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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 775-202519 feb 2026

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
19 de febrero de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Sala
Segunda Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 775-2025, sentencia de 19 de febrero de 2026

Resumen

Se rechaza la protección del voluntario expulsado: el Consejo Superior de Disciplina actuó dentro de sus competencias conforme a la Ley Marco de Bomberos y al Código Civil, sin ilegalidad ni arbitrariedad, y la vía no sirve para revisar el mérito del procedimiento disciplinario.

Texto íntegro

Chillán, diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, de profesión enfermero y voluntario de la Primera Compañía de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por el Superintendente, Sr. Luis Escamilla Yáñez, cédula de identidad NºRUT reservado; en contra de la PRIMERA COMPAÑÍA DE nombre reservado, representado por su Director Sr. nombre reservado, y en particular contra el CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA, compuesto o integrado por los siguientes miembros que participaron en la decisión: nombre reservado. (Presidente), nombre reservado. (Consejero T.), nombre reservado. (Consejero T.), nombre reservado (Consejero T.) y nombre reservado. (nombre reservado), todos con domicilio en domicilio reservado ciudad de nombre reservado, por el acto que se estima ilegal y arbitrario consistente en su expulsión determinada por el Consejo de Disciplina de la Primera Compañía, vulnerando con ello el legítimo ejercicio de sus derechos, específicamente, las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Dicha resolución fue comunicada mediante ORD: N°097, de fecha 21 de agosto de 2025. El acto final de expulsión llegó a conocimiento cierto del recurrente el día 10 de septiembre de 2025, fecha que marca el inicio del cómputo del plazo fatal de treinta días corridos para la interposición del presente recurso, conforme al Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Refiere el recurrente y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que siendo funcionario de la Primera Compañía de nombre reservado desde el año 2021 y premio al mejor voluntario el año 2022, fue expulsado de la Primera Compañía del nombre reservado mediante la Orden N°097. La decisión se basó en sesiones celebradas los días 19 de julio y 9 de agosto de 2025, sustentada en la acreditación de un acto grave de INDISCIPLINA. Se citaron normas relativas al respeto al uniforme, a los oficiales, la mutua consideración entre pares (Reglamento de Cuerpo, Título XVIII, Art. 88), y ser expulsado por desidia o mala voluntad en el desempeño de las obligaciones (Reglamento Orgánico de Compañía, Título XIX, Art. 49).

Hace presente que el Consejo de Disciplina que resolvió la expulsión se encontraba integrado por miembros con un conflicto de interés manifiesto. En concreto, los señores nombre reservado. (Presidente de la comisión sancionadora) y nombre reservado. (Consejero) son, respectivamente, pareja de la voluntaria nombre reservado y esposo de doña nombre reservado, quienes resultaron afectadas con el supuesto daño a sus equipos o trajes. Esta circunstancia compromete la imparcialidad del órgano y transforma su actuación en una comisión especial prohibida por la Constitución.

Refiere que la acusación principal y sostén de la sanción fue la supuesta acción de quemar parte de uniformes con un encendedor. Sin embargo, el único respaldo de los hechos es un registro de cámaras CCTV sin audio. Dicho registro solo muestra a nombre reservado y a otros dos voluntarios caminando cerca de los equipos, pero no se puede evidenciar ninguna acción de quemar parte de esos uniformes.

Manifiesta que la institución no dispuso el peritaje de los trajes supuestamente dañados para establecer la real circunstancia del daño ni se determinó si éstos quedaron inútiles para cumplir su función, total o parcialmente. Esta omisión es crucial para establecer la gravedad de la falta y contribuye a que la decisión carezca de antecedentes claros y objetivos.

Indica que el proceso sancionatorio involucró a tres voluntarios por la supuesta comisión de la misma acción. El Consejo de Disciplina impuso la pena máxima de expulsión al recurrente nombre reservado y a nombre reservado, mientras que el tercer involucrado, nombre reservado, fue sancionado solo con la suspensión por 60 días. Esta diferencia de trato, sin un fundamento claro y objetivo que la justifique, demuestra arbitrariedad y desproporcionalidad.

Hace presente que el recurrente colaboró con el proceso al prestar su declaración voluntaria y poseía una irreprochable conducta previa en la compañía, lo que agrava la arbitrariedad de la sanción de expulsión, que es considerada una de las decisiones más drásticas de la institución.

Estima que el acto ilegal y arbitrario del Consejo de Disciplina de la Primera Compañía de nombre reservado vulnera las siguientes garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 inciso 5° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, “La Igualdad ante la Ley y El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y al debido proceso”.

En razón de lo expuesto, considera que la decisión de expulsión es ilegal y arbitraria porque fue dictada sin sujetarse a un procedimiento racional y justo.

En cuanto a los fundamentos legales de la acción deducida, sostiene que el Recurso de Protección se interpone para restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales, haciendo presente que el recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido por la ley.

Por lo anterior, y en virtud de lo expuesto, solicita declarar admisible el presente recurso de protección por haber sido interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos, contados desde el conocimiento cierto del acto impugnado (10 de septiembre de 2025), acogerlo, declarando en definitiva que el acto de expulsión del voluntario nombre reservado, comunicada mediante ORD: N°097 de fecha 21 de agosto de 2025, es arbitrario e ilegal por vulnerar las garantías constitucionales antes mencionadas, dejando sin efecto la referida resolución de expulsión y ordenando al nombre reservado que realice las gestiones pertinentes para proceder a su reincorporación a la institución y a las mismas funciones que desempeñaba antes de ser expulsado, debiendo el recurrido ser condenado al pago de las costas.

2°.- Que, informando don nombre reservado, en representación del nombre reservado; don nombre reservado, en representación de la Primera Compañía de Bomberos de la comuna de nombre reservado y don nombre reservado, en representación del Consejo de Disciplina de la Primera Compañía de nombre reservado, manifiestan que por este acto vienen en evacuar el informe requerido, a fin que el recurso sea rechazado en todas sus partes con expresa condenación en costas, por cuanto de los antecedentes acompañados, así como la relación de los hechos y antecedentes de derecho que seguidamente se indicarán, será posible que I. Corte pueda concluir que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente.

Manifiestan que en el caso de autos y que tal como se acredita con la documentación agregada a los antecedentes, que tanto el proceso como la sanción aplicada al recurrente, se encuentra ajustada a derecho y también a la normativa interna de la Primera Compañía de nombre reservado.

Indican que el recurrente no ha expuesto los hechos en su integridad ni tampoco en forma veraz. La verdad de lo ocurrido es que con fecha 07 de julio del año 2025, los voluntarios nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se involucraron en un acto grave de indisciplina en las dependencias del nombre reservado, en circunstancias que se encontraban en la Institución, los tres involucrados se dirigen al área donde se encuentran los equipos de protección de todos los voluntarios del cuerpo edil, instancia en que los Sres. nombre reservado y nombre reservado proceden con un encendedor tipo “soplete” a quemar equipos de trabajo de voluntarios perteneciente a la Institución, específicamente de las voluntarias nombre reservado (cucarda de su casco), nombre reservado y del voluntario nombre reservado, quien si bien no quema de manera directa, se mantiene al lado de los voluntarios nombre reservado y nombre reservado observando como éstos proceden a quemar los elementos ya mencionados. Todo lo señalado Ssa. Ilustrísima, como podrá apreciar, constituyen hechos graves, y además reprochables, pues las acciones desplegadas por los involucrados – entre ellos el recurrente- se desarrollaron precisamente en la Institución que combate los incendios en la comuna, sin poder dejar de asimilar estos incendios a los ocurridos en los cerros en Valparaíso.

Agregan que el recurrente debería tener conocimiento de lo rápido que se puede propagar un amague de incendio por mínimo que sea, máxime considerando que el recurrente procedió a quemar entre otros materiales como tela y esponja, hechos que se encuentran suficientemente acreditados, tanto con respaldo visual, como con prueba testimonial y también confesional de uno de los involucrados.

Hacen presente que el recurrente, luego de ser notificado del ORD: Nº97 de fecha 21 de agosto de 2025, interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución, dicho acto impugnativo fue resuelto por el Consejo Superior de Disciplina, el que está compuesto por cinco miembros, a saber; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes, a raíz de los hechos ocurridos en el mes de julio del año 2025, se reunieron en sesiones los días 19 de julio, 30 de julio y 9 de agosto del año 2025, instancias en que se llevó a cabo el proceso de investigación de los hechos que dan origen a la expulsión del recurrente y en un claro acto de imparcialidad, es el propio Consejo que cita a distintos voluntarios del nombre reservado a fin de que den testimonio de lo ocurrido, estando todos los declarantes contestes que el recurrente –junto al otro involucrado- procedieron a quemar los implementos ya señalados.

Agregan asimismo que el recurrente no aportó antecedente alguno para desvirtuar los hechos, en circunstancias que pudo haber incorporado al proceso todos los antecedentes que hubiese estimado conveniente para acreditar su inocencia y lo que a su juicio consideraba como una errada aplicación de la sanción de expulsión. Por lo demás, el procedimiento sancionatorio no presenta ninguna irregularidad, pues se realizó una investigación formal, se permitió derecho a defensa y a aportar prueba, se realizaron los correspondientes descargos, de manera que el procedimiento no vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Desde otro ángulo, resulta útil consignar que la resolución de expulsión fue tomada de forma unánime por los integrantes del Consejo de Disciplina de la Primera Compañía, amparados en la gravedad de los hechos y fundándose en el Reglamento tanto interno de la Primera Compañía como el Reglamento del nombre reservado, por lo que la sanción fue tomada con estricto apego a la normativa bomberil, negándose en consecuencia la falta de imparcialidad alegada en el recurso.

Por lo antes expresado, piden tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito a ello, rechazar el recurso de protección interpuesto en contra del nombre reservado, así como también del Consejo de Disciplina y en contra de la Primera Compañía de Bomberos, en todas sus partes con expresa condenación en costas. En subsidio, para el caso que se acoja el recurso, se exima del pago de costas a la recurrida.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye de manera evidente que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente en contra de ORD. N°097 de fecha 21 de agosto de 2025, expedida por el Consejo Superior de Disciplina de la Primera Compañía de nombre reservado, que aplicó al recurrente la medida disciplinaria de expulsión.

6°.- Que, sin embargo, del análisis cronológico de las actuaciones administrativas que constan en los antecedentes del recurso, se verifica que la sanción de expulsión de la institución fue propuesta inicialmente, con fecha 10 de septiembre de 2025, por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, deduciéndose oportunamente recurso de apelación para ante el Tribunal de Apelación del nombre reservado, organismo que con fecha 10 de septiembre de 2025, confirmó el fallo recurrido.

7°.- Que, en consecuencia, resulta claro que el ORD. N°097, de 2025, no constituye un acto administrativo autónomo e independiente, sino una resolución de carácter formal que rechazó un recurso de apelación, agotándose de esta manera las instancias previstas en la normativa estatutaria de Bomberos. Así, no existe en el presente caso un nuevo acto ilegal o arbitrario actual que justifique la intervención de esta Corte mediante la presente acción cautelar.

8º.- Que, en consecuencia, y conforme lo razonado en los motivos anteriores, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto del recurso, toda vez que el Consejo Superior de Disciplina de la Primera Compañía de nombre reservado, ha actuado en el ejercicio de sus funciones, y dentro del ámbito de sus competencias, enmarcándose su accionar dentro de las disposiciones de la Ley 20.564, Ley Marco de Bomberos, y a las normas contenidas en el Título XXXIII, del Libro I del Código Civil, y a lo dispuesto en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana, todo lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario el actuar de los entes recurridos, conclusión ésta que lleva necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

9°.- Que, por otra parte, es criterio reiterado de los tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso. La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo.

10.- Que, por consiguiente, y habiendo sido tramitado correctamente el procedimiento investigativo por parte del Consejo Superior de Disciplina de la Primera Compañía de nombre reservado, conforme a las normas reglamentarias aplicables, con respeto al derecho a defensa del recurrente, y sin evidenciarse en autos un acto de naturaleza ilegal o arbitrario que justifique el otorgamiento del amparo solicitado, esta Corte estima que no concurren los requisitos para acoger la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección impetrada por don nombre reservado, en contra del nombre reservado; PRIMERA COMPAÑÍA DE nombre reservado y CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL 775-2025-PROTECCIÓN.