de los mensajes recibidos. Paralelamente, el 1 de septiembre, la docente nombre reservado presentó una nueva denuncia por comportamientos insistentes, desafiantes y amenazantes de la estudiante hacia su persona, al exigir expectativas personales ajenas a la planificación académica.

Sostiene que lejos de omitir con su deber, la Universidad actuó con estricto apego a la normativa, garantizando la objetividad y respeto, siendo su actuar preventivo, reglado y ajustado a la ley. Niega la supuesta vulneración del derecho a la educación pues la recurrente mantiene matrícula vigente durante el período académico anual 2025, ostentando calidad de alumna regular al 26 de septiembre de este año, en estado desbloqueado, y presenta un promedio de 6,5 sin asignaturas reprobadas. No se ha afectado su trayectoria académica y tampoco sus oportunidades de titulación. Controvierte asimismo, que falte acompañamiento académico; sostiene que se ha efectuado una convocatoria pública de la pasantía con reglas claras, cupos y requisitos. Las instrucciones de funcionamiento, lineamientos clínicos y modelo de consentimiento informado, estableciendo el marco ético-profesional se han hecho llegar de manera oportuna, desmintiendo la alegada obstaculización de sus solicitudes. Reitera que las reglas de elaboración de la tesina son conocidas y objetivas; se ha cumplido con la canalización inmediata de las denuncias internas hacia las unidades competentes, demostrando una acción preventiva.

Destaca que el conjunto de piezas administrativas demuestran un trato respetuoso, respuestas dentro de plazos razonables, y aplicación de reglas iguales para todos los alumnos, misma situación que acontece con la asesoría pedagógica y administrativa, por lo que no existe acto Ilegal o arbitrario de su parte.

Da cuenta de la autonomía académica, económica y administrativa que otorga la ley a la Universidad, manteniendo un actuar se ha fundado en los reglamentos que se han aplicados de manera uniforme a toda la comunidad estudiantil, como es el Reglamento de Titulación y Graduación, tratándose de medidas proporcionales, regladas y transparentes.

Refuta que su actuar haya vulnerado las garantías y derechos que se alegan por la actora, previstos en el artículo 19 N° 1, 2, 10, 11.

Finalmente arguye que acción de protección debe reservarse para supuestos excepcionales que cumplan los requisitos de gravedad sustancial de la afectación; Urgencia procesal objetivamente acreditada; y Ausencia de vías ordinarias idóneas para obtener una tutela efectiva. Sostiene que atendida la naturaleza del recurso incoado, necesariamente las afirmaciones de la recurrente requieren de un juicio de lato conocimiento a fin de proceder a su acreditación a través de medios probatorios idóneos; en el caso particular los documentos adjuntos confirman el estado de normalidad administrativa de la alumna, por lo que un eventual malestar o desacuerdo subjetivo con las decisiones pedagógicas o disciplinarias no constituye privación ni amenaza concreta a un derecho fundamental protegido por esta vía.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de carácter extraordinario y naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, como se ha dicho la recurrente, actual alumna de la carrera de Psicología en la Universidad del Alba doña nombre reservado, interpone el presente recurso alegando que la casa de estudios ha incurrido en una serie de actos y omisiones ilegales y arbitrarios que vulneran, entre otras, las garantías constitucionales de que es titular relativas a su integridad psíquica, igualdad ante la ley, derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de propiedad. Específicamente, denuncia hostigamiento en una práctica, obstáculos injustificados para la confección de su tesina, y un trato desigual con respecto de los demás alumnos, manifestado en exigencias contradictorias y la negativa a unirse a un grupo de trabajo para elaborar su tesis.

Tercero: Que la recurrida, junto con controvertir todos los hechos de la manera como han sido desarrollados en el recurso, sostiene que no ha existido de su parte ninguna conducta que se pueda catalogar como ilegal y/o arbitraria, conduciéndose con estricto apego a la ley y los reglamentos que rigen su actuar manteniendo la actora la calidad de alumna regular de la carrera de psicología.

Cuarto: Que, bajo este contexto es útil dejar asentado que “La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art.1 ley 21.091), unido a lo anterior, es la misma ley sobre Educación Superior la que reconoce y garantiza a dichas instituciones educacionales, autonomía e independencia, entendida la primera, como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley: la segunda implica Asimismo, las instituciones de educación superior deben estar exentas de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

Quinto: Que, es dentro de este marco jurídico que ha de analizarse los fundamentos de la acción cautelar. Revisado los documentos que forman parte de la carpeta judicial electrónica se encuentra el registro de malla curricular de la alumna con el cual se constata que a la fecha de presentación del recurso se encontraba cursando de manera efectiva ramos en el segundo semestre de este año; del mismo modo, se corrobora que hubo un llamado vía correo electrónico a postular o manifestar interés en efectuar una pasantía en el Centro de Atención Integral, cuya finalidad era profundizar los conocimientos adquiridos por los alumnos comunicación hecha en el mes de julio de este año por la docente encargada de prácticas; el mismo día de la comunicación y mediante correo doña nombre reservado envió respuesta expresando su intención de participar de dicha actividad, postulación aceptada y respecto de la cual se remite luego formatos de instrumentos a utilizar por los alumnos, sin que de todo lo anterior, se vislumbre algún tipo de disconformidad con el proceso de parte de la recurrente. Tampoco existe documento que ilustre sobre los motivos precisos y fecha en que se dio término a la pasantía por parte de los encargados, lo único cierto, es la finalización anticipada de la actividad hecho en el que ambas partes concuerdan.

Sexto: Que, tampoco se encuentra alguna referencia a la eventual presión indebida sobre la elección del tema de la tesina, o alguna intervención irregular de parte de la Universidad, que corrobore los dichos de la estudiante; si existe claridad que hubo un conflicto por la forma en que se debía desarrollar el trabajo, pues en la secuencia de correos electrónicos entre la encargada y doña nombre reservado se exterioriza que tras el establecimiento del protocolo en relación con el número de personas que debían conformar el grupo de trabajo, esto es, una a tres personas, efectivamente por parte de la Universidad, de parte de la alumna se materializó el envío de una carta para solicitar autorización para el funcionamiento de un grupo de cuatro personas, situación de carácter excepcional que debía ser autorizada por una comisión que tenía plazo para pronunciarse hasta el 25 de agosto de 2025; autorización que finalmente no se otorgó, decisión que no fue aceptada por la actora quien manifestó su disconformidad con la misma reprochando la falta de oportunidad de ésta y el perjuicio que implicaba para su persona, aduciendo además, falta de consideración a su situación personal de parte de la casa de estudios.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo corroborado, no se aprecia del contenido de las comunicaciones vía correo electrónico, algún tipo de falta de deferencia, imposición de exigencias improcedentes e irracionales, o retraso evidente en la atención de la Universidad, que permitan inferir desorden administrativo, arbitrariedad de las decisiones destinadas a perjudicar a la estudiante, no obstante, su evidente discordancia con lo decidido por la autoridad encargada y la determinación de no rendir su evaluación por motivos de salud.

Octavo: Que, en el mismo sentido, no se registra antecedentes que expliquen la forma y oportunidad en que se habría hecho uso indebido y no autorizado de la imagen de la actora, que haya implicado vulneración a su intimidad, privacidad y propiedad de tal atributo; misma situación que se verifica en torno a un eventual trato discriminatorio o desigual con relación a otros compañeros de carrera, ya que no se precisa cómo aquello habría acontecido, tampoco la oportunidad ni el contexto, ni quienes habrían sido aquellos estudiantes favorecidos en desmedro de la recurrente, no pudiendo esta Corte inferirlo de los documentos adjuntos a la carpeta o del reconocimiento del plantel educacional, el que sobre el punto no existe.

Noveno: Que, en definitiva, no hay elementos que den cuenta de actos u omisiones ilegales o arbitrarias de parte de la Universidad del Alba relacionadas con el proceso estudiantil de la recurrente, quien no obstante ser titular del derecho a recibir una educación de calidad y respetuosa de la ley y reglamento, en su calidad de estudiante ha de someterse a las reglas y protocolos que la casa de estudios ha establecido para los procesos de titulación y Graduación, así como los criterios de evaluación previamente dispuestos, aun cuando no sean del agrado de la alumna, los que han sido aplicados de manera uniforme al resto de la comunidad estudiantil.

Décimo: Que, por tanto, la Universidad ha logrado desvirtuar la existencia de impedimentos u obstáculos en la continuidad del proceso formativo de doña nombre reservado, lo que descarta cualquier afectación material o actual a su derecho a la educación, que amerite la intervención de la judicatura mediante esta vía cautelar, desde que las decisiones relativas a la supervisión de pasantías, tesinas y proyectos de titulación son atribuciones exclusivas del ámbito técnico-académico de la Universidad, al tenor de la Ley N.º 21.091, frente al cual la actora carece del derecho subjetivo a intervenir, o determinar el modo, los plazos o las condiciones de su evaluación, en tanto sean fruto de una aplicación racional y dentro del marco legal, como acontece en la especie, descartándose así una actuación caprichosa, ilegal o desproporcionada de parte de la Universidad recurrida.

Por lo expuesto, y teniendo en vista lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Universidad del Alba.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra suplente Carolina Vásquez Epuñan.

Rol 777-2025 Protección.