nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

Chillán, trece de agosto de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Para fundar su acción, señala, en síntesis, que, ha sido diagnosticada con múltiples trastornos psiquiátricos, trastorno de adaptación, reacción de estrés agudo, trastornos de ansiedad no especificados y trastorno no orgánico de sueño, a pesar del tratamiento médico recibido, los síntomas persisten afectando significativamente su vida diaria.

Añade que es tratada por los médicos Dr. nombre reservado y Dr. nombre reservado, nombre reservado; del mismo centro médico; que se le expidió licencia médica desde el 23 de diciembre de 2019 en adelante, por lo menos hasta el mes de diciembre de 2022. Las cuales en su oportunidad fueron todas aprobadas por Compín Chillán.

Sin embargo, dice, desde el 31 de marzo de 2022 al 28 de julio de 2022, fecha en que termina la última licencia médica expedida y objeto del presente recurso, durante el periodo de 4 meses fueron rechazadas todas las licencias presentadas por considerar que su reposo no es justificado, pero sin indicar el motivo del cambio de parecer de estas instituciones.

Indica que con fecha 05 de abril de 2024 recurrió ante la Compín para apelar respecto de las licencias Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado adjuntando para tal efecto informe médico del doctor nombre reservado 31 de marzo del 2022. Solicita se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-161788-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, del cual se confirmó lo resuelto por COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en su orden de rechazar las referidas licencias médicas. Y que el 5 de junio de 2024 obtuvo respuesta de la SUSESO que confirma el rechazo de la misma por estimar que el reposo se encontraba injustificado.

La recurrente considera que las decisiones de rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados, solo se hace referencia a que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación, tornándolo en un acto ilegal y arbitrario desde que concluye que el reposo no estaría justificado, fundándose en que “los nuevos informes médicos no logran dar cuenta de elementos de severidad, compromiso funcional o tal necesidad de ajustes en el plan terapéutico durante el periodo de reposo reclamado”. Sin ni siquiera haber realizado peritaje previo.

Plantea que también carece de fundamento, cuando señala que el reposo no se encuentra justificado, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. Dicha decisión fue dictada prescindiendo de los trastornos del médico y, lo que es más grave, sin indicar las razones o fundamentos por los que los mencionados antecedentes no le permiten establecer la incapacidad laboral, es decir, sin dar razón y fundamento de su decisión, lo que – inevitablemente – las hacen devenir en arbitrarias.

Los hechos anteriormente descritos han influido negativamente en su recuperación, pues no puede someterse con tranquilidad a sus sesiones, debiendo preocuparse además sus hijos y su familia, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia, le significaron la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, por lo que endeudarse, despojarse objetos de valor para así asistir a las consultas médicas para para ahora tener la constante preocupación de esta devolución de licencias rechazadas quien la suceso se pronuncia son 4, pero de parte del DAEM se le solicita la devolución general de las licencias , lo cual gatilló en él un estado emocional vulnerable y anímicamente deteriorado al no tener certeza de la situación económica a futuro, lo que, evidentemente, influyó en que se extendiera la necesidad de reposo por estar en constante tensión.

La recurrente reitera que no se tiene claridad acerca del motivo por el cual en su oportunidad se aprobaron las licencias médicas anteriores a estas y ahora se rechazan, ya que, empezó con sus licencias 23 de diciembre del 2019 y se empiezan a rechazar a contar del 31 de marzo de 2022 hasta 28 de julio de 2022, al menos en las que se pronuncia la SUCESO, sin embargo el DAEM pide devolución de todas la licencias con fecha de 29 de diciembre de 2019 hasta 30 de diciembre de 2022, cuando todas fueron emitidas bajo el mismo parámetro. Se indica por parte de la SUSESO que el reposo prescrito no se encontraría justificado.

Estima que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal y que infringe y vulnera en forma evidente la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº24, de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide a esta Corte que se tenga por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, declarando que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales y se determine:

1. Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad de quien recurre, establecidas en los Nº1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política;

2. Dejar sin efecto el dictamen NºR-01-UME-161788-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022 y resolución exenta NºR-01-IBS-88790-2024 de fecha 05 de junio de 2024 respectivamente, adoptando las medidas que sean necesarias, y en definitiva, disponer la dictación de los actos administrativos correspondientes a fin de aprobar y ordenar el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas a favor del recurrente, o bien, la declaración que V.S. ILTMA., sirva efectuar en igual sentido.

3. Sin perjuicio que S.S. Iltma. adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas de los recurridos.

2°.- Que, al informar el abogado, TOMÁS GARRO GÓMEZ, en representación de la recurrida, alega la falta de oportunidad del presente recurso, al haberse interpuesto una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos que se contempla para hacerla valer; según consta en el respectivo expediente administrativo electrónico (PAE), la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas reclamadas, a más tardar, el mismo día en que reclamó de ello ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que en este caso ocurrió el 12 de agosto de 2022 y respecto del primer pronunciamiento de mi defendida, con fecha 5 de abril de 2024, optando en esas oportunidades por reclamar vía recurso jerárquico y de reconsideración, respectivamente, ante mi defendida, sin plantearse una eventual ilegalidad o arbitrariedad en relación con el rechazo de las licencias médicas.

Informando derechamente, el letrado y en atención a que esta acción se interpuso contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, hace una distinción entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la COMPIN. En efecto, dice, ésta última, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

En cuanto a las actuaciones de su representada, explica que doña nombre reservado con fecha 12 de agosto del año 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 120 días de reposo a contar del 31 de marzo de 2022. Ante ello, señala que recabaron los antecedentes médicos, a saber, el maestro histórico de licencias médicas y la CARTOLA MÉDICA del Servicio de Salud respectivo. En este último documento, se dejó constancia del fundamento del rechazo de las licencias médicas reclamadas.

Añade que, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-161788-2022, de 29 de noviembre de 2022, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, porque el reposo no se encontraba justificado ya que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado de 55 días. Destaca que los informes médicos no detallan la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo ni especifican los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados. Tampoco se describen síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico ni menciona un plan de reintegro laboral, lo cual se sugiere incorporar en caso de nuevas presentaciones.

Manifiesta que, hace aproximadamente un año y dos meses después, doña nombre reservado, con fecha 5 de abril de 2024, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen contenido en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-161788-2022, de 29 de noviembre de 2022, recién citada. Y previa revisión de los antecedentes, la Superintendencia, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-88790-2024, de 5 de junio de 2024, confirmó lo antes decidido respecto de las licencias médicas reclamadas.

Luego, el letrado estima pertinente hacer presente que, uno de los médicos emisores de las licencias médicas cuestionadas don nombre reservado, colombiano, en causa RUC N° 2200768225-9, RIT 6108-2022, seguida ante el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fue formalizado y acusado por el Ministerio Público por, el delito consumado y en carácter de reiterado, de emisión, obtención o tramitación de licencias falsas, previsto y sancionado en el artículo 202 inciso 3°, en relación con el artículo 193 del Código Penal, todos en calidad de autores del artículo 15 N° 1 del mismo Código. En efecto, en el líbelo acusatorio se hizo presente que este facultativo.

Estima que, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región de la Región de Ñuble. Jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Posteriormente, reseña el marco normativo relacionado con la licencia médica, el procedimiento al cual se somete la autorización de licencias médicas, facultades de la superintendencia de seguridad social, para luego sostener que la pretensión de la recurrente, desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes.

En este caso, agrega, la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y su representada se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Posteriormente, hace presente que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, la presentación efectuada por la parte recurrente tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

Por último, dice, en cuanto al supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, o su remuneración, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

A mayor abundamiento, hacer presente, que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de esta, por cuanto, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N°18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes; solicita, en subsidio de la alegación de lo principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes, con costas 3°.- Que, analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6° Que, no se puede perder de vista que la acción constitucional para ser viable tiene que cumplir con los requisitos previstos tanto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, en el Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema que regula esta materia. En lo específico que interesa para el caso en estudio, resulta pertinente traer a colación al artículo 1° del referido Auto Acordado, el cual, establece el plazo fatal para la interposición de este recurso, estableciendo lo siguiente:

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido su efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos “ 7° Que conforme a lo anterior es un hecho cierto que el plazo para deducir la acción de protección es un plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

8° En ese orden de ideas, aparece como importante tener en consideración cuál es el acto emanado de la Superintendencia de Seguridad Social respecto del cual se recurre, el que conforme a la acción impetrada es el siguiente: Resolución Exenta N°R-01-IBS-88790-2024 de 5 de junio de 2024 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social que rechazo las licencias médicas por estimar que el reposo se encontraba injustificado.

9° Que, conforme a lo expuesto por el actor y el recurrido, este Tribunal de Alzada necesariamente entiende que la recurrente deduce acción de protección contra la resolución de la SUSESO de fecha 5 de junio de 2024.

Luego, al haberse presentado la acción en estudio con fecha 5 de julio recién pasado se desprende con toda claridad y certeza que el recurso se interpone dentro del plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado que regula la materia, todo lo cual permite colegir, mediante una simple operación aritmética, que el recurso ha sido ejercido en forma oportuna, circunstancia suficiente para rechazar la petición del recurrido de declarar el presente arbitrio extemporáneo.

10° Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que la actora Sra. nombre reservado dedujo acción de protección contra la Resolución Exenta N°R-01-IBS-88790-2024 de 5 de junio de 2024 que confirmó el rechazo de las licencias médicas por considerar el reposo injustificado.

Al respecto la recurrente señala que con fecha 05 de abril de 2024 recurrió ante la Compín para apelar respecto de las licencias Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, adjuntando para tal efecto informe médico del doctor nombre reservado de 31 de marzo del 2022, solicitando que se reconsiderará el dictamen N°R-01-UME-161788-2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, el cual confirmó lo resuelto por COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en orden a rechazar las referidas licencias médicas y que el 5 de junio de 2024 obtuvo respuesta de la SUSESO que confirma el rechazo de las mismas; debiendo deducir esta acción en contra de la SUSESO, por considerarla ilegal y arbitraria.

11° Que, la ausencia de justificación del reposo, invocado como único argumento para denegar las cuatro licencias médicas, no se condice con el informe del médico tratante de la recurrente, quien ha instruido el periodo de descanso objetado en virtud de los efectos del cuadro de salud que afecta a la recurrente, y la imposibilidad de retorno a la actividad laboral que desempeñaba con antelación al impedimento que la aqueja.

12° Que, de esta manera, el razonamiento expresado en el acto denunciado resulta insuficiente para justificar el rechazo de las licencias médicas, tornándolo en ilegal al infringir el deber de motivación estatuido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, tenido en especial consideración que la Institución recurrida cuenta con los recursos humanos y técnicos para determinar el real estado de salud de la paciente, previa realización de los exámenes de rigor, facultad que no consta haya ejercido. Al no realizar tal evaluación, en el caso en estudio, se afecta injustificadamente el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente.

13° Que, sin embargo, no resulta posible acceder a la pretensión esgrimida por la recurrente, pues el pago del subsidio por incapacidad laboral temporal requiere la constatación técnica de la insuficiencia que la patología produce en la capacidad laboral de la recurrente, asunto que, en las circunstancias del caso concreto, no es posible advertir.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de La Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto, se ordena a ésta última repartición practicar los exámenes médicos necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente y contar con fundamento técnico, para dictar luego la resolución que corresponda, conforme a derecho respecto de las licencias médicas objeto del presente recurso.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado hoy.

Asimismo, no firma la magistrada señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de ministra suplente.

Rol Corte 776-2024 PROTECCION